A raíz de la gira promocional que hizo con motivo de la publicación de su libro "La Salida", alguna gente le propuso a Antonio que siguiera compartiendo sus ideas y reflexiones, sobre todo acerca de aquellas cosas que le son más cercanas. Aquí está el resultado de esa solicitud, el primero de una serie de micros sobre temas cotidianos.
lunes, 17 de enero de 2011
lunes, 10 de enero de 2011
Descentralizar, qué y cómo
¿Por qué debemos llevar a cabo un proceso de descentralización y fortalecimiento de gobiernos locales en Costa Rica? Aún cuando el modelo centralizado de gestión vigente ha generado resultados muy positivos a lo largo de la historia nacional, sus limitaciones se hacen cada vez más evidentes ante una realidad compleja marcada por profundas desigualdades regionales. Cuando el aparato estatal es centralista por vocación y convicción, sus responsables políticos no siempre son concientes de tales asimetrías.
La mayoría de los países desarrollados asignan un gran peso a las instancias locales como ejecutoras del gasto público total, condición que parece indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo. El Primer Informe Mundial sobre Descentralización y la Democracia Local realizado por la United Cities of Local Governments en el 2008 pone en evidencia contrastes dramáticos: en los países europeos más descentralizados los gastos locales como porcentaje de PIB superan el 20 % (Dinamarca, Suecia, Suiza), en otros se ubican entre el 10 y el 20% (Noruega, Reino Unido, Francia) y los más centralistas alcanzan proporciones de entre el 5 y el 10% (España, Alemania). En Canadá y EEUU este porcentaje asciende al 7,5% y al 9.6% respectivamente; en Japón, los gastos ejecutados por instancias locales ascienden a 12,3% del PIB, en Corea del Sur a 16% y en China, la estrella rutilante de la economía mundial, el porcentaje alcanza un impresionante 22%. Mientras tanto, en Costa Rica los gobiernos locales son responsables de un gasto de apenas 1,2% del PIB, representando un modestísimo 6% del gasto público total.
Con estas cifras no debería haber dudas sobre la necesidad de aumentar recursos a las municipalidades. Pero a esta realidad se opone un argumento que de repetirse constantemente se ha convertido en un prejuicio, basado en una injusta generalización aceptada sin rigor y derivada de un cierto desconocimiento sobre las realidades municipales del país. ¿Cómo se le pueden asignar más recursos a las municipalidades si no son capaces de usar bien los que tienen actualmente? ¿No es cierto que tienen altos niveles de subejecución presupuestaria?.
La respuesta no es sencilla e incluye múltiples elementos que han sido objeto de numerosos estudios en el pasado. La subejecución no siempre es sinónimo de ineficacia: frecuentemente los gobiernos locales no puedan ejecutar presupuestos porque las partidas les son giradas en el segundo semestre del año, lo que hace prácticamente imposible gastarlas oportunamente dentro del actual marco jurídico que regula la actuación de los entes públicos. Pero además es fundamental quebrar el círculo vicioso en que algunas de las municipalidades están metidas: no se pueden ejecutar los recursos actuales porque no cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo, condiciones que solo se tendrán cuando tengan los recursos necesarios para construir esas condiciones.
Consideraciones como estas, y la concreción de una reforma constitucional aprobada 10 años antes, motivaron al gobierno del Dr. Oscar Arias a impulsar una ley de transferencia de competencias que ha sido objeto de intensa discusión en este año, ley que por cierto fue aprobada unánimemente en la anterior Asamblea Legislativa. En su artículo 3 se establece que “cada ley especial especificará cuáles competencias se transfieren, las reglas sobre su ejercicio y los fondos necesarios para ejercerla”. De aquí claramente se desprende la posibilidad de definir formas alternativas de transferencia que van más allá del simple traslado de recursos de un lado a otro, que es la única opción que parece haber estado en discusión hasta ahora.
No se trata entonces de un dictum para trasladar dinero desvistiendo un santo para vestir a otro, sino de un marco amplio que permite la definición creativa de alternativas viables, si se tiene, por supuesto, la voluntad política para hacerlo. La ley fue concebida en ese espíritu; desde esta perspectiva, la cifra de ¢40,000 millones que supuestamente deben ser trasladados anualmente a las municipalidades y que es producto de una simple operación aritmética y para cuyo cálculo no era necesario hacer estudios, se esgrime como resultado de una visión inflexible del proceso de descentralización, o de una ausencia de convicción que bien podría admitirse de una vez por todas para que sepamos a qué atenernos en este tema.
Un hecho reciente permite ilustrar lo anterior. Hace unos meses la Contraloría General de la República ordenó al MOPT trasladar todos los recursos destinados al mantenimiento de las rutas cantonales a las municipalidades. El proceso es complejo, porque para poder ejecutar estos recursos se requiere de un aparato técnico-administrativo que la mayor parte de los gobiernos locales no tiene. ¿Por qué no trasladar entonces a las municipalidades la potestad de determinar cómo se deben utilizar estos recursos, manteniendo centralizada la ejecución de los mismos para conservar las ventajas que la economía de escala ofrece?.
En esta misma línea podría hacerse un inventario de los programas de ministerios e instituciones autónomas similares al caso de las rutas cantonales mencionado y trasladar a los gobiernos locales la potestad de la definición de prioridades, dejando en manos de las entidades centralizadas la ejecución de los proyectos. De esta manera se puede iniciar el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales que el país necesita, sin que las apocalípticas profecías de desmantelamiento del estado y despidos masivos de personal que se han esgrimido en este debate se hagan realidad.
La ley 8801 abre una oportunidad única para iniciar una reforma profunda de nuestro estado. El reto debe ser asumido en conjunto por el Poder Ejecutivo y las municipalidades, haciendo un esfuerzo por encontrar formas de descentralización originales que sin causar perjuicios concrete este proceso de transformación del estado costarricense que no podemos seguir posponiendo.
