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martes, 4 de febrero de 2014

El país que tenemos

En este período en el que se discuten -o al menos eso quisiéramos-, temas trascendentales para el futuro de nuestro país, deberíamos exigir que ese debate se lleve a cabo con el máximo rigor posible. Una premisa básica, para definir el país que queremos, es partir del país que en realidad tenemos.

Los procesos que conducen al desarrollo son complejos y de largo aliento. Para alcanzar niveles de bienestar generalizados, sostenibles y con equidad, requerimos diseñar políticas públicas que partan no solo de los objetivos que se trazan a futuro, sino además de una justa valoración de lo alcanzado. En ese balance en el análisis se encuentra la posibilidad de diseñar estrategias de desarrollo apropiadas y realistas.

¿Cuál es la Costa Rica de hoy? La pregunta no es retórica, pues de la caracterización que hagamos dependerá mucho la forma en la que debemos acometer las tareas del desarrollo. Partimos de la noción indisputable de que tenemos retos y carencias, que falta mucho por avanzar, sobre todo en materia de equidad. Pero sería irracional aceptar que el país es lo que algunos dicen que es: un resonante fracaso colectivo, una sociedad desgarrada en donde campea la pobreza, la inseguridad, el desaliento y el conflicto social.

La Costa Rica del 2014 no es, ni por asomo, la que los heraldos del apocalipsis dicen que es. Se entiende que algunos quieran crear tal sentimiento de desánimo que el electorado crea que cualquier opción da igual y por lo tanto se puede elegir a cualquiera, pero la verdad es otra. No se trata de juzgar la labor de Gobierno, sino de valorar en su justa perspectiva lo que hemos alcanzado como país, requisito fundamental para definir que es lo que queremos.

Lo cierto es, que, como dice el Decimonoveno Informe sobre el Estado de la Nación, en los últimos años “hubo progresos en la contención de la violencia social y mejoras importantes en los indicadores educativos y de salud”. Los avances en materia de seguridad ciudadana  ha hecho que el tema, de urgente preeminencia en la campaña del 2010, haya desaparecido del debate en la campaña del 2014. No podía ser de otra forma después que los asaltos se redujeran de 7,166 en el 2006 a 5,912 en el 2012, los robos a casa y locales comerciales de 19,778 en el 2006 a 16,377 en el 2012, y la tasa de homicidios se redujera dramáticamente de 11.5 por cada 100,000 habitantes, a 8,8 en el período del 2010 al 2012.

En el campo social, en el año 2012 la pobreza, medida por insuficiencia de ingresos, se redujo un 1%, la primera reducción en un quinquenio, y como parte de una reducción de 7% desde 1990. Pero cuando se mide  la pobreza por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, que refleja la eficacia de los programas sociales públicos, el Estado de la Nación, con base en el censo 2011, estima que el porcentaje de hogares con una o mas necesidades básicas insatisfechas se redujo de 36,1% en el año 2000 a 24,6% al momento del censo. Un 46% de los distritos del país experimentó mejoras en este indicador en esos 10 años, y solo un 1,3% un descenso.

Todo esto como resultado de un esfuerzo enorme que se ha venido haciendo desde el 2006 para aumentar la inversión social, desde un 16,8% del PIB en el 2006, al 23% en el año 2012, pese un déficit fiscal que habría llevado a otros precisamente a cortar esta inversión en aras de un equilibrio que ha probado ser letal para los mas necesitados en todo el mundo. Y esto en un entorno de inflación controlada, la menor en los últimos 36 años según la CEPAL.

Igualmente la inversión educación ha venido elevándose paulatinamente, pasando de un 5% del PIB en el 2006 a un 7,2% en el 2012. No es casualidad por ejemplo que el porcentaje de repitentes en educación tradicional haya disminuido de 9,6% en el 2006 a 7,3% en el 2012, o que la deserción intranual en secundaria haya disminuido de 13,2% en el 2006 a 11,1 en el 2011. Agréguese el aumento de la inversión en programas de salud, de 4,9% del PIB en el 2006 a 6,8% en el 2012, lo que ha generado que el año pasado el país redujera la tasa de mortalidad infantil, entre otros indicadores, a su nivel mas bajo de la historia, uno que nos sitúa al nivel de países desarrollados.

Ni hablar del desempeño del país en materia de exportaciones, de atracción de inversiones y de incremento del numero de turistas que nos visitan, actividades en la que el crecimiento ha sido sostenido desde el 2006.

Y no son solo los indicadores nacionales los que muestran que este país está muy lejos de ser el desastre que algunos quieren pintar. Desde afuera nos miran con admiración y resaltan una y otra vez nuestros logros. El Foro Económico Mundial califica al sistema educativo costarricense como el primero de Latinoamérica; además somos primeros en el Índice Global de Innovación de la Universidad de Cornell, en el Índice de Progreso Social del Social Progress Imperative, y en el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale.

