Mercado regional Chorotega, aumenta de la violencia y el gobierno baja muy rápido y mucho.

Encontrarme fortuitamente a mi colega Alberto Cortés, director del BCIE por Costa Rica, me recordó esta noticia que pasó desapercibida, como parece usual con las buenas noticias, pero que vale la pena rescatar  por las implicaciones que tendrá, sobre todo para los pequeños agricultores de la región Chorotega.

Aunque parezca mentira, actualmente gran parte de la producción agrícola de Guanacaste se vende en el mercado de mayoreo de CENADA en Barreal de Heredia. Los intermediarios compran directamente a los productores -es de imaginarse que a precios muy bajos, o por lo menos menores a los que podrían obtener los agricultores si vendieran directamente-, aprovechando que para muchos de ellos es complicado, por no decir completamente ruinoso, venir a San José a vender su producto. 

Pero con la construcción de este proyecto, que se viene empujando desde el gobierno de don Oscar Arias, se le brinda la posibilidad al pequeño y mediano productor de comercializar en la misma región; esto sin duda facilitará encadenamientos importantes entre la producción local y la industria turística. La opción de utilizar recursos del BCIE para esto es una excelente idea, que permitirá ponerle fin al calvario burocrático que venía enfrentando este proyecto desde el 2008, y con la que por fin se concretará una iniciativa que tendrá sin duda un gran impacto en la región.

Me cuenta Alberto que se planea hacer lo mismo en la región Brunca y en el Caribe. Ojalá se pueda avanzar con esto rápidamente.

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No sé qué me sorprende más, si el recrudecimiento de la violencia producto de la actividad de bandas relacionadas con el crimen organizado (reflejada en el asesinato casi que diario de personas involucradas en estas actividades), o la indiferencia, tanto del gobierno como de la ciudadanía, frente a esta amenaza.

El próximo año, el Ministerio de Seguridad no contará en su presupuesto con los recursos provenientes del impuesto a las sociedades anónimas, eliminado por un fallo de la Sala Constitucional. Sin embargo, ni la Presidencia ni el Ministerio de Seguridad ha hecho ningún esfuerzo por restablecer el impuesto, de manera que no se tenga que sacrificar la acción policial en momentos en que la violencia parece salirse de control. Estoy seguro que una iniciativa como esta contaría, como sucedió en el pasado, con el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas.

Algunas personas han expresado, no sin cierta complacencia, que en realidad la mayoría de los asesinatos están relacionados a personas con antecedentes policiales. Es la peor de las actitudes. Tenemos muchos ejemplos de países latinoamericanos en donde este proceso terminó con vastas zonas controladas por estas bandas. 

Ya en nuestro país algunos barrios del sur se han vuelto territorio de nadie. Sé de por lo menos una compañía de distribución de productos alimenticios que ya no entra a ciertas partes de Desamparados, y me han dicho de otras zonas en donde la policía tiene que entrar con un contingente importante que le permita protegerse. Pero nadie parece estar consciente de que esas ¿pequeñas? cosas son síntoma de un problema mucho mayor.

Hay que ponerle atención a este tema. De lo contrario se nos puede salir de las manos.

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La semana pasada me referí al tema de las encuestas  y dije que la pérdida de imagen y popularidad que sufre el actual gobierno apenas está comenzando. No deja de sorprenderme, sin embargo, el resultado de la última encuesta dada a conocer por varios medios de comunicación, realizada por la firma CID-Gallup.

Los resultados son lapidarios: un impresionante 86% de los entrevistados considera que el país va por mal camino. Las opiniones negativas sobre Solís pasaron de un 5% hace un año, a un 60% actualmente; la percepción positiva se desplomó un 53%. El presidente es el peor calificado de los últimos 18 años.  Casi la mitad considera mala o muy mala la gestión del gobierno y un 62% la reprueba. Un 76% de la muestra considera que el gobierno ha cumplido pocas o ninguna de sus promesas, y pese a que fue uno de sus grandes temas de campaña, la corrupción se convierte en la tercera preocupación de los costarricenses, siendo el desempleo la primera y el costo de la vida la segunda.

Los números son durísimos y confirman la tendencia que habían venido mostrando otros estudios en los últimos meses. Pero lo son mas si se analizan a la luz de dos elementos: primero, el gobierno apenas tiene 16 meses de haber iniciado y ya exhibe un desgaste político sin precedentes; y segundo, y retomando lo que dije la semana pasada, viene el calvario de impulsar una reforma fiscal, con el agravante que no se percibe una voluntad del gobierno para enfrentar el tema que tanto ha crispado a la opinión pública en la últimas semanas, como lo es el de los salarios en el sector público.

Es de esperarse que los gobiernos se desgasten. Pero en este caso, da la impresión de que este proceso ha sido muy rápido y muy duro. Y apenas estamos empezando.