La mayoría de los países desarrollados asignan un gran peso a las instancias locales como ejecutoras del gasto público total, condición que parece indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo. El Primer Informe Mundial sobre Descentralización y la Democracia Local realizado por la United Cities of Local Governments en el 2008 pone en evidencia contrastes dramáticos: en los países europeos más descentralizados los gastos locales como porcentaje de PIB superan el 20 % (Dinamarca, Suecia, Suiza), en otros se ubican entre el 10 y el 20% (Noruega, Reino Unido, Francia) y los más centralistas alcanzan proporciones de entre el 5 y el 10% (España, Alemania). En Canadá y EEUU este porcentaje asciende al 7,5% y al 9.6% respectivamente; en Japón, los gastos ejecutados por instancias locales ascienden a 12,3% del PIB, en Corea del Sur a 16% y en China, la estrella rutilante de la economía mundial, el porcentaje alcanza un impresionante 22%. Mientras tanto, en Costa Rica los gobiernos locales son responsables de un gasto de apenas 1,2% del PIB, representando un modestísimo 6% del gasto público total.
Con estas cifras no debería haber dudas sobre la necesidad de aumentar recursos a las municipalidades. Pero a esta realidad se opone un argumento que de repetirse constantemente se ha convertido en un prejuicio, basado en una injusta generalización aceptada sin rigor y derivada de un cierto desconocimiento sobre las realidades municipales del país. ¿Cómo se le pueden asignar más recursos a las municipalidades si no son capaces de usar bien los que tienen actualmente? ¿No es cierto que tienen altos niveles de subejecución presupuestaria?.
La respuesta no es sencilla e incluye múltiples elementos que han sido objeto de numerosos estudios en el pasado. La subejecución no siempre es sinónimo de ineficacia: frecuentemente los gobiernos locales no puedan ejecutar presupuestos porque las partidas les son giradas en el segundo semestre del año, lo que hace prácticamente imposible gastarlas oportunamente dentro del actual marco jurídico que regula la actuación de los entes públicos. Pero además es fundamental quebrar el círculo vicioso en que algunas de las municipalidades están metidas: no se pueden ejecutar los recursos actuales porque no cuentan con las condiciones necesarias para hacerlo, condiciones que solo se tendrán cuando tengan los recursos necesarios para construir esas condiciones.
Consideraciones como estas, y la concreción de una reforma constitucional aprobada 10 años antes, motivaron al gobierno del Dr. Oscar Arias a impulsar una ley de transferencia de competencias que ha sido objeto de intensa discusión en este año, ley que por cierto fue aprobada unánimemente en la anterior Asamblea Legislativa. En su artículo 3 se establece que “cada ley especial especificará cuáles competencias se transfieren, las reglas sobre su ejercicio y los fondos necesarios para ejercerla”. De aquí claramente se desprende la posibilidad de definir formas alternativas de transferencia que van más allá del simple traslado de recursos de un lado a otro, que es la única opción que parece haber estado en discusión hasta ahora.
No se trata entonces de un dictum para trasladar dinero desvistiendo un santo para vestir a otro, sino de un marco amplio que permite la definición creativa de alternativas viables, si se tiene, por supuesto, la voluntad política para hacerlo. La ley fue concebida en ese espíritu; desde esta perspectiva, la cifra de ¢40,000 millones que supuestamente deben ser trasladados anualmente a las municipalidades y que es producto de una simple operación aritmética y para cuyo cálculo no era necesario hacer estudios, se esgrime como resultado de una visión inflexible del proceso de descentralización, o de una ausencia de convicción que bien podría admitirse de una vez por todas para que sepamos a qué atenernos en este tema.
Un hecho reciente permite ilustrar lo anterior. Hace unos meses la Contraloría General de la República ordenó al MOPT trasladar todos los recursos destinados al mantenimiento de las rutas cantonales a las municipalidades. El proceso es complejo, porque para poder ejecutar estos recursos se requiere de un aparato técnico-administrativo que la mayor parte de los gobiernos locales no tiene. ¿Por qué no trasladar entonces a las municipalidades la potestad de determinar cómo se deben utilizar estos recursos, manteniendo centralizada la ejecución de los mismos para conservar las ventajas que la economía de escala ofrece?.
En esta misma línea podría hacerse un inventario de los programas de ministerios e instituciones autónomas similares al caso de las rutas cantonales mencionado y trasladar a los gobiernos locales la potestad de la definición de prioridades, dejando en manos de las entidades centralizadas la ejecución de los proyectos. De esta manera se puede iniciar el proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales que el país necesita, sin que las apocalípticas profecías de desmantelamiento del estado y despidos masivos de personal que se han esgrimido en este debate se hagan realidad.
La ley 8801 abre una oportunidad única para iniciar una reforma profunda de nuestro estado. El reto debe ser asumido en conjunto por el Poder Ejecutivo y las municipalidades, haciendo un esfuerzo por encontrar formas de descentralización originales que sin causar perjuicios concrete este proceso de transformación del estado costarricense que no podemos seguir posponiendo.
martes, 4 de enero de 2011
Angustia 2.0
Voy a escribir esta reflexión porque el sentimiento de culpa no me deja en paz. Parte del problema es que soy muy inflexible y creo a pie juntillas en cierto código de conducta. Y por otro lado me cuesta mucho adaptarme en una época en que la capacidad de adaptación es vital para la supervivencia.
Les cuento rápidamente. El día de mi cumpleaños (20 de diciembre) recibí mas de 400 mensajes, tanto en Twitter como en Facebook, así como en mi correo de Gmail y de la Universidad de Costa Rica (y algunos mensajes de texto al celular). Imaginen que maravilloso arribar a los 50 años recibiendo tantos buenos deseos y felicitaciones. Decidí que lo menos que podía hacer era contestarlos todos, sin pensar cuanto tiempo me podía tomar en esta tarea. Resultó que duré aproximadamente 5 horas y media, repartidas en dos días, contestando los mensajes. Lo hice de veras con gusto, sin pensar en el tiempo que me tomó y realmente agradecido por las muestras de afecto y, en algunos casos, solidaridad por haber llegado, como me dijo un amigo, a la edad desde el cual empezamos a vislumbrar la cima de la montaña.
Pero si antes cumplir años en una fecha tan cercana a otras fechas festivas de alguna manera siempre ha sido una situación particular para mí (en la que recibir un solo regalo por cumpleaños y Navidad es apenas una parte de la historia), con el advenimiento de la era 2.0 la cosa se ha tornado realmente dramática. No había terminado de contestar los mensajes de cumpleaños cuando se inició una igualmente conmovedora seguidilla de mensajes deseándome una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero ya para esos momentos el tiempo era escaso y la posibilidad de volver a sentarme 5 horas a contestar los mensaje recibidos no era factible (cenas, compras, preparación de viaje a la playa, en fin, todas esas cosas que nos ocupan esos días). Al principio opté por tratar contestar algunos desde el teléfono, cosa que es bastante laboriosa para quienes nacimos con diez pulgares. Pero no avancé como quería, por lo que los mensajes se apilaban en todos mis contenedores virtuales, causándome cada vez mas angustia.
Finalmente decidí abandonar mi meta de contestar antes de irme a la playa todos los mensajes recibidos hasta ese momento (y con la esperanza que el inicio de las vacaciones disminuiría el ritmo al que recibía los mensajes) y posponer toda actividad hasta llegar a Potrero. Pero la verdad es que una vez estando allá mo parecía razonable perderse del sol, el mar, la brisa, la piscina,los atardeceres celestiales y sobre todo del disfrute infinito de mis nietas para sentarse a contestar mensajes, aun cuando fuera en la noche con una cerveza y buena música. Así que tampoco pude contestar muchos.
Y ahora que volví a San José hay cosas pendientes, proyectos que iniciar, responsabilidades que asumir. Y entonces me invade la angustia 2.0, producto de esa combinación de esta facilidad que tenemos ahora para expresar y distribuir nuestros mejores deseos, con un sentido de responsabilidad que me dice que debería sentarme a contestarle a todos y cada uno de los que me enviaron un mensaje por las fiestas. Pero ya llegué a la conclusión de que la situación me sobrepasó y que no hay nada que pueda hacer para ponerme al día, salvo el propósito de no dejar que se me acumulen los mensajes el próximo año, o cambiar mi cumpleaños a una fecha menos particular.
En todo caso y para aplacar mi conciencia decidí escribir estas líneas, para decirle a todos y cada uno de los que me mandó un mensaje que no haberles respondido no es producto de una naturaleza malagradecida sino de una desordenada, que no es indiferencia, es indisciplina. Pero que les agradezco profundamente los buenos deseos para mí, pero sobre todo para mi familia. Y que todo lo que quieren para mí y para mi familia lo reciban ustedes multiplicado por mil, porque si se tomaron el tiempo de enviar esos mensajes es que se lo merecen. Un abrazo a todos y de veras, de corazón, muchísimas gracias!
Les cuento rápidamente. El día de mi cumpleaños (20 de diciembre) recibí mas de 400 mensajes, tanto en Twitter como en Facebook, así como en mi correo de Gmail y de la Universidad de Costa Rica (y algunos mensajes de texto al celular). Imaginen que maravilloso arribar a los 50 años recibiendo tantos buenos deseos y felicitaciones. Decidí que lo menos que podía hacer era contestarlos todos, sin pensar cuanto tiempo me podía tomar en esta tarea. Resultó que duré aproximadamente 5 horas y media, repartidas en dos días, contestando los mensajes. Lo hice de veras con gusto, sin pensar en el tiempo que me tomó y realmente agradecido por las muestras de afecto y, en algunos casos, solidaridad por haber llegado, como me dijo un amigo, a la edad desde el cual empezamos a vislumbrar la cima de la montaña.
Pero si antes cumplir años en una fecha tan cercana a otras fechas festivas de alguna manera siempre ha sido una situación particular para mí (en la que recibir un solo regalo por cumpleaños y Navidad es apenas una parte de la historia), con el advenimiento de la era 2.0 la cosa se ha tornado realmente dramática. No había terminado de contestar los mensajes de cumpleaños cuando se inició una igualmente conmovedora seguidilla de mensajes deseándome una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Pero ya para esos momentos el tiempo era escaso y la posibilidad de volver a sentarme 5 horas a contestar los mensaje recibidos no era factible (cenas, compras, preparación de viaje a la playa, en fin, todas esas cosas que nos ocupan esos días). Al principio opté por tratar contestar algunos desde el teléfono, cosa que es bastante laboriosa para quienes nacimos con diez pulgares. Pero no avancé como quería, por lo que los mensajes se apilaban en todos mis contenedores virtuales, causándome cada vez mas angustia.
Finalmente decidí abandonar mi meta de contestar antes de irme a la playa todos los mensajes recibidos hasta ese momento (y con la esperanza que el inicio de las vacaciones disminuiría el ritmo al que recibía los mensajes) y posponer toda actividad hasta llegar a Potrero. Pero la verdad es que una vez estando allá mo parecía razonable perderse del sol, el mar, la brisa, la piscina,los atardeceres celestiales y sobre todo del disfrute infinito de mis nietas para sentarse a contestar mensajes, aun cuando fuera en la noche con una cerveza y buena música. Así que tampoco pude contestar muchos.
Y ahora que volví a San José hay cosas pendientes, proyectos que iniciar, responsabilidades que asumir. Y entonces me invade la angustia 2.0, producto de esa combinación de esta facilidad que tenemos ahora para expresar y distribuir nuestros mejores deseos, con un sentido de responsabilidad que me dice que debería sentarme a contestarle a todos y cada uno de los que me enviaron un mensaje por las fiestas. Pero ya llegué a la conclusión de que la situación me sobrepasó y que no hay nada que pueda hacer para ponerme al día, salvo el propósito de no dejar que se me acumulen los mensajes el próximo año, o cambiar mi cumpleaños a una fecha menos particular.
