Transferencia de competencias a las municipalidades

La aprobación en la legislatura anterior de la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades constituye un hito en la historia política nacional. O mejor dicho, puede constituir un hito en la historia política nacional. Depende de que se cumplan varias premisas, y sobre todo, de que se inicie de la mejor manera. Al respecto quisiera compartir algunas reflexiones sobre un proceso en el que se cifran grandes esperanzas para el futuro, y el que se ha venido empujando –y resistiendo por algunos-, desde hace muchos años.

Es importante recordar que el proyecto pretende trasladar competencias y recursos equivalentes al menos a un 10% de los ingresos ordinarios del Estado, en cumplimiento de una reforma constitucional aprobada hace casi 10 años. Para que la transferencia se realice de manera ordenada, se acordó que la misma se llevara a cabo gradualmente, mediante 7 leyes aprobadas en igual número de años, en las que se definan el conjunto de competencias -y los recursos necesarios para ejercerlas-, que serán transferidos a las municipalidades en cada ley.

Existe, es innegable, algún escepticismo respecto a la capacidad de las municipalidades para asumir nuevas responsabilidades. Pero hemos creado un círculo vicioso que esta ley debería romper: no se le otorgan recursos a las municipalidades porque no pueden administrarlos, pero no pueden hacerlo porque no tienen los recursos necesarios que lo permitan. En realidad, no tenemos opción: es difícil encontrar un país desarrollado con gobiernos locales débiles. Si queremos dar el salto cualitativo hacia el desarrollo, debemos ejecutar con decisión la transferencia de recursos y competencias a las municipalidades.
Precisamente por ser tan importante es que hay que llevarla a cabo con mucho cuidado. No es exagerado decir que de la primera ley depende el éxito de todo el proceso de transferencia, pues si no se hace correctamente los argumentos en contra podrían pesar al punto de dejar en suspenso las restantes seis leyes.

Afortunadamente el nuevo Gobierno ha dejado claro su apoyo a esta iniciativa que constituye una profunda transformación de la estructura del poder público. La designación de un Ministro de Descentralización y Fortalecimiento Local es un acierto y confirma la convicción democrática de la Presidenta Chinchilla, quien además entiende que dotar de recursos a los Gobiernos Locales es potenciar la participación ciudadana no solo en la identificación de los ámbitos que requieren la intervención pública, pero además en la definición de las políticas públicas necesarias para concretar esa intervención.

El nombramiento de Juan Marín como Ministro es además garantía de que se harán las cosas con conocimiento de causa: Juan no solo es un exitoso exalcalde que conoce la realidad municipal a lo largo y ancho del país, sino que además es un municipalista convencido. El Ministro Marín ha asumido la responsabilidad política de definir el primer proyecto de ley en consulta y con el apoyo de las municipalidades, las que han respondido entusiastamente, conscientes de la oportunidad histórica que tienen. Porque finalmente es a las alcaldesas, alcaldes, intendentes, regidores y síndicos a los que les corresponde en primera instancia vigilar que esta primera ley se concrete, así como la responsabilidad de llevarla a buen puerto en sus cantones.

Es importante además que en esta primera ley se especifiquen adicionalmente a las competencias que se transferirán, indicadores con líneas de base que permitan evaluar la evolución en la calidad de los servicios que se transfieran. El objetivo final y la premisa que inspira este proceso es que dotar de recursos a las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía como son las municipalidades, redundará en mejoras ostensibles en la calidad y cantidad de servicios que se proveen. Por eso es imprescindible contar con información que permita valorar el impacto de los cambios, y corregir el rumbo cuando así sea necesario. Porque no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás.