Es común que los medios de comunicación acudan a especialistas para complementar informaciones relevantes. Estos profesionales se han convertido en referente para un sector nada despreciable de la población, por lo que es importante saber separar el grano de la paja. En este caso el uso de esta metáfora es intencional, y además debe ser tomada literalmente.
Hay algunas premisas para juzgar la calidad del análisis que nos brindan estos expertos -aunque hay algunos que en realidad no lo son-. Primero, la objetividad, en las Ciencias Sociales sobre todo, no es posible. La visión que una persona tiene sobre un acontecimiento está permeada de una subjetividad que no es posible eliminar. Esto por supuesto no invalida ninguna opinión, siempre y cuando la gente sepa con claridad quién es el analista, conozca sus antecedentes, filiación política y su formación académica. Y el analista igualmente debe estar consciente de ese sesgo natural, de manera que haga un esfuerzo consciente de tratar de equilibrar lo que dice, o advertir cuándo está dando una opinión.
¿Qué debemos esperar de un analista? Desde mi perspectiva, necesitamos que se contextualice adecuadamente la noticia que se está comentando, lo que significa en muchos casos la utilización de antecedentes históricos, la explicación de conceptos básicos y la identificación de actores relevantes. Además necesitamos toda la información complementaria necesaria que nos permita una comprensión más integral de lo sucedido. De igual utilidad resultaría la prospección de escenarios, un pronóstico educado y fundamentado a partir de los hechos presentados, que nos permita vislumbrar posibles cursos de acción. Finalmente puede ser importante la opinión del consultado, sobre todo si nos revela una percepción que podemos confrontar con nuestras propias creencias.
¿Qué es lo que NO queremos de un analista? Que solamente nos de su opinión. Peor aun, que esa opinión no sea más que una elaboración sofisticada de prejuicios y opiniones comunes, las mismas que oimos en el taxi, en la esquina y en los buses, porque si de eso se tratara preferiríamos quedarnos con las fuentes originales de esas opiniones, es decir, con la de los taxistas, chanceros y las personas que conversan a gritos en el bus.Tampoco queremos que se limite a utilizar el sentido común sin hacer el esfuerzo de informarse para tratar de aportarnos elementos inéditos. Ni que trate de disfrazar deseos ocultos en la definición de escenarios posibles. El ejemplo más claro de esta práctica siempre lo vemos en las interpretaciones que se le hacen a las encuestas, sobre todo las que hablan de intención de voto. Apenas unos días antes de la elección presidencial del 2010, algunos analistas insistían, apelando a una lectura parcial, poco rigurosa e interesada de las encuestas, que habría una segunda ronda. Ya sabemos lo que pasó.
Pero hay otra práctica, que hemos visto sobre todo en los últimos tiempos en "analistas" que aparecen con inusitada frecuencia en varios medios, que es probablemente la mas perjudicial de todas. Es la de utilizar crudamente los espacios que les brindan para promoverse, presentando como análisis objetivo lo que a veces es una no muy bien disimulada apología de ciertos personajes. Quienes incurren en esta práctica no son en realidad analistas, sino propagandistas solapados de partidos políticos y personas. Hay gente, ya lo sabemos, que su único mérito en la vida es una capacidad inagotable de adulación, lo que tratan de encubrir tratando de presentar la "pasada de brocha" como un ejercicio intelectual. Afortunadamente a estos "analistas" -mas bien cortesanos- se les notan rápidamente las carencias. Pero eso no significa que no debamos estar alertas.
Lo importante, finalmente, es buscar siempre otras opiniones, informarse y con eso se pueda construir un criterio propio. Los analistas pueden ayudarle, pero no son infalibles y, como se mencionó, en algunos casos hay intereses de por medio. Por eso es importante que no dependa de solo eso
miércoles, 15 de diciembre de 2010
miércoles, 1 de diciembre de 2010
La verdadera inseguridad jurídica
A raíz del fallo de Crucitas algunas personas han afirmado que el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Administrativo genera inseguridad jurídica para las empresas. Y por otro lado, algunos sostienen que la inseguridad jurídica la crean los funcionarios públicos que actúan en contra de lo establecido en las leyes. Esta es una de esas rarísimas ocasiones en las que todo el mundo tiene razón y todo el mundo está parcialmente equivocado (al menos por omisión).
En principio no puede haber inseguridad jurídica ahí donde se aplica la ley o se corrige una aplicación incorrecta de la ley. Pero por un momento pongámonos en la posición de Industrias Infinito. Hace casi 8 años esta empresa solicitó y obtuvo una concesión para desarrollar aquí su actividad. Para esto simplemente cumplió –o creyó cumplir- con los requisitos establecidos por las instancias correspondientes y las leyes vigentes (o al menos la interpretación que de esas leyes hicieron quienes aprueban este tipo de concesiones). Lo que pasa de la ventanilla en donde hace la solicitud hacia adentro es absolutamente invisible para ella. La empresa parte de una realidad simple: se apersona a las instancias oficiales, hace la solicitud y esa solicitud es respondida con una autorización o con un rechazo. En el momento en que se aprueba la concesión la empresa comienza a operar dentro de una realidad concreta: se tiene un permiso otorgado por una autoridad competente. Lo demás es invisible, no debería ser de otra manera para quienes solicitan este tipo de permiso. Eso es seguridad jurídica.
Hasta este momento la empresa tiene una expectativa basada en hechos aparentemente indisputables. Pero resulta que a la vuelta de… ¡7 años! nada de lo que tenía era real. Esto significa, ni mas ni menos, que aun cuando se tenga un permiso, el mismo siempre será provisional. Esto genera un hecho concreto que es efectivamente un elemento negativo para la inversión extranjera. Y por supuesto que no queremos todo tipo de inversión extranjera en el país, pero la que aceptemos debe contar con un mínimo de seguridad que la proteja.
Pero por otro lado, es cierto que una actuación incorrecta (ojo, incorrecta no siempre equivale a corrupta) de los funcionarios puede ser el origen de esta situación de inseguridad. Y aquí mas bien son los tribunales los que nos devuelven la seguridad jurídica. Sin embargo es importante mencionar que muchas veces algunos permisos que después son cuestionados son concedidos teniendo en cuenta criterios que quienes no forman parte de la administración pública no conocen (y deberían conocer para juzgar de mejor manera la actuación de los funcionarios). Porque partimos por supuesto de la premisa que las simplificaciones burdas que afirman que un permiso siempre se concede porque hay algún grado de corrupción es absurda, a menos por supuesto que uno escoja consciente y malintencionadamente creer en eso como praxis política.
Lo cierto es que muchas veces se autoriza la operación de ciertas empresas porque se considera que podría ser beneficioso para un sector de la población, una región o una actividad económica. Puede que para el ojo externo las razones no sean atendibles o parezcan poco fundamentadas, lo que no significa por supuesto que haya corrupción como un hecho irrefutable. Pero para hacer estas cosas el funcionario público se enfrenta a su propia inseguridad jurídica, la de un marco legal que regula su actuación que es prolífico, contradictorio, omiso, ambiguo, que no le brinda las bases necesarias para una actuación certera. Entonces con frecuencia la actuación de un funcionario público está determinada por lo que quiere alcanzar; su interpretación de ese marco legal dependerá de lo que perciba como resultado favorable, y ahí es donde comienzan los problemas, tanto como cuando se quiere aprobar o como cuando se quiere rechazar una solicitud.
Las personas que tienen responsabilidades en la administración pública se enfrentan diariamente a ese dilema de querer hacer cosas, de generar impactos positivos y la existencia de un marco legal que no siempre permite hacer eso con seguridad. Cualquier discusión sobre un tema como el fallo de Crucitas –así como cualquier otro que involucre la concesión de permisos a empresas privadas-, debe incluir esta dimensión. Porque solo de esta manera podemos empezar a afinar ese ordenamiento jurídico que genera este tipo de cosas. Si no, nunca llegaremos al estado de certeza jurídica necesaria para que no enfrentemos mas situaciones como estas en el futuro, que es lo que asumo es a lo que todos finalmente aspiramos.
En principio no puede haber inseguridad jurídica ahí donde se aplica la ley o se corrige una aplicación incorrecta de la ley. Pero por un momento pongámonos en la posición de Industrias Infinito. Hace casi 8 años esta empresa solicitó y obtuvo una concesión para desarrollar aquí su actividad. Para esto simplemente cumplió –o creyó cumplir- con los requisitos establecidos por las instancias correspondientes y las leyes vigentes (o al menos la interpretación que de esas leyes hicieron quienes aprueban este tipo de concesiones). Lo que pasa de la ventanilla en donde hace la solicitud hacia adentro es absolutamente invisible para ella. La empresa parte de una realidad simple: se apersona a las instancias oficiales, hace la solicitud y esa solicitud es respondida con una autorización o con un rechazo. En el momento en que se aprueba la concesión la empresa comienza a operar dentro de una realidad concreta: se tiene un permiso otorgado por una autoridad competente. Lo demás es invisible, no debería ser de otra manera para quienes solicitan este tipo de permiso. Eso es seguridad jurídica.
Hasta este momento la empresa tiene una expectativa basada en hechos aparentemente indisputables. Pero resulta que a la vuelta de… ¡7 años! nada de lo que tenía era real. Esto significa, ni mas ni menos, que aun cuando se tenga un permiso, el mismo siempre será provisional. Esto genera un hecho concreto que es efectivamente un elemento negativo para la inversión extranjera. Y por supuesto que no queremos todo tipo de inversión extranjera en el país, pero la que aceptemos debe contar con un mínimo de seguridad que la proteja.
Pero por otro lado, es cierto que una actuación incorrecta (ojo, incorrecta no siempre equivale a corrupta) de los funcionarios puede ser el origen de esta situación de inseguridad. Y aquí mas bien son los tribunales los que nos devuelven la seguridad jurídica. Sin embargo es importante mencionar que muchas veces algunos permisos que después son cuestionados son concedidos teniendo en cuenta criterios que quienes no forman parte de la administración pública no conocen (y deberían conocer para juzgar de mejor manera la actuación de los funcionarios). Porque partimos por supuesto de la premisa que las simplificaciones burdas que afirman que un permiso siempre se concede porque hay algún grado de corrupción es absurda, a menos por supuesto que uno escoja consciente y malintencionadamente creer en eso como praxis política.
Lo cierto es que muchas veces se autoriza la operación de ciertas empresas porque se considera que podría ser beneficioso para un sector de la población, una región o una actividad económica. Puede que para el ojo externo las razones no sean atendibles o parezcan poco fundamentadas, lo que no significa por supuesto que haya corrupción como un hecho irrefutable. Pero para hacer estas cosas el funcionario público se enfrenta a su propia inseguridad jurídica, la de un marco legal que regula su actuación que es prolífico, contradictorio, omiso, ambiguo, que no le brinda las bases necesarias para una actuación certera. Entonces con frecuencia la actuación de un funcionario público está determinada por lo que quiere alcanzar; su interpretación de ese marco legal dependerá de lo que perciba como resultado favorable, y ahí es donde comienzan los problemas, tanto como cuando se quiere aprobar o como cuando se quiere rechazar una solicitud.
Las personas que tienen responsabilidades en la administración pública se enfrentan diariamente a ese dilema de querer hacer cosas, de generar impactos positivos y la existencia de un marco legal que no siempre permite hacer eso con seguridad. Cualquier discusión sobre un tema como el fallo de Crucitas –así como cualquier otro que involucre la concesión de permisos a empresas privadas-, debe incluir esta dimensión. Porque solo de esta manera podemos empezar a afinar ese ordenamiento jurídico que genera este tipo de cosas. Si no, nunca llegaremos al estado de certeza jurídica necesaria para que no enfrentemos mas situaciones como estas en el futuro, que es lo que asumo es a lo que todos finalmente aspiramos.
viernes, 26 de noviembre de 2010
Sobre el fallo de Crucitas, por don Oscar Arias
UNA BREVE REFLEXIÓN SOBRE EL FALLO DE CRUCITAS
by Óscar Arias Sánchez
Hace 25 años, no existía la posibilidad de que un ciudadano común iniciara un blog un día cualquiera, y ese blog fuera más leído que un periódico o una revista. No existía la posibilidad de crear un grupo de Facebook y convocar, en cuestión de semanas, a tres millones de personas a manifestarse en torno a una propuesta. No existía la posibilidad de convertir un video casero en un fenómeno de sensación mundial.
Era la época en la que los políticos dependíamos de los medios de comunicación para transmitir nuestros pensamientos o nuestras opiniones, razón por la cual dependíamos de lo que ellos nos quisieran publicar, cuándo lo quisieran publicar y, en la mayoría de los casos, que no quisieran publicarlo.
Esa época ya pasó. Hoy, en cambio, es el mundo en que Wikipedia prácticamente ha desplazado a las enciclopedias, que durante siglos dictaron la palabra oficial del pensamiento. Éste es el mundo en que cualquier persona puede seguir gratuitamente los cursos de Física o de Cálculo del MIT, la más prestigiosa universidad tecnológica del planeta, sin moverse de la sala de su casa. Nunca antes las personas normales, las que no son Presidentes ni Generales ni Gerentes ni Directores, habían tenido tanto poder. Ahora podemos decir lo que pensamos a través de Facebook sin que nadie nos edite, o haga su propia interpretación de lo que queremos decir, y a la vez, en tiempo real podemos saber los que nuestros amigos opinan. Es por eso, que es a ustedes, mis amigos y amigas de Facebook, a quienes les quiero decir lo que pienso del fallo sobre Crucitas.
A lo largo de mi vida pública siempre he respetado las decisiones de las diferentes instancias judiciales en nuestro país. Como lo he manifestado reiteradamente, en una democracia donde existe un Poder Judicial independiente, las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan. Sin embargo, como ustedes saben, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió en contra de la sentencia de la Sala Constitucional que había declarado la constitucionalidad y legalidad del decreto de conveniencia nacional que emitimos durante mi Gobierno. Creo que lo más aconsejable en este momento es, con mucha calma y serenidad, y ante las manifestaciones de la empresa afectada de llevar este caso a conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que esperemos que sea esa instancia la que en definitiva resuelva, ojalá que en el menor plazo posible, la divergencia de criterios entre los fallos emitidos por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.
El desarrollo de los pueblos depende del monto de la inversión, tanto nacional como pública, tanto privada como extranjera. En América Latina la inversión extranjera per cápita más elevada la tiene Chile, y es precisamente esa inversión la que le ha permitido convertirse en el país más desarrollado de Latinoamérica. Costa Rica, desde hace muchos años, ha seguido los pasos de Chile creando reglas del juego claras que atraigan dicha inversión.
En toda democracia, los ciudadanos deben saber a qué atenerse en sus relaciones con el Estado. Deben confiar en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Deben tener una expectativa razonablemente fundada sobre cuál será la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Es decir, deben ser capaces de anticipar cuáles serán las consecuencias jurídicas de su propio comportamiento. Como dicen los ingleses, “legal security means protection of confidence”.
La seguridad jurídica significa la protección de la confianza, esto es “un saber a qué atenerse”. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. El bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Protegerla empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial.
Finalmente, mis queridos amigos y amigas, con respecto a mí, como he dicho en otras ocasiones, el que nada debe nada teme.
by Óscar Arias Sánchez
Hace 25 años, no existía la posibilidad de que un ciudadano común iniciara un blog un día cualquiera, y ese blog fuera más leído que un periódico o una revista. No existía la posibilidad de crear un grupo de Facebook y convocar, en cuestión de semanas, a tres millones de personas a manifestarse en torno a una propuesta. No existía la posibilidad de convertir un video casero en un fenómeno de sensación mundial.
Era la época en la que los políticos dependíamos de los medios de comunicación para transmitir nuestros pensamientos o nuestras opiniones, razón por la cual dependíamos de lo que ellos nos quisieran publicar, cuándo lo quisieran publicar y, en la mayoría de los casos, que no quisieran publicarlo.
Esa época ya pasó. Hoy, en cambio, es el mundo en que Wikipedia prácticamente ha desplazado a las enciclopedias, que durante siglos dictaron la palabra oficial del pensamiento. Éste es el mundo en que cualquier persona puede seguir gratuitamente los cursos de Física o de Cálculo del MIT, la más prestigiosa universidad tecnológica del planeta, sin moverse de la sala de su casa. Nunca antes las personas normales, las que no son Presidentes ni Generales ni Gerentes ni Directores, habían tenido tanto poder. Ahora podemos decir lo que pensamos a través de Facebook sin que nadie nos edite, o haga su propia interpretación de lo que queremos decir, y a la vez, en tiempo real podemos saber los que nuestros amigos opinan. Es por eso, que es a ustedes, mis amigos y amigas de Facebook, a quienes les quiero decir lo que pienso del fallo sobre Crucitas.
A lo largo de mi vida pública siempre he respetado las decisiones de las diferentes instancias judiciales en nuestro país. Como lo he manifestado reiteradamente, en una democracia donde existe un Poder Judicial independiente, las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan. Sin embargo, como ustedes saben, el Tribunal Contencioso Administrativo resolvió en contra de la sentencia de la Sala Constitucional que había declarado la constitucionalidad y legalidad del decreto de conveniencia nacional que emitimos durante mi Gobierno. Creo que lo más aconsejable en este momento es, con mucha calma y serenidad, y ante las manifestaciones de la empresa afectada de llevar este caso a conocimiento de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que esperemos que sea esa instancia la que en definitiva resuelva, ojalá que en el menor plazo posible, la divergencia de criterios entre los fallos emitidos por la Sala Constitucional y el Tribunal Contencioso Administrativo.
El desarrollo de los pueblos depende del monto de la inversión, tanto nacional como pública, tanto privada como extranjera. En América Latina la inversión extranjera per cápita más elevada la tiene Chile, y es precisamente esa inversión la que le ha permitido convertirse en el país más desarrollado de Latinoamérica. Costa Rica, desde hace muchos años, ha seguido los pasos de Chile creando reglas del juego claras que atraigan dicha inversión.
En toda democracia, los ciudadanos deben saber a qué atenerse en sus relaciones con el Estado. Deben confiar en la observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes. Deben tener una expectativa razonablemente fundada sobre cuál será la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Es decir, deben ser capaces de anticipar cuáles serán las consecuencias jurídicas de su propio comportamiento. Como dicen los ingleses, “legal security means protection of confidence”.
La seguridad jurídica significa la protección de la confianza, esto es “un saber a qué atenerse”. Nuestro país, tan admirado por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo. El bien primordial de un mundo globalizado es la confianza. Protegerla empieza por el Gobierno y por el Congreso, pero pasa, sin duda, por el Poder Judicial.
Finalmente, mis queridos amigos y amigas, con respecto a mí, como he dicho en otras ocasiones, el que nada debe nada teme.
lunes, 15 de noviembre de 2010
Proteger el derecho a disentir
Quiero escribir sobre varios temas que ando desde hace días entre pecho y espalda, pero por ahora voy a hacer una rápida reflexión sobre el conflicto en la frontera. A ver si reactivo este abandonado blog!
Es evidente que lo que pasa en Isla Calero es inaceptable y debe llenarnos de indignación. Pero a partir de este punto, si algo deberíamos haber aprendido después de 60 años sin ejército, nuestra actitud debe ser de una inclaudicable convicción en la capacidad de la institucionalidad internacional para resolver nuestros diferendos con otros países. Esto significa no dejarnos arrastrar por las proclamas incendiarias e irresponsables de algunos que azuzan el fuego de la intolerancia sin comprender con toda amplitud las consecuencias funestas que un desbordamiento de pasiones podría tener en nuestro país. Ponemos a prueba en este momento esa imagen que hemos forjado de nosotros mismos: pacifistas, tolerantes, democráticos; la indignación no puede terminar concretándose en cosas a las que siempre, al menos eso decimos, nos hemos opuesto: la violencia, la intolerancia, la xenofobia disfrazada de un patrioterismo -que no patriotismo-, que la historia nos muestra una y otra vez ha tenido implicaciones dolorosas para los países.
Además de la defensa de nuestro territorio nos enfrentamos hoy a dilemas que pueden reafirmar un conjunto de valores o mostrarnos una cara oculta de nuestra nacionalidad. Yo soy optimista porque hasta hoy solo un puñado de exaltados profieren xenófobas amenazas de violencia, pero me temo que en otros aspectos algunos peligros son mucho menos evidentes, pero no por eso menos graves.
Después del ataque a las Torres Gemelas en setiembre del 2001, el gobierno de Bush solicitó y obtuvo expeditamente autorización del Congreso para una serie de acciones, entre ellas el ataque a Irak,, en nombre de la llamada "seguridad nacional". Recuerdo vívidamente la violenta reacción de los sectores conservadores contra el puñado de senadores y congresistas que se atrevieron a cuestionar la legalidad y la moralidad de alguna de estas acciones. "No es momento", argumentaban, "para cuestionar al Gobierno, es hora de la unidad nacional". El tiempo le dio la razón a quienes tenían dudas y muchas de las cosas que parecían tener sentido en el contexto del ataque del 9-11 se revelaron como legal y éticamente cuestionables. En medio de la angustia provocada por los ataques terroristas, el pueblo estadounidense se traicionó a sí mismo y estuvo dispuesto a sacrificar no solo algunos principios morales y legales que han sido sustento de su esencia nacional, sino además a restringir la discusión pública abierta, contestataria, a restringir, en otras palabras, el disenso.
Nada mas peligroso en una democracia que la restricción del pensamiento, sobre todo si es impuesta a partir de una interpretación parcial en una situación coyuntural. El argumento de "no critiquen porque es hora de la unidad nacional" es un muy mal síntoma que debilita principios que deben mantenerse incólumnes. No hay momentos apropiados o inapropiados para el ejercicio democrático. Aquellos que desean cosechar el fruto de la libertad, escribió Thomas Paine, deben asumir la fatiga de apoyarla. Por eso me ha sorprendido la reacción de un sector de la prensa y de algunos formadores de opinión respecto a las declaraciones que diera el expresidente Arias alrededor de este conflicto. Se puede estar de acuerdo o no, pero desestimar esta o cualquier otra opinión por ser este un momento particular es tan peligroso como el pensamiento de los radicales que lanzaron un coctel molotov contra la embajada nicaragüense.
No perdamos la brújula y ratifiquemos en todo momento nuestra convicción democrática. Este conflicto fronterizo, como muchos que hemos tenido en el pasado, terminará siendo un mal recuerdo en unas semanas. Pero si actuamos en contra de nuestra esencia, el perjuicio será mucho más duradero
Es evidente que lo que pasa en Isla Calero es inaceptable y debe llenarnos de indignación. Pero a partir de este punto, si algo deberíamos haber aprendido después de 60 años sin ejército, nuestra actitud debe ser de una inclaudicable convicción en la capacidad de la institucionalidad internacional para resolver nuestros diferendos con otros países. Esto significa no dejarnos arrastrar por las proclamas incendiarias e irresponsables de algunos que azuzan el fuego de la intolerancia sin comprender con toda amplitud las consecuencias funestas que un desbordamiento de pasiones podría tener en nuestro país. Ponemos a prueba en este momento esa imagen que hemos forjado de nosotros mismos: pacifistas, tolerantes, democráticos; la indignación no puede terminar concretándose en cosas a las que siempre, al menos eso decimos, nos hemos opuesto: la violencia, la intolerancia, la xenofobia disfrazada de un patrioterismo -que no patriotismo-, que la historia nos muestra una y otra vez ha tenido implicaciones dolorosas para los países.
Además de la defensa de nuestro territorio nos enfrentamos hoy a dilemas que pueden reafirmar un conjunto de valores o mostrarnos una cara oculta de nuestra nacionalidad. Yo soy optimista porque hasta hoy solo un puñado de exaltados profieren xenófobas amenazas de violencia, pero me temo que en otros aspectos algunos peligros son mucho menos evidentes, pero no por eso menos graves.
Después del ataque a las Torres Gemelas en setiembre del 2001, el gobierno de Bush solicitó y obtuvo expeditamente autorización del Congreso para una serie de acciones, entre ellas el ataque a Irak,, en nombre de la llamada "seguridad nacional". Recuerdo vívidamente la violenta reacción de los sectores conservadores contra el puñado de senadores y congresistas que se atrevieron a cuestionar la legalidad y la moralidad de alguna de estas acciones. "No es momento", argumentaban, "para cuestionar al Gobierno, es hora de la unidad nacional". El tiempo le dio la razón a quienes tenían dudas y muchas de las cosas que parecían tener sentido en el contexto del ataque del 9-11 se revelaron como legal y éticamente cuestionables. En medio de la angustia provocada por los ataques terroristas, el pueblo estadounidense se traicionó a sí mismo y estuvo dispuesto a sacrificar no solo algunos principios morales y legales que han sido sustento de su esencia nacional, sino además a restringir la discusión pública abierta, contestataria, a restringir, en otras palabras, el disenso.
Nada mas peligroso en una democracia que la restricción del pensamiento, sobre todo si es impuesta a partir de una interpretación parcial en una situación coyuntural. El argumento de "no critiquen porque es hora de la unidad nacional" es un muy mal síntoma que debilita principios que deben mantenerse incólumnes. No hay momentos apropiados o inapropiados para el ejercicio democrático. Aquellos que desean cosechar el fruto de la libertad, escribió Thomas Paine, deben asumir la fatiga de apoyarla. Por eso me ha sorprendido la reacción de un sector de la prensa y de algunos formadores de opinión respecto a las declaraciones que diera el expresidente Arias alrededor de este conflicto. Se puede estar de acuerdo o no, pero desestimar esta o cualquier otra opinión por ser este un momento particular es tan peligroso como el pensamiento de los radicales que lanzaron un coctel molotov contra la embajada nicaragüense.
No perdamos la brújula y ratifiquemos en todo momento nuestra convicción democrática. Este conflicto fronterizo, como muchos que hemos tenido en el pasado, terminará siendo un mal recuerdo en unas semanas. Pero si actuamos en contra de nuestra esencia, el perjuicio será mucho más duradero
lunes, 20 de septiembre de 2010
Pronunciamiento del Consejo Universitario condenando -al fin-, las prácticas intolerantes en la Universidad de Costa Rica
Les confieso que pensé que nunca vería un pronunciamiento como este. Tal vez ahora esos pocos pseudointelectuales que seguían haciendo gimnasia retórica para no condenar a esta gente por fin lo haga. Pero en realidad eso no es importante. Lo importante es que, por fin, el Consejo se pronuncia sin vacilación. Me habría gustado ver este texto en los principales periódicos del país tal y como otros acuerdos, sobre una multiplicidad de temas, que fueron profusamente divulgados, pero la verdad es que me conformo con esto por ahora!
Un grupo importante de estudiantes es en gran parte responsable de esto. Esos 4000 muchachos y muchachas que según la Presidenta de la FEUCR no son nada, y que se pronunciaron firmemente en contra de prácticas que los denigraban como universitarios, tienen que sentirse satisfechos y celebrar que las autoridades de la Universidad se decidieron por fin a acuerparlos. Pero además que estos jóvenes valientes se decidieron a pronunciarse, se negaron a que los identificaran con el extremismo, la intolerancia, el desconocimiento de la realidad. Hay esperanza en la UCR. Felicidades muchachos!!
Pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos el 26 de agosto de 2010
(Acuerdo firme de la sesión N.º 5474, martes 7 de setiembre de 2010)
El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:
1) La Universidad de Costa Rica, a lo largo de sus siete décadas de existencia, ha cumplido la promesa fundacional de constituirse en una institución de educación superior, autónoma y democrática, tal como lo señala el artículo 1 de su Estatuto Orgánico.
2) En la constitución autónoma y democrática de nuestra institución, ha sido sustantivo el desarrollo de la Universidad como espacio de convivencia, según lo establece el artículo 4 inciso e) de su Estatuto Orgánico:
“e) Respeto a las personas y a la libre expresión: Garantizar, dentro del ámbito universitario, el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo.”
3) Los medios con los cuales la Universidad ha generado una cultura de tolerancia han sido el respeto a la diferencia y el diálogo para resolver las discrepancias, instrumentos consustanciales en la práctica universitaria, y a los cuales se refirió de forma lúcida el ex Rector, Lic. Rodrigo Facio Brenes, en su llamado a la comunidad universitaria en 1960:
“(…) la pequeña república universitaria, forja las virtudes de la absoluta libertad, para todas las personas, completa tolerancia para todas la ideas, diálogo constructivo, responsabilidad acrisolada, selección ética de los medios, preocupación por los problemas verdaderos, esas mismas virtudes que quisiéramos ver prevalecer, sin excepciones ni debilitamientos, en el escenario de la política nacional.”
4) El jueves 26 de agosto del 2010, día del 70.° aniversario de la Universidad de Costa Rica, y en momentos en que el Consejo Universitario, en su sesión N.º 5470, consideraba otorgar audiencia a representantes de la FEUCR y del SINDEU, un grupo de personas irrumpió, mediante el uso de la fuerza, en la sala de sesiones e impidió la salida, durante más de tres horas, a la señora Rectora, a la mayoría de los miembros del Consejo Universitario y al personal de apoyo. Durante este tiempo de retención, además de dañar bienes públicos, dicho grupo coaccionó física y verbalmente a la mayoría de los miembros de este Órgano Colegiado, en particular, a la señora Rectora.
5) Ni las autoridades de la Universidad de Costa Rica ni sus sectores organizados han recurrido a la retención de personas como medio para conseguir sus objetivos. Las distintas manifestaciones de protesta, así como la resolución de las diferencias por medio de la negociación, han seguido un patrón de respeto a la libertad, a la dignidad y a la vida humana, así como a los bienes públicos, acuerdo básico de convivencia y práctica universitaria.
6) La Universidad de Costa Rica siempre ha sabido distinguir la protesta social legítima de actos de vandalismo, de daño a los bienes públicos, de agresión a la integridad y a la vida de las personas. Cuando estas acciones ilegítimas han tenido lugar en el país, la comunidad universitaria y sus autoridades las han condenado y repudiado sin ambages.
ACUERDA:
1) Condenar enfáticamente los actos de agresión que tuvieron lugar el jueves 26 de agosto del 2010, contra la mayoría de los miembros del Consejo Universitario, la señora Rectora y el personal administrativo que labora en el edificio administrativo B-C.
2) Rechazar el uso de la coacción, la retención física, el insulto y la ofensa personal como formas de lograr cualquier objetivo o de manifestar alguna diferencia con otros sectores de la misma institución.
3) Solicitar a la Administración que evalúe los daños a los bienes institucionales, se establezcan las responsabilidades pertinentes y se inicien los procedimientos que indiquen los reglamentos universitarios.
4) Instar a la Rectoría para que promueva la reflexión sobre el proceso de negociación del FEES y el diálogo entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria, con el objetivo de lograr aprendizajes y determinar los desafíos para la Universidad de Costa Rica y para la Educación Superior Pública.
5) Divulgar ampliamente este acuerdo en los medios de comunicación universitarios.
ACUERDO FIRME.
Dr. Oldemar Rodríguez Rojas
DIRECTOR
CONSEJO UNIVERSITARIO
Un grupo importante de estudiantes es en gran parte responsable de esto. Esos 4000 muchachos y muchachas que según la Presidenta de la FEUCR no son nada, y que se pronunciaron firmemente en contra de prácticas que los denigraban como universitarios, tienen que sentirse satisfechos y celebrar que las autoridades de la Universidad se decidieron por fin a acuerparlos. Pero además que estos jóvenes valientes se decidieron a pronunciarse, se negaron a que los identificaran con el extremismo, la intolerancia, el desconocimiento de la realidad. Hay esperanza en la UCR. Felicidades muchachos!!
Pronunciamiento sobre los acontecimientos ocurridos el 26 de agosto de 2010
(Acuerdo firme de la sesión N.º 5474, martes 7 de setiembre de 2010)
El Consejo Universitario, CONSIDERANDO QUE:
1) La Universidad de Costa Rica, a lo largo de sus siete décadas de existencia, ha cumplido la promesa fundacional de constituirse en una institución de educación superior, autónoma y democrática, tal como lo señala el artículo 1 de su Estatuto Orgánico.
2) En la constitución autónoma y democrática de nuestra institución, ha sido sustantivo el desarrollo de la Universidad como espacio de convivencia, según lo establece el artículo 4 inciso e) de su Estatuto Orgánico:
“e) Respeto a las personas y a la libre expresión: Garantizar, dentro del ámbito universitario, el diálogo y la libre expresión de las ideas y opiniones, así como la coexistencia de las diferentes visiones del mundo y corrientes de pensamiento, sin otra limitación que el respeto mutuo.”
3) Los medios con los cuales la Universidad ha generado una cultura de tolerancia han sido el respeto a la diferencia y el diálogo para resolver las discrepancias, instrumentos consustanciales en la práctica universitaria, y a los cuales se refirió de forma lúcida el ex Rector, Lic. Rodrigo Facio Brenes, en su llamado a la comunidad universitaria en 1960:
“(…) la pequeña república universitaria, forja las virtudes de la absoluta libertad, para todas las personas, completa tolerancia para todas la ideas, diálogo constructivo, responsabilidad acrisolada, selección ética de los medios, preocupación por los problemas verdaderos, esas mismas virtudes que quisiéramos ver prevalecer, sin excepciones ni debilitamientos, en el escenario de la política nacional.”
4) El jueves 26 de agosto del 2010, día del 70.° aniversario de la Universidad de Costa Rica, y en momentos en que el Consejo Universitario, en su sesión N.º 5470, consideraba otorgar audiencia a representantes de la FEUCR y del SINDEU, un grupo de personas irrumpió, mediante el uso de la fuerza, en la sala de sesiones e impidió la salida, durante más de tres horas, a la señora Rectora, a la mayoría de los miembros del Consejo Universitario y al personal de apoyo. Durante este tiempo de retención, además de dañar bienes públicos, dicho grupo coaccionó física y verbalmente a la mayoría de los miembros de este Órgano Colegiado, en particular, a la señora Rectora.
5) Ni las autoridades de la Universidad de Costa Rica ni sus sectores organizados han recurrido a la retención de personas como medio para conseguir sus objetivos. Las distintas manifestaciones de protesta, así como la resolución de las diferencias por medio de la negociación, han seguido un patrón de respeto a la libertad, a la dignidad y a la vida humana, así como a los bienes públicos, acuerdo básico de convivencia y práctica universitaria.
6) La Universidad de Costa Rica siempre ha sabido distinguir la protesta social legítima de actos de vandalismo, de daño a los bienes públicos, de agresión a la integridad y a la vida de las personas. Cuando estas acciones ilegítimas han tenido lugar en el país, la comunidad universitaria y sus autoridades las han condenado y repudiado sin ambages.
ACUERDA:
1) Condenar enfáticamente los actos de agresión que tuvieron lugar el jueves 26 de agosto del 2010, contra la mayoría de los miembros del Consejo Universitario, la señora Rectora y el personal administrativo que labora en el edificio administrativo B-C.
2) Rechazar el uso de la coacción, la retención física, el insulto y la ofensa personal como formas de lograr cualquier objetivo o de manifestar alguna diferencia con otros sectores de la misma institución.
3) Solicitar a la Administración que evalúe los daños a los bienes institucionales, se establezcan las responsabilidades pertinentes y se inicien los procedimientos que indiquen los reglamentos universitarios.
4) Instar a la Rectoría para que promueva la reflexión sobre el proceso de negociación del FEES y el diálogo entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria, con el objetivo de lograr aprendizajes y determinar los desafíos para la Universidad de Costa Rica y para la Educación Superior Pública.
5) Divulgar ampliamente este acuerdo en los medios de comunicación universitarios.
ACUERDO FIRME.
Dr. Oldemar Rodríguez Rojas
DIRECTOR
CONSEJO UNIVERSITARIO
viernes, 10 de septiembre de 2010
Investiguen lo que quieran, pero no hagan circo
Recientemente se integró una comisión legislativa para "investigar las concesiones", un objetivo bastante ambiguo que sin embargo presupone que hay algún tipo de irregularidad que amerita una "investigación" legislativa. La preocupación de los diputados nace de la queja de algunos exportadores sobre el proceso de concesión del nuevo puerto de Moín, sobre todo con aquellos aspectos relacionados a los cambios que sufrió el cartel de licitación y que solo se haya presentado una compañía, implicando de alguna manera con esto que el cartel se "adecuó" para favorecer a esta empresa.
De octubre de 2007 a mayo del 2010 integré, como parte de las responsabilidades del cargo que ocupé en el gobierno anterior, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones. Este cuerpo colegiado está integrado por 7 personas, que son los Ministros de Obras Públicas y Transportes, quien lo preside; de Hacienda y de Planificación; el Presidente del Banco Central, y tres representantes de Colegios Profesionales, Sindicatos y Cámaras empresariales. Asiste además, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico, quien tiene la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. La Junta es el órgano máximo del CNC, y le corresponde tratar todos los temas relacionados a concesiones y a iniciativas privadas en el país. Es una labor compleja, que incluye aspectos económicos, legales y sociales,pero que por esa complejidad resultó de lo más didáctica para mí, que aprendí sobre un montón de temas.
En el período que formé parte de este grupo se trató frecuentemente la concesión de Moín, como corresponde a un tema tan grande y delicado. Y porque estuve ahí, porque fui parte de este proceso, porque conocí a las personas que estuvieron involucradas y porque fui testigo del esfuerzo que todos en el CNC hacen para que las cosas se hagan bien, es que les digo que yo no tengo ningún problema que investiguen lo que quieran. Vayan y pregunten, revuelquen, pidan papeles, entrevisten a quien quieran. Para contestar las preguntas que tienen posiblemente habría bastado que convocaran al actual Ministro de Obras Públicas y Transportes al plenario para que les explicara con detalle el proceso sin necesidad de constituir un comisión investigadora, pero entiendo que algunos puedan creer que eso no es suficiente, sobre todo si no entienden bien el proceso.
Pero lo que uno quisiera, y en realidad lo que el país necesita, es una investigación rigurosa, completa, pausada y objetiva. Lo que uno no quisiera, y el país no necesita, es una comisión politizada que inicia su labor con criterios formados de antemano. El tema es lo suficientemente delicado para que aspiremos a que se analice con objetividad, con mente abierta y no se haga un uso distorsionado y/o parcial de la información para confirmar conclusiones preconcebidas, siguiendo aquella premisa que dice que si lo que yo pienso de la realidad no es cierto, pues mala suerte para la realidad.
Y que conste que no soy ingenuo: es claro que para algunos diputados la Comisión Investigadora es una oportunidad para anotarse algunos puntos políticos, de tener una cobertura mediática cuya frecuencia e intensidad tiene una relación directamente proporcional a la estridencia de sus denuncias, aun cuando no tengan fundamento real. Pero si la investigación se convierte en el circo que estoy seguro algunos quieren convertirla, todo mundo pierde: las personas cuyas honras sean machadas con acusaciones sin fundamento, la credibilidad de las comisiones legislativas como instancia de investigación sobre temas de importancia para el país,la opinión pública, que no contará con elementos adecuados para formar criterio, los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones, cuyo profesionalismo, honestidad y dedicación pueden ser injustamente puestos en duda. Ojalá que no pase.
De octubre de 2007 a mayo del 2010 integré, como parte de las responsabilidades del cargo que ocupé en el gobierno anterior, la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones. Este cuerpo colegiado está integrado por 7 personas, que son los Ministros de Obras Públicas y Transportes, quien lo preside; de Hacienda y de Planificación; el Presidente del Banco Central, y tres representantes de Colegios Profesionales, Sindicatos y Cámaras empresariales. Asiste además, con voz pero sin voto, el Secretario Técnico, quien tiene la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva. La Junta es el órgano máximo del CNC, y le corresponde tratar todos los temas relacionados a concesiones y a iniciativas privadas en el país. Es una labor compleja, que incluye aspectos económicos, legales y sociales,pero que por esa complejidad resultó de lo más didáctica para mí, que aprendí sobre un montón de temas.
En el período que formé parte de este grupo se trató frecuentemente la concesión de Moín, como corresponde a un tema tan grande y delicado. Y porque estuve ahí, porque fui parte de este proceso, porque conocí a las personas que estuvieron involucradas y porque fui testigo del esfuerzo que todos en el CNC hacen para que las cosas se hagan bien, es que les digo que yo no tengo ningún problema que investiguen lo que quieran. Vayan y pregunten, revuelquen, pidan papeles, entrevisten a quien quieran. Para contestar las preguntas que tienen posiblemente habría bastado que convocaran al actual Ministro de Obras Públicas y Transportes al plenario para que les explicara con detalle el proceso sin necesidad de constituir un comisión investigadora, pero entiendo que algunos puedan creer que eso no es suficiente, sobre todo si no entienden bien el proceso.
Pero lo que uno quisiera, y en realidad lo que el país necesita, es una investigación rigurosa, completa, pausada y objetiva. Lo que uno no quisiera, y el país no necesita, es una comisión politizada que inicia su labor con criterios formados de antemano. El tema es lo suficientemente delicado para que aspiremos a que se analice con objetividad, con mente abierta y no se haga un uso distorsionado y/o parcial de la información para confirmar conclusiones preconcebidas, siguiendo aquella premisa que dice que si lo que yo pienso de la realidad no es cierto, pues mala suerte para la realidad.
Y que conste que no soy ingenuo: es claro que para algunos diputados la Comisión Investigadora es una oportunidad para anotarse algunos puntos políticos, de tener una cobertura mediática cuya frecuencia e intensidad tiene una relación directamente proporcional a la estridencia de sus denuncias, aun cuando no tengan fundamento real. Pero si la investigación se convierte en el circo que estoy seguro algunos quieren convertirla, todo mundo pierde: las personas cuyas honras sean machadas con acusaciones sin fundamento, la credibilidad de las comisiones legislativas como instancia de investigación sobre temas de importancia para el país,la opinión pública, que no contará con elementos adecuados para formar criterio, los funcionarios del Consejo Nacional de Concesiones, cuyo profesionalismo, honestidad y dedicación pueden ser injustamente puestos en duda. Ojalá que no pase.
martes, 31 de agosto de 2010
Respuesta de Jorge Cornick a reportaje de La Nación
Reproduzco aquí una nota publicada por Jorge Cornick en Facebook en la que contesta el que es a mi parecer un pobremente fundamentado reportaje que hiciera la periodista Mercedes Aguero sobre la contratación de un edificio por parte del ARESEP, CUATRO MESES después de la salida de Jorge de la Junta Directiva de la Autoridad.
Tenemos que hacer algo con la prensa en este país. ¿Y el Colegio de Periodistas? ¿Y los editores encargados?
Doña Mercedes intenta hacer chocolate sin cacao
by Jorge Cornick on Tuesday, August 31, 2010 at 7:34pm
No se puede hacer chocolate sin cacao, ni se puede crear un escándalo allí donde no hay nada oculto ni torcido. Nunca falta, sin embargo, quien lo intente.
Los reportajes de la periodista Mercedes Agüero han causado preocupación entre algunas personas que me conocen y han llevado a otras, que del todo no me conocen, a condenarme sin haber escuchado mi historia, como puede comprobarlo quienquiera que visite la página de Facebook de La Nación.
Sin embargo, las “denuncias” de La Nación y de la periodista Agüero están hechas del humo y de la nada.
Una situación de conflicto de interés se configura cuando quien trabaja para una institución debe tomar una decisión que afecta tanto a dicha institución como a la persona que toma la decisión, y cuando resulta, además, que lo que más conviene a esa persona podría no ser lo que más conviene a la institución.
Esa situación no se configuró jamás durante mi paso por la Aresep en lo que concierne al alquiler del edificio al que próximamente tiene programado trasladarse dicha institución. De seguido explico por qué.
Como miembro de la Junta Directiva de la ARESEP, era mi deber aprobar cada año el presupuesto de la institución junto con sus correspondientes planes de trabajo. De esta manera, me correspondió aprobar, junto con mis compañeros directores, la propuesta de trasladar la institución a un nuevo edificio y el correspondiente presupuesto. Hasta aquí mi intervención en esta materia.
A partir de este punto, la administración hizo su trabajo, sin intervención alguna de la Junta Directiva. Se inició así el proceso de búsqueda de un inmueble apropiado, se hizo una invitación pública para la presentación de ofertas, que fueron evaluadas por un grupo de trabajo interno, se obtuvo la autorización de la Contraloría General de la República para realizar una contratación directa y, finalmente, el Regulador General, en el uso de sus facultades y sin ningún intervención de la Junta Directiva, asignó el contrato de alquiler al fondo inmobiliario propietario de Multipark.
Estos hechos no están en disputa y La Nación lo reconoce explícitamente cuando reporta que “Como directivo Cornick aprobó el presupuesto para financiar el alquiler de un inmueble, pero no participó en la escogencia del edificio, pues ese trámite estuvo a cargo de la administración y no de la junta”.
Cabe añadir un detalle que no es necesariamente evidente al leer el artículo de doña Mercedes: todo esto sucedió aproximadamente cuatro meses después de que yo hubiera renunciado a la Junta Directiva de la Aresep. Así de claro: cuando el contrato de alquiler fue asignado a Multipark, yo no formaba parte de la Junta Directiva de la Aresep.
Lo que doña Mercedes no pareciera entender es que, dados estos hechos, no se configura un conflicto de interés ni nada que se le parezca. Simple y sencillamente no estuve nunca estuve en una situación en la que, como director de la Aresep, tuviera que tomar una decisión que afectara ni a Multipark ni a sus inversionistas.
Pero, además de mostrar una cierta confusión en cuanto al concepto mismo de conflicto de interés, doña Mercedes invierte la lógica de la investigación periodística cuando afirma “El hecho de que no esté documentado no garantiza que no haya influido”. Las cosas son al revés: si la periodista tuviera indicios sólidos que indicaran que actué de manera indebida, tendría en sus manos material para una denuncia. Como no los tiene y así lo reconoce, su reportaje no pasa de ser un pobre intento de hacer chocolate sin cacao.
Tenemos que hacer algo con la prensa en este país. ¿Y el Colegio de Periodistas? ¿Y los editores encargados?
Doña Mercedes intenta hacer chocolate sin cacao
by Jorge Cornick on Tuesday, August 31, 2010 at 7:34pm
No se puede hacer chocolate sin cacao, ni se puede crear un escándalo allí donde no hay nada oculto ni torcido. Nunca falta, sin embargo, quien lo intente.
Los reportajes de la periodista Mercedes Agüero han causado preocupación entre algunas personas que me conocen y han llevado a otras, que del todo no me conocen, a condenarme sin haber escuchado mi historia, como puede comprobarlo quienquiera que visite la página de Facebook de La Nación.
Sin embargo, las “denuncias” de La Nación y de la periodista Agüero están hechas del humo y de la nada.
Una situación de conflicto de interés se configura cuando quien trabaja para una institución debe tomar una decisión que afecta tanto a dicha institución como a la persona que toma la decisión, y cuando resulta, además, que lo que más conviene a esa persona podría no ser lo que más conviene a la institución.
Esa situación no se configuró jamás durante mi paso por la Aresep en lo que concierne al alquiler del edificio al que próximamente tiene programado trasladarse dicha institución. De seguido explico por qué.
Como miembro de la Junta Directiva de la ARESEP, era mi deber aprobar cada año el presupuesto de la institución junto con sus correspondientes planes de trabajo. De esta manera, me correspondió aprobar, junto con mis compañeros directores, la propuesta de trasladar la institución a un nuevo edificio y el correspondiente presupuesto. Hasta aquí mi intervención en esta materia.
A partir de este punto, la administración hizo su trabajo, sin intervención alguna de la Junta Directiva. Se inició así el proceso de búsqueda de un inmueble apropiado, se hizo una invitación pública para la presentación de ofertas, que fueron evaluadas por un grupo de trabajo interno, se obtuvo la autorización de la Contraloría General de la República para realizar una contratación directa y, finalmente, el Regulador General, en el uso de sus facultades y sin ningún intervención de la Junta Directiva, asignó el contrato de alquiler al fondo inmobiliario propietario de Multipark.
Estos hechos no están en disputa y La Nación lo reconoce explícitamente cuando reporta que “Como directivo Cornick aprobó el presupuesto para financiar el alquiler de un inmueble, pero no participó en la escogencia del edificio, pues ese trámite estuvo a cargo de la administración y no de la junta”.
Cabe añadir un detalle que no es necesariamente evidente al leer el artículo de doña Mercedes: todo esto sucedió aproximadamente cuatro meses después de que yo hubiera renunciado a la Junta Directiva de la Aresep. Así de claro: cuando el contrato de alquiler fue asignado a Multipark, yo no formaba parte de la Junta Directiva de la Aresep.
Lo que doña Mercedes no pareciera entender es que, dados estos hechos, no se configura un conflicto de interés ni nada que se le parezca. Simple y sencillamente no estuve nunca estuve en una situación en la que, como director de la Aresep, tuviera que tomar una decisión que afectara ni a Multipark ni a sus inversionistas.
Pero, además de mostrar una cierta confusión en cuanto al concepto mismo de conflicto de interés, doña Mercedes invierte la lógica de la investigación periodística cuando afirma “El hecho de que no esté documentado no garantiza que no haya influido”. Las cosas son al revés: si la periodista tuviera indicios sólidos que indicaran que actué de manera indebida, tendría en sus manos material para una denuncia. Como no los tiene y así lo reconoce, su reportaje no pasa de ser un pobre intento de hacer chocolate sin cacao.
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