Uber deja en evidencia lo poco preparados que están los gobiernos para lidiar con el cambio tecnológico. La discusión legal probablemente se resuelva en tribunales, pero la capacidad real del Estado para regular un servicio como este es mínima.
En el fondo, el problema es que el Estado costarricense perdió la habilidad de reformarse a sí mismo. Hacer cambios es complejísimo. Y por eso tenemos instituciones como el CNP o el INVU, que no han podido renovarse para atender de mejor manera demandas ciudadanas que sobrepasan los propósitos originales para los que fueron creadas. De ahí la frustración ciudadana con este Estado inerte, que no logra reaccionar con agilidad al signo de los tiempos.
Y nada ayuda en la situación con Uber la respuesta irreflexiva del gobierno, empoderando a los taxistas "rojos" para que se conviertan en una suerte de vigilantes e informantes ciudadanos, y abriendo un portillo peligrosísimo para la violencia, como desafortunadamente presenciamos la madrugada del sábado 22, cuando un grupo de taxistas "rojos" atacó y causó daños a un vehículo inscrito en Uber. Ojalá que esto no pase a más.
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El gobierno propone "devolver" a las familias pobres lo que gasten en los nuevos impuestos que pretende aprobar. La idea es eliminar las exoneraciones de algunos productos que actualmente están exentos de impuestos, con el argumento que la exoneración beneficia también a quienes más tienen. Para atenuar el impacto que tendría la eliminación del beneficio a ciertos productos y servicios que consumen o usan los pobres, el gobierno propone diseñar una lista de familias a las que se les entregará un subsidio mensual que oscilará entre los 40 y 44,000 colones. Esa es la teoría, pero la idea me genera varias dudas.
Primero, el gobierno ya ha admitido que debe construir la lista de beneficiarios, labor que le llevará de 18 a 24 meses, con las dificultades que tiene una tarea de esta magnitud, y con la rigurosidad que hay que tener para no terminar subsidiando a quien no lo merece o convirtiendo la lista en un mecanismo clientelista. ¿Se necesitará hacer un nuevo censo nacional?¿Qué pasa si el impuesto se comienza a cobrar antes de que se tenga la lista?. Segundo, se dice que las familias que incluirán serán las que se encuentren en los últimos 4 deciles del ingreso. Parece tener sentido, pero hay datos que vale la pena hacer explícitos.
Si se escogiera a la totalidad de las personas que están en esos 4 deciles de ingreso estaríamos hablando de mas de 2 millones de personas, 2.177.698 para ser exactos. El problema es que según las estadística oficial, en Costa Rica hay poco mas de 1 millón de personas pobres (1.170.634 según la ENAHO del INEC). Posiblemente se quiere incluir a gente que está apenas por encima de la línea de pobreza, pero casi doblar el número de beneficiados potenciales de este mecanismo parece exagerado. Sería, además, crear una rigidez más en un presupuesto ya de por sí rígido, y generaría un gasto bastante alto que crecería año con año, y con cargo a un presupuesto nacional que ya de por sí tiene múltiples disparadores del gasto.
Un elemento adicional. Hay que ver si esta cantidad de gente no termina comiéndose lo recaudado, es decir, que lo que recaude se devuelva en una proporción mayor a lo que le queda al gobierno. Según esta nota de CRHoy, el gobierno terminará devolviendo un monto equivalente al 75% del total recaudado. Pero aquí le otorgo al Ministerio de Hacienda el beneficio de la duda: creo que esto es demasiado obvio como para que lo hayan pasado pasado por alto. ¿O así fue?
Por otra parte, no se sabe cuáles productos y servicios terminarán siendo exonerados del impuesto y cuales no. Hay una propuesta base del gobierno, pero es de esperarse que los diputados mocionen para incluir algunos otros (muchos creería yo), al punto que el mecanismo de devolución sea totalmente innecesario. Habrá que esperar.
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Esta semana se aprobó en comisión legislativa una iniciativa que pretende poner plazo de votación para algunos proyectos de ley. La idea es que tanto el Ejecutivo, como los partidos políticos con representación legislativa puedan presentar un proyecto en cada legislatura, que deberá ser votado en un máximo de 22 sesiones. Me extraña que esta noticia no haya recibido la relevancia que merece, pues si finalmente el plenario ratifica lo planteado, se abre un camino idóneo para dinamizar notoriamente la acción del Legislativo.
El Gobierno debería tener este proyecto en la mira y convocarlo a sesiones extraordinarias como prioridad. Una vez aprobado, tendría la posibilidad de presentar no uno, sino dos y hasta tres proyectos en cada legislatura, sumando al propio el de su partido y el de su grupo aliado, el Frente Amplio. Me atrevería a sugerir que alguno de esos proyectos debería ser un conjunto de reformas al reglamento legislativo, para facilitar aun mas el trabajo de la Asamblea. Sería un gran avance.
Como nota al margen, este proyecto confirma la buena voluntad del bloque opositor que dirige la Asamblea. Tal vez al gobierno le sirva más que la oposición vuelva a ganar el directorio el próximo año, porque cuando el PAC ha dirigido al Primer Poder de la República, su gestión ha sido de las menos productivas en la historia legislativa.
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En campaña el presidente Solís afirmó enérgico que en un gobierno PAC se acatarían como vinculantes los pronunciamientos de la Procuraduría de la Ética. ¿Qué va a hacer el partido y qué va a decir el Gobierno respecto a la conclusión de la PE, de que el expresidente legislativo Henry Mora faltó al deber de probidad al nombrar a la expresidenta de su partido en una plaza a la medida? Está claro que el presidente no puede destituir al diputado Mora, el que además fue su candidato -y a la vez principal causa de la derrota sufrida-, a la reelección en la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero bien puede pronunciarse públicamente y pedirle al cuestionado congresista que abandone su curul.
Otra que debería pedirle la renuncia a Mora es Margarita Bolaños, la presidenta del PAC. El partido que ella lidera, en la figura de su entonces candidato presidencial, asumió un compromiso público que se debe honrar. No parece necesario explicar por qué, pero eso sería no solo una muestra de coherencia, sino además de apoyo al presidente mismo.