En todo caso y para aplacar mi conciencia decidí escribir estas líneas, para decirle a todos y cada uno de los que me mandó un mensaje que no haberles respondido no es producto de una naturaleza malagradecida sino de una desordenada, que no es indiferencia, es indisciplina. Pero que les agradezco profundamente los buenos deseos para mí, pero sobre todo para mi familia. Y que todo lo que quieren para mí y para mi familia lo reciban ustedes multiplicado por mil, porque si se tomaron el tiempo de enviar esos mensajes es que se lo merecen. Un abrazo a todos y de veras, de corazón, muchísimas gracias!
miércoles, 15 de diciembre de 2010
Analistas, propagandistas y la brocha como herramienta metodológica de análisis
Es común que los medios de comunicación acudan a especialistas para complementar informaciones relevantes. Estos profesionales se han convertido en referente para un sector nada despreciable de la población, por lo que es importante saber separar el grano de la paja. En este caso el uso de esta metáfora es intencional, y además debe ser tomada literalmente.
Hay algunas premisas para juzgar la calidad del análisis que nos brindan estos expertos -aunque hay algunos que en realidad no lo son-. Primero, la objetividad, en las Ciencias Sociales sobre todo, no es posible. La visión que una persona tiene sobre un acontecimiento está permeada de una subjetividad que no es posible eliminar. Esto por supuesto no invalida ninguna opinión, siempre y cuando la gente sepa con claridad quién es el analista, conozca sus antecedentes, filiación política y su formación académica. Y el analista igualmente debe estar consciente de ese sesgo natural, de manera que haga un esfuerzo consciente de tratar de equilibrar lo que dice, o advertir cuándo está dando una opinión.
¿Qué debemos esperar de un analista? Desde mi perspectiva, necesitamos que se contextualice adecuadamente la noticia que se está comentando, lo que significa en muchos casos la utilización de antecedentes históricos, la explicación de conceptos básicos y la identificación de actores relevantes. Además necesitamos toda la información complementaria necesaria que nos permita una comprensión más integral de lo sucedido. De igual utilidad resultaría la prospección de escenarios, un pronóstico educado y fundamentado a partir de los hechos presentados, que nos permita vislumbrar posibles cursos de acción. Finalmente puede ser importante la opinión del consultado, sobre todo si nos revela una percepción que podemos confrontar con nuestras propias creencias.
¿Qué es lo que NO queremos de un analista? Que solamente nos de su opinión. Peor aun, que esa opinión no sea más que una elaboración sofisticada de prejuicios y opiniones comunes, las mismas que oimos en el taxi, en la esquina y en los buses, porque si de eso se tratara preferiríamos quedarnos con las fuentes originales de esas opiniones, es decir, con la de los taxistas, chanceros y las personas que conversan a gritos en el bus.Tampoco queremos que se limite a utilizar el sentido común sin hacer el esfuerzo de informarse para tratar de aportarnos elementos inéditos. Ni que trate de disfrazar deseos ocultos en la definición de escenarios posibles. El ejemplo más claro de esta práctica siempre lo vemos en las interpretaciones que se le hacen a las encuestas, sobre todo las que hablan de intención de voto. Apenas unos días antes de la elección presidencial del 2010, algunos analistas insistían, apelando a una lectura parcial, poco rigurosa e interesada de las encuestas, que habría una segunda ronda. Ya sabemos lo que pasó.
Pero hay otra práctica, que hemos visto sobre todo en los últimos tiempos en "analistas" que aparecen con inusitada frecuencia en varios medios, que es probablemente la mas perjudicial de todas. Es la de utilizar crudamente los espacios que les brindan para promoverse, presentando como análisis objetivo lo que a veces es una no muy bien disimulada apología de ciertos personajes. Quienes incurren en esta práctica no son en realidad analistas, sino propagandistas solapados de partidos políticos y personas. Hay gente, ya lo sabemos, que su único mérito en la vida es una capacidad inagotable de adulación, lo que tratan de encubrir tratando de presentar la "pasada de brocha" como un ejercicio intelectual. Afortunadamente a estos "analistas" -mas bien cortesanos- se les notan rápidamente las carencias. Pero eso no significa que no debamos estar alertas.
Lo importante, finalmente, es buscar siempre otras opiniones, informarse y con eso se pueda construir un criterio propio. Los analistas pueden ayudarle, pero no son infalibles y, como se mencionó, en algunos casos hay intereses de por medio. Por eso es importante que no dependa de solo eso
Hay algunas premisas para juzgar la calidad del análisis que nos brindan estos expertos -aunque hay algunos que en realidad no lo son-. Primero, la objetividad, en las Ciencias Sociales sobre todo, no es posible. La visión que una persona tiene sobre un acontecimiento está permeada de una subjetividad que no es posible eliminar. Esto por supuesto no invalida ninguna opinión, siempre y cuando la gente sepa con claridad quién es el analista, conozca sus antecedentes, filiación política y su formación académica. Y el analista igualmente debe estar consciente de ese sesgo natural, de manera que haga un esfuerzo consciente de tratar de equilibrar lo que dice, o advertir cuándo está dando una opinión.
¿Qué debemos esperar de un analista? Desde mi perspectiva, necesitamos que se contextualice adecuadamente la noticia que se está comentando, lo que significa en muchos casos la utilización de antecedentes históricos, la explicación de conceptos básicos y la identificación de actores relevantes. Además necesitamos toda la información complementaria necesaria que nos permita una comprensión más integral de lo sucedido. De igual utilidad resultaría la prospección de escenarios, un pronóstico educado y fundamentado a partir de los hechos presentados, que nos permita vislumbrar posibles cursos de acción. Finalmente puede ser importante la opinión del consultado, sobre todo si nos revela una percepción que podemos confrontar con nuestras propias creencias.
