Una rápida e inusual adición a mi blog (inusual porque casi nunca lo actualizo fines de semana). He leído con gran sorpresa el pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de que el Ministro de Cultura y Juventud pueda seguir "ejerciendo" su profesión de músico fuera de horas de oficina, y que en ese ejercicio incluso pueda seguir cobrando. Y digo con sorpresa primero porque esa repentina flexibilidad de la Contraloría es inédita para mí, y segundo porque tengo la sensación de que los argumentos esgrimidos son bastante parciales.
La prohibición, que es lo que se le paga a los Ministros y no la dedicación exclusiva, pretende, según mi entender, dos cosas. Primero, asegurar, mediante un plus salarial equivalente al 65% del salario base, un ingreso que le permita al beneficiario dedicarse exclusivamente a las funciones asignadas. Segundo, prevenir que ingresos adicionales de otras fuentes terminen ejerciendo una influencia indebida en la elaboración de las políticas públicas. Ninguna de estas dos consideraciones está presente en el pronunciamiento de la Contraloría, por lo menos no con la misma relevancia que tiene la definición de profesión liberal sobre la que se basa este dictámen.
Y aclaro que por supuesto esto no tiene nada que ver con don Manuel Obregón en lo particular. Aquí el tema es la puerta que se abre con un pronunciamiento como este. Según el criterio del Contraloría, la Dra. María Luisa Avila podría abrir un restaurante (el que además sería un rotundo éxito, porque la Doctora cocina riquísimo), en tanto cocinar no es un profesión liberal. O Leonardo Garnier podría montar una barbería, René Castro cantar con un mariachi (imagínenlo con sombrero de charro y verán que la idea no es descabellada) y Mayi Antillón poner un salón de belleza (o una tienda de ropa!).
La labor al frente de un Ministerio es muy compleja y requiere de tal nivel de dedicación y de concentración -dirían algunos jugadores de futbol-, que no deberían asumirse responsabilidades adicionales, aun cuando sean tan placenteras como la de ofrecer conciertos. Pero aun cuando la urgencia de la manifestación artística sea tal que no pueda ser atenuada, por lo menos debería renunciarse al ingreso que esta produzca, mostrando de esta manera que se estaba dispuesto a asumir el cargo con los sacrificios que conlleva.
Fungir como Ministro es sin duda un honor y tiene grandes privilegios. Pero también requiere sacrificios. Durante el tiempo que se ejerce el cargo son muchas las cosas de las que uno debe privarse: tiempo en familia, un cierto nivel de ingresos, hobbies, y en general en el plano personal se posponen muchas cosas. La gente solo ve el aspecto "glamoroso" del trabajo, los viajes, las cenas y los cocteles, el carro con chofer, pero la verdad es que hay un grado de sacrificio que es invisible. Mucho se descubre en el ejercicio del cargo, mucho se sospecha antes de aceptarlo. Pero cuando uno acepta, tiene que hacerlo con toda la voluntad de asumir esos sacrificios. La verdad es que son solo 4 años, en el mejor de los casos,
Así que yo preferiría que los Ministros y Ministras se dediquen solo a su cargo, pese a lo que diga la Contraloría. Llámenme anticuado pero hay además una cierta solemnidad asociada al cargo que no debe perderse. La idea de que alguien contrate al Ministro de Cultura para que amenice una boda (por supuesto que estoy caricaturizando la situación) no es compatible con esa solemnidad. O que Manuel establezca una compañía con Leo, René, María Luisa y Mayi, de manera que René cante en la boda, Leo le corte el pelo al novio, María Luisa cocine el buffet y Mayi aliste a la novia...
sábado, 31 de julio de 2010
jueves, 22 de julio de 2010
Otra perspectiva para el FEES
La negociación para dotar de recursos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) nunca ha sido fácil. Es un proceso extraordinariamente duro porque tiene una inusual particularidad: todos los participantes tienen razón.
¿Cómo es posible que suceda algo así? Las universidades por ejemplo, tienen razón de solicitar más recursos. Aun cuando el país ya invierte en educación superior un porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE -alrededor de un 1.1%-, Canadá, Corea y Estados Unidos asignan un porcentaje de entre 2.5 y 2.9, rango que debería constituir una aspiración para un país que pretende insertarse de manera exitosa en una economía que como la contemporánea está fundada en el conocimiento.
La inversión en educación superior pública es requisito para el desarrollo y debe recibir todo el apoyo necesario para que se convierta en la locomotora que tire de los sueños nacionales de una mejor calidad de vida para la población.
Pero, el Gobierno también tiene razón. No es posible acceder a la solicitud de las universidades. El país solo puede asignar los recursos que produce; si la economía crece un 5% no es posible comprometerse a garantizar un crecimiento de los presupuestos universitarios de un 11%, tal y como lo pretenden las universidades. A menos por supuesto que estemos dispuestos a sacrificar la inversión en otros campos.
Este es un argumento objetivo que se origina en una dura realidad fiscal, y no en oscuros intereses que pretenden acabar con la educación superior pública para favorecer a las universidades privadas. Pensar que a una persona como Leonardo Garnier –quien se ha convertido en el pararrayos de los ataques a la representación gubernamental en la Comisión de Enlace-, lo anima un sentimiento antiuniversitario solo puede ser motivado por un supino desconocimiento de su trayectoria y pensamiento, o por simple y llana mala intención. La verdad es mucho más compleja que un vacío argumento ad-hominem.
La situación se torna aun más complicada cuando las universidades aducen no poder aceptar menos de lo que solicitan por tener un crecimiento automático de sus gastos de un 8% en términos reales. Y para ser absolutamente justos, mucho –no todo-, de ese crecimiento se origina en pluses salariales que han sido otorgados por estrados judiciales. Pero lo cierto es que este es el comportamiento de los gastos en las universidades públicas, y esta es una carga demasiado pesada para las universidades mismas y para el país. Algo debe hacerse.
Con un panorama como este, es natural que la negociación sea particularmente difícil. Tal vez la solución no sea discutir una fórmula de financiamiento para el quinquenio como ha sido la práctica, sino ampliar el plazo de manera que las opciones sean mayores.
Así por ejemplo, se puede plantear un escenario de crecimiento gradual del porcentaje del PIB dedicado a la educación superior de manera que al cabo de 15 o 20 años se alcance un 2.25% del PIB. Esto permitiría varias cosas. Primero, la programación de los recursos fiscales requeridos para asegurar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo lo que parece ya una inevitable e impostergable reforma tributaria.
Segundo, las universidades tendrían espacio para hacer una planificación de largo plazo que les permita moderar –de la manera que lo consideren pertinente, el peso de aquellos rubros de gasto que contribuyen a generar ese crecimiento automático que es a todas luces insostenible. Y tercero, y cuidado si esto no es lo más importante, alcanzar un acuerdo de este tipo, una verdadera e inédita política de estado, bien podría constituirse en un modelo para otros ámbitos de la vida nacional, igualmente necesitados de acciones de largo plazo.
Por supuesto, para forjar algo así se requerirá un trabajo técnico arduo y riguroso, que no puede estar sujeto a la presión coyuntural del ciclo presupuestario que ya se inicia. En este sentido, las universidades y el gobierno podrían acordar un presupuesto para el próximo año que garantice un crecimiento de 5% real –en tanto las proyecciones sitúan la tasa de crecimiento del PIB para este año alrededor del 4%-, y la gestión de un préstamo de $150 millones para compensar el porcentaje de crecimiento automático no cubierto y no paralizar del todo los planes de expansión que las universidades tiene en marcha. Esto otorgaría un plazo de un año, necesario para construir una solución de largo aliento.
Con la voluntad política y el compromiso que debería resultar de la posibilidad de llegar a un acuerdo histórico, es posible que estas extenuantes negociaciones de hoy sean, dentro de 20 años, objeto de curiosa investigación por esos jóvenes universitarios que tendrán mayores oportunidades gracias a un sistema de educación superior pública que sea ese motor del desarrollo que el país necesita.
¿Cómo es posible que suceda algo así? Las universidades por ejemplo, tienen razón de solicitar más recursos. Aun cuando el país ya invierte en educación superior un porcentaje del PIB similar al promedio de los países de la OCDE -alrededor de un 1.1%-, Canadá, Corea y Estados Unidos asignan un porcentaje de entre 2.5 y 2.9, rango que debería constituir una aspiración para un país que pretende insertarse de manera exitosa en una economía que como la contemporánea está fundada en el conocimiento.
La inversión en educación superior pública es requisito para el desarrollo y debe recibir todo el apoyo necesario para que se convierta en la locomotora que tire de los sueños nacionales de una mejor calidad de vida para la población.
Pero, el Gobierno también tiene razón. No es posible acceder a la solicitud de las universidades. El país solo puede asignar los recursos que produce; si la economía crece un 5% no es posible comprometerse a garantizar un crecimiento de los presupuestos universitarios de un 11%, tal y como lo pretenden las universidades. A menos por supuesto que estemos dispuestos a sacrificar la inversión en otros campos.
Este es un argumento objetivo que se origina en una dura realidad fiscal, y no en oscuros intereses que pretenden acabar con la educación superior pública para favorecer a las universidades privadas. Pensar que a una persona como Leonardo Garnier –quien se ha convertido en el pararrayos de los ataques a la representación gubernamental en la Comisión de Enlace-, lo anima un sentimiento antiuniversitario solo puede ser motivado por un supino desconocimiento de su trayectoria y pensamiento, o por simple y llana mala intención. La verdad es mucho más compleja que un vacío argumento ad-hominem.
La situación se torna aun más complicada cuando las universidades aducen no poder aceptar menos de lo que solicitan por tener un crecimiento automático de sus gastos de un 8% en términos reales. Y para ser absolutamente justos, mucho –no todo-, de ese crecimiento se origina en pluses salariales que han sido otorgados por estrados judiciales. Pero lo cierto es que este es el comportamiento de los gastos en las universidades públicas, y esta es una carga demasiado pesada para las universidades mismas y para el país. Algo debe hacerse.
Con un panorama como este, es natural que la negociación sea particularmente difícil. Tal vez la solución no sea discutir una fórmula de financiamiento para el quinquenio como ha sido la práctica, sino ampliar el plazo de manera que las opciones sean mayores.
Así por ejemplo, se puede plantear un escenario de crecimiento gradual del porcentaje del PIB dedicado a la educación superior de manera que al cabo de 15 o 20 años se alcance un 2.25% del PIB. Esto permitiría varias cosas. Primero, la programación de los recursos fiscales requeridos para asegurar el cumplimiento del acuerdo, incluyendo lo que parece ya una inevitable e impostergable reforma tributaria.
Segundo, las universidades tendrían espacio para hacer una planificación de largo plazo que les permita moderar –de la manera que lo consideren pertinente, el peso de aquellos rubros de gasto que contribuyen a generar ese crecimiento automático que es a todas luces insostenible. Y tercero, y cuidado si esto no es lo más importante, alcanzar un acuerdo de este tipo, una verdadera e inédita política de estado, bien podría constituirse en un modelo para otros ámbitos de la vida nacional, igualmente necesitados de acciones de largo plazo.
Por supuesto, para forjar algo así se requerirá un trabajo técnico arduo y riguroso, que no puede estar sujeto a la presión coyuntural del ciclo presupuestario que ya se inicia. En este sentido, las universidades y el gobierno podrían acordar un presupuesto para el próximo año que garantice un crecimiento de 5% real –en tanto las proyecciones sitúan la tasa de crecimiento del PIB para este año alrededor del 4%-, y la gestión de un préstamo de $150 millones para compensar el porcentaje de crecimiento automático no cubierto y no paralizar del todo los planes de expansión que las universidades tiene en marcha. Esto otorgaría un plazo de un año, necesario para construir una solución de largo aliento.
Con la voluntad política y el compromiso que debería resultar de la posibilidad de llegar a un acuerdo histórico, es posible que estas extenuantes negociaciones de hoy sean, dentro de 20 años, objeto de curiosa investigación por esos jóvenes universitarios que tendrán mayores oportunidades gracias a un sistema de educación superior pública que sea ese motor del desarrollo que el país necesita.
martes, 6 de julio de 2010
Redes sociales, opinión pública, el pulso del país y cursos de acción
La comunidad de las redes sociales es importante sobre todo cualitativamente en el proceso de formación de eso que denominamos "la opinión pública". Pero NO es la opinión pública. Es un grupo más que hay que tomar en cuenta pero no el único ni el más importante. Digo esto porque tengo la impresión de que en los últimos meses se ha venido sobreestimando el rol que tiene en la sociedad, sobre todo porque algunos temas que de pronto prenden la polémica en el mundo 2.0 terminan siendo objeto de decisiones públicas mas o menos en la línea en que se discutieron en la comunidad virtual.
Pero, ojo, esto solo pasa cuando los medios de comunicación masiva recogen el guante. Si las redes sociales tuvieran la influencia que algunos le atribuyen, otros temas habrían tenido una consecuencia. Ejemplos hay varios. No fue suficiente la instancia masiva de gran parte de esta comunidad para que Greivin Moya se refiriera a los cuestionamientos que se le hicieron en el blog El Infierno Tico. Las acusaciones no solo no fueron contestadas, sino que fueron ignoradas sistemáticamente por el resto de los medios, y por lo tanto pasaron desapercibidas. Es de esperarse que pase lo mismo con las dudas que Alejandro Trejos expone en su blog sobre la cantidad seguidores en Twitter de Amelia Rueda. Si ningún medio le da pelota a Alejandro, es muy probable que sus dudas se queden sin aclarar.
Y en esto tenemos que estar claros: los medios seguirán utilizando lo que pasa aquí para potenciar algunos temas -o reforzar su validez como de interés público-, SOLO Y SOLO SI coincide con su interés del momento. No hablo de conspiraciones ni nada por el estilo, simplemente que lo que trascienda dependerá de si el tema en discusión en el cibermundo resulta interesante para los medios, para que alcance status de tema nacional.
Hago estas reflexiones porque creo que algunos podría estar valorando incorrectamente la representatividad de las redes sociales. Es importante lo que aquí se habla, pero no es lo único ni lo más importante. Es cómodo creerlo, pero no por eso menos equivocado. Llevarle el pulso al país requiere mucho más que encender una computadora y entrar en Twitter o Facebook. Y definir cursos de acción obliga a la consideración de elementos adicionales, un esfuerzo sistemático y riguroso de acopio de información, de contacto permanente con diferentes sectores, de propiciar el conocimiento objetivo de los puntos de vista divergentes. De lo contrario las decisiones serán parciales, y tarde o temprano mostrarán sus limitaciones.
Pero, ojo, esto solo pasa cuando los medios de comunicación masiva recogen el guante. Si las redes sociales tuvieran la influencia que algunos le atribuyen, otros temas habrían tenido una consecuencia. Ejemplos hay varios. No fue suficiente la instancia masiva de gran parte de esta comunidad para que Greivin Moya se refiriera a los cuestionamientos que se le hicieron en el blog El Infierno Tico. Las acusaciones no solo no fueron contestadas, sino que fueron ignoradas sistemáticamente por el resto de los medios, y por lo tanto pasaron desapercibidas. Es de esperarse que pase lo mismo con las dudas que Alejandro Trejos expone en su blog sobre la cantidad seguidores en Twitter de Amelia Rueda. Si ningún medio le da pelota a Alejandro, es muy probable que sus dudas se queden sin aclarar.
Y en esto tenemos que estar claros: los medios seguirán utilizando lo que pasa aquí para potenciar algunos temas -o reforzar su validez como de interés público-, SOLO Y SOLO SI coincide con su interés del momento. No hablo de conspiraciones ni nada por el estilo, simplemente que lo que trascienda dependerá de si el tema en discusión en el cibermundo resulta interesante para los medios, para que alcance status de tema nacional.