Pero finalmente, de quien esperaría uno mayor consistencia y coherencia es del mismo Henry Mora, que debería devolver la lealtad del presidente, una que le costó al gobierno la presidencia de la Asamblea, renunciando a su puesto. La digresión entre moralidad y ética que torpemente esgrimió para tratar de atenuar la imputación de la Procuraduría, no es mas que un burdo intento de desviar la atención sobre el hecho central: abusando de sus potestades como presidente del Directorio de la Asamblea Legislativa, ordenó transformar una plaza de chofer en una plaza profesional para dársela a una copartidaria. Eso no es ni ética ni moralmente aceptable.
Por cierto, ¿está investigando de oficio la Procuraduría de la Ética el caso de los 11 millones de más, que recibió la viceministra de Gobernación?. De primera entrada parece haber elementos que justifican esa investigación. Ojalá que lo hagan.
Hasta el próximo domingo.
domingo, 23 de agosto de 2015
domingo, 16 de agosto de 2015
Analistas, arreglos, presupuesto
Tengo el propósito de dedicarle mas tiempo al blog a partir de este momento. Como mínimo, voy a publicar todos lo domingos algunos comentarios rápidos sobre temas de la semana que cierra, y de tanto en tanto trataré de escribir algunas reflexiones más extensas. Por supuesto que el énfasis será la política en su dimensión más amplia, pero me aventuraré en otros temas. A ver cómo me va.
El martes 11 el Consejo de Gobierno nombró al analista Victor Ramírez como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional. En un tuit que envié esta semana, señalé que este gobierno podía apuntarse el mérito de haber puesto en evidencia la filiación política de algunas personas que tuvieron en la campaña electoral del 2014 un papel prominente como analistas en medios de comunicación o en instancias académicas. Ramírez es uno de ellos, asiduo invitado de Ignacio Santos en Canal 7, así como del programa de Amelia Rueda, y de otros medios de comunicación masiva que le brindaron espacio para que valorara el desarrollo del proceso electoral en el que se eligió como presidente al que es ahora su jefe.
Un caso similar es el de Manuel Rojas Bolaños, nombrado embajador en Chile, y que estuvo asociado al Partido Acción Ciudadana en sus inicios, pero se desligó, por lo menos públicamente, de la acción política para dedicarse a escribir en sus espacios de análisis en el diario Extra y en otros medios de comunicación, antes de aceptar el nombramiento diplomático en el 2014. Igual sucedió con el politólogo Alberto Cortés, hasta hace unos meses director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, quien formó parte del grupo que lanzó la candidatura del actual presidente, pero que se mantuvo alejado del ajetreo electoral, hasta que a finales del 2014 fue nombrado como representante de Costa Rica en el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, el puesto mejor pagado de la administración pública costarricense.
Está también el caso de Francisco Barahona, el que si bien no fue nombrado en ningún cargo (por lo menos que se conozca), sus hijos Pablo y Alejandro ocupan cargos prominentes en este gobierno, el primero como embajador ante la OEA y el segundo como directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda.
También está el caso del periodista Mario Bermúdez, quien tuvo una columna de opinión muy prominente en el periódico El Financiero, desde la que reflexionaba sobre temas relacionados con la acción de gobierno (específicamente el de doña Laura Chinchilla), y quien ahora, junto al también periodista Boris Ramírez, ex-coanfitrión del programa radial Hablando Claro, forma parte del equipo de comunicación del gobierno, liderado por cierto por Mauricio Herrera, exdirector del Semanario Universidad.
Será imposible ignorar esto la próxima vez que estas personas nos den su punto de vista. Y ojo, no tiene nada de malo, todo lo contrario, es bueno saber con quién está quien pretende analizar en medios la coyuntura política, social y económica. Mas bien es no saberlo lo que no es conveniente para nadie.
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Después de varias semanas y de una fallida mediación del rector de la UNA -que algunos interpretaron como un intento de promocionar a Alberto Salom como posible figura del grupo del presidente para una futura candidatura-, el conflicto por el desalojo de algunas familias que habían invadido tierras en el sur del país fue resuelto de una manera que deja muchas dudas. En una nota de La Prensa Libre, el Ministro de Seguridad anuncia que las familias retornaron a las fincas invadidas y que, al no existir una nueva orden de desalojo, no es posible intervenir con al fuerza pública. Yo entiendo que lo que nos quiere decir el ministro, es que la situación se "resolvió" porque las familias re-invadieron y al no haber orden judicial, se quedarán ahí hasta que nuevamente un juzgado ordene el desalojo.
No sé ustedes pero, a menos que el periodista nos haya transmitido mal lo que quiso decir el ministro, yo entendería que las familias invadieron otras fincas y no las mismas de las que fueron desalojados. Y digo esto, sin ser abogado pero acudiendo al sentido común, porque me parecería muy raro -por no decir completamente inútil-, que las órdenes de desalojo que emiten los tribunales se puedan ejecutar una sola vez y su efecto termine una vez ejecutado un desalojo, como si un retorno de las familias desalojadas a las tierras invadidas no formara parte del mismo proceso y por lo tanto se necesitara iniciar de cero la gestión judicial de desalojo.
Lo que parece mas bien es que ese regreso de las familias es la única salida planteada después del fracaso de la mediación de Alberto Salom, mediación que a su vez se inició por el fallido esfuerzo inicial del ministro de la Presidencia. Pero es claro que la situación no fue resuelta y si el propietario de la tierra acude a la fuerza pública, esta no podría negarse a cumplir la orden vigente del juez, so pena de ser acusada de incumplimiento de deberes. Y además con el agravante que a las familias les pueden haber creado expectativas falsas. De esa situación no saldrá nada bueno. Bien vale la pena saber cómo se llegó a esta situación, y si se trata de una "arreglo" entre los manifestantes y el gobierno, y quienes son sus responsables.
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El martes 11 el Consejo de Gobierno nombró al analista Victor Ramírez como nuevo miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional. En un tuit que envié esta semana, señalé que este gobierno podía apuntarse el mérito de haber puesto en evidencia la filiación política de algunas personas que tuvieron en la campaña electoral del 2014 un papel prominente como analistas en medios de comunicación o en instancias académicas. Ramírez es uno de ellos, asiduo invitado de Ignacio Santos en Canal 7, así como del programa de Amelia Rueda, y de otros medios de comunicación masiva que le brindaron espacio para que valorara el desarrollo del proceso electoral en el que se eligió como presidente al que es ahora su jefe.
Un caso similar es el de Manuel Rojas Bolaños, nombrado embajador en Chile, y que estuvo asociado al Partido Acción Ciudadana en sus inicios, pero se desligó, por lo menos públicamente, de la acción política para dedicarse a escribir en sus espacios de análisis en el diario Extra y en otros medios de comunicación, antes de aceptar el nombramiento diplomático en el 2014. Igual sucedió con el politólogo Alberto Cortés, hasta hace unos meses director del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, quien formó parte del grupo que lanzó la candidatura del actual presidente, pero que se mantuvo alejado del ajetreo electoral, hasta que a finales del 2014 fue nombrado como representante de Costa Rica en el directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica, el puesto mejor pagado de la administración pública costarricense.
Está también el caso de Francisco Barahona, el que si bien no fue nombrado en ningún cargo (por lo menos que se conozca), sus hijos Pablo y Alejandro ocupan cargos prominentes en este gobierno, el primero como embajador ante la OEA y el segundo como directivo del Banco Hipotecario de la Vivienda.
También está el caso del periodista Mario Bermúdez, quien tuvo una columna de opinión muy prominente en el periódico El Financiero, desde la que reflexionaba sobre temas relacionados con la acción de gobierno (específicamente el de doña Laura Chinchilla), y quien ahora, junto al también periodista Boris Ramírez, ex-coanfitrión del programa radial Hablando Claro, forma parte del equipo de comunicación del gobierno, liderado por cierto por Mauricio Herrera, exdirector del Semanario Universidad.
Será imposible ignorar esto la próxima vez que estas personas nos den su punto de vista. Y ojo, no tiene nada de malo, todo lo contrario, es bueno saber con quién está quien pretende analizar en medios la coyuntura política, social y económica. Mas bien es no saberlo lo que no es conveniente para nadie.
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Después de varias semanas y de una fallida mediación del rector de la UNA -que algunos interpretaron como un intento de promocionar a Alberto Salom como posible figura del grupo del presidente para una futura candidatura-, el conflicto por el desalojo de algunas familias que habían invadido tierras en el sur del país fue resuelto de una manera que deja muchas dudas. En una nota de La Prensa Libre, el Ministro de Seguridad anuncia que las familias retornaron a las fincas invadidas y que, al no existir una nueva orden de desalojo, no es posible intervenir con al fuerza pública. Yo entiendo que lo que nos quiere decir el ministro, es que la situación se "resolvió" porque las familias re-invadieron y al no haber orden judicial, se quedarán ahí hasta que nuevamente un juzgado ordene el desalojo.
No sé ustedes pero, a menos que el periodista nos haya transmitido mal lo que quiso decir el ministro, yo entendería que las familias invadieron otras fincas y no las mismas de las que fueron desalojados. Y digo esto, sin ser abogado pero acudiendo al sentido común, porque me parecería muy raro -por no decir completamente inútil-, que las órdenes de desalojo que emiten los tribunales se puedan ejecutar una sola vez y su efecto termine una vez ejecutado un desalojo, como si un retorno de las familias desalojadas a las tierras invadidas no formara parte del mismo proceso y por lo tanto se necesitara iniciar de cero la gestión judicial de desalojo.
Lo que parece mas bien es que ese regreso de las familias es la única salida planteada después del fracaso de la mediación de Alberto Salom, mediación que a su vez se inició por el fallido esfuerzo inicial del ministro de la Presidencia. Pero es claro que la situación no fue resuelta y si el propietario de la tierra acude a la fuerza pública, esta no podría negarse a cumplir la orden vigente del juez, so pena de ser acusada de incumplimiento de deberes. Y además con el agravante que a las familias les pueden haber creado expectativas falsas. De esa situación no saldrá nada bueno. Bien vale la pena saber cómo se llegó a esta situación, y si se trata de una "arreglo" entre los manifestantes y el gobierno, y quienes son sus responsables.
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Dice el presidente que los recortes que vienen en el presupuesto son dramáticos, "fuertes". Solís se mete en un zapato -otra vez-, por despertar expectativas desmesuradas. Primero, es difícil, si no imposible, tener un presupuesto que disminuya de un año a otro, a menos que se recorte la inversión social, que constituye casi la mitad de lo presupuestado, porque hay un crecimiento "vegetativo" en mucho espoleado por los pluses salariales de los empleados públicos. Segundo, porque aun cuando el presupuesto efectivamente exhiba un crecimiento muy bajo, la base de cálculo es el presupuesto de este año, que como se recuerda creció 19% el año pasado. Así que un crecimiento de 4-5% del presupuesto 2016 no significa mucho porque se parte de un parámetro inflado. No traten de meternos gato por liebre.
Vamos a ver cómo viene ese presupuesto. Es importante porque de eso dependerá la actitud de la oposición frente a los proyectos de reforma fiscal, ya de por sí escéptica dada la deliberada ambigüedad del gobierno frente al tema de empleo público, al que parece no querer meterle bisturí. Y eso que ya existen algunas iniciativas que podrían servir de base para iniciar el proceso de ordenar este tema. Tome el tiempo que tome.
Hasta el próximo domingo.
sábado, 16 de mayo de 2015
¿"Ahorros" en "renegociación" de convención colectiva del A y A?
El gobierno anuncia una "renegociación" de la convención colectiva del A y A que supuestamente genera un "ahorro" de 3,000 millones de colones. Algunos medios de comunicación reproducen tal cual la noticia, y quedamos todos con la impresión de que efectivamente se logró recortar algunos costosos privilegios en una convención colectiva vigente.
