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domingo, 6 de diciembre de 2015

El gobierno parece haber aprendido; una absolutoria y los derechos que debemos defender

Una rápida nota inicial. De no ser que suceda algo que realmente me incite a escribir un comentario, este sería mi último blog del año. Un viaje el próximo fin de semana, y las fechas mismas, en donde la gente anda en otras cosas, me hacen pensar que una pausa es conveniente. Aprovecho entonces para desearles una feliz Navidad y un año 2016 lleno de satisfacciones personales y profesionales. ¡Seguimos en el 2016!

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Se viene un período de sesiones extraordinarias de gran importancia para el gobierno. Es, posiblemente, el único que le queda para que la discusión no esté teñida por el cálculo político, antes de que arranquen los fuegos electorales en el 2017. Pero se enfrenta a esta coyuntura debilitado y con una fracción oficialista partida. Si algún gobierno necesita la ayuda de la oposición, definitivamente es este.

Paulatinamente se ha venido dando un cambio, errático y no siempre consistente, en la actitud del gobierno respecto a los partidos de oposición. Solís, desafortunadamente, desaprovechó la oportunidad que le daba un resultado electoral contundente, y en vez de elevarse sobre la pequeñez del envanecimiento personal, dedicó los primeros meses de gestión a atacar a sus adversarios políticos, siendo el punto culminante el sainete de los 100 días, que como se sabe no produjo ninguna acusación formal. 

Pero, confrontado con su propia debilidad, política y conceptual, habiendo dilapidado en apenas 18 meses el apoyo de la gente, y con la carga enorme de la decepción y el enojo ciudadano, el gobierno ha venido bajando el tono, y por primera vez, ya con el agua al cuello y despues de un primer año improductivo en la Asamblea, hace gestos concretos que posiblemente permitan mejorar el clima político.

Hay una primera señal positiva: la anuencia a impulsar 3 proyectos destinados a controlar el crecimiento del gasto público en salarios, uno presentado por MIDEPLAN, dirigido a cambiar la forma en que se evalúa el desempeño de los funcionarios, como requisito previo a recibir el pago de anualidad; otro, presentado por el PUSC, que pretende establecer un tope máximo a los salarios; y finalmente, uno del PLN, cuyo objetivo es ordenar los denominados pluses salariales, estableciendo parámetros que permitan la homogeneización de los diferentes sistemas existentes.

Es de esperarse que el debate de estos proyectos sea complicado, dada la previsible oposición del Frente Amplio. Y la discusión se hace aun mas compleja dada esa división en la fracción oficialista, en donde hay diputados mas cercanos a las posiciones del FA. Recordemos que la Presidenta del PAC y el jefe de fracción oficialista, firmaron un pacto con el FA y los sindicatos del sector público, en donde la oposición a una eventual equiparación de pluses salariales era uno de sus puntos prominentes.

Pero habiendo el gobierno accedido, aunque sea después de haber perdido un tiempo valioso, a la discusión de proyectos dirigidos al control del gasto, se abren las puertas para una discusión más amplia sobre impuestos. Desde esta perspectiva, la convocatoria de un proyecto para reinstaurar el impuesto a las sociedades anónimas será, espero yo, recibida positivamente en la Asamblea Legislativa, y su pronta aprobación permitirá restaurarle al Ministerio de Seguridad Pública los recursos que le recortara el fallo de la Sala Constitucional.

 Una sugerencia: que se tome la previsión de que parte de esos recursos, sin que se definan porcentajes para no introducir rigideces innecesarias, puedan ser destinados a los programas de prevención que desarrolla el Viceministerio de Paz, y no perder así el impulso que estas iniciativas traían del gobierno anterior.

Ojalá que el gobierno siga actuando consciente de su propia debilidad y respetando a la oposición. Es la única manera que tiene para poder concretar algunas iniciativas que el país requiere.

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La reacción de algunas personas ante la absolutoria del expresidente Miguel Angel Rodríguez ha sido en al línea de cuestionar que se le absuelva por “un tecnicismo”. “La prueba”, dicen quienes así se expresan, “demostraba la culpabilidad y por lo tanto no debió ser eliminada, sin importar como fue obtenida”.

No es cierto. La forma en que obtienen las pruebas es consustancial al proceso judicial. El que existan parámetros mínimos que deben ser respetados, es una protección irrenunciable que tenemos todos ante los excesos que puedan cometer las autoridades. El debido proceso no es una excusa para permitir la impunidad, es un seguro que todos tenemos y debemos defender.

Pero según algunos, esto no es importante, porque en su mente el acusado era culpable. Para algunos, su condición de político prominente determina una presunción de culpabilidad automática. Es como si se revirtiera el principio y ahora toda persona, sobre todo si es un político, es culpable hasta que demuestre lo contrario. 

Aplicando esa lógica, una absolutoria solo es explicable, por la complicidad de jueces, atrapados por los tentáculos del poder, nunca de una aplicación racional de la ley, la que, de paso muchos de esos críticos desconocen. Esta forma de pensar no solo es temeraria, sino que mina injustificadamente la credibilidad del Poder Judicial. En este sentido, es igual de irresponsable repetir estos argumentos sin conocer bien el proceso, como cuando lo hacen personas que, pese a su preparación profesional, han encontrado en la repetición elaborada de los peores prejuicios, una forma para seguir teniendo vigencia en algunos medios.

Lo cierto es que la protección del derecho a un juicio justo, en donde todos los actores cumplan con los requisitos establecidos, es algo que todos debemos apoyar. Incluso cuando la persona que recibe esa protección sea un político. Nos conviene a todos.

3 comentarios:

Ronald Rivera dijo...

Columna Chisporroteos. 09 de enero del 2013
Alberto Cañas
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El retiro, no por inusitado menos esperable, que de su precandidatura ha hecho don Rodrigo Arias le ha dado un nuevo rostro al muy frío, casi helado pujepuje de las candidaturas para 2014, y ha desviado la atención de algo mucho más emocionante (por adjetivarlo de algún modo) que parece haber desaparecido de las noticias.Me refiero a la certificación que envió Panamá al juicio por el óleo de dinero que hizo Alcatel, y que un tribunal de Guadalupe declaró inaceptable.Si lo que dispuso el tribunal de Guadalupe prevalece, se cancelará el juicio penal que se ha seguido contra el expresidente Rodríguez y un montón de señorones más.Pero hay algo que no ha quedado claro. Un tribunal declara inadmisible el documento. Pero, inadmisible o no, ¿qué dice ese documento? Los costarricenses tenemos derecho a saberlo. Aunque un tribunal haya decidido que no es admisible por razones procedimentales, no de fondo, el hecho es que el documento existe, y dice algo, que los costarricenses tenemos derecho a conocer. Sí con base en él se ha sostenido un proceso, es porque algo importante dice, y debe de ser algo grave que, repito, los costarricenses tenemos el derecho de conocer, puesto que se refiere a actitudes, actos o manejos de un ex-presidente de la república contra quien se abrió proceso penal precisamente por los hechos que, supongo, se hacen constar en el documento que el tribunal a que me vengo refiriendo ha declarado inadmisible. La ya antigua leguleyada de la forma contra el fondo.El documento existe y es sorprendente que la prensa costarricense no se haya puesto detrás de él para darlo a conocer. Admisible o inadmisible, dice o certifica algo. Insto a este periódico en que escribo, a que lo dé a conocer, dado que se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua. El punto es éste: el ex presidente y los suyos no han sido absueltos. Abogados especialistas en oportunidades procedimentales han conseguido que un tribunal decida que el proceso no puede seguir, aunque la resolución que tal cosa dispuso no está firme. Pero firme la resolución o no, en un expediente judicial yace un documento panameño emitido de acuerdo con las leyes de Panamá, (como ha sido practicado y aceptado por todos los países civilizados), en el cual se hace constar algo que ameritó que se abriera un proceso penal contra gente muy prominente y conocida, pero que según un tribunal situado en Guadalupe debe quedar impune.

Ronald Rivera dijo...

Diario La República
Sábado 29 de Diciembre, 2012
Chisporroteos
Alberto Cañas________________________________________
“La crítica pasa y el poder queda en casa”. En la Costa Rica de los años 40, esta frase se atribuyó a Tacho Somoza, y se afirmaba que se la había dicho al Dr. Calderón Guardia en una piscina durante la visita oficial que el presidente costarricense hizo a su colega de Nicaragua, y que fue el comienzo de una amistad cordial y para siempre, que le costó muchas vidas a Costa Rica
La frase viene a mi memoria con motivo del fallo dictado por un tribunal de Guadalupe, que declaró inadmisible una prueba traída de Panamá en el proceso que se ha venido siguiendo contra el expresidente Miguel Angel Rodríguez.
Dicha prueba, de carácter documental, consiste en un documento que Panamá emitió de acuerdo con su propia legislación, como es costumbre que lo haga todo país civilizado. No se puede exigir a ningún país conocer ni cumplir los requisitos que otro país exige de sus propios documentos. Lo más que requiere un documento extranjero es ser autenticado aquí.
Por alguna razón puramente procedimental (esas razones en que son expertos ciertos abogados), se declaró inadmisible la prueba panameña. Pero por ninguna parte se puede aducir que los hechos que esa prueba certificó fueran falsos. A lo más que se puede llegar es a decir que no fueron probados conforme lo deseaba un tribunal de Guadalupe. Pero ahora resulta que el fallo guadalupano está siendo celebrado en algunos círculos como si los jueces de Guadalupe hubiesen declarado que los hechos que Panamá certificó no son ciertos. La falta de un requisito (cosa, repito, discutible sobre todo en este caso concreto) no anula la verdad de un documento. Un golpe de efecto procedimental no convierte en mentira la verdad ni en lícito un acto que no lo es. La prescripción es el recurso final de los defensores. Puede salvar a un delincuente de la cárcel. Pero no convierte en mentiras las verdades que Panamá certificó de acuerdo con sus propias leyes.

mar dijo...

Don Roberto me permito aclara al Ar Ronald Rivero que tal y como se le rectificó a Alberto Cañas cuando publicó esa columna, la prueba de Panamá que fue declarada ilegal en el caso ICE Alcatel no tiene ninguna referencia relacionada conmigo. Esa prueba fue reconsiderada como legal por la Sala Tercera de suplentes y con esa prueba como válida es que ahora de nuevo el Tribunal de Apelación de Sentencias declara mi inocencia por no haber prueba alguna en mi contra

Por otra parte me permito publicar acá el correo que me permití hacerllegar a don Roberto Gallardo:
Muy estimado Roberto lo saludo con afecto y aprovecho la ocasión para desearle con su familia una Feliz Navidad y un muy venturoso 2016.
Le escribo para agradecer el comentario en su blog referente a mi segunda absolutoria unánime por el Tribunal de Apelación de Sentencia. Esa sentencia está basada en que no hay ninguna prueba en mi contra salva la declaración de Jose Antonio Lobo basada en un criterio de oportunidad que el Tribunal señala: 1.- que debía haber sido revisada por el Tribunal de juicio que para ello era competente y se rehusó a hacerlo; 2.- que su trámite por parte del Ministerio Público estuvo viciado por contradicciones en la declaración, por falta de investigar otros delitos de JAL, por de hecho darle impunidad sobre esos otros delitos sin los tramites del criterio de oportunidad, por ocultar información a la jueza que tramitó la aprobación del criterio de oportunidad, por mentirle al tribunal que conoció mi denuncia contra el Fiscal General por incumplimiento de deberes diciéndole que esos otros delitos confesados por JAL, que constan en informes contables del OIJ y que se negaron a investigar estaban cubiertos por el criterio de oportunidad; 3.- que la aprobación por parte de una jueza del criterio de oportunidad está viciada por no bastantear la reprochabilidad de JAL frente a la de las personas a las que JAL acusa y por no estar fundamentada; 4.-que es más reprochable la conducta de JAL que la que él me indilga a mi; 5.-que el Testimonio de JAL no es creíble. Nada corrobora ni la promesa corruptora; ni las reuniones con personeros de Alcatel y sus ofertas y solicitudes, ni la reunión conmigo; ni sus afirmaciones sobre mi presunta participación en su delito y que considerar la declaración de JAL sobre la promesa corruptora como cierta es contrario a las reglas de la sana crítica. Expresamente señalan el absurdo del voto de mayoría de la sentencia de primera instancia, de pretender que sea prueba de las reuniones las constancias de migración de que los presuntos participantes en ellas hayamos estado en el país en el momento que estima que se dieron esas reuniones; 6.- Expresamente señala la sentencia "Para esta Cámara excluida hipotéticamente la declaración de José Antonio Lobo Solera la condena impuesta a Rodríguez Echeverría queda sin fundamento probatorio alguno"
Roberto agradezco mucho su comentario que no solo me defiende de la injusticia de la opinión de algunas personas, sino que lo que es más importante, defiende la integridad de nuestro sistema judicial.
Me permito, por si le interesa, adjuntar esta segunda sentencia unánime absolutoria. Si desea ver las otras sentencias están disponibles en www.juiciojusto.com