Hago estas reflexiones porque creo que algunos podría estar valorando incorrectamente la representatividad de las redes sociales. Es importante lo que aquí se habla, pero no es lo único ni lo más importante. Es cómodo creerlo, pero no por eso menos equivocado. Llevarle el pulso al país requiere mucho más que encender una computadora y entrar en Twitter o Facebook. Y definir cursos de acción obliga a la consideración de elementos adicionales, un esfuerzo sistemático y riguroso de acopio de información, de contacto permanente con diferentes sectores, de propiciar el conocimiento objetivo de los puntos de vista divergentes. De lo contrario las decisiones serán parciales, y tarde o temprano mostrarán sus limitaciones.
miércoles, 30 de junio de 2010
Conocer mejor para corregir mejor
El Programa Estado de la Nación dio a conocer hace algunos meses que en Costa Rica un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA) recibe menos del salario mínimo. El dato por supuesto es preocupante y requiere una decidida acción pública para que los derechos laborales de esas casi 600,000 personas sean protegidos.
Pero antes de adoptar cualquier medida es necesario analizar a profundidad esta información, extraída de la Encuesta de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2009. Al respecto el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR acaba de publicar un estudio sobre el tema que es de consulta obligada. Y en este artículo se presentan algunos datos elaborados por la M.Sc. Raquel Barrientos, investigadora y miembro de la Junta Directiva del INEC, como un pequeño aporte a esta discusión.
Es importante hacer algunas consideraciones previas. La Encuesta de Hogares solo indaga el salario monetario, por lo tanto, no valora remuneraciones de otro tipo. Tampoco se considera aquí el tema de la formalidad o informalidad del empleo. Y para tener un panorama más apegado a la realidad, es importante considerar los salarios mínimos en cada rama de actividad como parte del análisis, cosa que excede el ámbito de este texto. Afortunadamente el estudio del IICE mencionado incluye este aspecto con el rigor que caracteriza su trabajo.
Según el INEC, 544,880 personas, un 29,8% de la PEA, ganaban menos de ¢170,950 al mes en el año 2009, pese a que trabajaban al menos 47 horas a la semana. Ese monto constituye el denominado salario “mínimo minimorum” (MM), es decir, el sueldo de protección legal que el Estado garantiza a los trabajadores. De ese grupo, el 61,6% son hombres, 30,5% no son asegurados y 31,2% son asalariados. Más de la mitad (56,25%) tienen solo educación primaria, el 32,67%, secundaria y solo un 5,84% educación universitaria. Por rama de actividad, el porcentaje más grande, un 21,17%, trabaja en “Comercio, reparación de vehículo automotores y enseres domésticos”, seguido por el 20,97% que trabaja en “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura”, y el 13,06% que labora en “Hogares privados con servicio doméstico”.
Es importante señalar además que un 46,6% de este grupo son ocupados plenos, es decir, personas que trabajan el tiempo que quieren trabajar, mientras que el 40,1% es subempleado invisible, que se refiere a las personas que reciben como remuneración un ingreso muy bajo en relación con su productividad, o a la persona que realiza tareas que requieren una preparación inferior a la suya. Y en este caso en particular, que reciben además un ingreso menor al mínimo minimorum.
De los datos anteriores hay algunas conclusiones preliminares que pueden servir para delinear una estrategia de intervención. Primero, aunque es necesario actuar en beneficio de todos los afectados, el grupo en el que pareciera se puede incidir con alguna inmediatez es en el 31,2% de asalariados, en tanto un análisis más profundo utilizando las datos de la CCSS podría servir para determinar con relativa facilidad la verdadera situación de este grupo y aplicar las políticas correctivas necesarias.
Segundo, el siguiente grupo de interés es el 40,1% que se encuentra en situación de subempleo invisible. Es importante indagar si en este segmento se encuentran sobre todo personas que trabajan por cuenta propia, o si es gente que está recibiendo menos del salario mínimo en todos o algunos de los trabajos que realizan.
Tercero, las tres ramas de actividad económica que concentran mas del 55% de quienes no reciben el salario MM, deben ser objeto de un examen detallado que permita la caracterización del empleo, en tanto es posible encontrar en esos campos remuneraciones en especie que sumados a los ingresos monetarios sobrepasen el mínimo minimorum.
Finalmente, es fundamental clasificar con precisión el tamaño de las empresas dentro de estas ramas de actividad, y valorar cuidadosamente el impacto que podría tener en el nivel de empleo un cambio en sus sistemas de remuneración. Si alguna enseñanza dejó la crisis del 2009 es que de haberse contado con un marco legal que permitiera alguna flexibilidad en la definición de jornadas de trabajo y su respectiva remuneración probablemente el desempleo no habría aumentado en la proporción que lo hizo.
El análisis cuidadoso de esta situación es requisito imprescindible para elaborar medidas correctivas verdaderamente eficaces. El tema es tan urgente y delicado que requiere que nos tomemos el tiempo necesario, sin que signifique la posposición indefinida de la acción pública, para hacer este ejercicio.
