Blog personal de Roberto J. Gallardo N., Profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
lunes, 2 de abril de 2012
Sobre la felicidad de los costarricenses
viernes, 9 de marzo de 2012
Articulo de Juan José Echeverría sobre descentralización
Por supuesto que aquí las personas no son importantes, sino el tema que trata Juan José. Comparto con ustedes el artículo que el Expresidente Ejecutivo del IFAM publica hoy en el periódico La Nación.
Me refiero al editorial de La Nación del pasado 3 de agosto, en el que lamentan la salida del Gobierno de la ministra de Planificación y el regreso de Roberto Gallardo a esa cartera, fundamentalmente por el apoyo que dio a la aprobación de la Ley de Transferencias hacia las Municipalidades. No voy a defender a don Roberto, quien no lo necesita, pero sí voy a defender al proceso de descentralización del Estado, que surge como respuesta a los crecientes problemas de ingobernabilidad e insatisfacción, por la gestión de la mayoría de Instituciones del Gobierno central.
Desde la década de los años ochenta, con la primera Comisión de Reforma del Estado, se habló de la necesidad de descentralizar al Estado, de fortalecer las municipalidades y de propiciar más participación ciudadana. En 1998 se reformó la Constitución Política y de ahí deriva la obligación de trasladar competencias y recursos a las municipalidades. Pese al mandato constitucional, nunca hubo voluntad política para propiciar los cambios, por lo que el Gobierno de don Óscar Arias no hizo otra cosa más que promover el cumplimiento de lo ordenado por nuestra Carta Fundamental y para ello contó con el apoyo del IFAM, de la UNGL, de la Cooperación Internacional, de Organizaciones Comunales y hasta de académicos de las universidades nacionales.
Traslado de competencias. Es indispensable tener claro que no se trata de sólo trasladar recursos, como se infiere del editorial, también deben trasladarse competencias, responsabilidades, pero eso no se dice, no se aclara. La argumentación de que no hay posibilidad fiscal de hacerlo, tiene mucho de falaz, ya que no se profundiza en la verdadera intención del mandato constitucional. Nadie pretendería un traslado de recursos por sí solos; la idea es más bien descargar al Gobierno central de determinadas responsabilidades, que de hecho no las está cumpliendo adecuadamente, procurando que a nivel local estas, junto con sus recursos, sean administradas en mejor forma. Si así se hace, no habría problema fiscal, pues al disminuir recursos también se disminuyen responsabilidades y se descarga al Gobierno Central de la obligación de ese gasto.
La Nación al inicio de todos los años escolares, informa de los problemas que hay con la infraestructura educativa, con el déficit de pupitres, aulas y materiales necesarios para brindar lecciones. El MEP tiene recursos para atender esas obligaciones, pero desde San José no puede hacerlo para todo el país. ¿Por qué no pensar que los recursos del MEP para resolver esos problemas sean girados a las Municipalidades y que en conjunto con juntas de educación, patronatos escolares y asociaciones de desarrollo comunal, sea a nivel local que esos temas se resuelvan? ¿Qué tal si el MEP se encarga de la formación de sus docentes, de los programas de estudio y de la adecuación curricular y deja los problemas de infraestructura para que se resuelvan a nivel local? El presupuesto del MEP no se vería afectado, ya que al trasladar los recursos, se le relevaría de la responsabilidad y más bien a nivel local, en forma participativa, se puedan lograr mejores resultados de los que hoy día estamos teniendo en esa materia.
De la misma forma se puede hacer con otros ministerios y otras competencias. Aspectos de vialidad y seguridad vial, administración y vigilancia de las áreas de protección, promoción de la cultura y el deporte, asuntos de equidad de género, asistencia social, becas o bonos de vivienda, infraestructura básica de salud u obras comunales y ciertos aspectos de la seguridad civil preventiva, son tan sólo algunas de las competencias que hoy son del Gobierno central y que podrían trasladarse a los gobiernos locales, junto con los recursos respectivos, con lo que no se generaría déficit alguno, dado que al trasladar recursos se descargan responsabilidades.
