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domingo, 23 de octubre de 2016

¡La primera ley de transferencia de competencias a las municipalidades!

El presupuesto del Gobierno de la República para el año 2017 incluirá los recursos provenientes de la primera ley de transferencia de competencias, en el marco de lo establecido por la ley 8801. Esta ley, aprobada en el segundo gobierno de don Oscar Arias, tenía el propósito de instrumentalizar la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, que pretendía fortalecer a los gobiernos locales. Se trata de un hito histórico, en lo que se prevé sea el inicio de una proceso sostenido de descentralización del poder político en Costa Rica. Sin duda una flor en el ojal de la actual Ministra de Planificación y la Primera Dama, municipalistas convencidas que empujaron la primer ley con gran éxito, con el apoyo de todo el municipalismo costarricense.

¿Por qué debemos llevar a cabo un proceso de descentralización y fortalecimiento de gobiernos locales en Costa Rica? Aún cuando el modelo centralizado de gestión vigente ha generado resultados muy positivos a lo largo de la historia nacional, sus limitaciones se hacen cada vez más evidentes ante una realidad compleja marcada por profundas desigualdades regionales.  Cuando el aparato estatal es centralista por vocación y convicción, sus responsables políticos no siempre son conscientes de tales asimetrías.

Una revisión somera de lo que pasa en otros países respecto al rol de las instancias de gobierno local, permite concluir que la mayoría de los países desarrollados les asignan un gran peso como ejecutoras del gasto público total, condición que parece indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo.  El Primer Informe Mundial sobre Descentralización y la Democracia Local realizado por la United Cities of Local Governments en el 2008  pone en  evidencia contrastes dramáticos: en los países europeos más descentralizados los  gastos locales como porcentaje de PIB superan el 20 % (Dinamarca, Suecia, Suiza),  en otros se ubica entre  el 10 y el 20% (Noruega, Reino Unido, Francia) y los más centralistas alcanzan proporciones de entre el 5 y el 10% (España, Alemania). En Canadá y EEUU este porcentaje asciende al 7,5% y al 9.6% respectivamente; en Japón, los gastos ejecutados por instancias locales ascienden a 12,3% del PIB, en Corea del Sur al 16% y en China, la estrella rutilante de la economía mundial, el porcentaje alcanza un impresionante 22%. Mientras tanto, en Costa Rica los gobiernos locales son responsables de un gasto de apenas 1,2% del PIB, representando un modestísimo 6% del gasto público total.

La transferencia de competencias, como parte de un proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales, constituye una estrategia correcta en la vía hacia el desarrollo. El camino ha sido empinado, porque como es común en nuestro país, el debate ha estado lleno de argumentos falaces. Desde interpretaciones interesadamente limitadas de lo que establece la ley 8801, hasta pronósticos apocalípticos de despidos masivos y cierre de instituciones, el proceso de descentralización ha tenido que lidiar frecuentemente con argumentos que parecen ser producto del desconocimiento de la realidad nacional, o sencillamente de la falta de voluntad política.

Con esta primer ley, que trasladará recursos para que los gobiernos
locales asuman de manera exclusiva el mantenimiento de la red vial cantonal, ha quedado claro que los pronósticos agoreros no tenían asidero en la realidad. No ha habido despidos, ni cierre de instituciones, ni debacles económicas. Pero aun ahora, algunos siguen sin entender el objetivo del proceso. Tal vez porque insisten en ignorar el texto de la ley 8801, en el que se establecen claramente los principios de subsidiariedad y complementariedad en el ejercicio de las competencias sujetas a traslado, trasladar a las municipalidades, por ejemplo, la potestad de determinar cómo se deben utilizar los recursos asignados a un ámbito de políticas públicas específico, aun manteniendo centralizada la ejecución de los mismos para conservar las ventajas que la economía de escala ofrece. No se trata entonces de un dictum para simplemente trasladar dinero desvistiendo un santo para vestir a otro, como insisten en afirmar algunos, sino de un marco amplio que permite la definición de alternativas viables, si se tiene, por supuesto, la voluntad política para hacerlo.

La ley 8801 abrió una oportunidad valiosa para iniciar una reforma profunda de nuestro estado. El reto debe ser continuado en conjunto por el Poder Ejecutivo y las municipalidades, haciendo un esfuerzo por encontrar formas de descentralización viables, las que, sin causar perjuicios, concrete este proceso de transformación del estado costarricense que no podemos seguir posponiendo.

Twitter: @robertogallardo
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