Alianzas perniciosas y lo que hay que hacer para las elecciones del 2018

¿Es intrínsicamente negativo que un gobierno actúe en consonancia con ciertos grupos específicos? ¿Es ilegítima de origen una alianza entre sindicatos del sector público y el Ejecutivo? No existe una respuesta única. Depende mucho de cada situación, pero sobre todo, depende de las consecuencias que esas alianzas tengan sobre el resto de la ciudadanía.

El ejercicio de gobernar exige un esfuerzo sistemático  y sostenido de diálogo con todos los sectores. Impone además la obligación de balancear los intereses particulares en aras del bienestar común. Esto es lo que pasa con el problema de las finanzas públicas, que tiene causas particulares claramente identificables en ámbitos de interés de grupos específicos, pero cuyas consecuencias afectan irrestrictamente a la colectividad.

En su expresión mas sencilla, la causa del problema fiscal se encuentra en un gasto público que crece a una tasa mayor a la que crecen los ingresos. Por supuesto que hay temas de eficiencia, pertinencia y oportunidad de ese gasto, pero las obligaciones existen y son inaplazables, por lo que es imperativo resolver este desbalance en el corto plazo.

Pero además, hay que resolverlo de manera sostenible. Por eso su discusión no puede eludir el tema de la tasa de crecimiento del gasto. Y dentro del gasto público, uno de los elementos que exhibe una de las tasas de crecimiento mas altas, es el gasto en salarios.


Por eso, cualquier solución sostenible al problema fiscal debe incluir el control del crecimiento del gasto en salarios. Lo que la Alianza opositora propone es razonable. Y en la respuesta del Gobierno a esta coyuntura, es donde podemos empezar a perfilar una respuesta a las preguntas iniciales de esta reflexión.

La reacción del gobierno ante los gestos de apertura del nuevo directorio legislativo ha sido vacilante, aunque esclarecedora. Primero el presidente Solís solicitó a la Asamblea que no aprobara ningún proyecto sin antes consultar con los sindicatos –como si el país no supiera de antemano cuál va a ser la respuesta-; luego rechazó los proyectos advirtiendo de un apocalipsis social si se aprobaba la “regla fiscal” propuesta por la oposición, pero su respuesta fue vaga y poco comprometida cuando la Alianza desistió de su proyecto para acoger el del Gobierno en este tema.

Cuando el presidente replica acríticamente los argumentos sindicales, y traslada a la Asamblea Legislativa la responsabilidad del diálogo social, no solo declina una de sus responsabilidades sustantivas, sino que desde ya anuncia de cuál lado está en ese debate. Y los sindicatos, empoderados y en consonancia con esta posición presidencial, se disponen a flexionar su músculo político para que no se produzcan cambios, es decir, para preservar intactos los elementos que hacen recurrente el problema fiscal.

Parece entonces que en este caso, la alianza gobierno-sindicatos, alianza basada en la defensa de intereses particulares –la de los funcionarios-, tendrá como resultado el desaprovechar una oportunidad propicia para avanzar en el tema fiscal. Desafortunadamente, la consecuencia de esto la terminaremos pagando todos.

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Recuerden escuchar el podcast de Café Futbol CR, producción de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro

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No hay ninguna razón para creer que el comportamiento político de los costarricenses vuelva a resultar en la conformación de dos bloques políticos mayoritarios. Dicho de manera concreta, no parece posible que un partido político gane las elecciones del 2018, obteniendo además una mayoría en la Asamblea Legislativa.

Está claro que la Alianza que llevó a Antonio Alvarez Desanti a la Presidencia del Congreso es coyuntural, estimulada además por una fracción legislativa oficialista presa de sus propias divisiones y conflictos, y por un Ejecutivo ausente y desconcertado. Pero el ejercicio es valioso y los partidos que la suscribieron podrían realizar un ejercicio mas complejo, de cara las elecciones del 2018.

Para lograr esto, se puede replicar lo hecho este 1ero de mayo: un programa común, para mover temas que son fundamentales. Y tal vez el mas urgente sea el de devolverle al Gobierno su capacidad de gestión, atenazada por leyes obsoletas que parecen escritas en piedra, por un proceso de formación de leyes incierto, y que puede ser bloqueado con facilidad.

Este “pacto por la gobernabilidad” debería estar en la agenda de todos los partidos políticos, y guiar su acción política de aquí al 2018. Saber que para gobernar efectivamente se requerirá el concurso de la mayoría, y que ganar una elección presidencial sin mayoría legislativa significará muy poco. Que cada uno presente sus candidatos y exponga su programa de gobierno, pero que en todos haya un apartado en el que se comprometen de previo con este programa básico.

El país requiere de un acuerdo nacional mínimo, que permita iniciar el urgentísimo proceso de modernización del Estado. Los partidos políticos deberían empezar a trabajar en esto.