Uber y devoluciones de impuestos. Un proyecto y una renuncia

Uber deja en evidencia lo poco preparados que están los gobiernos para lidiar con el cambio tecnológico. La discusión legal probablemente se resuelva en tribunales, pero la capacidad real del Estado para regular un servicio como este es mínima.

En el fondo, el problema es que el Estado costarricense perdió la habilidad de reformarse a sí mismo. Hacer cambios es complejísimo. Y por eso tenemos instituciones como el CNP o el INVU, que no han podido renovarse para atender de mejor manera demandas ciudadanas que sobrepasan los propósitos originales para los que fueron creadas. De ahí la frustración ciudadana con este Estado inerte, que no logra reaccionar con agilidad al signo de los tiempos.

Y nada ayuda en la situación con Uber la respuesta irreflexiva del gobierno, empoderando a los taxistas "rojos" para que se conviertan en una suerte de vigilantes e informantes ciudadanos, y abriendo un portillo peligrosísimo para la violencia, como desafortunadamente presenciamos la madrugada del sábado 22, cuando un grupo de taxistas "rojos" atacó y causó daños a un vehículo inscrito en Uber. Ojalá que esto no pase a más.

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El gobierno propone "devolver" a las familias pobres lo que gasten en los nuevos impuestos que pretende aprobar. La idea es eliminar las exoneraciones de algunos productos que actualmente están exentos de impuestos, con el argumento que la exoneración beneficia también a quienes más tienen. Para atenuar el impacto que tendría la eliminación del beneficio a ciertos productos y servicios que consumen o usan los pobres, el gobierno propone diseñar una lista de familias a las que se les entregará un subsidio mensual que oscilará entre los 40 y 44,000 colones. Esa es la teoría, pero la idea me genera varias dudas.

Primero, el gobierno ya ha admitido que debe construir la lista de beneficiarios, labor que le llevará de 18 a 24 meses, con las dificultades que tiene una tarea de esta magnitud, y con la rigurosidad que hay que tener para no terminar subsidiando a quien no lo merece o convirtiendo la lista en un mecanismo clientelista. ¿Se necesitará hacer un nuevo censo nacional?¿Qué pasa si el impuesto se comienza a cobrar antes de que se tenga la lista?. Segundo, se dice que las familias que incluirán serán las que se encuentren en los últimos 4 deciles del ingreso. Parece tener sentido, pero hay datos que vale la pena hacer explícitos.

Si se escogiera a la totalidad de las personas que están en esos 4 deciles de ingreso estaríamos hablando de mas de 2 millones de personas, 2.177.698 para ser exactos. El problema es que según las estadística oficial, en Costa Rica hay poco mas de 1 millón de personas pobres (1.170.634 según la ENAHO del INEC). Posiblemente se quiere incluir a gente que está apenas por encima de la línea de pobreza, pero casi doblar el número de beneficiados potenciales de este mecanismo parece exagerado. Sería, además, crear una rigidez más en un presupuesto ya de por sí rígido,  y generaría un gasto bastante alto que crecería año con año, y con cargo a un presupuesto nacional que ya de por sí tiene múltiples disparadores del gasto.

Un elemento adicional. Hay que ver si esta cantidad de gente no termina comiéndose lo recaudado, es decir, que lo que recaude se devuelva en una proporción mayor a lo que le queda al gobierno. Según esta nota de CRHoy, el gobierno terminará devolviendo un monto equivalente al 75% del total recaudado. Pero aquí le otorgo al Ministerio de Hacienda el beneficio de la duda: creo que esto es demasiado obvio como para que lo hayan pasado pasado por alto.  ¿O así fue?

Por otra parte, no se sabe cuáles productos y servicios terminarán siendo exonerados del impuesto y cuales no. Hay una propuesta base del gobierno, pero es de esperarse que los diputados mocionen para incluir algunos otros (muchos creería yo), al punto que el mecanismo de devolución sea totalmente innecesario. Habrá que esperar.

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Esta semana se aprobó en comisión legislativa una iniciativa que pretende poner plazo de votación para algunos proyectos de ley. La idea es que tanto el Ejecutivo, como los partidos políticos con representación legislativa puedan presentar un proyecto en cada legislatura, que deberá ser votado en un máximo de 22 sesiones. Me extraña que esta noticia no haya recibido la relevancia que merece, pues si finalmente el plenario ratifica lo planteado, se abre un camino idóneo para dinamizar notoriamente la acción del Legislativo.

El Gobierno debería tener este proyecto en la mira y convocarlo a sesiones extraordinarias como prioridad. Una vez aprobado, tendría la posibilidad de presentar no uno, sino dos y hasta tres proyectos en cada legislatura, sumando al propio el de su partido y el de su grupo aliado, el Frente Amplio. Me atrevería a sugerir que alguno de esos proyectos debería ser un conjunto de reformas al reglamento legislativo, para facilitar aun mas el trabajo de la Asamblea. Sería un gran avance.

Como nota al margen, este proyecto confirma la buena voluntad del bloque opositor que dirige la Asamblea. Tal vez al gobierno le sirva más que la oposición vuelva a ganar el directorio el próximo año, porque cuando el PAC ha dirigido al Primer Poder de la República, su gestión ha sido de las menos productivas en la historia legislativa.

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En campaña el presidente Solís afirmó enérgico que en un gobierno PAC se acatarían como vinculantes los pronunciamientos de la Procuraduría de la Ética. ¿Qué va a hacer el partido y qué va a decir el Gobierno respecto a la conclusión de la PE, de que el expresidente legislativo Henry Mora faltó al deber de probidad al nombrar a la expresidenta de su partido en una plaza a la medida? Está claro que el presidente no puede destituir al diputado Mora, el que además fue su candidato -y a la vez principal causa de la derrota sufrida-, a la reelección en la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero bien puede pronunciarse públicamente y pedirle al cuestionado congresista que abandone su curul.

Otra que debería pedirle la renuncia a Mora es Margarita Bolaños, la presidenta del PAC. El partido que ella lidera, en la figura de su entonces candidato presidencial, asumió un compromiso público que se debe honrar. No parece necesario explicar por qué, pero eso sería no solo una muestra de coherencia, sino además de apoyo al presidente mismo.

Pero finalmente, de quien esperaría uno mayor consistencia y coherencia es del mismo Henry Mora, que debería devolver la lealtad del presidente, una que le costó al gobierno la presidencia de la Asamblea, renunciando a su puesto. La digresión entre moralidad y ética que torpemente esgrimió para tratar de atenuar la imputación de la Procuraduría, no es mas que un burdo intento de desviar la atención sobre el hecho central: abusando de sus potestades como presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, ordenó transformar una plaza de chofer en una plaza profesional para dársela a una copartidaria. Eso no es ni ética ni moralmente aceptable.

Por cierto, ¿está investigando de oficio la Procuraduría de la Ética el caso de los 11 millones de más, que recibió la viceministra de Gobernación?. De primera entrada parece haber elementos que justifican esa investigación. Ojalá que lo hagan.

Hasta el próximo domingo.