El Gobierno de la República ha presentado
para su análisis y debate una propuesta que tiene como objetivo ordenar el
otorgamiento de incentivos salariales en el sector público. Lo hace porque un
examen de la situación de los salarios en la administración pública no solo
revela desigualdades inaceptables en las remuneraciones que reciben los
funcionarios públicos, sino además una desnaturalización del propósito de los
incentivos, los que supuestamente deberían servir para estimular la excelencia
en el desempeño laboral en las instituciones de Gobierno.
Un estudio elaborado por la Contraloría
General de la República permitió identificar algunos casos que ilustran las
abismales diferencias salariales que se están dando en este momento en la
administración pública. Mientras un oficial de seguridad en una institución
pública gana doscientos cuarenta y ocho mil colones al mes, otra persona, con responsabilidades
y preparación similares, gana seiscientos tres mil colones en otra institución
del mismo sector público. Un jefe de unidad gana ochocientos veintidós mil
colones en una institución, mientras que por las mismas responsabilidades otra
persona devenga un salario mensual de casi tres millones colones. Ejemplos como
estos abundan en la administración pública, e ilustran la gran inequidad
salarial imperante en este sector.
Pero no solo se trata de diferencias
salariales. Mientras muchas instituciones conceden como auxilio de cesantía los
8 años definidos en el Código de Trabajo, en otras este tope varía a 12, 15, 20,
y 25 años, llegando incluso en algunas instituciones a no tener ningún tope. No
hay ninguna razón que justifique estas diferencias.
Estas desigualdades resultan de la
diversidad de sistemas salariales existentes. En las instituciones públicas que
generan sus propios ingresos se tiende a conceder mas incentivos –y no solo
salariales-, a sus funcionarios, mientras las que dependen de transferencias
del Ministerio de Hacienda no tienen la misma posibilidad (aunque esto no
significa que no hay de todo). Pero en general, la importancia relativa de los
incentivos como porcentaje del gasto total en salarios en las instituciones
públicas ha venido aumentando, al punto que supera el porcentaje del gasto
dedicado a remuneraciones básicas. Hay instituciones en donde del total del
gasto en remuneraciones un tercio se dedica a sufragar salarios base, mientras
que se utiliza casi la mitad para pagar incentivos.
La estructura salarial en la que la mayor
parte del ingreso de los funcionarios públicos proviene de incentivos hace que el
crecimiento del gasto total de las instituciones en este rubro sea muy alto. Cuando
una institución concede un aumento calculado sobre el salario base, como
resultado del efecto multiplicador de los incentivos salariales el porcentaje
de aumento que finalmente recibirá el trabajador será más alto que el
porcentaje que se quiso otorgar. Al calcular algunos incentivos –por ejemplo la
anualidad-, a partir del salario base, un aumento resultará automáticamente en
un aumento de lo que se recibe por concepto de cada incentivo. La suma de todos
estos ajustes termina siendo superior al porcentaje de aumento original.
La
situación descrita anteriormente significará que el gasto en salarios de las
instituciones públicas crecerá a un ritmo mayor al del porcentaje de aumento
concedido. Una estimación de MIDEPLAN indica que de continuar esta tendencia de
crecimiento, para el año 2016 el Gobierno podría estar dedicando un casi un 60%
de sus ingresos corrientes en el pago de planillas.
Lo cierto es que los incentivos
salariales perdieron su naturaleza de estímulo al trabajo cuando se comenzaron
a otorgar indiscriminadamente y sin relación con el desempeño del funcionario.
Rescatar esa característica es lo que se pretende con esta propuesta. No se
trata de eliminar incentivos, se trata de racionalizarlos y de homologar los principios, ámbitos y
proporciones que deben regir para todo el sector público, respetando
estrictamente los derechos adquiridos. Este es un debate que no debe posponerse
y que todos los actores involucrados deben asumir con una gran madurez y
responsabilidad.
1 comentario:
Don Roberto. Como funcionario público estoy de acuerdo en un 100% con sus comentarios, sin embargo, pienso que esta disparidad salarial debería aclararse en mejores términos, pues la crisis del gobierno no se debe solo a los empleados del poder ejecutivo, sino más bien a las autónomas, y aqui me pregunto? quienes regulan a éstas. Que es lo que está haciendo la Autoridad Presupuestaria al respecto?
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