Últimamente se ha generado un intenso debate alrededor de un proyecto de ley que pretende obligar a las instituciones del Estado a utilizar solo software libre. Esta es una discusión que viene produciéndose desde hace ya varios años, a veces, creo yo, por las razones equivocadas.
Las necesidades de software de las instituciones deben satisfacerse en consideración de elementos estrictamente tecnológicos. Pareciera una verdad de Perogrullo decir algo así, pero lo cierto es que oyendo algunos defensores del proyecto mencionado uno percibe un fuera de lugar sesgo ideológico en detrimento de lo que debería ser una estricta valoración técnica y de oportunidad. Lo cierto es que en la multiplicidad de alternativas informáticas existentes, es posible encontrar software propietario que permita una solución expedita, segura y de bajo costo. Y cerrar esa puerta parece innecesario, aparte de derivar en una inflexibilidad administrativa que puede ser inconveniente en un entorno tan dinámico como el actual. ¿Quién puede preveer el futuro de la industria de software en el mundo, incluyendo el desarrollo de nuevos esquemas de comercialización que permita reducir sustancialmente los costos actuales?
La alternativa es la neutralidad tecnológica. Defender esta posición es complicado porque, primero, quienes lo hacen se exponen a ser acusados de tener intereses ligados a empresas desarrolladoras de software. Además el argumento de la diferencia en el costo de las opciones deslumbra e invisibiliza otros aspectos igualmente importantes. Pero hay que seguir insistiendo.
1 comentario:
Don Roberto el sentido común a la hora de adquirir Software para el estado debería imperar... Desgraciadamente en este país estamos rebozantes de leyes por encima del sentido común!
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