Vanas excusas. En consecuencia, no hay temor a ninguna crisis fiscal, que en todo caso ya tenemos sin haber dado ni un colón a las municipalidades. Estamos claros de que ese tema también hay que resolverlo y por eso apoyamos la reforma fiscal. Sin embargo, pretender hacer operaciones aritméticas, aisladas del contexto político que justifica la propuesta de descentralización para decir que “no hay plata, no hay plata” es sumarse a las excusas que durante tantos años los que detentan el poder han esgrimido para impedir la reforma del Estado y trasladar recursos y poder hacia los municipios, hacia las personas.
Si esa hubiera sido la ecuación que hicieron nuestros antepasados, don Juanito no hubiera emprendido la “Campaña del 56”, don Jesús Jiménez no hubiera acordado la educación gratuita y obligatoria, el Dr. Calderón Guardia no hubiera promovido la reforma social y don José Figueres no hubiera luchado por modernizar al Estado y al país. Todos esos logros, a nivel de epopeyas, son los que hicieron grande a nuestro país y probablemente todos, desde el punto de vista presupuestario, eran deficitarios.
Sin embargo, nuestros patricios tuvieron la visión y voluntad para emprender la tarea, para sentar la bases de una nueva Costa Rica y lo lograron, y ahora nos corresponde, precisamente con la misma pasión y voluntad, construir el futuro de la patria, para tener un país más democrático, más descentralizado, más participativo y más desarrollado, y en esa lucha, pese a los intereses creados, no vamos a cejar en nuestro esfuerzo.
miércoles, 8 de febrero de 2012
En relación a la "Declaración del Presidente de la Asamblea Legislativa sobre las declaraciones de la Presidenta de la República "
1. Frente a la delicada situación fiscal que enfrenta el Gobierno, la administración adoptó un conjunto de medidas dirigidas a reducir el gasto público no esencial. Como producto de dicho esfuerzo en el año 2011, se logró una reducción del déficit fiscal proyectado en 0.8% del PIB, lo que supuso una economía cercana a los 100 mil millones de colones.
2. Una de las áreas de preocupación de la administración, ha sido el tema salarial, ya que los recursos no alcanzan para pagar las obligaciones adquiridas. En la actualidad, cerca del 40% de los salarios del sector público se está pagando con deuda.
3. La existencia de diversos regímenes salariales y de un conjunto de normas expresas tales como convenciones colectivas, fallos judiciales, y leyes especiales, han creado un verdadero caos en materia salarial, y una situación que impide la adecuada planificación y ejecución del gasto público y de las decisiones en materia de empleo público.
4. Ante estas situaciones el Gobierno de la República ha ejecutado dos medidas: se promulgó el 17 de enero un decreto ejecutivo para que no apliquen aumentos salariales a Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos y Gerentes, asi como para autorizar un incremento salarial de 5 mil colones para el resto de funcionarios del sector público; por otra parte desde hace varias semanas se ha venido trabajando en varios decretos ejecutivos y un proyecto de ley que tienen como objetivo ordenar la situación en material salarial en el sector público.
5. El Presidente de la Asamblea Legislativa, ante el cuestionamiento que se ha generado en los medios de comunicación sobre incremento salarial de 150 mil colones que recibirán los diputados, ha presentado un proyecto de ley que pretende sea convocado por el Poder Ejecutivo de inmediato, y ante la respuesta de que el mismo será analizado como parte del esfuerzo que viene realizando el Poder Ejecutivo, ha recurrido a la descalificación, tratando de endosarle a la Presidencia de la República una responsabilidad que mas bien le corresponde a la Asamblea Legislativa.
6. Dejando a un lado lo impropio del tono usado por el Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa, lo que queda claro fe toda esta discusión es que el Gobierno no necesitó de una ley para no aplicar los incrementos salariales de sus ministros y jerarcas superiores y trabaja en una modificación seria, profunda e integral en materia salarial.
7. Mientras el Poder Ejecutivo termina de preparar la legislación respectiva, el Sr. Mendoza puede renunciar de manera unilateral al aumento salarial, al igual que lo hizo la Sra. Presidenta de la República, los señores vicepresidentes y los ministros de Gobierno.
8. Respecto al otro tema mencionado por Sr. Mendoza en su comunicado, el ritmo de trabajo imperante en la Asamblea Legislativa es en gran parte responsabilidad de quien dirige el debate. Es imposible avanzar con fluidez en el conocimiento de las mas de 3000 mociones que con clara intención de obstruir presentara un pequeño grupo de diputados, cuando continuamente se conceden los recreos solicitados sobre todo por esos mismos diputados que se oponen a la Ley de Solidaridad Tributaria. Esta actitud permisiva es una de las razones por las que no ha sido posible dinamizar el proceso legislativo, lo que permitiría agilizar el conocimiento de otras iniciativas importantes para el pais.
martes, 31 de enero de 2012
¿Liderazgo inédito, calificación negativa?
La gente siempre se me queda viendo raro cuando hablo de un estilo de liderazgo inédito en este gobierno como una de las razones por las cuales se califica negativamente a la administración. Les suena a excusa, a elucubración académica para ocultar carencias. Y de pronto me doy cuenta que nunca he expresado con claridad a qué me refiero cuando digo eso. Voy a intentarlo, a sabiendas que cualquier reflexión de este tipo es normalmente desestimada ad portas, como pasa siempre que uno trata de explicar algo para lo que muchos ya tienen una única e inconmovible explicación.
Yo sostengo que la Presidenta Chinchilla es inédita no tanto por el hecho de que sea mujer, sino porque es la primera persona que ocupa la Presidencia de la República proveniente de esos hogares de clase media que creó el proyecto político dominante de la Segunda República. Antes de ella habíamos tenido representantes de lo que yo llamaría la oligarquía liberal-progresista, de los estratos populares, y de las familias políticas. Doña Laura es, en este sentido, representante de un segmento social que no había tenido acceso a la Presidencia hasta ahora, pero que además tiene una visión diferente, a partir de coyunturas familiares y sociales particulares, de su responsabilidad como Presidenta, así como de su concepción del poder público.
Y cómo, me preguntarán, se manifiesta esa visión particular? La respuesta abarca muchos aspectos, desde la forma en que se establecen relaciones y métodos de trabajo (menos jerárquicos, mas colaborativos), hasta la ética de trabajo (cuál es la responsabilidad que se tiene y cuánto tiempo debo dedicar a cumplirla). De estas diferencias se derivan hechos concretos que afectan de alguna manera la percepción de la gente sobre la labor de gobierno. Por ejemplo, al momento de aplicar recortes presupuestarios como parte de los esfuerzos que se han venido dando de cara a la situación fiscal, la Presidencia tomó la decisión de recortar dramáticamente su presupuesto para información. Esto, que puede parecer una decisión normal y consecuente, no ha sido la práctica habitual en los gobiernos anteriores, los que normalmente preservaban recursos para información aun en entornos presupuestarios limitados.
Este es un ejemplo de una decisión basada en un sentido de responsabilidad muy propio de la Presidenta, que desestima valoraciones políticas en materia de imagen o popularidad, y que pone la consistencia como premisa básica para su acción pública. Ojo que no califico cada forma de actuar como buena o mala, simplemente quiero dejar claro que hay diferentes formas de reaccionar ante escenarios similares. Y cada una tiene repercusiones igualmente diferentes.
Para este gobierno por ejemplo, lo anterior tuvo consecuencias directas sobre la habilidad de poder informar a la poblacion de las cosas que está haciendo el Gobierno. Restringida la posibilidad de comunicarse de manera tradicional, verbigracia pagando pauta en medios, apostamos el año pasado a la organización de actividades con presencia de la Presidenta, por ejemplo sobre Red de Cuido y seguridad ciudadana, para que a través de los medios pudiéramos informarle a la gente sobre los avances en estos dos campos. Pero normalmente los medios acuden a estas actividades para buscar declaraciones de la Presidenta sobre los temas que les resultan de interés coyuntural y aunque informan de las actividades lo hacen frecuentemente de manera tangencial. Esto por supuesto no es culpa de los medios, pero ante esto habrá que pensar formas adicionales para poder cumplir con la obligación que se tiene de rendir cuentas.