¿Qué es lo que NO queremos de un analista? Que solamente nos de su opinión. Peor aun, que esa opinión no sea más que una elaboración sofisticada de prejuicios y opiniones comunes, las mismas que oimos en el taxi, en la esquina y en los buses, porque si de eso se tratara preferiríamos quedarnos con las fuentes originales de esas opiniones, es decir, con la de los taxistas, chanceros y las personas que conversan a gritos en el bus.Tampoco queremos que se limite a utilizar el sentido común sin hacer el esfuerzo de informarse para tratar de aportarnos elementos inéditos. Ni que trate de disfrazar deseos ocultos en la definición de escenarios posibles. El ejemplo más claro de esta práctica siempre lo vemos en las interpretaciones que se le hacen a las encuestas, sobre todo las que hablan de intención de voto. Apenas unos días antes de la elección presidencial del 2010, algunos analistas insistían, apelando a una lectura parcial, poco rigurosa e interesada de las encuestas, que habría una segunda ronda. Ya sabemos lo que pasó.
Pero hay otra práctica, que hemos visto sobre todo en los últimos tiempos en "analistas" que aparecen con inusitada frecuencia en varios medios, que es probablemente la mas perjudicial de todas. Es la de utilizar crudamente los espacios que les brindan para promoverse, presentando como análisis objetivo lo que a veces es una no muy bien disimulada apología de ciertos personajes. Quienes incurren en esta práctica no son en realidad analistas, sino propagandistas solapados de partidos políticos y personas. Hay gente, ya lo sabemos, que su único mérito en la vida es una capacidad inagotable de adulación, lo que tratan de encubrir tratando de presentar la "pasada de brocha" como un ejercicio intelectual. Afortunadamente a estos "analistas" -mas bien cortesanos- se les notan rápidamente las carencias. Pero eso no significa que no debamos estar alertas.
Lo importante, finalmente, es buscar siempre otras opiniones, informarse y con eso se pueda construir un criterio propio. Los analistas pueden ayudarle, pero no son infalibles y, como se mencionó, en algunos casos hay intereses de por medio. Por eso es importante que no dependa de solo eso
miércoles, 1 de diciembre de 2010
La verdadera inseguridad jurídica
A raíz del fallo de Crucitas algunas personas han afirmado que el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo genera inseguridad jurídica para las empresas. Y por otro lado, algunos sostienen que la inseguridad jurídica la crean los funcionarios públicos que actúan en contra de lo establecido en las leyes. Esta es una de esas rarísimas ocasiones en las que todo el mundo tiene razón y todo el mundo está parcialmente equivocado (al menos por omisión).
En principio no puede haber inseguridad jurídica ahí donde se aplica la ley o se corrige una aplicación incorrecta de la ley. Pero por un momento pongámonos en la posición de Industrias Infinito. Hace casi 8 años esta empresa solicitó y obtuvo una concesión para desarrollar aquí su actividad. Para esto simplemente cumplió –o creyó cumplir- con los requisitos establecidos por las instancias correspondientes y las leyes vigentes (o al menos la interpretación que de esas leyes hicieron quienes aprueban este tipo de concesiones). Lo que pasa de la ventanilla en donde hace la solicitud hacia adentro es absolutamente invisible para ella. La empresa parte de una realidad simple: se apersona a las instancias oficiales, hace la solicitud y esa solicitud es respondida con una autorización o con un rechazo. En el momento en que se aprueba la concesión la empresa comienza a operar dentro de una realidad concreta: se tiene un permiso otorgado por una autoridad competente. Lo demás es invisible, no debería ser de otra manera para quienes solicitan este tipo de permiso. Eso es seguridad jurídica.
Hasta este momento la empresa tiene una expectativa basada en hechos aparentemente indisputables. Pero resulta que a la vuelta de… ¡7 años! nada de lo que tenía era real. Esto significa, ni mas ni menos, que aun cuando se tenga un permiso, el mismo siempre será provisional. Esto genera un hecho concreto que es efectivamente un elemento negativo para la inversión extranjera. Y por supuesto que no queremos todo tipo de inversión extranjera en el país, pero la que aceptemos debe contar con un mínimo de seguridad que la proteja.
Pero por otro lado, es cierto que una actuación incorrecta (ojo, incorrecta no siempre equivale a corrupta) de los funcionarios puede ser el origen de esta situación de inseguridad. Y aquí mas bien son los tribunales los que nos devuelven la seguridad jurídica. Sin embargo es importante mencionar que muchas veces algunos permisos que después son cuestionados son concedidos teniendo en cuenta criterios que quienes no forman parte de la administración pública no conocen (y deberían conocer para juzgar de mejor manera la actuación de los funcionarios). Porque partimos por supuesto de la premisa que las simplificaciones burdas que afirman que un permiso siempre se concede porque hay algún grado de corrupción es absurda, a menos por supuesto que uno escoja consciente y malintencionadamente creer en eso como praxis política.
Lo cierto es que muchas veces se autoriza la operación de ciertas empresas porque se considera que podría ser beneficioso para un sector de la población, una región o una actividad económica. Puede que para el ojo externo las razones no sean atendibles o parezcan poco fundamentadas, lo que no significa por supuesto que haya corrupción como un hecho irrefutable. Pero para hacer estas cosas el funcionario público se enfrenta a su propia inseguridad jurídica, la de un marco legal que regula su actuación que es prolífico, contradictorio, omiso, ambiguo, que no le brinda las bases necesarias para una actuación certera. Entonces con frecuencia la actuación de un funcionario público está determinada por lo que quiere alcanzar; su interpretación de ese marco legal dependerá de lo que perciba como resultado favorable, y ahí es donde comienzan los problemas, tanto como cuando se quiere aprobar o como cuando se quiere rechazar una solicitud.
Las personas que tienen responsabilidades en la administración pública se enfrentan diariamente a ese dilema de querer hacer cosas, de generar impactos positivos y la existencia de un marco legal que no siempre permite hacer eso con seguridad. Cualquier discusión sobre un tema como el fallo de Crucitas –así como cualquier otro que involucre la concesión de permisos a empresas privadas-, debe incluir esta dimensión. Porque solo de esta manera podemos empezar a afinar ese ordenamiento jurídico que genera este tipo de cosas. Si no, nunca llegaremos al estado de certeza jurídica necesaria para que no enfrentemos mas situaciones como estas en el futuro, que es lo que asumo es a lo que todos finalmente aspiramos.
En principio no puede haber inseguridad jurídica ahí donde se aplica la ley o se corrige una aplicación incorrecta de la ley. Pero por un momento pongámonos en la posición de Industrias Infinito. Hace casi 8 años esta empresa solicitó y obtuvo una concesión para desarrollar aquí su actividad. Para esto simplemente cumplió –o creyó cumplir- con los requisitos establecidos por las instancias correspondientes y las leyes vigentes (o al menos la interpretación que de esas leyes hicieron quienes aprueban este tipo de concesiones). Lo que pasa de la ventanilla en donde hace la solicitud hacia adentro es absolutamente invisible para ella. La empresa parte de una realidad simple: se apersona a las instancias oficiales, hace la solicitud y esa solicitud es respondida con una autorización o con un rechazo. En el momento en que se aprueba la concesión la empresa comienza a operar dentro de una realidad concreta: se tiene un permiso otorgado por una autoridad competente. Lo demás es invisible, no debería ser de otra manera para quienes solicitan este tipo de permiso. Eso es seguridad jurídica.
Hasta este momento la empresa tiene una expectativa basada en hechos aparentemente indisputables. Pero resulta que a la vuelta de… ¡7 años! nada de lo que tenía era real. Esto significa, ni mas ni menos, que aun cuando se tenga un permiso, el mismo siempre será provisional. Esto genera un hecho concreto que es efectivamente un elemento negativo para la inversión extranjera. Y por supuesto que no queremos todo tipo de inversión extranjera en el país, pero la que aceptemos debe contar con un mínimo de seguridad que la proteja.
Pero por otro lado, es cierto que una actuación incorrecta (ojo, incorrecta no siempre equivale a corrupta) de los funcionarios puede ser el origen de esta situación de inseguridad. Y aquí mas bien son los tribunales los que nos devuelven la seguridad jurídica. Sin embargo es importante mencionar que muchas veces algunos permisos que después son cuestionados son concedidos teniendo en cuenta criterios que quienes no forman parte de la administración pública no conocen (y deberían conocer para juzgar de mejor manera la actuación de los funcionarios). Porque partimos por supuesto de la premisa que las simplificaciones burdas que afirman que un permiso siempre se concede porque hay algún grado de corrupción es absurda, a menos por supuesto que uno escoja consciente y malintencionadamente creer en eso como praxis política.
Lo cierto es que muchas veces se autoriza la operación de ciertas empresas porque se considera que podría ser beneficioso para un sector de la población, una región o una actividad económica. Puede que para el ojo externo las razones no sean atendibles o parezcan poco fundamentadas, lo que no significa por supuesto que haya corrupción como un hecho irrefutable. Pero para hacer estas cosas el funcionario público se enfrenta a su propia inseguridad jurídica, la de un marco legal que regula su actuación que es prolífico, contradictorio, omiso, ambiguo, que no le brinda las bases necesarias para una actuación certera. Entonces con frecuencia la actuación de un funcionario público está determinada por lo que quiere alcanzar; su interpretación de ese marco legal dependerá de lo que perciba como resultado favorable, y ahí es donde comienzan los problemas, tanto como cuando se quiere aprobar o como cuando se quiere rechazar una solicitud.
Las personas que tienen responsabilidades en la administración pública se enfrentan diariamente a ese dilema de querer hacer cosas, de generar impactos positivos y la existencia de un marco legal que no siempre permite hacer eso con seguridad. Cualquier discusión sobre un tema como el fallo de Crucitas –así como cualquier otro que involucre la concesión de permisos a empresas privadas-, debe incluir esta dimensión. Porque solo de esta manera podemos empezar a afinar ese ordenamiento jurídico que genera este tipo de cosas. Si no, nunca llegaremos al estado de certeza jurídica necesaria para que no enfrentemos mas situaciones como estas en el futuro, que es lo que asumo es a lo que todos finalmente aspiramos.
viernes, 26 de noviembre de 2010
Sobre el fallo de Crucitas, por don Oscar Arias
UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE EL FALLO DE CRUCITAS
by Óscar Arias Sánchez
Hace 25 años, no existía la posibilidad de que un ciudadano común iniciara un blog un día cualquiera, y ese blog fuera más leído que un periódico o una revista. No existía la posibilidad de crear un grupo de Facebook y convocar, en cuestión de semanas, a tres millones de personas a manifestarse en torno a una propuesta. No existía la posibilidad de convertir un video casero en un fenómeno de sensación mundial.
Era la época en la que los políticos dependíamos de los medios de comunicación para transmitir nuestros pensamientos o nuestras opiniones, razón por la cual dependíamos de lo que ellos nos quisieran publicar, cuándo lo quisieran publicar y, en la mayoría de los casos, que no quisieran publicarlo.
Esa época ya pasó. Hoy, en cambio, es el mundo en que Wikipedia prácticamente ha desplazado a las enciclopedias, que durante siglos dictaron la palabra oficial del pensamiento. Éste es el mundo en que cualquier persona puede seguir gratuitamente los cursos de Física o de Cálculo del MIT, la más prestigiosa universidad tecnológica del planeta, sin moverse de la sala de su casa. Nunca antes las personas normales, las que no son Presidentes ni Generales ni Gerentes ni Directores, habían tenido tanto poder. Ahora podemos decir lo que pensamos a través de Facebook sin que nadie nos edite, o haga su propia interpretación de lo que queremos decir, y a la vez, en tiempo real podemos saber los que nuestros amigos opinan. Es por eso, que es a ustedes, mis amigos y amigas de Facebook, a quienes les quiero decir lo que pienso del fallo sobre Crucitas.
A lo largo de mi vida pública siempre he respetado las decisiones de las diferentes instancias judiciales en nuestro país. Como lo he manifestado reiteradamente, en una democracia donde existe un Poder Judicial independiente, las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan. Sin embargo, como ustedes saben, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió en contra de la sentencia de la Sala Constitucional que había declarado la constitucionalidad y legalidad del decreto de conveniencia nacional que emitimos durante mi Gobierno. Creo que lo más aconsejable en este momento es, con mucha calma y serenidad, y ante las manifestaciones de la empresa afectada de llevar este caso a conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que esperemos que sea esa instancia la que en definitiva resuelva, ojalá que en el menor plazo posible, la divergencia de criterios entre los fallos emitidos por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.
