Hace poco mas de un año, escribí en este blog sobre el tema de las mediciones alternativas de bienestar que se han venido elaborando en el mundo desde hace ya varios años, y en los que Costa Rica aparece regularmente en los primeros lugares. Estas mediciones quieren superar las limitaciones de indicadores como el PIB per cápita, utilizados como parámetro para medir el grado de progreso de un país, y mas bien tratan de centrarse en lo que debería ser el objetivo final de cualquier proceso de desarrollo: que la gente sea feliz.
Al momento de publicar mi entrada en el blog, la periodista Vanessa Loaiza del periódico La Nación encontró que mi reflexión sobre el tema no era apropiada para el momento que vivía el país en esos días y publicó una intencionada nota que desató a una gran polémica y me valió no pocos insultos y comentarios en redes sociales, algunos de los cuales fueron reproducidos por la periodista en su nota publicada en la edición impresa del día siguiente.
Eso motivó que hiciera una segunda reflexión sobre el tema en mi blog, en donde quise aclarar algunos elementos sobre todo metodológicos, con la esperanza de que se pudiera entender que lo que yo estaba diciendo no tenía nada que ver con el Gobierno, ni la percepción que tuviera la gente sobre la labor del Gobierno, y que el bienestar que la población costarricense siente, confirmado incluso meses después por una encuesta que hiciera a finales de año pasado la UCR, en donde 9 de cada 10 costarricenses se declaraba feliz, es un hecho objetivo que deviene de una serie de condiciones que nos hace una sociedad realmente particular y excepcional.
Por todo esto es que leo con gran satisfacción el artículo de Cristian Cambronero publicado en la Revista Dominical de La Nación titulado "La felicidad en serio". El artículo reconoce la seriedad de lo que se ha venido trabajando en materia de medición alternativa del bienestar, y reivindica la felicidad, "entendida como el ansiado estado de bienestar integral de la persona y de su comunidad" como un principio presente "desde la filosofía a la economía, de Aristóteles, a Russell, a Stiglitz pasando por Thomas Jefferson, que ya en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos planteaba la "búsqueda de la felicidad" como derecho inalienable del hombre".
La felicidad, "medida" a partir de un conjunto de indicadores diferentes a los econométricos, como reflejo del nivel de bienestar que una sociedad ha sido capaz de construir colectivamente, es un parámetro mucho más válido para la elaboración de políticas públicas que algunos de los que hemos venido utilizando. Algo hemos venido haciendo bien como sociedad para que Costa Rica aparezca una y otra vez en los primeros lugares de mediciones de felicidad.
Cambronero termina su artículo con la siguiente reflexión: "En nuestro caso, tal vez es hora de hacer las paces con el título de “el país más feliz del mundo” que, infelices, muchos asumimos con chota y sarcasmo en su momento. Y decidir el camino no solo a partir del ¿qué y cuánto vamos a ganar?, sino del ¿cómo nos vamos a sentir?"
De eso se ha tratado siempre. Y la incuestionable realidad, confirmada una y otra vez por diferentes mediciones de este tipo, es que Costa Rica regularmente se encuentra en los primeros lugares. Conscientes de los retos, de los errores, quejándonos sin cesar, pero felices. Y así somos desde hace tiempo, aun cuando a algunos, insisto, eso los haga infelices.
domingo, 24 de noviembre de 2013
jueves, 10 de octubre de 2013
¿Desempleo de 18%? ¿El más alto de los últimos 30 años? ¿El resultado del TLC? No es cierto!
El tema de desempleo ha estado en el debate público en los últimos días y eso es bueno porque se trata de un flagelo que azota a nuestra sociedad y requiere una discusión profunda y rigurosa. Lo malo es que la actual discusión se ha originado a partir de información incorrecta, ligeramente reproducida por una periodista a la que se le advirtió de previo, en repetidas ocasiones, y utilizando datos oficiales del INEC, que la afirmación que usó para promocionar sus reportajes durante una semana -que el nivel de desempleo actual es el mas alto de los últimos treinta años-, es temeraria, poco rigurosa y sin fundamento en la información existente. Es una lástima que a veces en nuestro país se comunique con tan poco rigor y profesionalismo.
Tan fácil que resultaba leer el comunicado que el INEC emitió cuando el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional sacó esta equivocada estimación, y escuchar las advertencias que el INEC hace respecto a la imposibilidad de comparar los datos de la Encuesta Continua de Empleo con otras series, advertencia que hace cada tres meses cuando presenta un nuevo informe, y que me consta la periodista de Canal 7 ha escuchado en por lo menos dos ocasiones. Si eso hubiese pasado, no tendríamos que invertir tanto tiempo en desmentir datos incorrectos y afirmaciones falsas.
Utilizando elementos de ese comunicado que el INEC emitiera para referirse a las cifras del Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional y algunas consideraciones adicionales, el economista Daniel Soto, asesor de despacho del ministerio, preparó estas reflexiones, a las que le agregué algunos elementos menores.
¿Porque no se puede comparar la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que son las encuestas que se han realizado (junto con la ECE que empezó en el 2010) en los últimos 30 años?:
• Se utiliza un nuevo marco muestral y se mejora el diseño de la muestra, la cual se amplía de 726 a 1120 segmentos para una mejor representación de las regiones. La muestra de viviendas es de 13440.
• Se adoptan recomendaciones internacionales que permiten mejoras conceptuales y operativas en los tópicos básicos de investigación del empleo, desempleo, ingresos y pobreza y considera el enfoque de género en la medición.
• Se amplía la investigación de características específicas del empleo independiente, del asalariado y del tipo de empleo que buscan las personas desempleadas.
• Se incorpora información sobre la calidad del empleo, tales como formas de empleo inadecuado, la estabilidad del empleo, flexibilidad del tiempo de trabajo, entre otros.
Tasa de Desempleo Ampliada: Aspectos Importantes y las debilidades metodológicas de la UNA
Primero que nada, es preciso aclarar que el desempleo abierto, tal como lo mide el INEC, es el indicador básico correcto y oficial (cosa que ha reconocido la misma UNA), utilizado internacionalmente para medir el desempleo abierto de manera histórica, lo que permite seguir su evolución en el tiempo y poder comparar entre países. La medición del Empleo se realiza considerando los siguientes criterios:
• No tiene empleo.
• Está disponible para trabajar en forma inmediata.
• Ha buscado trabajo con acciones concretas en un período reciente.
Según los criterios anteriores, son desempleadas las personas que estaban sin empleo en la semana anterior a la entrevista, estaban disponibles para trabajar, y que durante las cuatro semanas anteriores a la encuesta buscaron activamente trabajo sin poderlo encontrar. Además, se consideran desempleadas las que no trabajaron la semana anterior a la entrevista, están disponibles para hacerlo y no buscaron trabajo por situaciones especiales como las siguientes:
• Porque ya consiguieron y esperan iniciarlo en los próximos días.
• Esperan el reinicio de operaciones de una actividad temporalmente suspendida.
• Esperan respuesta de gestiones anteriores (realizada antes de las cuatro semanas indicadas anteriormente).
Medición Ampliada del Desempleo
Es la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo, que manifiestan estar disponibles para incorporarse al mercado de trabajo, pero que no buscaron trabajo porque dicen que:
• No tenían dinero
• Se cansó de buscar
• No le dan trabajo en la zona
• Sabe que en esta época del año no hay trabajo.
Estas personas son las que se catalogan, según las recomendaciones internacionales, como desalentados. La medición ampliada del desempleo, que es la que el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional dice medir, es la suma del desempleo abierto más los desalentados. Pero en Costa Rica esa cifra es de 11,4%, no de 18,4% como afirma el Observatorio. Ahora veremos por qué:
EXISTE OTRO GRUPO DE PERSONAS QUE DESEAN TRABAJAR PERO QUE TIENEN LIMITACIONES PERSONALES PARA HACERLO
Estas personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, aunque tengan deseos de trabajar, y no se deben considerar desempleadas, ni en el indicador de desempleo abierto, ni en el de desempleo ampliado, según los parámetros definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El estudio de la UNA incluye erróneamente a este grupo de personas, como desempleadas. Son aquellas que manifiestan tener disponibilidad para trabajar pero que no lo hacen ni buscan empleo porque:
• Solo trabajan cuando se lo piden.
• Está estudiando (Es su prioridad).
• Tiene obligaciones personales (Cuido de hijos, personas mayores, otras).
Parámetros Internacionales sustentan estas consideraciones y han sido elaboradas por la OIT.
El INEC utiliza, para darle solidez y respaldo a las estadísticas que produce, recomendaciones internacionales vigentes y validadas por la Organización Internacional del Trabajo. Con la reformulación del año 2010 se incorporó en la medición gran cantidad de variables que permiten profundizar en el análisis del mercado laboral.
El Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional no aplica a cabalidad las precisiones metodológicas planteadas por la OIT para “flexibilizar” y “ampliar” el alcance de las mediciones del desempleo, lo que lo ha llevado a sobrestimar la tasa de desempleo.