Así como este, hay otros ámbitos del ejercicio del poder que están marcados por esta visión inédita. Por supuesto que esto no alcanza para explicar por sí sola la calificación que le da la gente al Gobierno, pero sigo considerando que es un factor que debe valorarse.
jueves, 12 de enero de 2012
Todos los que no piensan como yo son unos...
Por supuesto que no voy a terminar esa frase. Primero porque nunca he creido que se pueda generalizar, la realidad siempre es tan compleja que no admite simplificaciones como las implícitas en una generalización. Pero además, y sobre todo, porque tengo un cargo que me impone ciertos estándares de conducta. Uno de ellos es cuidar lo que digo y dónde lo digo.
En general, en la vida tenemos responsabilidades que definen de alguna manera la forma en que debemos llevar nuestras cosas en diferentes etapas, tanto en el campo profesional como en el personal. Y por eso he visto con alguna preocupación como algunos comunicadores/analistas suelen expresarse en redes sociales de manera que considero inapropiada para quienes que tienen una obligación de objetividad ante la ciudadanía. Una cosa es el cuestionamiento de las políticas públicas y su ejecución, así como la valoración de la actuación de los responsables de su implementación; otra la generalización y los juicios de valor que en muchos casos denota un desconocimiento de la realidad política e institucional de nuestro país. Por supuesto que todos tenemos derecho a tener una opinión, pero quienes tenemos responsabilidades públicas (y los comunicadores/analistas las tienen), debemos procurar no solo ser mesurados y rigurosos, sino evitar caer en la generalización fácil, la chota, y en expresiones que puedan ser irrespetuosas o que puedan afectar nuestras relaciones profesionales y nuestra credibilidad.
Respeto, mesura, rigor y discreción no están en contradicción con acuciosidad, independencia de criterio y sentido crítico.
miércoles, 7 de diciembre de 2011
¿Que se hace en un caso como este?
Un periodista de un medio escrito publicó hace unos días una nota sobre el Gobierno, en la que cita a un investigador universitario dando unas declaraciones que refuerzan la conclusión a la que el periodista aparentemente quiso llegar. El investigador, a quien conozco desde hace mucho tiempo, pero con el que no he tenido contacto últimamente, le manda un correo electrónico al periodista, con copia a mí, llamándole la atención por haber agregado a esa noticia una opinion que efectivamente él ofreció... ¡hace 8 meses, en un contexto diferente y refiriéndose a un tema distinto!.
Uno se pregunta, ¿Qué se puede hacer en una situación como esta? ¿A quien acudir? ¿Como dejar pasar lo que parece una practica profesional inadecuada sin que se le conceda a esta que es una preocupación legitima una intención ulterior? ¿Quien nos defiende de esta cosas? ¿O me preocupo innecesariamente y el uso de opiniones emitidas meses atrás refiriéndose a otros temas en una coyuntura específica es normal?
miércoles, 23 de noviembre de 2011
Policías despedidos con responsabilidad patronal
¿Por qué se despide con responsabilidad patronal a policías que tienen acusaciones penales? Muy sencillo, porque si se les trata de despedir por causa justificada o sin responsabilidad patronal los afectados pueden plantear recursos ante los tribunales que en promedio tomaría 4 años para resolver, periodo durante el cual los accionantes recibirían salario sin trabajar, o peor aun, trabajando. Por eso se prefiere despedirlos con responsabilidad patronal y pagarles sumas que aunque parecen injustas por ser gente cuestionada, son abismalmente inferiores a las que se tendría que pagar si se trata de hacerlo de otra manera.
Lo que es fundamental es no mantener en la Fuerza Pública a quienes no actúan con honestidad. Limpiar la policía es fundamental para recobrar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades.