Twitter

domingo, 24 de abril de 2016

Fe en un cambio que no es y los limites de la responsabilidad política

Al filo del segundo aniversario de la llegada de Luis Guillermo Solís al poder, persisten las dudas respecto a la naturaleza del cambio que se prometió en la campaña electoral del 2014.  El presidente plantea el tema como un asunto de fe, con lo que parece indicar que este es un gobierno de características particulares, que vale la pena intentar explicar.

El problema es de origen: nunca se hizo explícita la naturaleza del cambio que se pretendía llevar a cabo. En la campaña electoral del 2014, esta ambigüedad fue positiva, porque permitió captar apoyos de un electorado variopinto, que pudo así empatar, desde perspectivas muy diferentes, con la oferta de cambio que hizo el presidente.

El problema es que eso que fue una ventaja en la campaña, es decir, en el ámbito aspiracional, se convirtió en una trampa en el ejercicio del poder. El cambio indefinido y etéreo, suficiente para unir grupos muy heterogéneos en campaña electoral, no podía ser suficiente para satisfacer las aspiraciones de cambio, concretas, múltiples y hasta contradictorias, que cada grupo tenía.

He ahí el origen del desencanto que rápidamente se propagó en la coalición ciudadana que llevo a Solis a la Presidencia. No solo no se pudo –hay que ser honestos, no se podía-, darle forma a un cambio que posibilitara complacer a todos, sino que cada gesto percibido como contradictorio en la acción de gobierno terminó magnificándose al punto de dilapidar en pocos meses ese caudal político.

Enfrentado a su propia imposibilidad de definirlo, el gobierno terminó optando por presentar como cambio cosas que en realidad no lo son. Y peor aún, que la gente sabe no son producto de la acción de su gobierno. Cuando el presidente dice que hay que tener fe, lo que nos dice es que debemos creerle que la Terminal de Contenedores de Moín, la ampliación de la carretera Cañas-Liberia, la nueva carretera a San Carlos, la ruta Chilamate- Vuelta de Kooper  y la ejecución de un fideicomiso por $126 millones para infraestructura educativa no solo representan el “cambio” prometido, sino además que son resultado de la acción de su gobierno.

Pero lo cierto es que, ni es un cambio, ni es obra que se haya iniciado en su gobierno. Peor aun, algunas de estas obras responden a una visión de desarrollo que él mismo puso en duda, y que de alguna manera prometió cambiar. Resulta irónico que como única forma de exhibir algún resultado, tenga que reivindicar un modelo despreciado por muchos de sus hasta hace poco aliados políticos.

El problema es que gobernar es escoger. Este gobierno, sin margen de maniobra por su desconcierto división interna, ya no tiene esa alternativa (si es que alguna vez quiso hacerlo). Ante esta realidad, parece haber optado por construirse un discurso de cambio sin asidero en la realidad de sus propias acciones. Por eso es que el presidente nos pide fe. Parece ser muy tarde para eso.

*************************************************

Les recuerdo  escuchar el ultimo podcast de Café Futbol CR, una producción de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro. Interesantes temas relacionados con el futbol nacional.

*************************************************


¿Hasta donde llega la responsabilidad de los jerarcas de la administración pública?  Probablemente la imposibilidad de contestar esta pregunta con un adecuado nivel de certeza, es lo que hace que muchas personas no quieran aceptar un puesto de gobierno. La reflexión surge a raíz del choque de dos trenes en días pasados, que llevó a algunas fracciones legislativas a pedir la renuncia del presidente del INCOFER.  ¿Tenía que renunciar o la solicitud de los diputados es improcedente?

La discusión es compleja. En principio, debería separarse lo operativo de lo estrictamente político: los jerarcas de la administración pública están en sus cargos para ejecutar la visión de la Presidencia en sus respectivos ámbitos de acción; a la estructura técnico-burocrática le corresponde concretar en la práctica esa visión. Son ámbitos separados y de contornos aparentemente claros.

Sin embargo, en lo cotidiano esta diferenciación no ha sido tan simple, sobre todo en lo que a prácticas corruptas se refiere. Si personas del nivel técnico-burocrático incurren en actos que puedan catalogarse como incorrectos, ¿hasta donde llega la responsabilidad de los jerarcas? ¿Existe responsabilidad política para un jerarca cuando por ejemplo un inspector relaja estándares a cambio de un beneficio? ¿O cuando un funcionario encargado de redactar un cartel de licitación lo hace de manera tal que favorezca a ciertos proveedores?.

No existe un criterio uniforme que permita deslindar con claridad los ámbitos de responsabilidad. Y cuando existe esa ambigüedad, el tema termina politizándose. El resultado neto de todo esto es la reticencia de muchas personas de involucrarse en la administración pública, con lo que el país se priva del aporte de valiosos profesionales y técnicos. Porque aun teniendo la voluntad de trabajar por el país, estiman inaceptables los riesgos asociados a una responsabilidad política cuyos límites son definidos dependiendo de criterios coyunturales, y asociados a intereses políticos. El riesgo de ver su nombre ligado con actos de corrupción cometidos en una esfera sobre la que no ejerce supervisión directa, como ha pasado antes en nuestro país, es demasiado grande. No vale la pena exponerse. Y el país pierde con esto.


No hay comentarios.: