La inevitabilidad de la política

Ayunos de una figura que pudiera enfrentar a Daniel Oduber , candidato por el PLN para las elecciones presidenciales de 1966, los dirigentes del mayor partido de oposición de esa época, el partido Unificación Nacional, decidieron apostar  por una persona sin ninguna experiencia política, un académico de la Universidad de Costa Rica.

Don José Joaquín Trejos Fernández era, al momento de ser postulado, profesor de matemática, y había ocupado cargos académicos en la UCR, pero no tenía ninguna experiencia práctica en política, ni había servido en cargo alguno de la administración pública.

Pese a esto, don José Joaquín fue electo Presidente y ejerció su cargo exitosamente, ordenando las finanzas públicas y logrando desarrollar importantes obras como la carretera a Limón, cuya ampliación por cierto sigue esperando el pueblo limonense.

La mención a don José Joaquín viene a cuento porque como se mencionó en el blog la semana pasada, parece haber un adelantamiento del calendario electoral, producto del desvanecimiento del actual gobierno. En una coyuntura como esta, ¿sería posible repetir la experiencia de 1966 en el 2016?. Y además, ¿sería conveniente hacerlo?

No hay duda que don José Joaquín era una persona excepcional. Así como no hay duda de que actualmente hay personas con calificaciones similares, no solo en la academia, sino en el ámbito privado. Eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el Estado costarricense. Y mucho.

Queda claro, después de la experiencia vivida con el actual gobierno, que quien vaya a conducir el país a partir del 2018, no puede ser alguien que llegue a aprender, que con gran candor admita que “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, apenas unos meses después de asumido el cargo. Ni alguien que crea que solo es suficiente un ejercicio de voluntad personal, de “voluntad política”, para hacer que las cosas sucedan. Eso es síntoma de una gran frivolidad. O peor aún, de una gran deshonestidad política.

La complejidad de la administración pública costarricense es un hecho objetivo, no una excusa. Un mínimo de conocimiento sobre ese monstruo de mil cabezas que es la institucionalidad estatal, es requisito indispensable para aspirar a la Presidencia de la República.  Ese conocimiento no puede ser solo académico, o estar desactualizado.

La Costa Rica del 2016 se asemeja poco a la Costa Rica de hace 20 años. Es más, la Costa Rica del 2016 es incluso bastante diferente a la Costa Rica del 2007, año en el que el referéndum sobre el TLC con EEUU nos permitió vislumbrar un país en el que subyace un nivel de polarización notable, que convierte el proceso político electoral en algo absolutamente  incierto, y que está ahí, amenazante, presta a manifestarse en circunstancias políticas que así lo propicien.

La conclusión es que la apuesta de 1966 no es repetible en el 2018.  Y no esta de mas recordarlo ahora que parece comenzar el ciclo electoral.

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Esta semana en Café Futbol, ¿cuales serían los mejores clubes para jugadores como Yeltsin Tejeda y Joel Campbell?, así como la salida de Javier Delgado de la LDA, son algunos de los temas comentados en la edición de esta semana por Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leo Pandolfi.

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Costa Rica debería poner mucha atención a lo que está pasando en los Estados Unidos. Las apuestas ciudadanas por los candidatos “no políticos” no son nuevas, aun cuando en el pasado normalmente no han terminado bien.  Pese a eso, una sociedad como la estadounidense, que fue capaz de elegir a un afroamericano a la Presidencia apenas 50 años después de que se les negaran derechos,  podría estar a las puertas de elegir como su presidente al que parece ser una versión anglosajona de Hugo Chavez. ¿Cómo es esto posible?

El sustrato “ideológico” del ascenso del populismo es la deslegitimación de la política. Indudablemente hay fundamento en las quejas constantes hacia la política y los políticos, pero la respuesta no puede ser la aspiración peregrina de sociedades sin política ni políticos. “La política es una actividad que se puede mejorar, pero, sobre todo, algo inevitable. Los populismos ignoran u ocultan esta inevitabilidad; extienden la desconfianza hacia los políticos como si fuera posible que de su actividad se hicieran cargo quienes no lo son o actuando como si no lo fueran”, dice el filósofo español Daniel Innerarity.  Se trata de un canto de sirena, capaz de hacer encallar a las democracias en el arrecife del autoritarismo y los conflictos sociales.

Para comprobar esto lo único que debemos es repasar el resultado de los experimentos populistas en países de nuestra región, cosa que hacemos condescendientemente, pensando que esto no es posible en un país como Costa Rica. Que es probablemente el mismo razonamiento que hacen actualmente millones de estadounidenses, los que bien podrían despertar el 9 de noviembre con Donald Trump como Presidente de su país.

La primera piedra y la ofensa de participar

El desvanecimiento paulatino del actual gobierno ha modificado los calendarios políticos en el país. De pronto, ni el 2016 ni el 2017 existen. Ahora toda la prospectiva política inicia en el 2018, de lo que se pueda hacer a partir del nuevo gobierno. Nadie parece lamentar el atraso que conlleva dar por perdidos cuatro años en el proceso de desarrollo de un país como el nuestro, pero la realidad es que la discusión política costarricense en las últimas semanas se ha centrado en lo que se debe hacer a partir del 2018, y no de lo que se pueda hacer en los restantes dos años que le quedan a este gobierno.

La idea que mas se ha discutido es la de conformar un gobierno de unidad nacional a partir del 2018. Ya desde el año pasado algunos grupos de diferentes partidos han venido discutiendo esta posibilidad. Y en las últimas semanas, el diputado Ottón Solís envió cartas a los presidentes de los partidos políticos de oposición, proponiendo formalmente un plan en esa dirección. Esto por cierto confirma que no solo la oposición tiró la toalla con el gobierno actual, sino incluso una buena parte del partido que llevó a Luis Guillermo Solís a la Presidencia.

Solís propone cinco temas sobre los que se construiría un acuerdo que oriente a un eventual gobierno de unidad nacional, Es innegable la importancia de los temas sugeridos, pero, y este es un error que se ha cometido ya en el pasado, queremos construir la catedral sin poner la primera piedra. Soñamos con llegar a la meta lejana sin dar el primer paso. Queremos resolver en tres o cuatro años problemas que vienen acumulándose desde hace treinta o cuarenta. Los costarricenses no tenemos la virtud de la constancia, pero ya es hora de que empecemos a creer nuevamente en la sabiduría de la gradualidad.

Nada de lo que se plantea será posible si no le devolvemos un nivel de certeza mínimo al proceso de formación de leyes en Costa Rica. Un proyecto de ley puede pasar décadas en la corriente legislativa, o su trámite puede ser paralizado indefinidamente por la acción de un solo diputado.  La mayoría, como elemento fundamental de la legitimidad democrática, ha dejado de ser válida en el Primer Poder de la República.

Así que cualquier acuerdo de unidad nacional debe incluir las reformas reglamentarias y legales necesarias para devolverle eficacia al trabajo legislativo. Es muy desafortunado que una reforma al reglamento interno de la Asamblea Legislativa no pueda ser materia de un referéndum a menos que 38 diputados así lo dispongan, porque este habría sido un mecanismo idóneo para superar el bloqueo al que los partidos minoritarios de seguro someterín a una iniciativa de este tipo.

Hay que dar ese primer paso. Como mínimo, los partidos políticos deberían comprometerse con un paquete muy puntual de reformas al reglamento legislativo. A ver si por fin ponemos la primera piedra de esa catedral con la que venimos soñando desde hace tiempo.

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Ya está el nuevo episodio de Café Fútbol. En este episodio Alvaro Gallardo, Alberto Alfaro y Leo Pandolfi comentan entre otros temas la salida de Jonathan McDonald de la Liga Deportiva Alajuelense, y  la convocatoria de la Copa América Centenario 2016 de la Seleccion Nacional De Costa Rica.

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Un director cinematográfico y cómico costarricense, dice sentirse ofendido por el rumor que lo sitúa como un posible candidato presidencial del Frente Amplio. Por otro lado, el 70% de los costarricenses dice no militar en ningún partido, según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, dato que además confirma un hallazgo que ya hace varios años había hecho el I Informe de Auditoría Ciudadana sobre la Calidad de la Democracia, en el que se decía que 7 de cada 10 costarricenses nunca ha participado en ninguna organización de ningún tipo, ni siquiera las que le atañen directamente, como la asociación de vecinos de su comunidad o la asociación de padres de familia de la escuela de sus hijos.

La molestia del director de cine es reveladora. Igual lo es esa reticencia a participar en organizaciones de interés colectivo que exhibe la abrumadora mayoría de los ticos. No es solo que no se quiere participar, si no que les “ofende” que se considere siquiera que puedan -o mas bien deban-, hacer un aporte más allá del ámbito de su interés individual.

Diversos estudiosos de la democracia han utilizado el concepto de “capital social” para denominar el nivel de colaboración que se puede encontrar en una sociedad determinada. Su estudio permite saber cuánto interesa lo que pasa más allá del entorno individual, y cuanto se está dispuesto a sacrificar por objetivos comunes. Y es importante porque aquellas sociedades con mayor capital social tenderán a ser más prósperas y estables, en tanto la conjunción de esfuerzos permite alcanzar metas de interés que están fuera del alcance de la acción individual.

Queda claro que Costa Rica enfrenta un déficit tan  pernicioso como el fiscal: el déficit de capital social. Si se abandona completamente el ámbito de lo colectivo como un problema de otras personas, estamos sembrando los vientos de individualismo egoísta, que nos llevarán a cosechar las tormentas de la inestabilidad política. A ver si ahí nos sigue “ofendiendo” que nos inviten a participar.

Alianzas perniciosas y lo que hay que hacer para las elecciones del 2018

¿Es intrínsicamente negativo que un gobierno actúe en consonancia con ciertos grupos específicos? ¿Es ilegítima de origen una alianza entre sindicatos del sector público y el Ejecutivo? No existe una respuesta única. Depende mucho de cada situación, pero sobre todo, depende de las consecuencias que esas alianzas tengan sobre el resto de la ciudadanía.

El ejercicio de gobernar exige un esfuerzo sistemático  y sostenido de diálogo con todos los sectores. Impone además la obligación de balancear los intereses particulares en aras del bienestar común. Esto es lo que pasa con el problema de las finanzas públicas, que tiene causas particulares claramente identificables en ámbitos de interés de grupos específicos, pero cuyas consecuencias afectan irrestrictamente a la colectividad.

En su expresión mas sencilla, la causa del problema fiscal se encuentra en un gasto público que crece a una tasa mayor a la que crecen los ingresos. Por supuesto que hay temas de eficiencia, pertinencia y oportunidad de ese gasto, pero las obligaciones existen y son inaplazables, por lo que es imperativo resolver este desbalance en el corto plazo.

Pero además, hay que resolverlo de manera sostenible. Por eso su discusión no puede eludir el tema de la tasa de crecimiento del gasto. Y dentro del gasto público, uno de los elementos que exhibe una de las tasas de crecimiento mas altas, es el gasto en salarios.


Por eso, cualquier solución sostenible al problema fiscal debe incluir el control del crecimiento del gasto en salarios. Lo que la Alianza opositora propone es razonable. Y en la respuesta del Gobierno a esta coyuntura, es donde podemos empezar a perfilar una respuesta a las preguntas iniciales de esta reflexión.

La reacción del gobierno ante los gestos de apertura del nuevo directorio legislativo ha sido vacilante, aunque esclarecedora. Primero el presidente Solís solicitó a la Asamblea que no aprobara ningún proyecto sin antes consultar con los sindicatos –como si el país no supiera de antemano cuál va a ser la respuesta-; luego rechazó los proyectos advirtiendo de un apocalipsis social si se aprobaba la “regla fiscal” propuesta por la oposición, pero su respuesta fue vaga y poco comprometida cuando la Alianza desistió de su proyecto para acoger el del Gobierno en este tema.

Cuando el presidente replica acríticamente los argumentos sindicales, y traslada a la Asamblea Legislativa la responsabilidad del diálogo social, no solo declina una de sus responsabilidades sustantivas, sino que desde ya anuncia de cuál lado está en ese debate. Y los sindicatos, empoderados y en consonancia con esta posición presidencial, se disponen a flexionar su músculo político para que no se produzcan cambios, es decir, para preservar intactos los elementos que hacen recurrente el problema fiscal.

Parece entonces que en este caso, la alianza gobierno-sindicatos, alianza basada en la defensa de intereses particulares –la de los funcionarios-, tendrá como resultado el desaprovechar una oportunidad propicia para avanzar en el tema fiscal. Desafortunadamente, la consecuencia de esto la terminaremos pagando todos.

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Recuerden escuchar el podcast de Café Futbol CR, producción de Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro

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No hay ninguna razón para creer que el comportamiento político de los costarricenses vuelva a resultar en la conformación de dos bloques políticos mayoritarios. Dicho de manera concreta, no parece posible que un partido político gane las elecciones del 2018, obteniendo además una mayoría en la Asamblea Legislativa.

Está claro que la Alianza que llevó a Antonio Alvarez Desanti a la Presidencia del Congreso es coyuntural, estimulada además por una fracción legislativa oficialista presa de sus propias divisiones y conflictos, y por un Ejecutivo ausente y desconcertado. Pero el ejercicio es valioso y los partidos que la suscribieron podrían realizar un ejercicio mas complejo, de cara las elecciones del 2018.

Para lograr esto, se puede replicar lo hecho este 1ero de mayo: un programa común, para mover temas que son fundamentales. Y tal vez el mas urgente sea el de devolverle al Gobierno su capacidad de gestión, atenazada por leyes obsoletas que parecen escritas en piedra, por un proceso de formación de leyes incierto, y que puede ser bloqueado con facilidad.

Este “pacto por la gobernabilidad” debería estar en la agenda de todos los partidos políticos, y guiar su acción política de aquí al 2018. Saber que para gobernar efectivamente se requerirá el concurso de la mayoría, y que ganar una elección presidencial sin mayoría legislativa significará muy poco. Que cada uno presente sus candidatos y exponga su programa de gobierno, pero que en todos haya un apartado en el que se comprometen de previo con este programa básico.

El país requiere de un acuerdo nacional mínimo, que permita iniciar el urgentísimo proceso de modernización del Estado. Los partidos políticos deberían empezar a trabajar en esto.

El discurso del presidente Solis ante la Asamblea Legislativa

El pasado 2 de mayo, el presidente presentó ante la Asamblea Legislativa su informe sobre el Estado de la Nación. Es una fecha relevante porque permite, entre otras cosas, cotejar la visión que el gobierno tiene, no solo del país, sino de su propio rol en el proceso de desarrollo costarricense.

¿Qué es lo que los costarricenses quieren oir en este discurso?. Difícil definirlo con precisión. Es por eso que este mensaje siempre genera polémica, porque siempre habrá personas que se sientan defraudadas por no escuchar lo que consideran importante.

Es mas fácil adivinar que es lo que NO quiere escuchar la ciudadanía. Una es la exaltación desproporcionada de hechos que se consideran comunes; otra, que se quiera convencerla de cosas que no son reales.

Por ejemplo, el presidente recuerda que a él lo “…llamó la historia para iniciar el cambio de un sistema político que ha mucho está requiriendo de reformas profundas…”. Aparte de lo que revela la frase respecto a la autoestima presidencial, los resultados de su gestión no permiten vislumbrar ni siquiera el inicio de ese proceso de reformas.

Este es un ejemplo de la tendencia a la sobrevaloración de resultados, en muchos casos nimios, que vienen de quien hace apenas 24 meses sostenía que el país se encontraba al borde del abismo. Es la misma persona que ahora sostiene que hoy, “…Costa Rica, como pocas veces en el pasado, está en posibilidad de dar un salto cualitativo hacia el desarrollo pleno en pocos años.” ¿Qué ha pasado en estos dos años para que hayamos pasado de la debacle apocalíptica, a estar al borde del desarrollo pleno?

Esa disonancia entre lo que el gobierno dice que está haciendo, y lo que la gente se da cuenta que en realidad está haciendo, es lo que explica que gran parte de la ciudadanía haya decidido pasar la página respecto a este gobierno. Y no se trata de una falla de estrategias de comunicación: no habrá estrategia que sirva cuando no hay hechos relevantes, que puedan ser ofrecidos como prueba del cambio prometido, o mas bien los resultados no son los mejores

Pero mas que el mensaje mismo, probablemente es aun mas revelador el debate que sigue al mensaje. Y no es lo que dice la oposición, que es absolutamente previsible, sino mas bien la defensa que hace el gobierno. Y aquí habría que hacer una precisión: hablamos de la defensa que hace el presidente de su gobierno, porque en este debate ha estado conspicuamente ausente su gabinete, ayuno de operadores políticos dispuestos a salir en defensa de la obra, aunque sea pequeña, de la administración de la que forman parte.

Descubrimos en este post-discurso, que para Solís, el gobierno “ya cumplió con proponer proyectos”, en este caso sobre la reforma fiscal. Al oir una cosa así, se comprende por qué la cosecha legislativa de esta administración ha sido mínima, en tanto el trabajo del Ejecutivo en la Asamblea apenas comienza con la presentación de los proyectos.

También quedó claro que, ante los constantes cuestionamientos acerca de la naturaleza del cambio prometido, el presidente ha tenido que decir las cosas que no quiso decir en la campaña, o desdecirse de algunas que dijo, que se han desmoronado frente a la ineluctable y aplastante lógica de una administración pública trabada con mandos medios empedrados (cosa que negó también en campaña como una excusa de políticos negligentes). Por eso, en la semana que debe rendirle cuentas al país, el presidente ha hecho un esfuerzo enorme por definir que NO es el cambio, ante la ausencia de elementos que le permitan definir lo que sí constituye ese cambio del que todavía se sigue hablando como algo eventual.

Y tercero, el presidente, ante las críticas constantes de presentar como propias obras que vienen de otros gobiernos, insiste que las obras no son de los presidentes o Presidenta, sino del pueblo. “La obra pública no “pertenece” a ninguna administración”, dijo Solís en su discurso. “Por lo tanto grave sería que uno u otro Gobierno pretendiera “apropiársela” como si esta hubiese sido edificada con recursos del propio peculio presidencial. Miro la gestión gubernamental… como un proceso en el que unas y otras administraciones formamos parte de un continuo definido por el mandato popular”, afirmó, con un dejo de exasperación, el presidente.

Pero es precisamente su gobierno el que ha intentado “apropiarse” de algunas obras como una forma de rebatir su propia inacción, especialmente en el campo de la infraestructura. Se repite constantemente una lista que ya nos es familiar: la ampliación de la ruta Cañas-Liberia, la carretera Chilamate-Vuelta de Kooper, la nueva carretera a San Carlos, la Terminal de Contenedores de Moín, la ruta 32 (proyecto que estuvo paralizado 2 años sin razón alguna), y algunas otras obras que Solís no quiere que los gobiernos que las iniciaron las reivindiquen, pero que no duda en hacerlo para el suyo.

Ciertamente, la gestión gubernamental es un continuo. El tema no debería ser si los gobiernos pueden o no reivindicar su trabajo y esfuerzo, si no mas bien identificar el aporte propio en ese continuo. Es ahí en donde el gobierno de Luis Guillermo Solís no ha podido, y no parece que pueda en lo que le
queda, hacer la tarea.
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Como todas las semanas, los invito a escuchar Café Futbol CR, podcast producido por Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro.

¿Se acaban los partidos políticos?, y la necesidad de ser sensible a las preocupaciones de la gente

En el marco de la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa, dos heterogéneos grupos de mujeres, el denominado “Bloque de Mujeres Parlamentarias” y el foro “Mujeres Políticas por Costa Rica”, demandaron, entre otras cosas, la elección de una mujer en la presidencia del directorio legislativo, así como una estricta paridad en los restantes puestos.

Más allá de la justeza de sus peticiones, la actuación de estos grupos evidencia un hecho relevante y repetido en las democracias contemporáneas: el desvanecimiento de los partidos políticos.

Como un desarrollo relativamente reciente de la historia política de la humanidad, los partidos políticos, en su encarnación más basica, deberían ser un instrumento para acceder al poder político, con la intención de concretar un visión ideológica particular.  

No es aventurado decir que desde finales del siglo XIX y en la mayor parte del siglo XX, la actividad política giró alrededor del enfrentamiento de visiones contrapuestas, normalmente relacionadas al papel del estado en las sociedades, conflicto que se canalizaba en la disputa partidista y en los procesos electorales que otorgaban acceso al poder político.

Pero de un tiempo para acá, y por razones diversas, relacionadas sobre todo con el economicismo que domina ahora la discusión política contemporánea, los partidos vienen a la baja. Es un fenómeno global, del que Costa Rica no escapa,  que afecta la afiliación partidaria, en un contexto en el que además se sataniza cualquier participación en organizaciones de este tipo.

Las peticiones del “Bloque” y el de las “Mujeres políticas” refuerzan la sensación de ese desdibujamiento de las fronteras ideológicas que los partidos políticos se supone deberían tener. Esto no es bueno ni malo per se, pero denota una reacomodo político de consecuencias impredecibles. Si el elemento unificador en el pasado era la ideología, pareciera que las causas “transversales” podrían ocupar ese espacio en el futuro, en organizaciones sustancialmente diferentes a las actuales. 

Vivimos sin duda una época de profundos cambios en el ámbito político. Ojalá que sea para el reforzamiento de un proyecto común y no el inicio de una época de desintegración social, que nos lleve a vivir en los archipiélagos del interés individual. Como país, es lo peor que nos puede pasar. 

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Los invito a escuchar la edición de esta semana de Café Futbol CR, espacio de análisis y comentarios producido por Alvaro Gallardo y Alberto Alfaro

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Como era previsible, la política de “liberación” de privados de libertad que ha venido implementando el Ministerio de Justicia ha provocado una reacción de recelo y dudas. La discusión es compleja, porque trata de un tema que desafortunadamente volvió a ser relevante para la población, que es el de la inseguridad ciudadana.

Es importante recordar que en el año 2015 se presentó la tasa de homicidios mas alta de la historia. La inseguridad, relegada desde el 2013 como preocupación ciudadana, volvió a aparecer en las encuestas como uno de los problemas principales en el país. No es un dato irrelevante, por mas que se pueda explicar las causas del aumento de los homicidios, y pese a que se mantiene la tendencia a la disminución en la incidencia de otros delitos.

Es en este contexto en el que el Ministerio de Justicia, en acatamiento de una orden de la Sala Constitucional que le pide atenuar el problema del hacinamiento carcelario, inicia la política de “liberación” de privados de libertad. Hay criterios para la selección de los beneficiarios y no se trata de una liberación sin condiciones: deben tener  un entorno familiar que los acoja, contar con una oferta de trabajo y la obligación en algunos casos de pasar algunos días de la semana en un centro penal.

La iniciativa parece estar bien fundamentada, pero se concreta en un momento que requiere una aproximación cuidadosa. La renovada preocupación de la gente respecto a la inseguridad y a los niveles de violencia  no debe ser tomada a la ligera. 

Tampoco deben desestimarse los cuestionamiento de algunos diputados, simplemente porque se consideren políticamente motivados. La respuesta de las autoridades de Justicia debe ser explicar incesantemente, las veces que se requiera, en los espacios que sean necesarios.

Por eso llama la atención la actuación del Viceministro de Justicia, que para defender esta política haya optado por la ironía y la mención insistente de los reconocimientos internacionales que han obtenido, como una forma de desestimar las críticas que ha generado la política. El tono condescendiente que transpiran esos comentarios no aporta nada a una discusión delicada, que requiere de un gran esfuerzo didáctico, pero sobre todo una gran sensibilidad a las preocupaciones –válidas- de una ciudadanía que se siente amenazada.

Los funcionarios en general, pero sobre todo los jerarcas de la administración pública, no pueden desestimar las preocupaciones de la ciudadanía como producto de la falta de rigor intelectual o como resultado de una cobertura de medios malintencionada. Esto a veces puede requerir de un esfuerzo de madurez importante, pero es ineludible. La gente puede estar equivocada, pero la respuesta no puede ser la ironía y la condescendencia intelectual.