Hay una gran cantidad de actividades que deben ejecutarse previo al inicio de una construcción. Incluso esas actividades normalmente toman mas tiempo que la concreción misma del proyecto. Usualmente la gente no tiene ni idea de la complejidad de estos procesos, por lo que juzga con un alto grado de desconocimiento, al que por cierto abonan algunos formadores de opinión, que atribuyen simplistamente a la “falta de voluntad” cualquier retraso.
Lo que no se menciona es que muchas veces el tiempo que toman las actividades previas al inicio de la fase constructiva están fuera del control de los responsables. Hay muchos plazos estipulados por la ley, instituciones que deben pronunciarse y que tienen a su vez plazos máximos que normalmente utilizan en su totalidad, como la misma Contraloría General de la República, que usualmente se toma la totalidad de los 30 días que tiene para refrendar contratos.
También puede ser que esas instituciones soliciten información adicional, que es exigida por sus propios ordenamientos jurídicos; las del sector ambiental son un claro ejemplo de esto. De la misma manera los organismos internacionales solicitan el cumplimiento de ciertos requisitos que derivan de sus propias regulaciones, y normalmente estos no son sencillos o pueden cumplirse de manera expedita.
También es cierto que la negligencia y la politiquería puede atrasar innecesariamente los proyectos de infraestructura. Ahí está el ejemplo de la carretera a Limón, la que el gobierno actual rechazaba en campaña, pero que terminó aceptando en su forma original –sin hacerle ningún de los cambios que según ellos eran necesarios-, después de dejar pasar 18 meses sin acción.
Cambiar esto pasa por dos ámbitos: primero, reformar integralmente los procesos de contratación de la administración pública, racionalizando los excesivos criterios de control actualmente existentes, a sabiendas que cualquier propuesta en esta dirección va a ser inmediatamente satanizada por quienes siempre ven en estos esfuerzos una intención malsana.
Lo segundo es ampliar la participación de la empresa privada, mediante emprendimientos conjuntos. Todos se maravillan de que la empresa que construyó el recién inaugurado City Mall en Alajuela haya podido construir un paso a desnivel en mas o menos 4 meses, cuando apenas a unos kilómetros de ahí, el Estado sigue invirtiendo miles de millones de colones en el puente de la platina. Pero para poder acudir a la empresa privada, debemos saber que vamos a tener que pagar un precio adecuado.
Los costarricenses queremos vivir en mundo que no es posible: uno donde haya muchos controles para evitar que se robe, pero sin que esos controles generen mas complejidad de la cuenta. O queremos que las empresas privadas nos construyan carreteras de primer mundo en tiempo récord, pero no queremos que pagar peaje o pagar solo un peaje mínimo. Debemos entender que eso no es posible, y que si continuamos pensando así, seguiremos sufriendo la lentitud en el desarrollo de infraestructura.
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El Gobierno anunció hace unas semanas su intención de vender $500 millones de bonos de deuda interna al Gobierno de China. Que se ofrezca ese título en particular no es coincidencia, pues no se requiere de autorización de la Asamblea Legislativa, como si la habría requerido títulos de deuda externa.
Ahora se anuncia que se negocia la venta no de $500 si no de $1000 millones. Con estos recursos el Gobierno pretende financiar mas o menos un 25% del déficit fiscal del año entrante. Pero también parece tener una implicación adicional: el gobierno, consciente de su propia debilidad, su falta de claridad y el pobre manejo político que ha exhibido en estos 18 meses, se apresta a patear la bola del problema fiscal hacia adelante, sin ponerle mucho empeño a sus propios proyectos de reforma.
Esto deja a la oposición, de la que posiblemente saldrá el próximo gobierno en el 2018, frente a un problema enorme: la necesidad de aprobar una reforma fiscal de manera que se evite una situación extrema en el 2018, asumiendo el enorme costo político que conlleva empujar proyectos que suscitan tanto rechazo. Pero no le queda alternativa: no hacer nada ahora significará tomar medidas extremas en el 2018, año en el que, de posponerse la adopción de medidas, enfrentaremos con toda crudeza el costo de la improvisación, la confusión y la falta de liderazgo del actual gobierno. Y eso podría ser muy peligroso.
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