Tan fácil que resultaba leer el comunicado que el INEC emitió cuando el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional sacó esta equivocada estimación, y escuchar las advertencias que el INEC hace respecto a la imposibilidad de comparar los datos de la Encuesta Continua de Empleo con otras series, advertencia que hace cada tres meses cuando presenta un nuevo informe, y que me consta la periodista de Canal 7 ha escuchado en por lo menos dos ocasiones. Si eso hubiese pasado, no tendríamos que invertir tanto tiempo en desmentir datos incorrectos y afirmaciones falsas.
Utilizando elementos de ese comunicado que el INEC emitiera para referirse a las cifras del Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional y algunas consideraciones adicionales, el economista Daniel Soto, asesor de despacho del ministerio, preparó estas reflexiones, a las que le agregué algunos elementos menores.
¿Porque no se puede comparar la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), que son las encuestas que se han realizado (junto con la ECE que empezó en el 2010) en los últimos 30 años?:
• Se utiliza un nuevo marco muestral y se mejora el diseño de la muestra, la cual se amplía de 726 a 1120 segmentos para una mejor representación de las regiones. La muestra de viviendas es de 13440.
• Se adoptan recomendaciones internacionales que permiten mejoras conceptuales y operativas en los tópicos básicos de investigación del empleo, desempleo, ingresos y pobreza y considera el enfoque de género en la medición.
• Se amplía la investigación de características específicas del empleo independiente, del asalariado y del tipo de empleo que buscan las personas desempleadas.
• Se incorpora información sobre la calidad del empleo, tales como formas de empleo inadecuado, la estabilidad del empleo, flexibilidad del tiempo de trabajo, entre otros.
Tasa de Desempleo Ampliada: Aspectos Importantes y las debilidades metodológicas de la UNA
Primero que nada, es preciso aclarar que el desempleo abierto, tal como lo mide el INEC, es el indicador básico correcto y oficial (cosa que ha reconocido la misma UNA), utilizado internacionalmente para medir el desempleo abierto de manera histórica, lo que permite seguir su evolución en el tiempo y poder comparar entre países. La medición del Empleo se realiza considerando los siguientes criterios:
• No tiene empleo.
• Está disponible para trabajar en forma inmediata.
• Ha buscado trabajo con acciones concretas en un período reciente.
Según los criterios anteriores, son desempleadas las personas que estaban sin empleo en la semana anterior a la entrevista, estaban disponibles para trabajar, y que durante las cuatro semanas anteriores a la encuesta buscaron activamente trabajo sin poderlo encontrar. Además, se consideran desempleadas las que no trabajaron la semana anterior a la entrevista, están disponibles para hacerlo y no buscaron trabajo por situaciones especiales como las siguientes:
• Porque ya consiguieron y esperan iniciarlo en los próximos días.
• Esperan el reinicio de operaciones de una actividad temporalmente suspendida.
• Esperan respuesta de gestiones anteriores (realizada antes de las cuatro semanas indicadas anteriormente).
Medición Ampliada del Desempleo
Es la cantidad de personas fuera de la fuerza de trabajo, que manifiestan estar disponibles para incorporarse al mercado de trabajo, pero que no buscaron trabajo porque dicen que:
• No tenían dinero
• Se cansó de buscar
• No le dan trabajo en la zona
• Sabe que en esta época del año no hay trabajo.
Estas personas son las que se catalogan, según las recomendaciones internacionales, como desalentados. La medición ampliada del desempleo, que es la que el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional dice medir, es la suma del desempleo abierto más los desalentados. Pero en Costa Rica esa cifra es de 11,4%, no de 18,4% como afirma el Observatorio. Ahora veremos por qué:
EXISTE OTRO GRUPO DE PERSONAS QUE DESEAN TRABAJAR PERO QUE TIENEN LIMITACIONES PERSONALES PARA HACERLO
Estas personas se encuentran fuera de la fuerza de trabajo, aunque tengan deseos de trabajar, y no se deben considerar desempleadas, ni en el indicador de desempleo abierto, ni en el de desempleo ampliado, según los parámetros definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El estudio de la UNA incluye erróneamente a este grupo de personas, como desempleadas. Son aquellas que manifiestan tener disponibilidad para trabajar pero que no lo hacen ni buscan empleo porque:
• Solo trabajan cuando se lo piden.
• Está estudiando (Es su prioridad).
• Tiene obligaciones personales (Cuido de hijos, personas mayores, otras).
Parámetros Internacionales sustentan estas consideraciones y han sido elaboradas por la OIT.
El INEC utiliza, para darle solidez y respaldo a las estadísticas que produce, recomendaciones internacionales vigentes y validadas por la Organización Internacional del Trabajo. Con la reformulación del año 2010 se incorporó en la medición gran cantidad de variables que permiten profundizar en el análisis del mercado laboral.
El Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Universidad Nacional no aplica a cabalidad las precisiones metodológicas planteadas por la OIT para “flexibilizar” y “ampliar” el alcance de las mediciones del desempleo, lo que lo ha llevado a sobrestimar la tasa de desempleo.
lunes, 26 de agosto de 2013
Conflicto Colombia, Nicaragua y la información que necesitamos
Incluyo en mi blog este extenso artículo de un medio colombiano porque es raro encontrar en la prensa un análisis tan completo y profundo sobre una situación tan delicada como la que atraviesan Nicaragua y Colombia. Una valoración muy mesurada de una coyuntura compleja.
En una tesitura similar nos encontramos nosotros con Nicaragua en la actualidad, pero aquí por lo que se opta no es por la contextualización informada, o a la opinión expertos o a la entrevista a profundidad, sino en darle un espacio privilegiado a alguien cuyo único mérito es ser un agresor permanente de nuestro país. Es un contraste notable.
Qué hacer con la ambición de Nicaragua
SEMANA revela la estrategia del gobierno para contrarrestar el fallo de la Corte y frenar las nuevas pretensiones expansionistas de ese país.
Nicaragua se ha convertido para los colombianos en una pesadilla que parece nunca terminar. Además del dolor de haber perdido 75.000 kilómetros de mar tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Managua decidió poner todas sus cartas sobre la mesa y dejar en claro que quiere más mar, no solo de Colombia sino de otros países vecinos como Jamaica, Honduras, Panamá y Costa Rica. A este último también quiere quitarle la provincia de Guanacaste.
El bombardeo mediático que Nicaragua ha desatado en los últimos días demuestran que la mala noche para el país va a ser muy larga. Más si se tienen en cuenta la inseguridad y demora que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha mostrado para definir una estrategia que le permita al país responderle a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) con argumentos sólidos las grandes incoherencias y vacíos del fallo, así como frenar en otros escenarios los sueños expansionistas que el gobierno de Daniel Ortega tiene en el Caribe.
Dentro de esa estrategia esta semana Managua anunció de todo. Por un lado, que después de solicitarle a la Comisión de Limites de Naciones Unidas que le reconozca la extensión de su plataforma continental hasta 350 millas en el mar Caribe, también irá en las próximas semanas a pedirle a La Haya que fije esa nueva frontera, tal y como lo dejó abierto en el fallo contra Colombia en noviembre del año pasado.
A este hecho se sumó el anuncio que hizo el ministro de Minas nicaragüense de tener propuestas y planes para explorar hidrocarburos en las dos zonas que antes eran de Colombia o que están en discusión.
Y por si fuera poco, el comandante del Ejército, el general Julio César Avilés, confirmó esta semana que su país renovará su Armada con la posible adquisición de cuatro navíos, probablemente rusos, por la “necesidad de adquirir material bélico para custodiar esos nuevos y reivindicados mares que ahora tenemos y asegurar la soberanía de Nicaragua en estas aguas”. Ese anuncio se sumó a otros anteriores que ha hecho Ortega de comprarle aviones y armamento a Rusia.
En medio de todo aparecieron las imágenes de un superdestructor ruso que navegaba por las aguas nicaragüenses, todo dentro de una estrategia que caldea aún más el dividido ambiente político en Colombia, no solo frente a este tema, sino ante la campaña presidencial que se avecina.
Mientras Managua continúa con la estrategia que diseñó hace años y que le ha salido a la perfección hasta ahora, en Colombia no hay consensos frente al tema. El expresidente Álvaro Uribe insiste en desacatar el fallo y enviar las naves al meridiano 82, el Congreso de la República tramita una ley que desconoce las fronteras fijadas por la CIJ, se ha especulado que el gobierno expedirá varios decretos para determinar estos límites y muchos líderes de opinión y columnistas han salido a criticar la lentitud del gobierno para fijar una posición.
La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, que ha mantenido una posición serena, no aguantó más y tildó de traidores de la Patria a quienes filtraron a los medios algunos detalles de la estrategia que el gobierno le presentó a la Comisión Asesora para defenderse en La Haya frente a Nicaragua.
Hasta el presidente Santos trinó para decir: “Ojo: gobierno no ha tomado ninguna decisión frente a recomendaciones de abogados y otras opciones que se han discutido sobre Nicaragua”. Y después concluyó: “Las filtraciones medio verdad medio mentiras de discusiones reservadas en Comisión Asesora de Relaciones Exteriores le hacen daño al país”.
En medio de este creciente y peligroso mar de leva de división política y confusión que hay entre los colombianos sobre si se debe acatar el fallo, y del dolor por lo perdido en San Andrés, la realidad es que hay grandes temas y preguntas que se deben resolver para enfrentar la amenaza estratégica planteada por Nicaragua.
Por eso, más allá de los arrebatos nacionalistas y del populismo guerrerista que genera cualquier conflicto internacional, es necesario estructurar una estrategia sólida, coherente, y, lo más a importante, de largo plazo para frenar las pretensiones nicaragüenses.
Es importante tener en cuenta que los tiempos de la Justicia internacional no son los de la política. En la Corte de La Haya saben que un fallo puede tardar, en promedio, entre cinco y siete años en ser aplicado y que los países requieren tiempo para dar respuestas, lo que no quiere decir que el gobierno esté cruzado de manos.
La canciller le dijo a SEMANA que el gobierno no solo contrató a la firma de abogados Volterra Fieta para encontrar salidas al fallo sino que recurrió a otros bufetes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con el fin de tener una mirada desde diferentes especialidades.
Además, pidió varias interpretaciones tanto de Cortes nacionales como de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En total hoy en el Palacio de San Carlos hay seis conceptos sobre el fallo de La Haya, con los que se está realizado una matriz para establecer en qué coinciden y en dónde hay diferencias, así como sus posibilidades de éxito y los riesgos que habría al esgrimir una u otra tesis.
El gobierno llevó el miércoles pasado algunas de esas conclusiones y alternativas a la Comisión Asesora para buscar un consenso, y la filtración de algunos detalles desató la ira de la ministra Holguín y del presidente.
Se sabe que entre los abogados prácticamente hay unanimidad en que desconocer el fallo es imposible y hasta absurdo, no solo porque ninguna nación lo ha hecho, sino porque así se despliegue la Armada, el Consejo de Seguridad de la ONU obligaría al país a acatarlo.
Esto pondría a Colombia en una posición de desventaja frente a los futuros pleitos con Nicaragua.
Esto no significa que el país tenga que tragarse el sapo completo. Por eso es cada vez más claro que el Estado presentará ante la CIJ un recurso de interpretación o de aclaración del fallo, a la vez que le expondrá razones de fondo de por qué su decisión es inaplicable así como llevarla a revisar algunas de sus decisiones. En cierta medida es la misma estrategia que usaron los comuneros frente a la orden del rey de aumentar los impuestos en 1781: se obedece pero no se cumple.
En cuanto a los argumentos mencionados en el encuentro de la Comisión Asesora que fueron filtrados a los medios, la verdad es que, en su mayoría, ya habían sido ventilados desde hace meses por los expertos. Entre estos están que la CIJ desconoció tratados que Colombia tenía vigentes con países limítrofes, lo que significa que con su decisión afectó a otras naciones que no eran parte del proceso, como Panamá, Costa Rica y Jamaica. Al hacer esto, la Corte se extralimitó en sus funciones.
Y también se dijo que Colombia podría esgrimir que la Corte desconoció derechos históricos del país sobre el archipiélago, que fracturó su unidad y que puso en peligro a las comunidades raizales que han estado allí desde hace siglos.
Varias fuentes confirmaron a SEMANA la existencia de varios proyectos de decreto que el gobierno iba a anunciar esta semana, pero que al final no llegaron a la Comisión Asesora ni salieron de la gaveta para su firma.
La idea con esos decretos y otras decisiones era demostrale a la CIJ la dificultad que tiene Colombia para acatar su fallo. Otras medidas buscarían la forma de determinar quién o qué órgano del poder debe fijar las nuevas fronteras del país, lo que sin duda desatará todo un limbo jurídico y un trasteo de la responsabilidad, pues nadie, ni mucho menos el presidente Santos, quiere pasar a la historia como el Marroquín del siglo XXI.
La senadora Alexandra Moreno Piraquive dijo, tras su reunión en la Comisión Asesora, que si bien se va a pedir a la Corte Internacional la interpretación o aclaración del fallo, también es factible que con toda la artillería que el gobierno está preparando en silencio y con paciencia se pueda armar en el futuro una demanda de revisión, pues por ahora no hay un hecho nuevo que lo permita hacer.
Precisamente en este punto la ministra Holguín tiene diferencias con la excanciller Noemí Sanín, quien lleva varios meses tratando de demostrar que la decisión de Nicaragua de construir un canal en asocio con ciudadanos chinos puede constituir un hecho nuevo –desconocido al momento del fallo por los jueces de la CIJ– que podría abrir, según su tesis, las puertas para revisar el fallo.
Para Sanín, el 4 de mayo de 2012, seis meses antes de que la Corte anunciara su fallo, y cuando se cerró la última oportunidad procesal para Colombia, el gobierno y el Congreso de Nicaragua tomaron decisiones para construir un nuevo canal interoceánico por ese país que podría incluir, como dice la Ley 800 de Nicaragua, aguas en discusión o en litigio.
Los expertos del gobierno y la Cancillería no creen que allí haya un hecho nuevo, pues Nicaragua lleva más de siglo y medio tratando de hacer un canal por su territorio. “El gobierno pide unidad, ¿pero alrededor de qué? ¿Cuál es la propuesta y la estrategia de defensa que se tiene? Yo me uno a todo lo que le convenga a Colombia, pero estoy convencida de que el fallo de La Haya es absolutamente antijurídico”, dijo a SEMANA la excanciller Sanín.
Así como el gobierno debe trabajar al máximo para responder al fallo en La Haya, hay otros asuntos igual o más relevantes que no puede perder de vista. El más importante es la decisión nicaragüense de buscar extender su actual plataforma continental de 200 a 350 millas marinas.
En su fallo, la CIJ estableció que no lo podía hacer porque Nicaragua no había cumplido con los requisitos y trámites requeridos, lo que para algunos expertos, como dijo Antonio José Rengifo, doctor en Derecho del Mar de la Universidad de Londres y profesor de la Nacional, le dejó servida en bandeja de plata a Managua la posibilidad de ir por más y por el valioso lecho marino.
"Desde un principio la estrategia de Nicaragua no ha sido quedarse con San Andrés, que ha sido el sofisma de distracción para los colombianos. Su intención ha sido la de ir por mar colombiano en el Caribe, eso fue lo que logró y lo que busca al pedir que la Corte le fije ese límite”.
Por eso Nicaragua, acogiéndose a la Convención del Mar, le solicitó hace un poco más de un mes a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU que le fije su plataforma, teniendo en cuenta el fallo de La Haya. En su solicitud ese país advirtió que “la CIJ no determinó el límite de la plataforma continental de Nicaragua y Colombia más allá del límite de 200 millas marinas”.
La canciller Holguín dijo a esta revista que además de ser un asunto sumamente técnico, que requiere años y años de estudios, es difícil que Nicaragua pueda probar y demostrar que su plataforma va más allá de lo ya establecido. Sin embargo, a pesar de que Colombia no ha suscrito la Convención del Mar, el país se está preparando para defender su plataforma continental. A su favor juega que lo que Nicaragua está pidiendo le quita más de 150.000 kilómetros de mar a Costa Rica, Honduras, Panamá y Jamaica, valiosos aliados que tendrá el país en el futuro para frenar al presidente Ortega.
Y como el fallo ancló varias islas y cayos en el mar, aislándolos del archipiélago, Managua está tratando de ejercer soberanía de facto, como cuando anunció su intención de ofrecer a compañías extranjeras la posibilidad de buscar petróleo en aguas que antes eran de Colombia o sobre las que habría vacíos.
Así como Colombia le otorgó a Ecopetrol y a la compañía hispano-argenina Repsol-YPF licencias para explorar hidrocarburos, incluso en zonas cercanas a la reserva Sea flower, Nicaragua va a hacer lo mismo. Lo importante es que no lo haga en esta reserva que hace parte de la segunda barrera de coral más grande del mundo ni que vaya a afectar la riqueza marina.
Nicaragua se equivocó al publicar los bloques que pensaba ofertar, algunos de los cuales hoy son de Colombia, lo que generó una protesta de Bogotá, pero dejó en claro que se va a meter hasta donde el fallo y las normas se lo permitan. De ahí que Colombia deba ser firme y tranquila a la hora de enfrentar esta realidad y la que se avecina, ante una eventual escalada armamentista de ese país centroamericano.
La recomendación que varios expertos le han hecho al gobierno es que, frente a los gritos de guerra y venganza que algunos lanzan desde el continente, un incidente le serviría más a Managua para demostrar que Bogotá no ha cumplido el fallo y pedir medidas cautelares contra Colombia, lo que sacaría de inmediato todas las embarcaciones militares de la zona.
Como lo dijo el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el país respeta las decisiones de cada Estado en sus compras militares y buscará siempre resolver pacíficamente cualquier problema. Sin embargo, sostuvo que “mantendremos la presencia de nuestras Fuerzas Militares protegiendo nuestros territorios, respetando nuestra soberanía y protegiendo los derechos históricos de los colombianos, de los pescadores, en esa zona”.
Es claro que Nicaragua convirtió a San Andrés en un complicado juego de ajedrez que diseñó desde hace años y tiene las fichas blancas en su poder. El dolor que ha significado para los colombianos el fallo de La Haya no puede llevar a pensar con la cabeza caliente ni al gobierno a actuar con ligereza. La Cancillería se ha tomado su tiempo para tomar decisiones y el gobierno ha actuado con prudencia y diplomacia. Pero ya es hora de que los colombianos conozcan cómo se va a enfrentar este nuevo round jurídico y estratégico.
Sobre todo si se considera que el caso de San Andrés se está convirtiendo, junto con los diálogos de La Habana, en los caballitos de batalla que Álvaro Uribe y la oposición están usando para golpear al gobierno y alistar el terreno para la contienda electoral que se avecina. Y más si se tiene en cuenta que Ortega, quien ya le midió el aceite a la opinión pública y a la clase política colombiana, no ahorra palabras en anuncios que dividen más al país en su estrategia. Con este panorama, el coctel no puede ser más peligroso.
Ya que Nicaragua mostró todas las cartas, Santos debe sacar todas las suyas. Muchos países de Centroamérica, así como Chile, Perú y Bolivia, que tienen casos en el CIJ, están pendientes de lo que se haga. Así como Santos logró sentar a las Farc a negociar, la estrategia ahora está en buscar que en unos años Nicaragua y Colombia se sienten cara a cara a negociar un tratado frente a la dificultad de poner en práctica el actual fallo de La Haya.
ENTREVISTA
La canciller, María Ángela Holguín, pasó al ataque frente al fallo de La Haya. Habló con SEMANA de las posibilidades de una confrontación con Nicaragua, el nuevo canal y hasta de los apátridas.
SEMANA: ¿Qué responde a quienes dicen que Colombia no tiene una estrategia clara ni contundente tras el fallo?
En una tesitura similar nos encontramos nosotros con Nicaragua en la actualidad, pero aquí por lo que se opta no es por la contextualización informada, o a la opinión expertos o a la entrevista a profundidad, sino en darle un espacio privilegiado a alguien cuyo único mérito es ser un agresor permanente de nuestro país. Es un contraste notable.
Qué hacer con la ambición de Nicaragua
SEMANA revela la estrategia del gobierno para contrarrestar el fallo de la Corte y frenar las nuevas pretensiones expansionistas de ese país.
Nicaragua se ha convertido para los colombianos en una pesadilla que parece nunca terminar. Además del dolor de haber perdido 75.000 kilómetros de mar tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Managua decidió poner todas sus cartas sobre la mesa y dejar en claro que quiere más mar, no solo de Colombia sino de otros países vecinos como Jamaica, Honduras, Panamá y Costa Rica. A este último también quiere quitarle la provincia de Guanacaste.
El bombardeo mediático que Nicaragua ha desatado en los últimos días demuestran que la mala noche para el país va a ser muy larga. Más si se tienen en cuenta la inseguridad y demora que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha mostrado para definir una estrategia que le permita al país responderle a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) con argumentos sólidos las grandes incoherencias y vacíos del fallo, así como frenar en otros escenarios los sueños expansionistas que el gobierno de Daniel Ortega tiene en el Caribe.
Dentro de esa estrategia esta semana Managua anunció de todo. Por un lado, que después de solicitarle a la Comisión de Limites de Naciones Unidas que le reconozca la extensión de su plataforma continental hasta 350 millas en el mar Caribe, también irá en las próximas semanas a pedirle a La Haya que fije esa nueva frontera, tal y como lo dejó abierto en el fallo contra Colombia en noviembre del año pasado.
A este hecho se sumó el anuncio que hizo el ministro de Minas nicaragüense de tener propuestas y planes para explorar hidrocarburos en las dos zonas que antes eran de Colombia o que están en discusión.
Y por si fuera poco, el comandante del Ejército, el general Julio César Avilés, confirmó esta semana que su país renovará su Armada con la posible adquisición de cuatro navíos, probablemente rusos, por la “necesidad de adquirir material bélico para custodiar esos nuevos y reivindicados mares que ahora tenemos y asegurar la soberanía de Nicaragua en estas aguas”. Ese anuncio se sumó a otros anteriores que ha hecho Ortega de comprarle aviones y armamento a Rusia.
En medio de todo aparecieron las imágenes de un superdestructor ruso que navegaba por las aguas nicaragüenses, todo dentro de una estrategia que caldea aún más el dividido ambiente político en Colombia, no solo frente a este tema, sino ante la campaña presidencial que se avecina.
Mientras Managua continúa con la estrategia que diseñó hace años y que le ha salido a la perfección hasta ahora, en Colombia no hay consensos frente al tema. El expresidente Álvaro Uribe insiste en desacatar el fallo y enviar las naves al meridiano 82, el Congreso de la República tramita una ley que desconoce las fronteras fijadas por la CIJ, se ha especulado que el gobierno expedirá varios decretos para determinar estos límites y muchos líderes de opinión y columnistas han salido a criticar la lentitud del gobierno para fijar una posición.
La ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, que ha mantenido una posición serena, no aguantó más y tildó de traidores de la Patria a quienes filtraron a los medios algunos detalles de la estrategia que el gobierno le presentó a la Comisión Asesora para defenderse en La Haya frente a Nicaragua.
Hasta el presidente Santos trinó para decir: “Ojo: gobierno no ha tomado ninguna decisión frente a recomendaciones de abogados y otras opciones que se han discutido sobre Nicaragua”. Y después concluyó: “Las filtraciones medio verdad medio mentiras de discusiones reservadas en Comisión Asesora de Relaciones Exteriores le hacen daño al país”.
En medio de este creciente y peligroso mar de leva de división política y confusión que hay entre los colombianos sobre si se debe acatar el fallo, y del dolor por lo perdido en San Andrés, la realidad es que hay grandes temas y preguntas que se deben resolver para enfrentar la amenaza estratégica planteada por Nicaragua.
Por eso, más allá de los arrebatos nacionalistas y del populismo guerrerista que genera cualquier conflicto internacional, es necesario estructurar una estrategia sólida, coherente, y, lo más a importante, de largo plazo para frenar las pretensiones nicaragüenses.
Es importante tener en cuenta que los tiempos de la Justicia internacional no son los de la política. En la Corte de La Haya saben que un fallo puede tardar, en promedio, entre cinco y siete años en ser aplicado y que los países requieren tiempo para dar respuestas, lo que no quiere decir que el gobierno esté cruzado de manos.
La canciller le dijo a SEMANA que el gobierno no solo contrató a la firma de abogados Volterra Fieta para encontrar salidas al fallo sino que recurrió a otros bufetes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, con el fin de tener una mirada desde diferentes especialidades.
Además, pidió varias interpretaciones tanto de Cortes nacionales como de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En total hoy en el Palacio de San Carlos hay seis conceptos sobre el fallo de La Haya, con los que se está realizado una matriz para establecer en qué coinciden y en dónde hay diferencias, así como sus posibilidades de éxito y los riesgos que habría al esgrimir una u otra tesis.
El gobierno llevó el miércoles pasado algunas de esas conclusiones y alternativas a la Comisión Asesora para buscar un consenso, y la filtración de algunos detalles desató la ira de la ministra Holguín y del presidente.
Se sabe que entre los abogados prácticamente hay unanimidad en que desconocer el fallo es imposible y hasta absurdo, no solo porque ninguna nación lo ha hecho, sino porque así se despliegue la Armada, el Consejo de Seguridad de la ONU obligaría al país a acatarlo.
Esto pondría a Colombia en una posición de desventaja frente a los futuros pleitos con Nicaragua.
Esto no significa que el país tenga que tragarse el sapo completo. Por eso es cada vez más claro que el Estado presentará ante la CIJ un recurso de interpretación o de aclaración del fallo, a la vez que le expondrá razones de fondo de por qué su decisión es inaplicable así como llevarla a revisar algunas de sus decisiones. En cierta medida es la misma estrategia que usaron los comuneros frente a la orden del rey de aumentar los impuestos en 1781: se obedece pero no se cumple.
En cuanto a los argumentos mencionados en el encuentro de la Comisión Asesora que fueron filtrados a los medios, la verdad es que, en su mayoría, ya habían sido ventilados desde hace meses por los expertos. Entre estos están que la CIJ desconoció tratados que Colombia tenía vigentes con países limítrofes, lo que significa que con su decisión afectó a otras naciones que no eran parte del proceso, como Panamá, Costa Rica y Jamaica. Al hacer esto, la Corte se extralimitó en sus funciones.
Y también se dijo que Colombia podría esgrimir que la Corte desconoció derechos históricos del país sobre el archipiélago, que fracturó su unidad y que puso en peligro a las comunidades raizales que han estado allí desde hace siglos.
Varias fuentes confirmaron a SEMANA la existencia de varios proyectos de decreto que el gobierno iba a anunciar esta semana, pero que al final no llegaron a la Comisión Asesora ni salieron de la gaveta para su firma.
La idea con esos decretos y otras decisiones era demostrale a la CIJ la dificultad que tiene Colombia para acatar su fallo. Otras medidas buscarían la forma de determinar quién o qué órgano del poder debe fijar las nuevas fronteras del país, lo que sin duda desatará todo un limbo jurídico y un trasteo de la responsabilidad, pues nadie, ni mucho menos el presidente Santos, quiere pasar a la historia como el Marroquín del siglo XXI.
La senadora Alexandra Moreno Piraquive dijo, tras su reunión en la Comisión Asesora, que si bien se va a pedir a la Corte Internacional la interpretación o aclaración del fallo, también es factible que con toda la artillería que el gobierno está preparando en silencio y con paciencia se pueda armar en el futuro una demanda de revisión, pues por ahora no hay un hecho nuevo que lo permita hacer.
Precisamente en este punto la ministra Holguín tiene diferencias con la excanciller Noemí Sanín, quien lleva varios meses tratando de demostrar que la decisión de Nicaragua de construir un canal en asocio con ciudadanos chinos puede constituir un hecho nuevo –desconocido al momento del fallo por los jueces de la CIJ– que podría abrir, según su tesis, las puertas para revisar el fallo.
Para Sanín, el 4 de mayo de 2012, seis meses antes de que la Corte anunciara su fallo, y cuando se cerró la última oportunidad procesal para Colombia, el gobierno y el Congreso de Nicaragua tomaron decisiones para construir un nuevo canal interoceánico por ese país que podría incluir, como dice la Ley 800 de Nicaragua, aguas en discusión o en litigio.
Los expertos del gobierno y la Cancillería no creen que allí haya un hecho nuevo, pues Nicaragua lleva más de siglo y medio tratando de hacer un canal por su territorio. “El gobierno pide unidad, ¿pero alrededor de qué? ¿Cuál es la propuesta y la estrategia de defensa que se tiene? Yo me uno a todo lo que le convenga a Colombia, pero estoy convencida de que el fallo de La Haya es absolutamente antijurídico”, dijo a SEMANA la excanciller Sanín.
Así como el gobierno debe trabajar al máximo para responder al fallo en La Haya, hay otros asuntos igual o más relevantes que no puede perder de vista. El más importante es la decisión nicaragüense de buscar extender su actual plataforma continental de 200 a 350 millas marinas.
En su fallo, la CIJ estableció que no lo podía hacer porque Nicaragua no había cumplido con los requisitos y trámites requeridos, lo que para algunos expertos, como dijo Antonio José Rengifo, doctor en Derecho del Mar de la Universidad de Londres y profesor de la Nacional, le dejó servida en bandeja de plata a Managua la posibilidad de ir por más y por el valioso lecho marino.
"Desde un principio la estrategia de Nicaragua no ha sido quedarse con San Andrés, que ha sido el sofisma de distracción para los colombianos. Su intención ha sido la de ir por mar colombiano en el Caribe, eso fue lo que logró y lo que busca al pedir que la Corte le fije ese límite”.
Por eso Nicaragua, acogiéndose a la Convención del Mar, le solicitó hace un poco más de un mes a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU que le fije su plataforma, teniendo en cuenta el fallo de La Haya. En su solicitud ese país advirtió que “la CIJ no determinó el límite de la plataforma continental de Nicaragua y Colombia más allá del límite de 200 millas marinas”.
La canciller Holguín dijo a esta revista que además de ser un asunto sumamente técnico, que requiere años y años de estudios, es difícil que Nicaragua pueda probar y demostrar que su plataforma va más allá de lo ya establecido. Sin embargo, a pesar de que Colombia no ha suscrito la Convención del Mar, el país se está preparando para defender su plataforma continental. A su favor juega que lo que Nicaragua está pidiendo le quita más de 150.000 kilómetros de mar a Costa Rica, Honduras, Panamá y Jamaica, valiosos aliados que tendrá el país en el futuro para frenar al presidente Ortega.
Y como el fallo ancló varias islas y cayos en el mar, aislándolos del archipiélago, Managua está tratando de ejercer soberanía de facto, como cuando anunció su intención de ofrecer a compañías extranjeras la posibilidad de buscar petróleo en aguas que antes eran de Colombia o sobre las que habría vacíos.
Así como Colombia le otorgó a Ecopetrol y a la compañía hispano-argenina Repsol-YPF licencias para explorar hidrocarburos, incluso en zonas cercanas a la reserva Sea flower, Nicaragua va a hacer lo mismo. Lo importante es que no lo haga en esta reserva que hace parte de la segunda barrera de coral más grande del mundo ni que vaya a afectar la riqueza marina.
Nicaragua se equivocó al publicar los bloques que pensaba ofertar, algunos de los cuales hoy son de Colombia, lo que generó una protesta de Bogotá, pero dejó en claro que se va a meter hasta donde el fallo y las normas se lo permitan. De ahí que Colombia deba ser firme y tranquila a la hora de enfrentar esta realidad y la que se avecina, ante una eventual escalada armamentista de ese país centroamericano.
La recomendación que varios expertos le han hecho al gobierno es que, frente a los gritos de guerra y venganza que algunos lanzan desde el continente, un incidente le serviría más a Managua para demostrar que Bogotá no ha cumplido el fallo y pedir medidas cautelares contra Colombia, lo que sacaría de inmediato todas las embarcaciones militares de la zona.
Como lo dijo el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el país respeta las decisiones de cada Estado en sus compras militares y buscará siempre resolver pacíficamente cualquier problema. Sin embargo, sostuvo que “mantendremos la presencia de nuestras Fuerzas Militares protegiendo nuestros territorios, respetando nuestra soberanía y protegiendo los derechos históricos de los colombianos, de los pescadores, en esa zona”.
Es claro que Nicaragua convirtió a San Andrés en un complicado juego de ajedrez que diseñó desde hace años y tiene las fichas blancas en su poder. El dolor que ha significado para los colombianos el fallo de La Haya no puede llevar a pensar con la cabeza caliente ni al gobierno a actuar con ligereza. La Cancillería se ha tomado su tiempo para tomar decisiones y el gobierno ha actuado con prudencia y diplomacia. Pero ya es hora de que los colombianos conozcan cómo se va a enfrentar este nuevo round jurídico y estratégico.
Sobre todo si se considera que el caso de San Andrés se está convirtiendo, junto con los diálogos de La Habana, en los caballitos de batalla que Álvaro Uribe y la oposición están usando para golpear al gobierno y alistar el terreno para la contienda electoral que se avecina. Y más si se tiene en cuenta que Ortega, quien ya le midió el aceite a la opinión pública y a la clase política colombiana, no ahorra palabras en anuncios que dividen más al país en su estrategia. Con este panorama, el coctel no puede ser más peligroso.
Ya que Nicaragua mostró todas las cartas, Santos debe sacar todas las suyas. Muchos países de Centroamérica, así como Chile, Perú y Bolivia, que tienen casos en el CIJ, están pendientes de lo que se haga. Así como Santos logró sentar a las Farc a negociar, la estrategia ahora está en buscar que en unos años Nicaragua y Colombia se sienten cara a cara a negociar un tratado frente a la dificultad de poner en práctica el actual fallo de La Haya.
ENTREVISTA
La canciller, María Ángela Holguín, pasó al ataque frente al fallo de La Haya. Habló con SEMANA de las posibilidades de una confrontación con Nicaragua, el nuevo canal y hasta de los apátridas.
SEMANA: ¿Qué responde a quienes dicen que Colombia no tiene una estrategia clara ni contundente tras el fallo?
María Ángela Holguín: El hecho de que seamos prudentes y que estudiemos con juicio y
analicemos cada paso
no quiere decir, en ningún momento, que no estemos actuando con
toda la determinación en la defensa y en la estrategia que Colombia merece, que
nos permita recurrir a los mecanismos del derecho internacional para elevar
nuestras opiniones y críticas hacia el fallo. Hemos sido cuidadosos en estudiar
diferentes posibilidades, hemos consultado a expertos nacionales e
internacionales, para tener claridad sobre los distintos escenarios de
acción.
SEMANA: ¿Y cuándo darán a conocer esas
medidas?
M.A.H.: En cuanto estemos preparados y totalmente seguros de los caminos
que emprenderemos para defender nuestros intereses nacionales le contaremos al
país de manera transparente y responsable, como lo hemos hecho hasta
ahora.
SEMANA: Pero han pasado nueve meses desde el
fallo.
M.A.H.: El manejo prudente que hemos tenido no debe confundirse jamás con
debilidad. La opinión pública puede estar segura de que estamos afinando con
seriedad y responsabilidad las acciones a seguir, sin inmediatismos ni
decisiones precipitadas, y obedeciendo únicamente al interés nacional, en el
cual, naturalmente, el bienestar de los pobladores del archipiélago es una
prioridad central.
SEMANA: ¿Por qué calificó de traición a la
patria las filtraciones que se han presentado sobre la defensa que quiere
Colombia?
M.A.H.: Yo no dejo de sorprenderme cuando personas, por cualquier
motivación, revelan información privilegiada y confidencial relacionada con
asuntos de Estado y en especial sobre este tema tan sensible. Quiero reiterar
que todo lo que digamos que favorezca intereses de terceros, y específicamente
de Nicaragua, va en detrimento de todos los colombianos y de nuestra defensa
nacional, y no exclusivamente de un gobierno.
No entiendo cómo alguien que revela dicha información privilegiada
y confidencial no piensa en el daño que le hace al país y a todos los
colombianos. Y me pregunto, ¿cómo más podríamos llamar ese acto? En este
momento debemos unirnos en este tema fundamental, que hemos manejado como
política de Estado.
SEMANA: ¿Es cierto que usted decidió que para
la defensa de Colombia no era prioritario declarar patrimonio mundial de la
humanidad a la reserva de Coral Seaflower, lo que podría frenar las
pretensiones nicaragüenses?
M.A.H.: Ningún país puede ‘declarar’ un bien como Patrimonio de la
Humanidad. Los Estados pueden postular una candidatura ante el Comité de
Patrimonio Mundial de la Unesco. La Cancillería decidió, tras consultar a la
agente y revisar todas las repercusiones, que por el momento no era conveniente
continuar con el proceso de postulación, teniendo en cuenta que en 2010 se
mantenía el litigio entre Nicaragua y Colombia ante la Corte Internacional de
Justicia.
SEMANA: Pero en ese momento esos mares eran de
Colombia.
M.A.H.: El fallo de 2007 de la Corte había decidido que el meridiano 82 no
era el límite marítimo y que iba a fijar uno nuevo. Además, uno de los
requerimientos de la Unesco consiste en acabar la pesca industrial en esa
área.
Cuando los críticos sugieren que habríamos podido reafirmar
posesión sobre algunas áreas del Seaflower al emprender esta medida, desconocen
que la misma convención indica que inscribir a un bien objeto de
reivindicación de soberanía o de jurisdicción no prejuzga nada sobre los
derechos de las partes en litigio.
SEMANA: ¿Por qué, como dice María Jimena
Duzán, usted desechó la tesis del Archipiélago de Estado, una zona que genera
su propia zona exclusiva?
M.A.H.: Esa tesis, –que sostuvo el doctor Enrique Gaviria Liévano durante
la Tercera Conferencia sobre Derecho del Mar, que condujo a la Convemar y en
algunas de cuyas sesiones participó– fue acogida por pocos países. La
Conferencia rechazó esa posibilidad y reconoció el planteamiento de las líneas
de base rectas únicamente para Estados archipiélagos. Esta posición tampoco ha
sido desarrollada ni en la jurisprudencia de la Corte Internacional de
Justicia, ni en la de tribunales de arbitramento.
SEMANA: ¿Qué tal están las relaciones con
Nicaragua? ¿Por qué se ve un lenguaje muy belicista en ese país? ¿Podría haber
un incidente con Nicaragua?
M.A.H.: Con Nicaragua hay diálogo a diferentes niveles. Los colombianos
conocimos las reuniones del presidente Santos con el presidente Ortega
posteriores al fallo de La Haya. Debemos entender que dichos diálogos no han
minado nuestra total determinación en la defensa del territorio nacional.
Lo que también el país debe entender es que los comentarios que
incitan a la confrontación y a la guerra no nos harán defender mejor nuestros
intereses nacionales. Así como la discreción no es sinónimo de inacción frente
al fallo de la CIJ, la firmeza en la defensa del territorio nacional no es lo
mismo que llamados a la guerra.
SEMANA: ¿Pero qué tan tensa está la situación?
M.A.H.: No estamos ad portas de un conflicto bélico con Nicaragua y la
presencia de la Armada nacional no obedece a otra cosa que al ejercicio pleno
de nuestra soberanía y, sobre todo, a la protección de los pescadores
colombianos que históricamente han derivado su sustento de las aguas del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
SEMANA: Hay quienes dicen que se desestimó la
noticia de la construcción del canal por parte de Nicaragua y que hasta se
afirmó que no iba a haber un impacto destructivo sobre el archipiélago.
M.A.H.: Sobre el canal, las inquietudes planteadas en ese sentido fueron
escuchadas y transmitidas de inmediato a los abogados que nos asesoran, para su
análisis. Tres de los abogados consultados, además de la Armada, desestimaron
incluir esta argumentación en las acciones que se propondrían.
Sobre el impacto destructivo en el archipiélago, quisiera que
tuviéramos en cuenta que existen varios canales interoceánicos, incluso uno
cerca a nuestras costas pacífica y atlántica, y todavía no tenemos noticias de
manchas negras de químicos venenosos en estos canales. La zona de aproximación
a un canal interoceánico es en promedio de tres millas náuticas.
Es claro que las rutas de acceso del eventual canal estarían, en
cualquier caso, en aguas internacionales en las que existía y existe libertad
de navegación, y las áreas de posible parqueo y maniobra de los buques estarían
dentro de las 12 millas del mar nicaragüense. Esto no implica que compartamos
la idea de la construcción de dicho canal. Esperamos que ese proyecto no se
convierta en una realidad.
SEMANA: ¿Qué piensa de la decisión de
Nicaragua de pedir su plataforma continental? ¿Hay peligro de perder más mar?
M.A.H.: La pretensión de la plataforma continental extendida de Nicaragua
no es solamente contra Colombia. También es contra Jamaica, contra Costa Rica,
contra Panamá. No estamos solos en esto, y en eso estamos trabajando. Yo estuve
en Jamaica y en días pasados estuvimos conversando con el presidente de Panamá,
Ricardo Martinelli, porque no es posible que Nicaragua pretenda pasar por
encima de todos, de todo el Caribe así como así. Eso no lo vamos a permitir.
SEMANA: ¿Usted cree que el problema es que
muchos sienten que Nicaragua tiene claro hacia dónde va y Colombia no?
M.A.H.: Quiero aprovechar para advertir que también aquí hay un juego en el
que Nicaragua busca alterar a los colombianos. Hacen afirmaciones públicas y
dan declaraciones de cosas que no son, como el tema de las concesiones, donde
el presidente Ortega dijo que se habían adjudicado en las aguas que el fallo le
había dado, cosa que no es cierta.
Las concesiones están al occidente del meridiano, y aunque esa es
la realidad, en Nicaragua lograron lo que pretendían, generar desestabilización
y dudas. No se olvide que he enviado varias notas de protesta sobre este
tema.
domingo, 16 de junio de 2013
La realidad en datos
La valoración de la gestión de un
gobierno debería ser, si se aspira al equilibrio y la objetividad, un ejercicio
que incluya al menos dos ámbitos: el político propiamente dicho con todo lo que
esto implica, y el de los resultados concretos, a la luz de lo prometido en la
campaña electoral. En el caso del actual Gobierno, se ha puesto un marcado
énfasis en la evaluación y análisis de lo primero, y se ha sistemáticamente
ignorado lo segundo. Al respecto quisiera aportar algunos datos que podrían ser
relevantes para un balanceado ejercicio de análisis de la actual gestión.
Los datos que voy a citar como prueba de
lo que se ha venido avanzando, son los mismos que se han utilizado en otras
ocasiones para criticar la gestión de este y otros gobiernos. El mismo rigor,
corrección y objetividad tienen ahora que exhiben un comportamiento positivo,
que el que tenían cuando mostraban una situación diferente.
Los mismos datos del Organismo de
Investigación Judicial que en el pasado nos reflejaban una situación crítica en
materia de seguridad, son los que ahora nos indican una disminución del 17% en
la tasa de homicidios entre el año 2011 y 2012, y que la tasa de asaltos a
viviendas y de robo de vehículos se ha reducido en un 10,6% y un 15%
respectivamente.
Los mismos datos de la Encuesta Nacional
de Hogares que nos mostraron una alza sostenida en el porcentaje de hogares
pobres en los últimos 5 años, son los que ahora muestran que en el 2012 la tasa
exhibió un comportamiento diferente, disminuyendo un 1%.
Los mismos datos del Banco Central de
Costa Rica que decían que en el 2008 el Producto Interno Bruto se había
contraído en un 1,3%, son los que nos dicen que el crecimiento económico el año
pasado alcanzó un 5.1%, el más alto de los últimos 5 años. Son los mismos datos
que apenas hace un año nos mostraban tasas de interés rondando el 11%, los que
hoy nos muestran la misma tasa en 6,65%. Y todo esto con una tasa de inflación
que es de las mas bajas en los últimos 40 años.
Los mismos datos de la Encuesta Continua
de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que hace poco
mas de un año reflejaban una tasa de desempleo cercana al 11%, son los que
ahora muestran una disminución de un 1,1%, después de una creación de empleo de
172,000 puestos de trabajo en los últimos 24 meses. Es esa misma encuesta la
que muestra que miles y miles de costarricenses, estimulados por la perspectiva
positiva de encontrar trabajo, se incorporaron a la fuerza de trabajo a una
tasa que triplica la del crecimiento de la población.
Todos los datos utilizados tiene un
fundamento. No es trata de una invención ni de una Costa Rica inexistente. La
constante de quienes disputan la veracidad de estos datos es acudir a lo
anecdótico o a simplemente desconocerlos mediante un lapidario pero infundado
“eso no es cierto”. Si esos indicadores no son ciertos o “no reflejan la
realidad”, habría que valorar seriamente cerrar las instituciones que los
producen. Si decidimos que la intuición o visiones parciales o interesadas de
la realidad tienen un valor superior a esos datos construidos con rigor y
objetividad, nunca podremos tener una adecuada y –por qué no decirlo-, justa,
evaluación de las políticas públicas.
Como lo mencioné al inicio, valorar la
acción de un gobierno es un ejercicio integral. Hay algunos que parecen estar
interesados en centrar la evaluación del gobierno de la Presidenta Chinchilla exclusivamente
en algunos aspectos. Y no es que estos ámbitos no sean importantes, pero tampoco
se puede negar la realidad de los números. Y estos números nos muestran que en
el año 2012, se propició el círculo virtuoso al que aspira todo gobierno: un
crecimiento económico que generó empleo, lo que resultó en un aumento del
ingreso familiar promedio (en un 6,9%, por encima de la inflación) y una
disminución de la pobreza. Esa es la realidad irrefutable de los números.
Números que nos indican que, en el último
año, miles de mujeres se incorporaron a la fuerza de trabajo, muchas de ellas
aprovechando la oportunidad que les da una red de cuido que ahora alberga a
29,000 niños y a 10,000 adultos mayores. Que confirman el esfuerzo que ha
venido haciendo el Gobierno para revitalizar la infraestructura nacional, con
proyectos en marcha como la carretera a San Carlos, la ampliación de la ruta
entre Liberia y Cañas, la carretera Chilamate-Vuelta de Kopper, la recién
iniciada 27 de Abril-Villareal, así como las decenas de intervenciones en la
red vial cantonal que las municipalidades ejecutan con el apoyo de un préstamo
de $200 millones del BID.
La realidad ineludible de los números nos
muestra que hoy hay 22,000 nuevos técnicos egresados del INA, 90 nuevos
programas de educación técnica que abrió el MEP en estos tres años y que permitieron
que 22,000 jóvenes mas pudieran elegir esta opción educativa. Que 8,000 jóvenes
que no estudian y no tienen empleo, se beneficien de EMPLEATE, en ruta a
incorporarse a la fuerza de trabajo, o que 380.000 estudiantes reciban becas de
FONABE o Avancemos. O que nuestras exportaciones crezcan a tasas inusitadas en
un mundo que apenas se recupera de la crisis económica y financiera del
2008-2009. O que, pese a la visión de algunos que no hay nada bueno en este
país, inversionistas internacionales sigan trayendo miles de millones de
dólares, en una obcecada confirmación de nuestro buen nombre a nivel internacional,
ratificado por la reciente visita de los Presidentes de la primera y segunda
economías del mundo.
De datos así está llena la realidad
costarricense del 2012. Todos con fundamento sólido. Refleja la acción de un
Gobierno que ha venido paulatinamente cumpliendo lo que se le prometió a los costarricenses,
que ha tenido claro su norte desde el primer día. Si a algunos no les gusta lo
que muestran esos datos, o quieren invisibilizarlos para darle énfasis solo a
otros aspectos, eso no es culpa de la Presidenta. La culpa es de la realidad,
terca e inconmovible, que no cambia a voluntad de quienes quieren mostrarla de
una manera parcial.
lunes, 3 de junio de 2013
Mi aclaración
Algunos amigos y amigas me han sugerido que escriba en el blog una aclaración sobre algunos conceptos que supuestamente emití en un conversatorio con estudiantes de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR un día de estos, y que alguien citó en Facebook. Después de pensarlo, he decidido hacer la siguiente aclaración:
No dije lo que dicen que dije en la forma que dicen que lo dije. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto.
Y eso es lo que creo que debo hacer porque no quiero incurrir en lo que considero son errores de principio. Primero, porque si lo único que se requiere para aceptar como cierto algo es que aparezca en redes sociales, yo ya cumplí el requisito. Porque para alguna gente ese parece ser el caso ¿Vamos a empezar a concederle credibilidad incuestionable a cualquier cosa que se diga en una página de Facebook -en este caso una cita de algo que alguien oyó e interpretó de cierta manera-, por el solo hecho de que se dice en una red social?. ¿Y eso además impone automáticamente a la persona aludida la obligación ineludible de aclarar, disculparse o morir en la hoguera?. ¿Entonces hay que aclarar cualquier cosa que se diga sin importar si es cierto o no, si está fundamentado o no, por el simple hecho de que alguien lo dice en una red social?. Yo por lo menos no lo creo.
Segundo, el de aceptar que debe responderse obligatoriamente cualquier opinión que se emita a partir de una cosa como esta, aun cuando no se haga el menor esfuerzo por ampliar la información original o indagar si existen elementos adicionales antes de condenar, etiquetar o simplemente insultar. Disparar primero y preguntar después parece ser el código de conducta de algunos en redes sociales. Se es culpable hasta que se demuestre -si eso es posible- lo contrario. Y mientras pasa mas tiempo, mas culpable se es. Reconozco que algunos explícitamente se abstuvieron de sumarse a la turba de linchamiento. A ellos les agradezco su mesura y les ofrezco que si quieren saber qué fue lo que pasó me manden un correo para contarles de vuelta qué era de lo que hablábamos en ese conversatorio de una hora y media con estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR. A los demás, a los que asumieron todo como cierto sin preguntarse nada me imagino que nos les interesa.
Tercero, y esto lo he dicho muchas veces, el de aceptar que las redes sociales tienen un monopolio especial de la representación democrática o un valor social superior a otras formas de ciudadanía. Eso es lo que parecen creer algunas personas que consideran que cualquier cosa que se diga por acá debe ser rebatida o aclarada sin importar la veracidad o rigor de lo que se dice, pues de lo contrario se exhibe una inclinación antidemocrática y/o elitista. Nada más alejado de la realidad: las redes sociales no son representativas, lo he dicho muchas veces y lo mantengo. Y antes de que algunos se rasguen las vestiduras no digo que no sean importantes. Pero no lo son tanto como algunos creen que son (o quisieran que fueran), ni reflejan el sentir del país. A ratos mas bien parece exactamente lo contrario.
Así que sobre lo que se me atribuye que dije solo voy a decir esto: no dije lo que se dice que dije. Debería ser suficiente, así como fue suficiente que alguien lo dijera en otro lugar, para que se diera por cierto. A menos por supuesto, que no quiera creerlo. Pero esa es otra historia.
No dije lo que dicen que dije en la forma que dicen que lo dije. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto.
Y eso es lo que creo que debo hacer porque no quiero incurrir en lo que considero son errores de principio. Primero, porque si lo único que se requiere para aceptar como cierto algo es que aparezca en redes sociales, yo ya cumplí el requisito. Porque para alguna gente ese parece ser el caso ¿Vamos a empezar a concederle credibilidad incuestionable a cualquier cosa que se diga en una página de Facebook -en este caso una cita de algo que alguien oyó e interpretó de cierta manera-, por el solo hecho de que se dice en una red social?. ¿Y eso además impone automáticamente a la persona aludida la obligación ineludible de aclarar, disculparse o morir en la hoguera?. ¿Entonces hay que aclarar cualquier cosa que se diga sin importar si es cierto o no, si está fundamentado o no, por el simple hecho de que alguien lo dice en una red social?. Yo por lo menos no lo creo.
Segundo, el de aceptar que debe responderse obligatoriamente cualquier opinión que se emita a partir de una cosa como esta, aun cuando no se haga el menor esfuerzo por ampliar la información original o indagar si existen elementos adicionales antes de condenar, etiquetar o simplemente insultar. Disparar primero y preguntar después parece ser el código de conducta de algunos en redes sociales. Se es culpable hasta que se demuestre -si eso es posible- lo contrario. Y mientras pasa mas tiempo, mas culpable se es. Reconozco que algunos explícitamente se abstuvieron de sumarse a la turba de linchamiento. A ellos les agradezco su mesura y les ofrezco que si quieren saber qué fue lo que pasó me manden un correo para contarles de vuelta qué era de lo que hablábamos en ese conversatorio de una hora y media con estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR. A los demás, a los que asumieron todo como cierto sin preguntarse nada me imagino que nos les interesa.
Tercero, y esto lo he dicho muchas veces, el de aceptar que las redes sociales tienen un monopolio especial de la representación democrática o un valor social superior a otras formas de ciudadanía. Eso es lo que parecen creer algunas personas que consideran que cualquier cosa que se diga por acá debe ser rebatida o aclarada sin importar la veracidad o rigor de lo que se dice, pues de lo contrario se exhibe una inclinación antidemocrática y/o elitista. Nada más alejado de la realidad: las redes sociales no son representativas, lo he dicho muchas veces y lo mantengo. Y antes de que algunos se rasguen las vestiduras no digo que no sean importantes. Pero no lo son tanto como algunos creen que son (o quisieran que fueran), ni reflejan el sentir del país. A ratos mas bien parece exactamente lo contrario.
Así que sobre lo que se me atribuye que dije solo voy a decir esto: no dije lo que se dice que dije. Debería ser suficiente, así como fue suficiente que alguien lo dijera en otro lugar, para que se diera por cierto. A menos por supuesto, que no quiera creerlo. Pero esa es otra historia.
miércoles, 8 de mayo de 2013
Terminación por mutuo acuerdo de la concesión San José-San Ramón
Dado que parece haber alguna confusión respecto al proceso de terminación del contrato de concesión San José-San Ramón, quisiera explicar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que vamos a hacer para cumplir con la directriz de la Presidenta de la República.