Pero la verdad es otra. Primero, es importante mencionar que las convenciones colectivas tienen plazos de vigencia definidos, normalmente tres años. Cuando transcurre ese período de tiempo, se tiene dos opciones: "denunciar" la convención, lo que significa negociar una nueva, o dejarla que se renueve automáticamente por otro periodo igual.
Siguiendo la instrucción de la presidencia, la jerarca del A y A denunció la convención colectiva vigente en esa institución. Como era de esperarse, y aprovechando la oportunidad que le brindaba este proceso de renegociación, el sindicato planteó incluir en la convención NUEVAS reivindicaciones económicas, como por ejemplo aumentar el reconocimiento de cesantía de 8 a 20 años, entre algunas otras. La administración -afortunadamente-, rechazó esas pretensiones, cuyo costo, si se hubiese aceptado, habría rondado los 3,000 millones de colones.
No se trata entonces de un ahorro real. No es que el sindicato accedió a rebajar las condiciones vigentes de la convención colectiva. Simplemente aprovechó la oportunidad que la renegociación le brindaba para plantear reivindicaciones adicionales. Y por eso no es tan difícil para ellos aceptar la negativa de la administración.
Diferente habría sido si se eliminaran o disminuyeran beneficios económicos vigentes, cosa que no sucedió. Pero el Gobierno nos quiere hacer creer algo que no es cierto. No hay tal ahorro. No es que la convención colectiva en el A y A es menos onerosa ahora. Sigue siendo la misma.
En esta coyuntura cabe preguntarse si vale la pena denunciar las convenciones, si nada va a cambiar. Es mas, se corre el peligro de que el espacio de renegociación sea utilizado para intentar incluir subrepticiamente nuevas reivindicaciones económicas. Pero además, para que no traten de meternos gato por liebre, y nos presenten como ahorros cosas que en realidad no lo son.
Siguiendo la instrucción de la presidencia, la jerarca del A y A denunció la convención colectiva vigente en esa institución. Como era de esperarse, y aprovechando la oportunidad que le brindaba este proceso de renegociación, el sindicato planteó incluir en la convención NUEVAS reivindicaciones económicas, como por ejemplo aumentar el reconocimiento de cesantía de 8 a 20 años, entre algunas otras. La administración -afortunadamente-, rechazó esas pretensiones, cuyo costo, si se hubiese aceptado, habría rondado los 3,000 millones de colones.
No se trata entonces de un ahorro real. No es que el sindicato accedió a rebajar las condiciones vigentes de la convención colectiva. Simplemente aprovechó la oportunidad que la renegociación le brindaba para plantear reivindicaciones adicionales. Y por eso no es tan difícil para ellos aceptar la negativa de la administración.
Diferente habría sido si se eliminaran o disminuyeran beneficios económicos vigentes, cosa que no sucedió. Pero el Gobierno nos quiere hacer creer algo que no es cierto. No hay tal ahorro. No es que la convención colectiva en el A y A es menos onerosa ahora. Sigue siendo la misma.
En esta coyuntura cabe preguntarse si vale la pena denunciar las convenciones, si nada va a cambiar. Es mas, se corre el peligro de que el espacio de renegociación sea utilizado para intentar incluir subrepticiamente nuevas reivindicaciones económicas. Pero además, para que no traten de meternos gato por liebre, y nos presenten como ahorros cosas que en realidad no lo son.
lunes, 6 de abril de 2015
De puentes, platinas y concesiones
Hoy tuve un intercambio con algunas personas respecto al puente de la platina. Todo inició porque alguien afirmó que ese puente no formaba parte de la concesión, a lo que yo respondí que en la concesión se contemplaba la construcción de un nuevo puente. A partir de ahí la discusión se hizo compleja, por lo menos mucho mas de lo que 140 caracteres permitía explicar. Y como en materia de administración pública las cosas no son tan sencillas como algunos creen, me pareció pertinente explicar lo que se iba a hacer en ese momento.
La cosa está así: el problema del puente de la platina no es el superficial del que tanto se habla, es uno mucho más grave. Durante 9 años que estuvo en suspenso el proceso de concesión, el puente se estuvo deteriorando aceleradamente. Al momento de concretarse la cesión del contrato de concesión, y dado el estado precario del puente, se estimó inconveniente esperar a que se cumplieran las condiciones precedentes (que son las condiciones que la concesionaria debía cumplir previo al inicio de las obras, básicamente tramitologia con todo lo que eso significa), por lo que se decidió que CONAVI reparara el puente existente, aplicando los estándares tecnicos definidos en la concesión.
Paralelamente, la concesionaria construiría un puente nuevo de 4 carriles, para que en ese sector el puente quedara de 8 carriles. Luego, cuando CONAVI terminara sus trabajos, entregaría la obra a la concesionaria, sin que el costo de la misma se cargara al peaje. Eso sí, CONAVI debia respetar los estándares tecnicos definidos para la obra, como condición ineludible para su entrega a la concesionaria.
De hecho se había pedido a la concesionaria que le diera prioridad a la construcción del puente nuevo, porque eso permitiría avanzar más rapidamente la reparación del puente existente.
(En este punto me parece necesario repetir que el costo en el que incurriría CONAVI por el reforzamiento del puente existente no se cargaría a la tarifa del peaje)
Por eso dije que no es cierto que el puente de la platina iba a quedar fuera de la concesión, porque estaba prevista la construcción de un puente nuevo. Y la estructura existente, una vez remozada por CONAVI por las razones explicadas arriba, seria responsabilidad de la concesionaria, es decir, parte de la concesion.
Vale la pena mencionar que el problema del puente no es lo que se ve superficialmente, eso no es mas que una manifestación de un problema estructural mayor. El trabajo que ha venido haciendo CONAVI, y que no se ve porque se hace "debajo" de la superficie de rodamiento, es lo que va a remediar definitivamente el problema. Este es un proceso muy complejo y que desde el principio se dijo que iba a tomar años, no meses. Los parches que se ponen para superar la separación de las lozas de cemento nunca podrán ser arreglo definitivo, eso será posible mediante el remozamiento de la subestructura. Este trabajo CONAVI estima que se finalizará en el primer trimestre del 2016. Ojalá así sea.