Consistentemente, para desesperación de los apóstoles del pesimismo, el país se sitúa en los primerísimos lugares de mediciones alternativas de bienestar, lo que ha llevado que se considere a Costa Rica como uno de los países mas felices del mundo, dato ratificado por una encuesta de la UCR el año pasado, en la que 9 de cada 10 costarricenses se declaraba feliz. Esto en una sociedad que es primera en el Índice de Libertad de Prensa según la organización Reporteros sin Fronteras y cuarta en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Para definir políticas de desarrollo no debemos permitir que nos confundan. Para ser exitosos, debemos partir de la valoración precisa de lo que hemos alcanzado. Porque si el debate se basa en un país que no existe, podemos terminar con un país que no queremos.


sábado, 12 de septiembre de 2009

El presupuesto para el 2010

Hace algunos días comparecí ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para intercambiar información con los diputados y diputadas acerca del presupuesto ordinario para el año 2010. Quisimos resaltar algunos datos que nos parecen relevantes, de los recursos asignados a algunas áreas, los que comparto ahora con ustedes.

Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública cuenta para el próximo año con un presupuesto de ¢1.266.077,0 millones. Este monto representa 6,9% (7,25% si se incluye el INA), del Producto Interno Bruto (PIB), proyectado para el 2010 por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Para el pago de remuneraciones al personal del MEP, las que en su gran mayoría fueron objeto de una revaloración importante en este Gobierno, se presupuestaron ¢118.448,4 millones. Con estos recursos además se podrán crear de 2.664 plazas con un costo de ¢22.420,9 millones, para cubrir las siguientes necesidades: ampliación de cobertura en Preescolar; apertura de escuelas ubicadas en zonas rurales dispersas y comunidades indígenas; fortalecimiento escolar en lecciones de artes, música y educación física; entre otros. Asimismo, se prevé un aumento de becas a estudiantes de primaria y servicio de alimentación complementaria.

El Ministerio de Seguridad Pública por su parte recibirá ¢133.869,0 millones, ¢5.564,5 millones de los cuales se utilizarán para la creación de 700 plazas de clase policial. Además se presupuestó un monto de ¢8.483,3 millones para mejorar la situación salarial de los policías. Se utilizarán ¢1.541,0 millones provenientes del Impuesto al Banano, al fortalecimiento de la protección ciudadana en las zonas bananeras, y para dotarlas de equipo; asimismo ¢1.032,5 millones financiarán las construcciones de las comandancias de Heredia y Cartago.

Por su parte el Ministerio de Obras Públicas y Transportes contará con un presupuesto de ¢234.129,0 millones, 72,4% corresponden a transferencias a favor de Órganos Desconcentrados, de Instituciones Descentralizadas no empresariales, de Empresas Públicas no Financieras, y de Organismos Internacionales, tales como CONAVI que recibirá ¢69.717,5 millones, lo que permitirá no solo ejecutar nuevas obras de infraestructura vial sino además proveer mantenimiento a las existentes.

Y para asegurar la calidad de estos trabajos, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANAMME) recibirá ¢ 3.205,4 millones. Asimismo, los Gobiernos Locales, que han recibido en este Gobierno recursos sin precedentes, contarán con ¢23.239,1 millones para realizar las obras comunales que vendrían a complementar los 621 proyectos en marcha financiados con los fondos solidarios entregados el año anterior.

El Ministerio de Cultura y Juventud recibirá ¢28.734,0 millones, monto que representa el 0,6% del Presupuesto del Gobierno Central para el 2010, cifra a todas luces insuficiente, pero que representa un aumento sustancial respecto a lo que se había venido destinando en gobiernos pasados. De este presupuesto ¢19.082,4 millones se utilizarán para transferencias a entidades que desarrollarán obras de interés social, como conservación de la cultura y la mejora de infraestructura, así como ¢1.011,1 millones para la mejora de las edificaciones tanto del ministerio como las declaradas patrimonio costarricense.

En el ámbito de la Salud se asignaron ¢ 130.691,0 millones para atender los programas de fortalecimiento de las condiciones de salud de la población infantil y adolescente, para los servicios de alimentación, nutrición y atención integral de poblaciones en estado de pobreza, así como la promoción y protección para un mayor bienestar y calidad de vida de la población.
Asimismo se presupuestaron ¢5.133 millones al Instituto de Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA), para gastos operativos, y para el funcionamiento del Centro Nacional de Atención Integral en Adiciones para menores de edad, así como para los programas de difusión, educación y prevención en el ámbito de tratamiento y rehabilitación. Se destinarán ¢53.528,2 millones para Regímenes Especiales de Pensiones, que benefician principalmente a adultos mayores en condición de pobreza.

Estos son algunos ejemplos que sirven para ilustrar el compromiso del Gobierno con las políticas sociales, sobre todo aquellas dirigidas a asistir a quienes menos tienen. Adicionalmente la inversión pública contenida en el presupuesto es parte de las políticas anticíclicas que se han venido ejecutando para contrarrestar de alguna manera una crisis económica sin precedentes en las últimas décadas. Esperamos que la discusión del proyecto de presupuesto incluya la valoración de estas premisas, y una contextualización imprescindible para realizar un análisis riguroso.