Del informe mismo y sus consecuencias compartí algunas reflexiones en un artículo que me publicara el jueves 3 de setiembre el periódico La Nación. Pero quería retomar una pregunta que hice en ese mismo artículo: ¿por qué la DIS, un organismo creado con otros propósitos, se involucró en una investigación de índole judicial?. Aquí es bueno recordar que la ley dice que la responsabilidad principal de la DIS es la de "detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente de la República o al Ministro de la Presidencia, la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia o la integridad territorial o pongan en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones".
De ahí surgen dos observaciones. Primero, a la luz de ese ámbito de acción definido para la DIS, ninguna de las denuncias presentadas en el informe de los cien días justificaba su intervención. Segundo, cualquier intervención de la DIS en investigaciones judiciales, solo es posible a solicitud expresa del presidente y/o del ministro de la Presidencia. Y aquí valdría la pena preguntarse, ¿pidió el presidente al director de la DIS, al que nombró pese a no tener la experiencia ni la formación adecuada, que investigara las actuaciones pasadas de sus adversarios políticos? ¿Cuál es la base legal para esa intervención? ¿Qué otras cosas investiga actualmente la DIS fuera de su ámbito legal de acción?
Sería muy irónico que aquellos que siempre acusaron a la DIS de ser una policía política, sin poder probarlo, la hayan convertido en una en menos de 100 días de asumidos sus cargos.
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No recuerdo la última vez que la Sala III de la Corte le rechazara a la fiscalía una solicitud para desestimar una causa penal. En el caso de la acusación por prevaricato en contra de Henry Mora, por el caso del nombramiento de la expresidenta del PAC en una plaza a la medida, la fiscalía solicitó a la Sala III que desestimara esa denuncia, petición que los magistrados rechazaron por considerar que "carece de fundamento y es contradictoria".
Según la Fiscalía, el delito del que se acusa a Henry Mora y sus compañeros de Directorio no puede imputárseles al no ser los diputados "autoridades administrativas", condición necesaria para la configuración del ilícito. La Sala aparentemente no acepta esa interpretación, pues le parece "contradictorio" negar el carácter administrativo de un acto como la resolución que permitió crear la plaza con la que se benefició a la expresidenta del PAC. Al crear esa plaza, Mora y el Directorio no actuaban como diputados, sino como jerarcas administrativos del Congreso.
¿Cuál será la posición de la Fiscalía frente a esta llamada de atención del la Corte? ¿Insistir en el argumento para desestimar la causa o rectificar y seguir adelante con la investigación?
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Las organizaciones ambientales dependen en gran parte de donaciones para su operación. Hay una gran competencia por los abundantes fondos de la cooperación internacional, tanto pública como privada. En esa feroz competencia, estoy seguro que habrá temas que conciten mas apoyo que otros. Sin ser experto, asumo que cualquier iniciativa tendiente a proteger los mares alrededor de la Isla del Coco generará siempre una gran disposición a contribuir.
Digo lo anterior porque estoy sorprendido que la campaña que en los últimos meses ha venido desarrollando Sea Shepherd en Costa Rica no se perciba como motivada por un interés que va mas allá de lo ambiental. Para un grupo como ese, tener la posibilidad de trabajar en Costa Rica debe ser importante desde el punto de vista de potenciales donantes. El problema es que su líder, el capitán Paul Watson, es un prófugo de la justicia tica, acusado de atacar con su barco a pescadores costarricenses.
Hace unos meses Telenoticias realizó una serie de reportajes en los que Watson reiteró su inocencia, y aportó "pruebas" que desde su perspectiva confirmaban que no había cometido ningún delito. Por las mismas fechas apareció una valla sobre la ruta 27, incluyendo foto full color del capitán que navega bajo una bandera muy similar a la empleada por piratas de otras épocas, y en la que nos recordaba la necesidad de proteger nuestros mares.
La semana pasada Telenoticias volvió a la carga con una serie de reportajes sobre activistas de Sea Shepherd, que vinieron al país a ejecutar la denominada "Operación Jairo", en homenaje al asesinado activista ambiental Jairo Mora. Pareciera haber un esfuerzo sistemático para generar una corriente favorable hacia la organización, que ha venido insistiendo en contar con autorización de las autoridades costarricenses para poder "patrullar" las aguas alrededor de la Isla del Coco.
El problema de Watson es que en el momento que entre a a aguas territoriales costarricenses podría ser arrestado y llevado a enfrentar la justicia. La campaña mediática deja la impresión de que se quiere generar alguna presión para que cese la acción judicial en su contra, cosa que por dicha no ha sucedido. Si Watson de veras quiere venir a trabajar por nuestros mares, lo primero que debe hacer es presentarse ante las autoridades judiciales costarricenses. Queremos sin duda proteger nuestro patrimonio, pero debe imperar un absoluto respeto a la legalidad. Y eso deberían entenderlo Watson y su gente.
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