La cosa está así: el problema del puente de la platina no es el superficial del que tanto se habla, es uno mucho más grave. Durante 9 años que estuvo en suspenso el proceso de concesión, el puente se estuvo deteriorando aceleradamente. Al momento de concretarse la cesión del contrato de concesión, y dado el estado precario del puente, se estimó inconveniente esperar a que se cumplieran las condiciones precedentes (que son las condiciones que la concesionaria debía cumplir previo al inicio de las obras, básicamente tramitologia con todo lo que eso significa), por lo que se decidió que CONAVI reparara el puente existente, aplicando los estándares tecnicos definidos en la concesión.
Paralelamente, la concesionaria construiría un puente nuevo de 4 carriles, para que en ese sector el puente quedara de 8 carriles. Luego, cuando CONAVI terminara sus trabajos, entregaría la obra a la concesionaria, sin que el costo de la misma se cargara al peaje. Eso sí, CONAVI debia respetar los estándares tecnicos definidos para la obra, como condición ineludible para su entrega a la concesionaria.
De hecho se había pedido a la concesionaria que le diera prioridad a la construcción del puente nuevo, porque eso permitiría avanzar más rapidamente la reparación del puente existente.
(En este punto me parece necesario repetir que el costo en el que incurriría CONAVI por el reforzamiento del puente existente no se cargaría a la tarifa del peaje)
Por eso dije que no es cierto que el puente de la platina iba a quedar fuera de la concesión, porque estaba prevista la construcción de un puente nuevo. Y la estructura existente, una vez remozada por CONAVI por las razones explicadas arriba, seria responsabilidad de la concesionaria, es decir, parte de la concesion.
Vale la pena mencionar que el problema del puente no es lo que se ve superficialmente, eso no es mas que una manifestación de un problema estructural mayor. El trabajo que ha venido haciendo CONAVI, y que no se ve porque se hace "debajo" de la superficie de rodamiento, es lo que va a remediar definitivamente el problema. Este es un proceso muy complejo y que desde el principio se dijo que iba a tomar años, no meses. Los parches que se ponen para superar la separación de las lozas de cemento nunca podrán ser arreglo definitivo, eso será posible mediante el remozamiento de la subestructura. Este trabajo CONAVI estima que se finalizará en el primer trimestre del 2016. Ojalá así sea.
martes, 24 de marzo de 2015
De símbolos y críticas
Para ser una persona que aprecia el simbolismo (poda de arbustos, iza de banderas), sorprende que al presidente le parezca "descabellado" que la gente critique su intención de irse de vacaciones en semana santa (http://www.monumental.co.cr/noticia/solis-califica-como-‘descabelladas’-criticas-por-sus-vacaciones-en-semana-santa). Claro que tiene derecho a descansar y es lógico que si tiene vacaciones acumuladas las gaste (¿60 días en diez meses? ¿Hay ahora una convención colectiva en Presidencia que otorga esa cantidad de días de vacaciones?). Pero por ahi no anda la cosa. Y extraña no solo que el presidente no se de cuenta, sino que alguien no se lo haya dicho antes.
Sus derechos, y la necesidad misma de descansar, no está en disputa. Lo que le incomoda a la gente, y no es "descabellado", es que apenas hace unos días el gobierno decidió no mandar a los funcionarios de vacaciones en semana santa, con el argumento de que es bueno para el país que se mantengan trabajando. Pero acto seguido el primer funcionario del país anuncia su intención de no trabajar en esos días. No debería ser difícil ver la contradicción en el discurso, porque efectivamente el país necesita mucho trabajo, y no hay ninguna razón para que el presidente se excluya de esa responsabilidad. No se ve bien, no parece consistente. El presidente puede estar o no de acuerdo, pero no es "descabellado". Y el presidente puede irse de vacaciones, pero no siempre. No al menos que no importe mandar una mensaje contradictorio.
De esta situación, surgen dos reflexiones adicionales. Primero, el presidente parece no contar con gente alrededor que le ayude a no provocar estas pequeñas polémicas que desgastan, -a pellizcos se mata un elefante-, su credibilidad y la de su gobierno. Nada más pernicioso que un presidente se rodee de un coro que se dedique a validar sus argumentos, sin disenso alguno. Las lógicas internas que se desarrollan en grupos cerrados donde no se contrastan posiciones terminan generando murallas y desapego a la realidad. Nada mas peligroso para un gobernante.
Y segundo, el presidente cada vez reacciona mas destempladamente ante las críticas, que muy a su pesar son cada vez mas frecuentes. Cualquier cuestionamiento es infundado, descabellado, una fabricación, acoso mediático o una conspiración de Carlos Roverssi (según dijera en un programa de radio). Puede que no le parezcan justas, proporcionadas o necesarias, pero las críticas son consustanciales al puesto. Y apenas están empezando.
De alguna manera, esas reacciones mencionadas en el segundo punto parecen confirmar la presunción del primero. Cuando solo se oye lo que se quiere oír, todas las críticas siempre terminan siendo producto de la mala intención, la incomprensión o la falta de conocimiento. Y eso ya de por sí es bastante simbólico.
Sus derechos, y la necesidad misma de descansar, no está en disputa. Lo que le incomoda a la gente, y no es "descabellado", es que apenas hace unos días el gobierno decidió no mandar a los funcionarios de vacaciones en semana santa, con el argumento de que es bueno para el país que se mantengan trabajando. Pero acto seguido el primer funcionario del país anuncia su intención de no trabajar en esos días. No debería ser difícil ver la contradicción en el discurso, porque efectivamente el país necesita mucho trabajo, y no hay ninguna razón para que el presidente se excluya de esa responsabilidad. No se ve bien, no parece consistente. El presidente puede estar o no de acuerdo, pero no es "descabellado". Y el presidente puede irse de vacaciones, pero no siempre. No al menos que no importe mandar una mensaje contradictorio.