El desarrollo de los pueblos depende del monto de la inversión, tanto nacional como pública, tanto privada como extranjera. En América Latina la inversión extranjera per cápita más elevada la tiene Chile, y es precisamente esa inversión la que le ha permitido convertirse en el país más desarrollado de Latinoamérica. Costa Rica, desde hace muchos años, ha seguido los pasos de Chile creando reglas del juego claras que atraigan dicha inversión.
En toda democracia, los ciudadanos deben saber a qué atenerse en sus relaciones con el Estado. Deben confiar en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Deben tener una expectativa razonablemente fundada sobre cuál será la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Es decir, deben ser capaces de anticipar cuáles serán las consecuencias jurídicas de su propio comportamiento. Como dicen los ingleses, “legal security means protection of confidence”.
La seguridad jurídica significa la protección de la confianza, esto es “un saber a qué atenerse”. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. El bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Protegerla empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial.
Finalmente, mis queridos amigos y amigas, con respecto a mí, como he dicho en otras ocasiones, el que nada debe nada teme.
by Óscar Arias Sánchez
Hace 25 años, no existía la posibilidad de que un ciudadano común iniciara un blog un día cualquiera, y ese blog fuera más leído que un periódico o una revista. No existía la posibilidad de crear un grupo de Facebook y convocar, en cuestión de semanas, a tres millones de personas a manifestarse en torno a una propuesta. No existía la posibilidad de convertir un video casero en un fenómeno de sensación mundial.
Era la época en la que los políticos dependíamos de los medios de comunicación para transmitir nuestros pensamientos o nuestras opiniones, razón por la cual dependíamos de lo que ellos nos quisieran publicar, cuándo lo quisieran publicar y, en la mayoría de los casos, que no quisieran publicarlo.
Esa época ya pasó. Hoy, en cambio, es el mundo en que Wikipedia prácticamente ha desplazado a las enciclopedias, que durante siglos dictaron la palabra oficial del pensamiento. Éste es el mundo en que cualquier persona puede seguir gratuitamente los cursos de Física o de Cálculo del MIT, la más prestigiosa universidad tecnológica del planeta, sin moverse de la sala de su casa. Nunca antes las personas normales, las que no son Presidentes ni Generales ni Gerentes ni Directores, habían tenido tanto poder. Ahora podemos decir lo que pensamos a través de Facebook sin que nadie nos edite, o haga su propia interpretación de lo que queremos decir, y a la vez, en tiempo real podemos saber los que nuestros amigos opinan. Es por eso, que es a ustedes, mis amigos y amigas de Facebook, a quienes les quiero decir lo que pienso del fallo sobre Crucitas.
A lo largo de mi vida pública siempre he respetado las decisiones de las diferentes instancias judiciales en nuestro país. Como lo he manifestado reiteradamente, en una democracia donde existe un Poder Judicial independiente, las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan. Sin embargo, como ustedes saben, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió en contra de la sentencia de la Sala Constitucional que había declarado la constitucionalidad y legalidad del decreto de conveniencia nacional que emitimos durante mi Gobierno. Creo que lo más aconsejable en este momento es, con mucha calma y serenidad, y ante las manifestaciones de la empresa afectada de llevar este caso a conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que esperemos que sea esa instancia la que en definitiva resuelva, ojalá que en el menor plazo posible, la divergencia de criterios entre los fallos emitidos por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.
El desarrollo de los pueblos depende del monto de la inversión, tanto nacional como pública, tanto privada como extranjera. En América Latina la inversión extranjera per cápita más elevada la tiene Chile, y es precisamente esa inversión la que le ha permitido convertirse en el país más desarrollado de Latinoamérica. Costa Rica, desde hace muchos años, ha seguido los pasos de Chile creando reglas del juego claras que atraigan dicha inversión.
En toda democracia, los ciudadanos deben saber a qué atenerse en sus relaciones con el Estado. Deben confiar en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Deben tener una expectativa razonablemente fundada sobre cuál será la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Es decir, deben ser capaces de anticipar cuáles serán las consecuencias jurídicas de su propio comportamiento. Como dicen los ingleses, “legal security means protection of confidence”.
La seguridad jurídica significa la protección de la confianza, esto es “un saber a qué atenerse”. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. El bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Protegerla empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial.
Finalmente, mis queridos amigos y amigas, con respecto a mí, como he dicho en otras ocasiones, el que nada debe nada teme.
lunes, 15 de noviembre de 2010
Proteger el derecho a disentir
Quiero escribir sobre varios temas que ando desde hace días entre pecho y espalda, pero por ahora voy a hacer una rápida reflexión sobre el conflicto en la frontera. A ver si reactivo este abandonado blog!
Es evidente que lo que pasa en Isla Calero es inaceptable y debe llenarnos de indignación. Pero a partir de este punto, si algo deberíamos haber aprendido después de 60 años sin ejército, nuestra actitud debe ser de una inclaudicable convicción en la capacidad de la institucionalidad internacional para resolver nuestros diferendos con otros países. Esto significa no dejarnos arrastrar por las proclamas incendiarias e irresponsables de algunos que azuzan el fuego de la intolerancia sin comprender con toda amplitud las consecuencias funestas que un desbordamiento de pasiones podría tener en nuestro país. Ponemos a prueba en este momento esa imagen que hemos forjado de nosotros mismos: pacifistas, tolerantes, democráticos; la indignación no puede terminar concretándose en cosas a las que siempre, al menos eso decimos, nos hemos opuesto: la violencia, la intolerancia, la xenofobia disfrazada de un patrioterismo -que no patriotismo-, que la historia nos muestra una y otra vez ha tenido implicaciones dolorosas para los países.
