Mejor solo como Ministro

Una rápida e inusual adición a mi blog (inusual porque casi nunca lo actualizo fines de semana). He leído con gran sorpresa el pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de que el Ministro de Cultura y Juventud pueda seguir "ejerciendo" su profesión de músico fuera de horas de oficina, y que en ese ejercicio incluso pueda seguir cobrando. Y digo con sorpresa primero porque esa repentina flexibilidad de la Contraloría es inédita para mí, y segundo porque tengo la sensación de que los argumentos esgrimidos son bastante parciales.

La prohibición, que es lo que se le paga a los Ministros y no la dedicación exclusiva, pretende, según mi entender, dos cosas. Primero, asegurar, mediante un plus salarial equivalente al 65% del salario base, un ingreso que le permita al beneficiario dedicarse exclusivamente a las funciones asignadas. Segundo, prevenir que ingresos adicionales de otras fuentes terminen ejerciendo una influencia indebida en la elaboración de las políticas públicas. Ninguna de estas dos consideraciones está presente en el pronunciamiento de la Contraloría, por lo menos no con la misma relevancia que tiene la definición de profesión liberal sobre la que se basa este dictámen.

Y aclaro que por supuesto esto no tiene nada que ver con don Manuel Obregón en lo particular. Aquí el tema es la puerta que se abre con un pronunciamiento como este. Según el criterio del Contraloría, la Dra. María Luisa Avila podría abrir un restaurante (el que además sería un rotundo éxito, porque la Doctora cocina riquísimo), en tanto cocinar no es un profesión liberal. O Leonardo Garnier podría montar una barbería, René Castro cantar con un mariachi (imagínenlo con sombrero de charro y verán que la idea no es descabellada) y Mayi Antillón poner un salón de belleza (o una tienda de ropa!).

La labor al frente de un Ministerio es muy compleja y requiere de tal nivel de dedicación y de concentración -dirían algunos jugadores de futbol-, que no deberían asumirse responsabilidades adicionales, aun cuando sean tan placenteras como la de ofrecer conciertos. Pero aun cuando la urgencia de la manifestación artística sea tal que no pueda ser atenuada, por lo menos debería renunciarse al ingreso que esta produzca, mostrando de esta manera que se estaba dispuesto a asumir el cargo con los sacrificios que conlleva.

Fungir como Ministro es sin duda un honor y tiene grandes privilegios. Pero también requiere sacrificios. Durante el tiempo que se ejerce el cargo son muchas las cosas de las que uno debe privarse: tiempo en familia, un cierto nivel de ingresos, hobbies, y en general en el plano personal se posponen muchas cosas. La gente solo ve el aspecto "glamoroso" del trabajo, los viajes, las cenas y los cocteles, el carro con chofer, pero la verdad es que hay un grado de sacrificio que es invisible. Mucho se descubre en el ejercicio del cargo, mucho se sospecha antes de aceptarlo. Pero cuando uno acepta, tiene que hacerlo con toda la voluntad de asumir esos sacrificios. La verdad es que son solo 4 años, en el mejor de los casos,

Así que yo preferiría que los Ministros y Ministras se dediquen solo a su cargo, pese a lo que diga la Contraloría. Llámenme anticuado pero hay además una cierta solemnidad asociada al cargo que no debe perderse. La idea de que alguien contrate al Ministro de Cultura para que amenice una boda (por supuesto que estoy caricaturizando la situación) no es compatible con esa solemnidad. O que Manuel establezca una compañía con Leo, René, María Luisa y Mayi, de manera que René cante en la boda, Leo le corte el pelo al novio, María Luisa cocine el buffet y Mayi aliste a la novia...

Otra perspectiva para el FEES

La negociación para dotar de recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) nunca ha sido fácil. Es un proceso extraordinariamente duro porque tiene una inusual particularidad: todos los participantes tienen razón.

¿Cómo es posible que suceda algo así? Las universidades por ejemplo, tienen razón de solicitar más recursos. Aun cuando el país ya invierte en educación superior un porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE -alrededor de un 1.1%-, Canadá, Corea y Estados Unidos asignan un porcentaje de entre 2.5 y 2.9, rango que debería constituir una aspiración para un país que pretende insertarse de manera exitosa en una economía que como la contemporánea está fundada en el conocimiento.

La inversión en educación superior pública es requisito para el desarrollo y debe recibir todo el apoyo necesario para que se convierta en la locomotora que tire de los sueños nacionales de una mejor calidad de vida para la población.
Pero, el Gobierno también tiene razón. No es posible acceder a la solicitud de las universidades. El país solo puede asignar los recursos que produce; si la economía crece un 5% no es posible comprometerse a garantizar un crecimiento de los presupuestos universitarios de un 11%, tal y como lo pretenden las universidades. A menos por supuesto que estemos dispuestos a sacrificar la inversión en otros campos.

Este es un argumento objetivo que se origina en una dura realidad fiscal, y no en oscuros intereses que pretenden acabar con la educación superior pública para favorecer a las universidades privadas. Pensar que a una persona como Leonardo Garnier –quien se ha convertido en el pararrayos de los ataques a la representación gubernamental en la Comisión de Enlace-, lo anima un sentimiento antiuniversitario solo puede ser motivado por un supino desconocimiento de su trayectoria y pensamiento, o por simple y llana mala intención. La verdad es mucho más compleja que un vacío argumento ad-hominem.