De esta situación, surgen dos reflexiones adicionales. Primero, el presidente parece no contar con gente alrededor que le ayude a no provocar estas pequeñas polémicas que desgastan, -a pellizcos se mata un elefante-, su credibilidad y la de su gobierno. Nada más pernicioso que un presidente se rodee de un coro que se dedique a validar sus argumentos, sin disenso alguno. Las lógicas internas que se desarrollan en grupos cerrados donde no se contrastan posiciones terminan generando murallas y desapego a la realidad. Nada mas peligroso para un gobernante.
Y segundo, el presidente cada vez reacciona mas destempladamente ante las críticas, que muy a su pesar son cada vez mas frecuentes. Cualquier cuestionamiento es infundado, descabellado, una fabricación, acoso mediático o una conspiración de Carlos Roverssi (según dijera en un programa de radio). Puede que no le parezcan justas, proporcionadas o necesarias, pero las críticas son consustanciales al puesto. Y apenas están empezando.
De alguna manera, esas reacciones mencionadas en el segundo punto parecen confirmar la presunción del primero. Cuando solo se oye lo que se quiere oír, todas las críticas siempre terminan siendo producto de la mala intención, la incomprensión o la falta de conocimiento. Y eso ya de por sí es bastante simbólico.
lunes, 2 de marzo de 2015
Ojalá reconocieran esa verdad
En su artículo del domingo 1o de marzo en La Nación, así como en la cadena nacional de television de ese mismo día, el presidente notificó al país que después de apenas 10 meses de gobierno, la crisis apocalíptica en la que hace un año -según él mismo lo decía-, estaba sumida Costa Rica, ha quedado atrás. Ahora todo está bien y lo que existe es un "acoso mediático", de tal intensidad que incluso confundiría a extraterrestres. ¡Imagínense lo que nos puede causar a los pobres terrícolas ticos!.
(Aquí vale la pena hacer un paréntesis y mencionar que el acoso del que se queja el presidente no solo se da en medios tradicionales: la redes sociales, otrora fuente de entusiasta apoyo, es ahora un hervidero de críticas, no solo por lo poco que se ha hecho, sino y sobre todo, por lo que se percibe son constantes yerros de su equipo y por las promesas incumplidas en temas específicos, especialmente las relacionadas con derechos humanos)
(Aquí vale la pena hacer un paréntesis y mencionar que el acoso del que se queja el presidente no solo se da en medios tradicionales: la redes sociales, otrora fuente de entusiasta apoyo, es ahora un hervidero de críticas, no solo por lo poco que se ha hecho, sino y sobre todo, por lo que se percibe son constantes yerros de su equipo y por las promesas incumplidas en temas específicos, especialmente las relacionadas con derechos humanos)
Para probar que la realidad no es lo que se informa, el presidente nos da datos que no dejan de ser sorprendentes, por el origen de los mismos. El país hace un año estaba al borde del precipicio. Nada de lo que se hacía estaba bien, todo tenía una segunda intención, todo estaba sujeto a sospechas. Pero resulta que mucho de aquello que el presidente muestra como prueba de que el país avanza, son las cosas que venían en marcha. La Terminal de Contenedores de Moín es un proyecto que se fraguó en el Gobierno Arias, y que fue sostenido contra viento y marea por el Gobierno Chinchilla, enfrentando a sectores aliados de este gobierno que hicieron lo imposible para frenarlo. Lo mismo con la terminal granelera de Caldera, construida por el concesionario -no por el gobierno-, y que no avanzó durante mucho tiempo por las acciones que interpusiera ANEP, el aliado WhatsApp del gobierno ("ahora les toca a ustedes"). ¡Y no está de mas recordar que el PAC se opuso a la concesión del puerto de Caldera!
Y que decir de la ampliación de la ruta 32, que no pudo ser aprobada en el período legislativo anterior gracias a la oposición del partido de gobierno, que ahora lo muestra como uno de los hitos que le permite decir al presidente que "hay cambio". Finalmente, el proyecto de ley para crear un fideicomiso que permita construir la carretera entre San José y San Ramón, producto del trabajo conjunto de la UCR, el grupo fundador del Foro de Occidente, el Consejo Nacional de Concesiones, el MOPT y MIDEPLAN, todo esto a finales del Gobierno anterior, y aprobado en este período con los votos de todos los partidos políticos.
Lo mismo puede decirse de Banca para el Desarrollo, iniciativa impulsada por el Gobierno Chinchilla, del que además este gobierno copió y pegó su decreto para el congelamiento de plazas, tal y como lo informó la acosadora prensa en su momento, y que el presidente menciona como uno de sus grandes éxitos. O de los 8 meses de estabilidad monetaria, pareciendo ignorar los mas o menos 40 meses anteriores que tuvimos esa misma estabilidad, con los niveles de inflación mas bajos de los últimos 40 años. Y sin precisar además que la estabilidad actual deriva mas de factores internacionales que de una disciplina fiscal que este gobierno no ha exhibido. No es lo mismo estabilidad con precios del petróleo entre $40 y $60, que entre $90-$110.
En fin, no deja de ser irónico que hace un año todo fuera negativo y se estuviera haciendo todo mal, pero que ahora lo que vino a resolver la situación, a ser el cambio que los medios acosadores no reconocen, sea precisamente un conjunto de iniciativas que se habían planteado y empujado aun en contra de la oposición de los que ahora reclaman se les reconozcan como méritos. A mas no haber, no queda mas que admitir, aun sin que se diga con todas las palabras, que si bien hay cosas que cambiar y que en todo se puede mejorar, el país no era el desastre al que decían que era, y que habían cosas que se estaban haciendo bien. Tan bien que después de 10 meses es lo único que pueden exhibir al país como logros. Ojalá reconocieran esa verdad.
jueves, 5 de febrero de 2015
No le fallemos al país
El PLN va a cumplir un año en un estado de animación suspendida. La respuesta del Comité Ejecutivo del partido a la debacle electoral de febrero del 2014 parte de una premisa equivocada y, por lo tanto, es sustancialmente insuficiente. La oportunidad que brinda la renovación del CE no puede ser desaprovechada, porque bien podría ser la última. Quisiera compartir algunas reflexiones y sugerencias sobre lo que viene, con la convicción, que cada día se hace mas firme, de que Costa Rica necesita un partido Liberación Nacional fuerte y renovado, en tanto que, al menos por ahora, parece ser el único capaz de concretar los cambios que el país necesita.
