Con este sugerente título, el Semanario Universidad informa los resultados de una investigación que llevó a cabo este medio sobre el tema de las expropiaciones hechas como parte de la construcción de la carretera San José - San Ramón. Se incluye una larga entrevista conmigo, la cual se transcribe parcialmente como parte de este reportaje, la que sin embargo no parece haber sido escuchada con atención por los periodistas que la hicieron.
¿Quién pagó las expropiaciones en la vía San José - San Ramón? CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones y un fideicomiso establecido para contar con recursos para pagar a los propietarios. A este fideicomiso tenía que contribuir la concesionaria de ese momento, que era Autopistas del Valle, no OAS. Del fideicomiso salían los pagos a los dueños de los terrenos, pero salían a nombre del Estado o alguna de las instituciones públicas mencionadas, NUNCA a nombre de la concesionaria. Y no podían salir a nombre de la concesionaria porque entonces la propiedad de esos terrenos sería de Autopistas del Valle y no del Estado. Por eso aparecen el CNC y CONAVI como las entidades que pagaron las expropiaciones y por eso NUNCA aparece el nombre de Autopistas del Valle ni de OAS como las que pagan.
¿Cómo sabemos cuánto dinero puso la concesionaria en el fideicomiso de expropiaciones? Del examen que hicieron, tanto la supervisora del contrato como la gerencia del proyecto, de los estados financieros de la concesionaria auditados por la firma Deloitte. No se trata de una cifra antojadiza, arbitraria y sin fundamento, sino producto de una auditoría hecha por una compañía de gran prestigio y analizada rigurosamente por la empresa supervisora del contrato así como por la gerencia del proyecto, ambas instancias contratadas por el Consejo Nacional de Concesiones. Creer que cifras como estas se pueden definir sin sustento legal y documental es ignorar como funciona la administración pública.
¿Por qué no se tiene los montos de cada una de las expropiaciones pagadas con recursos del fideicomiso? Porque los expedientes de cada una de las expropiaciones -así como todos los documentos relacionados con esta concesión-, que es de donde se puede obtener esa información, se encuentran en poder del Ministerio Público, incautado ante la infundada denuncia de una persona sobre la cual el Ministerio Público tiene la obligación de actuar. Pero la información este ahí y vamos a hacer la gestión para poder obtenerla, dado que el medio no hizo ese esfuerzo que habría resultado bastante esclarecedor.
¿Es cierto que no se contó con documentos de respaldo que certifiquen que esos pagos se hicieron en las 34 propiedades que fueron pagadas con el fideicomiso en el momento de la negociación del acuerdo conciliatorio? La cifra del aporte de la concesionaria al fideicomiso de expropiaciones ya se había aceptado como válida, sustentada en el análisis que la supervisora y la gerencia del proyecto hicieron a los estados financieros auditados por Deloitte en el 2009, como parte del proceso de definir las inversiones realizadas y no amortizadas por Autopistas del Valle. Este análisis se realizó en un momento en que parecía que no iba a ser posible seguir adelante con la concesión y se trataba de determinar cuáles serían los reintegros que debía hacer el Estado a la concesionaria para finiquitar el contrato, pero además sirvió como base para la negociación de la posterior cesión del mismo a OAS.
¿Hizo OAS algún pago por expropiaciones? Lo que hizo OAS fue pagarle a Autopistas del Valle, como parte del proceso de cesión del contrato, lo que el Consejo Nacional de Concesiones, con base en el informe de la supervisora y la gerencia del proyecto a partir de los estados financieros auditados por Deloitte, había aceptado ya como el monto que Autopistas del Valle había aportado al fideicomiso de expropiaciones. Ahora que se decide terminar el contrato de concesión con OAS, el Estado lo que está haciendo es reintegrando a OAS lo que le pagó a Autopistas del Valle, y que igual habría tenido que pagarle a ésta si no se hubiera cedido el contrato.
¿Por qué hay propiedades que aparecen como pagadas pero siguen a nombre de su propietario original? Cada caso debe ser analizado individualmente, pero muchas veces los propietarios no aceptan el avalúo que se hace de su propiedad y lo disputan en instancias judiciales. El Estado igual hace el depósito del monto determinado, pero no se entra en posesión de la propiedad hasta que se agote la vía judicial. Precisamente se presentó un proyecto de ley para permitir que el Estado entre en posesión de la propiedad una vez que hace el depósito inicial, aunque siga en disputa el valor calculado.
¿Hizo algún aporte OAS al fideicomiso de expropiaciones? No, porque para cuando se da la cesión del contrato las restantes expropiaciones se encontraban encaminadas, por lo que ya no era necesario. Cuando se dice que se está pagando $8,6 millones a OAS por concepto de expropiaciones, lo que se le está es reintegrando a OAS lo que le pagó a Autopistas del Valle por ese concepto, cifra que, como se mencionó anteriormente, fue determinada por análisis de la supervisora del contrato y la gerencia del proyecto hicieron de los estados financieros de Autopistas del Valle auditados por Deloitte.
¿Es cierto que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio destruyó la documentación relativa al proceso de negociación del acuerdo conciliatorio? Lo ignoro. Pero si lo hizo, no lo hizo a solicitud de ninguna de las partes. Los procesos de conciliación deben ser confidenciales, y existe un prohibición expresa de hacer público incluso lo que se dijo en la negociación. Todos los que de alguna manera estábamos involucrados en este proceso, incluso tangencialmente, fuimos compelidos a firmar una declaración jurada comprometiéndonos a no revelar ningún detalle de la negociación (aunque el acuerdo conciliatorio en su totalidad es totalmente público). Las actas y demás documentos utilizados en el proceso quedan en custodia del Centro, el que debe tener protocolos establecidos para el tratamiento de esos materiales, siempre en apego a lo que establece la ley de Resolución Alternativa de Conflictos.
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