Además de la defensa de nuestro territorio nos enfrentamos hoy a dilemas que pueden reafirmar un conjunto de valores o mostrarnos una cara oculta de nuestra nacionalidad. Yo soy optimista porque hasta hoy solo un puñado de exaltados profieren xenófobas amenazas de violencia, pero me temo que en otros aspectos algunos peligros son mucho menos evidentes, pero no por eso menos graves.
Después del ataque a las Torres Gemelas en setiembre del 2001, el gobierno de Bush solicitó y obtuvo expeditamente autorización del Congreso para una serie de acciones, entre ellas el ataque a Irak,, en nombre de la llamada "seguridad nacional". Recuerdo vívidamente la violenta reacción de los sectores conservadores contra el puñado de senadores y congresistas que se atrevieron a cuestionar la legalidad y la moralidad de alguna de estas acciones. "No es momento", argumentaban, "para cuestionar al Gobierno, es hora de la unidad nacional". El tiempo le dio la razón a quienes tenían dudas y muchas de las cosas que parecían tener sentido en el contexto del ataque del 9-11 se revelaron como legal y éticamente cuestionables. En medio de la angustia provocada por los ataques terroristas, el pueblo estadounidense se traicionó a sí mismo y estuvo dispuesto a sacrificar no solo algunos principios morales y legales que han sido sustento de su esencia nacional, sino además a restringir la discusión pública abierta, contestataria, a restringir, en otras palabras, el disenso.
Nada mas peligroso en una democracia que la restricción del pensamiento, sobre todo si es impuesta a partir de una interpretación parcial en una situación coyuntural. El argumento de "no critiquen porque es hora de la unidad nacional" es un muy mal síntoma que debilita principios que deben mantenerse incólumnes. No hay momentos apropiados o inapropiados para el ejercicio democrático. Aquellos que desean cosechar el fruto de la libertad, escribió Thomas Paine, deben asumir la fatiga de apoyarla. Por eso me ha sorprendido la reacción de un sector de la prensa y de algunos formadores de opinión respecto a las declaraciones que diera el expresidente Arias alrededor de este conflicto. Se puede estar de acuerdo o no, pero desestimar esta o cualquier otra opinión por ser este un momento particular es tan peligroso como el pensamiento de los radicales que lanzaron un coctel molotov contra la embajada nicaragüense.
No perdamos la brújula y ratifiquemos en todo momento nuestra convicción democrática. Este conflicto fronterizo, como muchos que hemos tenido en el pasado, terminará siendo un mal recuerdo en unas semanas. Pero si actuamos en contra de nuestra esencia, el perjuicio será mucho más duradero
Es evidente que lo que pasa en Isla Calero es inaceptable y debe llenarnos de indignación. Pero a partir de este punto, si algo deberíamos haber aprendido después de 60 años sin ejército, nuestra actitud debe ser de una inclaudicable convicción en la capacidad de la institucionalidad internacional para resolver nuestros diferendos con otros países. Esto significa no dejarnos arrastrar por las proclamas incendiarias e irresponsables de algunos que azuzan el fuego de la intolerancia sin comprender con toda amplitud las consecuencias funestas que un desbordamiento de pasiones podría tener en nuestro país. Ponemos a prueba en este momento esa imagen que hemos forjado de nosotros mismos: pacifistas, tolerantes, democráticos; la indignación no puede terminar concretándose en cosas a las que siempre, al menos eso decimos, nos hemos opuesto: la violencia, la intolerancia, la xenofobia disfrazada de un patrioterismo -que no patriotismo-, que la historia nos muestra una y otra vez ha tenido implicaciones dolorosas para los países.
Además de la defensa de nuestro territorio nos enfrentamos hoy a dilemas que pueden reafirmar un conjunto de valores o mostrarnos una cara oculta de nuestra nacionalidad. Yo soy optimista porque hasta hoy solo un puñado de exaltados profieren xenófobas amenazas de violencia, pero me temo que en otros aspectos algunos peligros son mucho menos evidentes, pero no por eso menos graves.
Después del ataque a las Torres Gemelas en setiembre del 2001, el gobierno de Bush solicitó y obtuvo expeditamente autorización del Congreso para una serie de acciones, entre ellas el ataque a Irak,, en nombre de la llamada "seguridad nacional". Recuerdo vívidamente la violenta reacción de los sectores conservadores contra el puñado de senadores y congresistas que se atrevieron a cuestionar la legalidad y la moralidad de alguna de estas acciones. "No es momento", argumentaban, "para cuestionar al Gobierno, es hora de la unidad nacional". El tiempo le dio la razón a quienes tenían dudas y muchas de las cosas que parecían tener sentido en el contexto del ataque del 9-11 se revelaron como legal y éticamente cuestionables. En medio de la angustia provocada por los ataques terroristas, el pueblo estadounidense se traicionó a sí mismo y estuvo dispuesto a sacrificar no solo algunos principios morales y legales que han sido sustento de su esencia nacional, sino además a restringir la discusión pública abierta, contestataria, a restringir, en otras palabras, el disenso.
Nada mas peligroso en una democracia que la restricción del pensamiento, sobre todo si es impuesta a partir de una interpretación parcial en una situación coyuntural. El argumento de "no critiquen porque es hora de la unidad nacional" es un muy mal síntoma que debilita principios que deben mantenerse incólumnes. No hay momentos apropiados o inapropiados para el ejercicio democrático. Aquellos que desean cosechar el fruto de la libertad, escribió Thomas Paine, deben asumir la fatiga de apoyarla. Por eso me ha sorprendido la reacción de un sector de la prensa y de algunos formadores de opinión respecto a las declaraciones que diera el expresidente Arias alrededor de este conflicto. Se puede estar de acuerdo o no, pero desestimar esta o cualquier otra opinión por ser este un momento particular es tan peligroso como el pensamiento de los radicales que lanzaron un coctel molotov contra la embajada nicaragüense.
No perdamos la brújula y ratifiquemos en todo momento nuestra convicción democrática. Este conflicto fronterizo, como muchos que hemos tenido en el pasado, terminará siendo un mal recuerdo en unas semanas. Pero si actuamos en contra de nuestra esencia, el perjuicio será mucho más duradero
Suscribirse a:
Entradas (Atom)