En este proceso de revitalización hasta ahora navegamos a ciegas. No nos hemos tomado el tiempo para comprender qué ha venido pasando en los últimos 25 años. Quienes crean que el resultado electoral en las pasadas elecciones es causa y no consecuencia, parecen no entender que desde mas o menos 1997 el PLN ha venido perdiendo a los sectores que históricamente constituyeron la base de apoyo al proyecto reformador que se inició en 1948. Ya el resultado de las elecciones presidenciales de 1998 mostró que los ciudadanos comenzaban a definir sus preferencias electorales a partir de parámetros inéditos, y que un grupo grande, históricamente ligado al PLN, prefirió incluso abstenerse. Es ahí cuando se inicia la crisis del partido, confirmada por el magro resultado obtenido en las elecciones del 2002. Pero las victorias del 2006 y el 2010, obtenidas sobre la base de una oferta electoral muy sólida, pospuso cualquier discusión sobre ese fenómeno que terminó de expresarse con toda crudeza en el 2014. De apoyos históricamente sólidos, pasamos a disputar los apoyos coyunturales como única forma de ganar. Y eso no debería ser así.
La respuesta a esta catastrófica derrota no podía ser la clásica, examinar lo ocurrido solo en esta campaña en particular, pretensión además siempre teñida de intereses personales y que genera resistencia de los involucrados. Se requería mas bien de un análisis objetivo de ese proceso de desafección política que inició hace casi 30 años. Y esto es lo primero que debería hacerse, una autocrítica despersonalizada de lo que se ha venido haciendo mal. Sin esa comprensión de lo que ha venido pasando, no tendremos claridad de lo que tenemos que hacer. El Partido tiene los intelectuales necesarios para que en un tiempo perentorio elaboren y presenten un análisis que permita entender que ha venido pasando, y hacer algunas sugerencias a partirse la cuales se puede elaborar la estrategia política de los próximos años.
Pero mientras tanto, no es posible detener la acción política, sobre todo de cara a los próximos procesos electorales. Ante esta realidad el partido tiene que dar señales clara de su voluntad de rectificar y renovar. Lo primero debería ser aprobar una reforma al estatuto para incluir un principio de acción afirmativa para que en todas las estructuras organizativas y así como en las papeletas que se presenten al electorado a partir del 2016 se incluya una cuota mínima de jóvenes. Esta cuota no se sumaría a la de mujeres que ya se contempla, sino que puede incluir una combinación de ambos criterios. Esto es fundamental. El PLN se encuentra al borde de perder la batalla por los jóvenes. Sin jóvenes no hay futuro. Hay que abrir espacios ya no como una graciosa concesión, sino como un acto de supervivencia política.
Lo segundo, es encontrar alguna manera de renovar las asambleas cantonales en este año, para integrarlas cumpliendo el nuevo principio de participación de jóvenes, y de previo a la elección de los candidatos para las papeletas municipales (que también deberían conformarse de acuerdo a ese nuevo criterio de proporcionalidad). Es un paso dramático, pero necesario, y uno que solo un partido como Liberación Nacional, por su extensa organización territorial, puede dar. El nuevo Comité Ejecutivo debe explorar formas para efectuar este proceso de renovación, de manera que no sea costoso, pero con la convicción de que es imprescindible, después de esta debacle electoral, dar pasos inéditos en la práctica cotidiana. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, seguiremos obteniendo los mismos resultados.
Por último, es necesario revisar nuestra "forma política". Dejar de meter distancia con la gente, en el fondo y en la forma. El día de las elecciones, los principales candidatos iniciaron su día desayunando con sus familias. El candidato liberacionista, siguiendo lo que podríamos llamar "el protocolo liberacionista", desayunó con la prensa en un hotel. Lo han hecho todos nuestros candidatos y candidata y nos parece normal. Pero en pleno siglo XXI, con un ciudadano más crítico, pequeñas cosas como esas nos alejan de la gente. Nos tornamos inalcanzables, personas que viven una realidad diferente, que desayuna en tarimas de hotel mientras el resto de los mortales desayuna en su casa. Podría parecer que son cosas menores, pero no lo son en esta época en que los ciudadanos reclaman sencillez ahí donde nosotros hemos proyectado condescendencia. Nos hemos vuelto arrogantes con el poder y la gente nos lo ha cobrado. Es hora de volver a las raices de la vocación del servidor público de la que siempre nos hablaba don Jorge Manuel Dengo.
Algunos consideran que es necesario revisar nuestra ideas. Ese ha sido un ejercicio permanente. Si hay un partido que ha sabido adaptarse a los tiempos es el PLN. Salvo, desafortunadamente, en el tema de los derechos humanos. En este momento, nada definirá la naturaleza de nuestro partido como este tema. La disyuntiva entre ser un partido conservador y uno progresista se encuentra aquí, mas que en otros ámbitos. Tenemos que decidir que queremos ser y explicarle bien a la gente nuestra decisión. Lo que no podemos es seguir siendo ambiguos.
Llegó la hora de las definiciones. De hacer lo que se requiere, sin cálculos. De hacer política de cara a la ciudadanía, prescindiendo de quienes desde las sombras del poder han influenciado nuestra visión sin asumir ninguna responsabilidad. De estar dispuestos permanentemente al escrutinio. De retomar la vocación de servicio que es consustancial a nuestra acción pública. No es solo por el partido, sino por el país. Para devolverle a Costa Rica la fuerza reformadora que se necesita para desencadenar la fuerza de un país que lo tiene todo para alcanzar el desarrollo. Costa Rica necesita al PLN que creó el ICE, el Ministerio de Cultura y la Orquesta Sinfónica Nacional. Que nos dio el aguinaldo y el IMAS, así como el SINEM. El partido de Avancemos y la Red de Cuido, de la vivienda y la infraestructura. Que hizo de Costa Rica un país verde, líder mundial en temas ambientales. Costa Rica necesita, en suma, al partido que la hizo grande. No le fallemos.