La situación se torna aun más complicada cuando las universidades aducen no poder aceptar menos de lo que solicitan por tener un crecimiento automático de sus gastos de un 8% en términos reales. Y para ser absolutamente justos, mucho –no todo-, de ese crecimiento se origina en pluses salariales que han sido otorgados por estrados judiciales. Pero lo cierto es que este es el comportamiento de los gastos en las universidades públicas, y esta es una carga demasiado pesada para las universidades mismas y para el país. Algo debe hacerse.

Con un panorama como este, es natural que la negociación sea particularmente difícil. Tal vez la solución no sea discutir una fórmula de financiamiento para el quinquenio como ha sido la práctica, sino ampliar el plazo de manera que las opciones sean mayores.

Así por ejemplo, se puede plantear un escenario de crecimiento gradual del porcentaje del PIB dedicado a la educación superior de manera que al cabo de 15 o 20 años se alcance un 2.25% del PIB. Esto permitiría varias cosas. Primero, la programación de los recursos fiscales requeridos para asegurar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo lo que parece ya una inevitable e impostergable reforma tributaria.

Segundo, las universidades tendrían espacio para hacer una planificación de largo plazo que les permita moderar –de la manera que lo consideren pertinente, el peso de aquellos rubros de gasto que contribuyen a generar ese crecimiento automático que es a todas luces insostenible. Y tercero, y cuidado si esto no es lo más importante, alcanzar un acuerdo de este tipo, una verdadera e inédita política de estado, bien podría constituirse en un modelo para otros ámbitos de la vida nacional, igualmente necesitados de acciones de largo plazo.

Por supuesto, para forjar algo así se requerirá un trabajo técnico arduo y riguroso, que no puede estar sujeto a la presión coyuntural del ciclo presupuestario que ya se inicia. En este sentido, las universidades y el gobierno podrían acordar un presupuesto para el próximo año que garantice un crecimiento de 5% real –en tanto las proyecciones sitúan la tasa de crecimiento del PIB para este año alrededor del 4%-, y la gestión de un préstamo de $150 millones para compensar el porcentaje de crecimiento automático no cubierto y no paralizar del todo los planes de expansión que las universidades tiene en marcha. Esto otorgaría un plazo de un año, necesario para construir una solución de largo aliento.

Con la voluntad política y el compromiso que debería resultar de la posibilidad de llegar a un acuerdo histórico, es posible que estas extenuantes negociaciones de hoy sean, dentro de 20 años, objeto de curiosa investigación por esos jóvenes universitarios que tendrán mayores oportunidades gracias a un sistema de educación superior pública que sea ese motor del desarrollo que el país necesita.

Redes sociales, opinión pública, el pulso del país y cursos de acción

La comunidad de las redes sociales es importante sobre todo cualitativamente en el proceso de formación de eso que denominamos "la opinión pública". Pero NO es la opinión pública. Es un grupo más que hay que tomar en cuenta pero no el único ni el más importante. Digo esto porque tengo la impresión de que en los últimos meses se ha venido sobreestimando el rol que tiene en la sociedad, sobre todo porque algunos temas que de pronto prenden la polémica en el mundo 2.0 terminan siendo objeto de decisiones públicas mas o menos en la línea en que se discutieron en la comunidad virtual.

Pero, ojo, esto solo pasa cuando los medios de comunicación masiva recogen el guante. Si las redes sociales tuvieran la influencia que algunos le atribuyen, otros temas habrían tenido una consecuencia. Ejemplos hay varios. No fue suficiente la instancia masiva de gran parte de esta comunidad para que Greivin Moya se refiriera a los cuestionamientos que se le hicieron en el blog El Infierno Tico. Las acusaciones no solo no fueron contestadas, sino que fueron ignoradas sistemáticamente por el resto de los medios, y por lo tanto pasaron desapercibidas. Es de esperarse que pase lo mismo con las dudas que Alejandro Trejos expone en su blog sobre la cantidad seguidores en Twitter de Amelia Rueda. Si ningún medio le da pelota a Alejandro, es muy probable que sus dudas se queden sin aclarar.

Y en esto tenemos que estar claros: los medios seguirán utilizando lo que pasa aquí para potenciar algunos temas -o reforzar su validez como de interés público-, SOLO Y SOLO SI coincide con su interés del momento. No hablo de conspiraciones ni nada por el estilo, simplemente que lo que trascienda dependerá de si el tema en discusión en el cibermundo resulta interesante para los medios, para que alcance status de tema nacional.

Hago estas reflexiones porque creo que algunos podría estar valorando incorrectamente la representatividad de las redes sociales. Es importante lo que aquí se habla, pero no es lo único ni lo más importante. Es cómodo creerlo, pero no por eso menos equivocado. Llevarle el pulso al país requiere mucho más que encender una computadora y entrar en Twitter o Facebook. Y definir cursos de acción obliga a la consideración de elementos adicionales, un esfuerzo sistemático y riguroso de acopio de información, de contacto permanente con diferentes sectores, de propiciar el conocimiento objetivo de los puntos de vista divergentes. De lo contrario las decisiones serán parciales, y tarde o temprano mostrarán sus limitaciones.