Ante un movimiento con tan poco apoyo, con una opinión pública masivamente en contra de la huelga, el gobierno desperdició una oportunidad de oro para hacer lo correcto y fortalecerse no solo ante los gremios, sino también ante la opinión pública. Pero ver el fracaso monumental de la huelga como una oportunidad no es posible cuando se tiene a los sindicatos como aliados. Y aquí hay consistencia: quienes organizaron la fallida huelga son los mismos grupos con los que los partidos de gobierno, el PAC y el FA, suscribieron un pacto político no hace mucho. Como me dijo un colega, “no se le golpea la mesa a los amigos”. Mas si se tienen tan pocos, agregaría yo.
Por otra parte, uno no puede mas que admirar la habilidad política de Albino Vargas. Enquistado hace 20 años en la dirección de la ANEP, su preeminencia en el ámbito sindical –como lo ha demostrado una y otra vez-, no tiene ninguna relación con su capacidad de movilización.
Como bien lo evidenció La Nación, cada vez que Vargas convoca a marchas o huelgas la asistencia y el apoyo es raquítico. Este último movimiento, anunciado en medio de fanfarrias apocalípticas, resultó un fracaso estrepitoso. Pero al lograr que el gobierno firmara un acuerdo en donde simplemente se ratificaba lo que se había acordado de antemano, Albino desvió la atención hacia la actuación del gobierno, evitando cuestionamientos internos, que habrían sido mas que justificados, por el fracaso del movimiento.
Unos días después, en vez de dar cuentas a sus afiliados, el sempiterno Albino acudía tranquilo a una audiencia legislativa para hablar de otro tema. Mientras tanto, sus aliados del gobierno enfrentaban una tormenta política, la que él mismo inició. Ya llegará el momento de dar cuentas.
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La Contralora General de la República cuenta una “historia de terror” sobre los problemas que enfrenta el país para ejecutar recursos para infraestructura. Aparte de que últimamente la Contralora parece sucumbir a la tentación de darle titulares a los medios, este es un tema cuya complejidad se oculta detrás de ese tipo de titular, el que comúnmente sugiere la negligencia del gobierno como la razón de que esto pase.
Lo cierto es que hacer obra pública en Costa Rica es ridículamente difícil. Los procesos de contratación, de los que por cierto es parte importante la Contraloría, están llenos de recovecos legales que hace de la ejecución de proyectos una trampa para los responsables, que tienen que actuar en muchos casos con normativa que puede ser hasta contradictoria. Si a eso se le suman los controles que agregan las entidades que conceden financiamiento, el resultado se refleja en la situación actual.
El problema además es que cualquier cambio que se proponga a la normativa es usualmente interpretado como un intento de eliminar controles para delinquir. O si se plantean alternativas como las concesiones para el desarrollo de infraestructura, el tema termina desvirtuado en medio de prejuicios ideológicos, que nunca resultan en alternativas viables.
Esto no significa que no haya negligencia o indolencia. El actual gobierno es un ejemplo. En su afán de encontrar irregularidades en donde no las había, lerdeó la ejecución de proyectos que venían en marcha. Posiblemente el caso más emblemático es el de la ruta 32, en donde el MOPT y su ministro han pasado dando vueltas por 18 meses, sin hacer ningún cambio, y finalmente aceptando el proyecto original. Y el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. ¡Empezando por San Ramón!
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El viceministro de Paz del gobierno se queja que desde hace un año el Centro Cívico del cantón de Garabito, terminado a finales del gobierno anterior como un espacio para la prevención de la violencia y la delincuencia sobre todo de los jóvenes, no cuenta con modelo de gestión. No quedó claro del reportaje de Greivin Moya si no existía del todo o si mas bien no consideraban válido el que se había hecho, pero en todo caso la respuesta es… ¡hagan o corrijan el modelo de gestión!.
El argumento de “esto lo encontramos así y es culpa de otros” al que frecuentemente acudió este gobierno durante sus primeros meses ya no es creíble en casos como este. El viceministro ha tenido 18 meses para corregir lo que tenía que corregir. El objetivo final es que el Centro Cívico funcione, y si no está funcionando a toda capacidad la responsabilidad recae enteramente en quienes lo han tenido a su cargo durante mas de un año. Para eso están ahí.
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