En este proceso de revitalización hasta ahora navegamos a ciegas. No nos hemos tomado el tiempo para comprender qué ha venido pasando en los últimos 25 años. Quienes crean que el resultado electoral en las pasadas elecciones es causa y no consecuencia, parecen no entender que desde mas o menos 1997 el PLN ha venido perdiendo a los sectores que históricamente constituyeron la base de apoyo al proyecto reformador que se inició en 1948. Ya el resultado de las elecciones presidenciales de 1998 mostró que los ciudadanos comenzaban a definir sus preferencias electorales a partir de parámetros inéditos, y que un grupo grande, históricamente ligado al PLN, prefirió incluso abstenerse. Es ahí cuando se inicia la crisis del partido, confirmada por el magro resultado obtenido en las elecciones del 2002. Pero las victorias del 2006 y el 2010, obtenidas sobre la base de una oferta electoral muy sólida, pospuso cualquier discusión sobre ese fenómeno que terminó de expresarse con toda crudeza en el 2014. De apoyos históricamente sólidos, pasamos a disputar los apoyos coyunturales como única forma de ganar. Y eso no debería ser así.
La respuesta a esta catastrófica derrota no podía ser la clásica, examinar lo ocurrido solo en esta campaña en particular, pretensión además siempre teñida de intereses personales y que genera resistencia de los involucrados. Se requería mas bien de un análisis objetivo de ese proceso de desafección política que inició hace casi 30 años. Y esto es lo primero que debería hacerse, una autocrítica despersonalizada de lo que se ha venido haciendo mal. Sin esa comprensión de lo que ha venido pasando, no tendremos claridad de lo que tenemos que hacer. El Partido tiene los intelectuales necesarios para que en un tiempo perentorio elaboren y presenten un análisis que permita entender que ha venido pasando, y hacer algunas sugerencias a partirse la cuales se puede elaborar la estrategia política de los próximos años.
Pero mientras tanto, no es posible detener la acción política, sobre todo de cara a los próximos procesos electorales. Ante esta realidad el partido tiene que dar señales clara de su voluntad de rectificar y renovar. Lo primero debería ser aprobar una reforma al estatuto para incluir un principio de acción afirmativa para que en todas las estructuras organizativas y así como en las papeletas que se presenten al electorado a partir del 2016 se incluya una cuota mínima de jóvenes. Esta cuota no se sumaría a la de mujeres que ya se contempla, sino que puede incluir una combinación de ambos criterios. Esto es fundamental. El PLN se encuentra al borde de perder la batalla por los jóvenes. Sin jóvenes no hay futuro. Hay que abrir espacios ya no como una graciosa concesión, sino como un acto de supervivencia política.
Lo segundo, es encontrar alguna manera de renovar las asambleas cantonales en este año, para integrarlas cumpliendo el nuevo principio de participación de jóvenes, y de previo a la elección de los candidatos para las papeletas municipales (que también deberían conformarse de acuerdo a ese nuevo criterio de proporcionalidad). Es un paso dramático, pero necesario, y uno que solo un partido como Liberación Nacional, por su extensa organización territorial, puede dar. El nuevo Comité Ejecutivo debe explorar formas para efectuar este proceso de renovación, de manera que no sea costoso, pero con la convicción de que es imprescindible, después de esta debacle electoral, dar pasos inéditos en la práctica cotidiana. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, seguiremos obteniendo los mismos resultados.
Por último, es necesario revisar nuestra "forma política". Dejar de meter distancia con la gente, en el fondo y en la forma. El día de las elecciones, los principales candidatos iniciaron su día desayunando con sus familias. El candidato liberacionista, siguiendo lo que podríamos llamar "el protocolo liberacionista", desayunó con la prensa en un hotel. Lo han hecho todos nuestros candidatos y candidata y nos parece normal. Pero en pleno siglo XXI, con un ciudadano más crítico, pequeñas cosas como esas nos alejan de la gente. Nos tornamos inalcanzables, personas que viven una realidad diferente, que desayuna en tarimas de hotel mientras el resto de los mortales desayuna en su casa. Podría parecer que son cosas menores, pero no lo son en esta época en que los ciudadanos reclaman sencillez ahí donde nosotros hemos proyectado condescendencia. Nos hemos vuelto arrogantes con el poder y la gente nos lo ha cobrado. Es hora de volver a las raices de la vocación del servidor público de la que siempre nos hablaba don Jorge Manuel Dengo.
Algunos consideran que es necesario revisar nuestra ideas. Ese ha sido un ejercicio permanente. Si hay un partido que ha sabido adaptarse a los tiempos es el PLN. Salvo, desafortunadamente, en el tema de los derechos humanos. En este momento, nada definirá la naturaleza de nuestro partido como este tema. La disyuntiva entre ser un partido conservador y uno progresista se encuentra aquí, mas que en otros ámbitos. Tenemos que decidir que queremos ser y explicarle bien a la gente nuestra decisión. Lo que no podemos es seguir siendo ambiguos.
Llegó la hora de las definiciones. De hacer lo que se requiere, sin cálculos. De hacer política de cara a la ciudadanía, prescindiendo de quienes desde las sombras del poder han influenciado nuestra visión sin asumir ninguna responsabilidad. De estar dispuestos permanentemente al escrutinio. De retomar la vocación de servicio que es consustancial a nuestra acción pública. No es solo por el partido, sino por el país. Para devolverle a Costa Rica la fuerza reformadora que se necesita para desencadenar la fuerza de un país que lo tiene todo para alcanzar el desarrollo. Costa Rica necesita al PLN que creó el ICE, el Ministerio de Cultura y la Orquesta Sinfónica Nacional. Que nos dio el aguinaldo y el IMAS, así como el SINEM. El partido de Avancemos y la Red de Cuido, de la vivienda y la infraestructura. Que hizo de Costa Rica un país verde, líder mundial en temas ambientales. Costa Rica necesita, en suma, al partido que la hizo grande. No le fallemos.
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