Lo primero es entender que el anuncio hecho en cadena nacional el pasado 22 de abril lo que hace es iniciar un proceso que finalizará con la terminación del contrato por mutuo acuerdo. Expresa una voluntad política, que debe ser concretada dentro del ordenamiento jurídico, por las autoridades legalmente competetentes, en este caso, el Consejo Nacional de Concesiones. No podía la Presidenta en ese momento haber firmado una finalización por mutuo acuerdo, pues existe un procedimiento para esto que esta definido por ley, y que debe ser estrictamente respetado.
Incluso el anuncio hecho en la cadena en mencion no era suficiente, en el entorno legalista de nuestra administración pública, para que la denominada administración concedente, el CNC, comenzara actuar. Se requirió una nota oficial de la Presidencia para que la Junta Directiva del CNC tomara su primer acuerdo, que fue precisamente el de acoger la solicitud de la Presidenta, y solicitar al Departamento Legal del Consejo que indicara cual era el procedimiento legal para, como primer paso, notificar a la empresa de la decisión de la Presidenta.
Una vez que se tuvo la recomendación del Departamento Legal, el jueves 2 de mayo se procedió a notificar al concesionario la suspensión del contrato por un plazo de 60 días, en el que confiamos se pueda alcanzar un acuerdo definitivo.
Con la respuesta de la empresa -que no ha sido conocida todavia de manera oficial-, lo que seguiría es definir la forma en que se trabajará para concretar la terminación del contrato por mutuo acuerdo, lo que requerirá de la discusión de aspectos legales, técnicos y financieros.
La responsabilidad de representar al Estado en esa fase le corresponderá al personal profesional del Consejo Nacional de Concesiones que se designe en el momento en que se defina la metodología de trabajo que se va a utilizar para elaborar este acuerdo. La Junta Directiva acordó además reforzar a este grupo de funcionarios de planta contratando empresas o profesionales que apoyen el trabajo del Consejo según se requiera, así como solicitar la colaboración de diversas instancias del Estado cuando fuese necesario y en función de los temas que vayan surgiendo en la discusión. Vale la pena mencionar que hasta el momento no se ha realizado ninguna contratación, pero cuando se considere necesario hacer alguna, se utilizarán los mecanismos de contratación propios de la administración pública, lo que incluye por supuesto concursos públicos abiertos y transparentes.
Es al final de este proceso que se tendrá un documento con toda los requisitos legales para poder dar por terminado el contrato de concesión. Mientras llegamos a este punto, el contrato se encuentra suspendido, lo que significa que se releva de las responsabilidades que le imponía el contrato a la concesionaria, la que por supuesto suspende toda operación en la carretera.
Este es el proceso a grandes rasgos. Por ser la primera vez que se hace esto en el país, queremos hacerlo con mucho cuidado, en estricto apego a las leyes y de manera transparente. Algo así requiere una gran mesura, paciencia y rigor. La clave es trabajar sin pausa, pero con mucho cuidado, para obtener el mejor resultado posible. En eso estaremos.
Lo primero es entender que el anuncio hecho en cadena nacional el pasado 22 de abril lo que hace es iniciar un proceso que finalizará con la terminación del contrato por mutuo acuerdo. Expresa una voluntad política, que debe ser concretada dentro del ordenamiento jurídico, por las autoridades legalmente competetentes, en este caso, el Consejo Nacional de Concesiones. No podía la Presidenta en ese momento haber firmado una finalización por mutuo acuerdo, pues existe un procedimiento para esto que esta definido por ley, y que debe ser estrictamente respetado.
Incluso el anuncio hecho en la cadena en mencion no era suficiente, en el entorno legalista de nuestra administración pública, para que la denominada administración concedente, el CNC, comenzara actuar. Se requirió una nota oficial de la Presidencia para que la Junta Directiva del CNC tomara su primer acuerdo, que fue precisamente el de acoger la solicitud de la Presidenta, y solicitar al Departamento Legal del Consejo que indicara cual era el procedimiento legal para, como primer paso, notificar a la empresa de la decisión de la Presidenta.
Una vez que se tuvo la recomendación del Departamento Legal, el jueves 2 de mayo se procedió a notificar al concesionario la suspensión del contrato por un plazo de 60 días, en el que confiamos se pueda alcanzar un acuerdo definitivo.
Con la respuesta de la empresa -que no ha sido conocida todavia de manera oficial-, lo que seguiría es definir la forma en que se trabajará para concretar la terminación del contrato por mutuo acuerdo, lo que requerirá de la discusión de aspectos legales, técnicos y financieros.
La responsabilidad de representar al Estado en esa fase le corresponderá al personal profesional del Consejo Nacional de Concesiones que se designe en el momento en que se defina la metodología de trabajo que se va a utilizar para elaborar este acuerdo. La Junta Directiva acordó además reforzar a este grupo de funcionarios de planta contratando empresas o profesionales que apoyen el trabajo del Consejo según se requiera, así como solicitar la colaboración de diversas instancias del Estado cuando fuese necesario y en función de los temas que vayan surgiendo en la discusión. Vale la pena mencionar que hasta el momento no se ha realizado ninguna contratación, pero cuando se considere necesario hacer alguna, se utilizarán los mecanismos de contratación propios de la administración pública, lo que incluye por supuesto concursos públicos abiertos y transparentes.
Es al final de este proceso que se tendrá un documento con toda los requisitos legales para poder dar por terminado el contrato de concesión. Mientras llegamos a este punto, el contrato se encuentra suspendido, lo que significa que se releva de las responsabilidades que le imponía el contrato a la concesionaria, la que por supuesto suspende toda operación en la carretera.
Este es el proceso a grandes rasgos. Por ser la primera vez que se hace esto en el país, queremos hacerlo con mucho cuidado, en estricto apego a las leyes y de manera transparente. Algo así requiere una gran mesura, paciencia y rigor. La clave es trabajar sin pausa, pero con mucho cuidado, para obtener el mejor resultado posible. En eso estaremos.
Posted with Blogsydomingo, 5 de mayo de 2013
El borrachito de la cédula
Teníamos tal vez 19 o 20 años aquella
madrugada en que un grupo de amigos veníamos caminando del entonces popular bar “La
Caracas”, lugar que habitualmente era la parada final de una noche de tragos y
que quedaba a 100 metros al oeste de la Iglesia de Santa Teresita, famoso por su boca de "chucitos". Eran
alrededor de las 3 de la mañana, tal vez un poco mas tarde, cuando nos topamos
un operativo policial en donde allanaban una casa en Barrio Escalante. Uno de
mis amigos, en ese momento estudiante de segundo año de derecho, y
probablemente deseoso de mostrar en todo momento su respeto por el ordenamiento
jurídico que ahora estudiaba y -hay que decirlo-, un poco intoxicado por la larga noche de tragos, sacó a duras penas su cédula de la billetera y con un
gesto dramático, que denotaba, por lo menos creía él, su respeto a la ley, se
acercó a uno de los policías y blandiendo su cédula le pidió a un oficial que
verificara su identidad. El policía, mas preocupado por el
desarrollo del operativo, lo miró con una expresión incrédula, probablemente
sorprendido por lo inoportuno de la solicitud. Pese a esto, el oficial agradeció
el gesto de mi amigo, diciéndole que en ese momento no era necesario, y le
mandó mas bien a retirarse.
Mi amigo no pudo ocultar su desazón por
la respuesta del policía, pero no iba a dejar que eso le impidiera cumplir con
lo que percibía como su ineludible obligación legal. Citando algunos artículos
de códigos innombrables, siguió atosigando al policía para que le aceptara la
cédula y comprobara no solo su identidad, sino además lo buen ciudadano que era,
obediente y temeroso de las leyes que ahora empezaba a conocer. El oficial fue
pasando de la incredulidad risueña a la impaciencia apenas contenida, y después
de varios minutos de inútil discusión con mi amigo se volvió hacia nosotros y
notoriamente disgustado nos gritó “¡llévense al borrachito de la cédula!”.
Cierta gente en redes sociales me recuerda al borrachito de la cédula. Al igual que mi amigo hace treinta y tantos años, andan
con la cédula de las ideas trasnochadas y los insultos esperando discusiones en
RRSS en las que desesperadamente quieren ser incluidos aun cuando no aporten
nada mas que frases vacías, golpes de efecto o simplemente ofensas o injurias.
Gente que no hace propuestas, muchas veces porque no las tiene, pero en otras
porque sabe que su pensamiento radical es rechazado mayoritariamente. Entonces
lo que queda es atosigar para llamar la atención, citar artículos de códigos
innombrables y tratar de hacer escándalos en donde no los hay. Son los borrachitos
de la cédula de las RRSS. Todos sabemos quienes son. Y hasta deberían tener una etiqueta propia (¿#BDLC?).
Por cierto que mi amigo finalmente
terminó siendo un abogado exitoso y respetado con el que me reúno
frecuentemente a recordar las peripecias de nuestra juventud. Siempre ha
insistido que el episodio de la cédula no es cierto. Pero lo que pasa es que no
se acuerda. ¿O será que no quiere acordarse?
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