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domingo, 16 de agosto de 2015

Analistas, arreglos, presupuesto

Tengo el propósito de dedicarle mas tiempo al blog a partir de este momento. Como mínimo, voy a publicar todos lo domingos algunos comentarios rápidos sobre temas de la semana que cierra, y de tanto en tanto trataré de escribir algunas reflexiones más extensas. Por supuesto que el énfasis será la política en su dimensión más amplia, pero me aventuraré en otros temas. A ver cómo me va.

El martes 11 el Consejo de Gobierno nombró al analista Victor Ramírez como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional. En un tuit que envié esta semana, señalé que este gobierno podía apuntarse el mérito de haber puesto en evidencia la filiación política de algunas personas que tuvieron en la campaña electoral del 2014 un papel prominente como analistas en medios de comunicación o en instancias académicas. Ramírez es uno de ellos, asiduo invitado de Ignacio Santos en Canal 7, así como del programa de Amelia Rueda, y de otros medios de comunicación masiva que le brindaron espacio para que valorara el desarrollo del proceso electoral en el que se eligió como presidente al que es ahora su jefe.

Un caso similar es el de Manuel Rojas Bolaños, nombrado embajador en Chile, y que estuvo asociado al Partido Acción Ciudadana en sus inicios, pero se desligó, por lo menos públicamente, de la acción política para dedicarse a escribir en sus espacios de análisis en el diario Extra y en otros medios de comunicación, antes de aceptar el nombramiento diplomático en el 2014. Igual sucedió con el politólogo Alberto Cortés, hasta hace unos meses director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, quien formó parte del grupo que lanzó la candidatura del actual presidente, pero que se mantuvo alejado del ajetreo electoral, hasta que a finales del 2014 fue nombrado como representante de Costa Rica en el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, el puesto mejor pagado de la administración pública costarricense.

Está también el caso de Francisco Barahona, el que si bien no fue nombrado en ningún cargo (por lo menos que se conozca), sus hijos Pablo y Alejandro ocupan cargos prominentes en este gobierno, el primero como embajador ante la OEA y el segundo como directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda.

También está el caso del periodista Mario Bermúdez, quien tuvo una columna de opinión muy prominente en el periódico El Financiero, desde la que reflexionaba sobre temas relacionados con la acción de gobierno (específicamente el de doña Laura Chinchilla), y quien ahora, junto al también periodista Boris Ramírez, ex-coanfitrión del programa radial Hablando Claro, forma parte del equipo de comunicación del gobierno, liderado por cierto por Mauricio Herrera, exdirector del Semanario Universidad.

Será imposible ignorar esto la próxima vez que estas personas nos den su punto de vista. Y ojo, no tiene nada de malo, todo lo contrario, es bueno saber con quién está quien pretende analizar  en medios la coyuntura política, social y económica. Mas bien es no saberlo lo que no es conveniente para nadie.

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Después de varias semanas y de una fallida mediación del rector de la UNA -que algunos interpretaron como un intento de promocionar a Alberto Salom como posible figura del grupo del presidente para una futura candidatura-, el conflicto por el desalojo de algunas familias que habían invadido tierras en el sur del país fue resuelto de una manera que deja muchas dudas. En una nota de La Prensa Libre, el Ministro de Seguridad anuncia que las familias retornaron a las fincas invadidas y que, al no existir una nueva orden de desalojo, no es posible intervenir con al fuerza pública. Yo entiendo que lo que nos quiere decir el ministro, es que la situación se "resolvió" porque las familias re-invadieron y al no haber orden judicial, se quedarán ahí hasta que nuevamente un juzgado ordene el desalojo.

No sé ustedes pero, a menos que el periodista nos haya transmitido mal lo que quiso decir el ministro, yo entendería que las familias invadieron otras fincas y no las mismas de las que fueron desalojados. Y digo esto, sin ser abogado pero acudiendo al sentido común, porque me parecería muy raro -por no decir completamente inútil-, que las órdenes de desalojo que emiten los tribunales se puedan ejecutar una sola vez y su efecto termine una vez ejecutado un desalojo, como si un retorno de las familias desalojadas a las tierras invadidas no formara parte del mismo proceso y por lo tanto se necesitara iniciar de cero la gestión judicial de desalojo.

Lo que parece mas bien es que ese regreso de las familias es la única salida planteada después del fracaso de la mediación de Alberto Salom, mediación que a su vez se inició por el fallido esfuerzo inicial del ministro de la Presidencia. Pero es claro que la situación no fue resuelta y si el propietario de la tierra acude a la fuerza pública, esta no podría negarse a cumplir la orden vigente del juez, so pena de ser acusada de incumplimiento de deberes. Y además con  el agravante que a las familias les pueden haber creado expectativas falsas. De esa situación no saldrá nada bueno. Bien vale la pena saber cómo se llegó a esta situación, y si se trata de una "arreglo" entre los manifestantes y el gobierno, y quienes son sus responsables.

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Dice el presidente que los recortes que vienen en el presupuesto son dramáticos, "fuertes". Solís se mete en un zapato -otra vez-, por despertar expectativas desmesuradas. Primero, es difícil, si no imposible, tener un presupuesto que disminuya de un año a otro, a menos que se recorte la inversión social, que constituye casi la mitad de lo presupuestado, porque hay un crecimiento "vegetativo" en mucho espoleado por los pluses salariales de los empleados públicos. Segundo, porque aun cuando el presupuesto efectivamente exhiba un crecimiento muy bajo, la base de cálculo es el presupuesto de este año, que como se recuerda creció 19% el año pasado. Así que un crecimiento de 4-5% del presupuesto 2016 no significa mucho porque se parte de un parámetro inflado. No traten de meternos gato por liebre.

Vamos a ver cómo viene ese presupuesto. Es importante porque de eso dependerá la actitud de la oposición frente a los proyectos de reforma fiscal, ya de por sí escéptica dada la deliberada ambigüedad del gobierno frente al tema de empleo público, al que parece no querer meterle bisturí. Y eso que ya existen algunas iniciativas que podrían servir de base para iniciar el proceso de ordenar este tema. Tome el tiempo que tome.

Hasta el próximo domingo.


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