Pero antes de adoptar cualquier medida es necesario analizar a profundidad esta información, extraída de la Encuesta de Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2009. Al respecto el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR acaba de publicar un estudio sobre el tema que es de consulta obligada. Y en este artículo se presentan algunos datos elaborados por la M.Sc. Raquel Barrientos, investigadora y miembro de la Junta Directiva del INEC, como un pequeño aporte a esta discusión.
Es importante hacer algunas consideraciones previas. La Encuesta de Hogares solo indaga el salario monetario, por lo tanto, no valora remuneraciones de otro tipo. Tampoco se considera aquí el tema de la formalidad o informalidad del empleo. Y para tener un panorama más apegado a la realidad, es importante considerar los salarios mínimos en cada rama de actividad como parte del análisis, cosa que excede el ámbito de este texto. Afortunadamente el estudio del IICE mencionado incluye este aspecto con el rigor que caracteriza su trabajo.
Según el INEC, 544,880 personas, un 29,8% de la PEA, ganaban menos de ¢170,950 al mes en el año 2009, pese a que trabajaban al menos 47 horas a la semana. Ese monto constituye el denominado salario “mínimo minimorum” (MM), es decir, el sueldo de protección legal que el Estado garantiza a los trabajadores. De ese grupo, el 61,6% son hombres, 30,5% no son asegurados y 31,2% son asalariados. Más de la mitad (56,25%) tienen solo educación primaria, el 32,67%, secundaria y solo un 5,84% educación universitaria. Por rama de actividad, el porcentaje más grande, un 21,17%, trabaja en “Comercio, reparación de vehículo automotores y enseres domésticos”, seguido por el 20,97% que trabaja en “Agricultura, ganadería, caza y selvicultura”, y el 13,06% que labora en “Hogares privados con servicio doméstico”.
Es importante señalar además que un 46,6% de este grupo son ocupados plenos, es decir, personas que trabajan el tiempo que quieren trabajar, mientras que el 40,1% es subempleado invisible, que se refiere a las personas que reciben como remuneración un ingreso muy bajo en relación con su productividad, o a la persona que realiza tareas que requieren una preparación inferior a la suya. Y en este caso en particular, que reciben además un ingreso menor al mínimo minimorum.
De los datos anteriores hay algunas conclusiones preliminares que pueden servir para delinear una estrategia de intervención. Primero, aunque es necesario actuar en beneficio de todos los afectados, el grupo en el que pareciera se puede incidir con alguna inmediatez es en el 31,2% de asalariados, en tanto un análisis más profundo utilizando las datos de la CCSS podría servir para determinar con relativa facilidad la verdadera situación de este grupo y aplicar las políticas correctivas necesarias.
Segundo, el siguiente grupo de interés es el 40,1% que se encuentra en situación de subempleo invisible. Es importante indagar si en este segmento se encuentran sobre todo personas que trabajan por cuenta propia, o si es gente que está recibiendo menos del salario mínimo en todos o algunos de los trabajos que realizan.
Tercero, las tres ramas de actividad económica que concentran mas del 55% de quienes no reciben el salario MM, deben ser objeto de un examen detallado que permita la caracterización del empleo, en tanto es posible encontrar en esos campos remuneraciones en especie que sumados a los ingresos monetarios sobrepasen el mínimo minimorum.
Finalmente, es fundamental clasificar con precisión el tamaño de las empresas dentro de estas ramas de actividad, y valorar cuidadosamente el impacto que podría tener en el nivel de empleo un cambio en sus sistemas de remuneración. Si alguna enseñanza dejó la crisis del 2009 es que de haberse contado con un marco legal que permitiera alguna flexibilidad en la definición de jornadas de trabajo y su respectiva remuneración probablemente el desempleo no habría aumentado en la proporción que lo hizo.
El análisis cuidadoso de esta situación es requisito imprescindible para elaborar medidas correctivas verdaderamente eficaces. El tema es tan urgente y delicado que requiere que nos tomemos el tiempo necesario, sin que signifique la posposición indefinida de la acción pública, para hacer este ejercicio.
miércoles, 16 de junio de 2010
Transferencia de competencias a las municipalidades
La aprobación en la legislatura anterior de la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades constituye un hito en la historia política nacional. O mejor dicho, puede constituir un hito en la historia política nacional. Depende de que se cumplan varias premisas, y sobre todo, de que se inicie de la mejor manera. Al respecto quisiera compartir algunas reflexiones sobre un proceso en el que se cifran grandes esperanzas para el futuro, y el que se ha venido empujando –y resistiendo por algunos-, desde hace muchos años.
Es importante recordar que el proyecto pretende trasladar competencias y recursos equivalentes al menos a un 10% de los ingresos ordinarios del Estado, en cumplimiento de una reforma constitucional aprobada hace casi 10 años. Para que la transferencia se realice de manera ordenada, se acordó que la misma se llevara a cabo gradualmente, mediante 7 leyes aprobadas en igual número de años, en las que se definan el conjunto de competencias -y los recursos necesarios para ejercerlas-, que serán transferidos a las municipalidades en cada ley.
Existe, es innegable, algún escepticismo respecto a la capacidad de las municipalidades para asumir nuevas responsabilidades. Pero hemos creado un círculo vicioso que esta ley debería romper: no se le otorgan recursos a las municipalidades porque no pueden administrarlos, pero no pueden hacerlo porque no tienen los recursos necesarios que lo permitan. En realidad, no tenemos opción: es difícil encontrar un país desarrollado con gobiernos locales débiles. Si queremos dar el salto cualitativo hacia el desarrollo, debemos ejecutar con decisión la transferencia de recursos y competencias a las municipalidades.
Precisamente por ser tan importante es que hay que llevarla a cabo con mucho cuidado. No es exagerado decir que de la primera ley depende el éxito de todo el proceso de transferencia, pues si no se hace correctamente los argumentos en contra podrían pesar al punto de dejar en suspenso las restantes seis leyes.
Afortunadamente el nuevo Gobierno ha dejado claro su apoyo a esta iniciativa que constituye una profunda transformación de la estructura del poder público. La designación de un Ministro de Descentralización y Fortalecimiento Local es un acierto y confirma la convicción democrática de la Presidenta Chinchilla, quien además entiende que dotar de recursos a los Gobiernos Locales es potenciar la participación ciudadana no solo en la identificación de los ámbitos que requieren la intervención pública, pero además en la definición de las políticas públicas necesarias para concretar esa intervención.
El nombramiento de Juan Marín como Ministro es además garantía de que se harán las cosas con conocimiento de causa: Juan no solo es un exitoso exalcalde que conoce la realidad municipal a lo largo y ancho del país, sino que además es un municipalista convencido. El Ministro Marín ha asumido la responsabilidad política de definir el primer proyecto de ley en consulta y con el apoyo de las municipalidades, las que han respondido entusiastamente, conscientes de la oportunidad histórica que tienen. Porque finalmente es a las alcaldesas, alcaldes, intendentes, regidores y síndicos a los que les corresponde en primera instancia vigilar que esta primera ley se concrete, así como la responsabilidad de llevarla a buen puerto en sus cantones.
Es importante además que en esta primera ley se especifiquen adicionalmente a las competencias que se transferirán, indicadores con líneas de base que permitan evaluar la evolución en la calidad de los servicios que se transfieran. El objetivo final y la premisa que inspira este proceso es que dotar de recursos a las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía como son las municipalidades, redundará en mejoras ostensibles en la calidad y cantidad de servicios que se proveen. Por eso es imprescindible contar con información que permita valorar el impacto de los cambios, y corregir el rumbo cuando así sea necesario. Porque no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás.
Es importante recordar que el proyecto pretende trasladar competencias y recursos equivalentes al menos a un 10% de los ingresos ordinarios del Estado, en cumplimiento de una reforma constitucional aprobada hace casi 10 años. Para que la transferencia se realice de manera ordenada, se acordó que la misma se llevara a cabo gradualmente, mediante 7 leyes aprobadas en igual número de años, en las que se definan el conjunto de competencias -y los recursos necesarios para ejercerlas-, que serán transferidos a las municipalidades en cada ley.
Existe, es innegable, algún escepticismo respecto a la capacidad de las municipalidades para asumir nuevas responsabilidades. Pero hemos creado un círculo vicioso que esta ley debería romper: no se le otorgan recursos a las municipalidades porque no pueden administrarlos, pero no pueden hacerlo porque no tienen los recursos necesarios que lo permitan. En realidad, no tenemos opción: es difícil encontrar un país desarrollado con gobiernos locales débiles. Si queremos dar el salto cualitativo hacia el desarrollo, debemos ejecutar con decisión la transferencia de recursos y competencias a las municipalidades.
Precisamente por ser tan importante es que hay que llevarla a cabo con mucho cuidado. No es exagerado decir que de la primera ley depende el éxito de todo el proceso de transferencia, pues si no se hace correctamente los argumentos en contra podrían pesar al punto de dejar en suspenso las restantes seis leyes.
Afortunadamente el nuevo Gobierno ha dejado claro su apoyo a esta iniciativa que constituye una profunda transformación de la estructura del poder público. La designación de un Ministro de Descentralización y Fortalecimiento Local es un acierto y confirma la convicción democrática de la Presidenta Chinchilla, quien además entiende que dotar de recursos a los Gobiernos Locales es potenciar la participación ciudadana no solo en la identificación de los ámbitos que requieren la intervención pública, pero además en la definición de las políticas públicas necesarias para concretar esa intervención.
El nombramiento de Juan Marín como Ministro es además garantía de que se harán las cosas con conocimiento de causa: Juan no solo es un exitoso exalcalde que conoce la realidad municipal a lo largo y ancho del país, sino que además es un municipalista convencido. El Ministro Marín ha asumido la responsabilidad política de definir el primer proyecto de ley en consulta y con el apoyo de las municipalidades, las que han respondido entusiastamente, conscientes de la oportunidad histórica que tienen. Porque finalmente es a las alcaldesas, alcaldes, intendentes, regidores y síndicos a los que les corresponde en primera instancia vigilar que esta primera ley se concrete, así como la responsabilidad de llevarla a buen puerto en sus cantones.
Es importante además que en esta primera ley se especifiquen adicionalmente a las competencias que se transferirán, indicadores con líneas de base que permitan evaluar la evolución en la calidad de los servicios que se transfieran. El objetivo final y la premisa que inspira este proceso es que dotar de recursos a las instancias de gobierno más cercanas a la ciudadanía como son las municipalidades, redundará en mejoras ostensibles en la calidad y cantidad de servicios que se proveen. Por eso es imprescindible contar con información que permita valorar el impacto de los cambios, y corregir el rumbo cuando así sea necesario. Porque no podemos darnos el lujo de dar marcha atrás.
jueves, 3 de junio de 2010
Artículo de la Arq. Jimena Ugarte de Stagno, Madre de Bruno
A MI HIJO LO DEFIENDO YO.
Arq. Jimena Ugarte de Stagno
En vista que nadie ha defendido a mi hijo, lo haré yo; se lo merece. En estas situaciones de cacería mayor las familias son las más afectadas.
Mi hijo, el flamante ex Canciller de la República, quien ha servido al país por 14 años intachables, ha sido y será un ser de excepción, con cualidades y competencias que lo distinguen. En sus 40 años nunca ha dado motivos de preocupación o vergüenza sino todo lo contrario. Como las águilas, ha volado alto, ha sido intrépido, posee una cultura universal amplia y sólida, una comprensión del mundo y una capacidad de análisis privilegiada, es humilde, y extremadamente respetuoso y responsable. Creo sin embargo, que todos estos maravillosos atributos son su peor enemigo pues las aves rastreras y carroñeras que vuelan bajo y en círculos, no soportan su hidalguía porque les hace reflejar su bajeza y mediocridad.
Con respecto al tema en los tabloides del momento, el mal llamado “auto nombramiento”, no sólo refleja lo anteriormente dicho, sino una total ignorancia y ligereza en el análisis de los hechos. Todos los jerarcas, periodistas y diputados que externaron criterios, lo hicieron sin haber leído un expediente, sin entender cuál es realmente el procedimiento correcto, y por supuesto sin un sano juicio. Veamos:
El 2 de marzo del 2010, doña Laura Chinchilla presentó públicamente “su primer nombramiento”, el cual consistió en el nuevo Canciller y en el nuevo Embajador en Naciones Unidas. Este acto fue ampliamente cubierto por periódicos y programas televisivos. Por lo tanto fue doña Laura quien lo escogió y nombró.
Posteriormente al acto de nombramiento del 2 de marzo, La Cancillería emitió un documento para que el Consejo de Gobierno lo ratificara. Por mandato constitucional sólo el Consejo de Gobierno tiene potestad para nombrar o quitar Embajadores. Este documento elaborado por la Dirección Jurídica de La Cancillería, era la solicitud de nombramiento colectivo de muchos embajadores, y entre ellos, el futuro Embajador ante Naciones Unidas. Esta solicitud, debía ser firmada por el Canciller en función que resultaba ser el próximo Embajador. Y éste ha sido el señalamiento del periodista. Esta solicitud de nombramiento en ningún momento fue señalada como ilegal o improcedente por la Dirección Jurídica de la Cancillería o de la Casa Presidencial. Bruno Stagno además, no estuvo presente en el Consejo de Gobierno que vio los nombramientos.
Sin embargo, un amateur de periodismo, quien tiene a su cargo la columna política de La Nación, ha perseguido y acosado en permanencia al ex Ministro (es cosa de revisar los periódicos), nunca ha informado por ejemplo que Bruno fungió como Presidente de la Corte Penal Internacional por tres años, que ahora es Vice Presidente con otras nueve autoridades del más alto rango internacional del Comité Asesor de esta misma Corte, que ha sido el “perfil ideal de estudiante” de Princeton University, entre muchas otras distinciones y logros. Este aprendiz, repito, logró su bajo objetivo porque los jerarcas encargados de defender al Canciller no fueron capaces, o no tuvieron la valentía de hacerlo y prefirieron seguir el juego periodístico, a la caza de protagonismo y futuros votos. La política es así: un juego permanente de oportunismos, donde la lealtad no existe.
Me imagino que Alvaro Murillo se sentirá orgulloso de su desafortunado triunfo y pensará que esta nueva cacería le concederá un nuevo Premio de Periodismo como lo fueron anteriormente los bonos chinos (premio que nunca entendí). ¿Se habrá percatado que existe un segundo informe legal de la Dirección Jurídica de la Cancillería? ¿Informará algún día sobre el mismo?
Lamento que el país por segunda vez pierda a un joven y brillante cerebro. El primero lamentablemente fue Kevin Casas, quien pudo haber sido de gran aporte para el gobierno anterior y ahora lo capitalizan los norteamericanos y ahora le tocó a Bruno Stagno Ugarte.
Agradezco el apoyo de don Oscar Arias, don Rodrigo Arias, don Abel Pacheco y del doctor Edgar Mohs, quienes no tardaron en externar su solidaridad e indignación. Curiosamente los cuatro han sido sus empleadores….
Quiero terminar con las palabras del doctor Oscar Arias Sánchez, en su despedida al Cuerpo Diplomático el 13 de enero del 2010.: “Hoy quiero agradecerle a un diplomático en particular, un diplomático que constituye mucho más que mi mano derecha en materia de política exterior. Es uno de mis más sabios consejeros y un amigo incondicional, cuyo talento extraordinario y notable inteligencia, hacen que Costa Rica sea objeto de envidia en las Cumbres internacionales. Quiero dejar constando aquí, y frente a todos ustedes, que Bruno Stagno es una de las principales razones por las cuales este pueblo ahora ha vuelto a sentir orgullo de su país en el escenario mundial”
Arq. Jimena Ugarte de Stagno
En vista que nadie ha defendido a mi hijo, lo haré yo; se lo merece. En estas situaciones de cacería mayor las familias son las más afectadas.
Mi hijo, el flamante ex Canciller de la República, quien ha servido al país por 14 años intachables, ha sido y será un ser de excepción, con cualidades y competencias que lo distinguen. En sus 40 años nunca ha dado motivos de preocupación o vergüenza sino todo lo contrario. Como las águilas, ha volado alto, ha sido intrépido, posee una cultura universal amplia y sólida, una comprensión del mundo y una capacidad de análisis privilegiada, es humilde, y extremadamente respetuoso y responsable. Creo sin embargo, que todos estos maravillosos atributos son su peor enemigo pues las aves rastreras y carroñeras que vuelan bajo y en círculos, no soportan su hidalguía porque les hace reflejar su bajeza y mediocridad.
Con respecto al tema en los tabloides del momento, el mal llamado “auto nombramiento”, no sólo refleja lo anteriormente dicho, sino una total ignorancia y ligereza en el análisis de los hechos. Todos los jerarcas, periodistas y diputados que externaron criterios, lo hicieron sin haber leído un expediente, sin entender cuál es realmente el procedimiento correcto, y por supuesto sin un sano juicio. Veamos:
El 2 de marzo del 2010, doña Laura Chinchilla presentó públicamente “su primer nombramiento”, el cual consistió en el nuevo Canciller y en el nuevo Embajador en Naciones Unidas. Este acto fue ampliamente cubierto por periódicos y programas televisivos. Por lo tanto fue doña Laura quien lo escogió y nombró.
Posteriormente al acto de nombramiento del 2 de marzo, La Cancillería emitió un documento para que el Consejo de Gobierno lo ratificara. Por mandato constitucional sólo el Consejo de Gobierno tiene potestad para nombrar o quitar Embajadores. Este documento elaborado por la Dirección Jurídica de La Cancillería, era la solicitud de nombramiento colectivo de muchos embajadores, y entre ellos, el futuro Embajador ante Naciones Unidas. Esta solicitud, debía ser firmada por el Canciller en función que resultaba ser el próximo Embajador. Y éste ha sido el señalamiento del periodista. Esta solicitud de nombramiento en ningún momento fue señalada como ilegal o improcedente por la Dirección Jurídica de la Cancillería o de la Casa Presidencial. Bruno Stagno además, no estuvo presente en el Consejo de Gobierno que vio los nombramientos.
Sin embargo, un amateur de periodismo, quien tiene a su cargo la columna política de La Nación, ha perseguido y acosado en permanencia al ex Ministro (es cosa de revisar los periódicos), nunca ha informado por ejemplo que Bruno fungió como Presidente de la Corte Penal Internacional por tres años, que ahora es Vice Presidente con otras nueve autoridades del más alto rango internacional del Comité Asesor de esta misma Corte, que ha sido el “perfil ideal de estudiante” de Princeton University, entre muchas otras distinciones y logros. Este aprendiz, repito, logró su bajo objetivo porque los jerarcas encargados de defender al Canciller no fueron capaces, o no tuvieron la valentía de hacerlo y prefirieron seguir el juego periodístico, a la caza de protagonismo y futuros votos. La política es así: un juego permanente de oportunismos, donde la lealtad no existe.
Me imagino que Alvaro Murillo se sentirá orgulloso de su desafortunado triunfo y pensará que esta nueva cacería le concederá un nuevo Premio de Periodismo como lo fueron anteriormente los bonos chinos (premio que nunca entendí). ¿Se habrá percatado que existe un segundo informe legal de la Dirección Jurídica de la Cancillería? ¿Informará algún día sobre el mismo?
Lamento que el país por segunda vez pierda a un joven y brillante cerebro. El primero lamentablemente fue Kevin Casas, quien pudo haber sido de gran aporte para el gobierno anterior y ahora lo capitalizan los norteamericanos y ahora le tocó a Bruno Stagno Ugarte.
Agradezco el apoyo de don Oscar Arias, don Rodrigo Arias, don Abel Pacheco y del doctor Edgar Mohs, quienes no tardaron en externar su solidaridad e indignación. Curiosamente los cuatro han sido sus empleadores….
Quiero terminar con las palabras del doctor Oscar Arias Sánchez, en su despedida al Cuerpo Diplomático el 13 de enero del 2010.: “Hoy quiero agradecerle a un diplomático en particular, un diplomático que constituye mucho más que mi mano derecha en materia de política exterior. Es uno de mis más sabios consejeros y un amigo incondicional, cuyo talento extraordinario y notable inteligencia, hacen que Costa Rica sea objeto de envidia en las Cumbres internacionales. Quiero dejar constando aquí, y frente a todos ustedes, que Bruno Stagno es una de las principales razones por las cuales este pueblo ahora ha vuelto a sentir orgullo de su país en el escenario mundial”
Respuesta a los comentarios sobre tema Bruno Stagno
Una rápida respuesta a algunas de las preguntas planteadas en los comentarios a mi artículo "El nombramiento de Bruno Stagno":
- La fecha en que se nombró a Bruno es irrelevante si el Gobierno entrante estaba de acuerdo con el nombramiento. Y doña Laura y don René habían expresado públicamente su deseo de nombrar a Bruno en la ONU. Así que no hay ninguna mala intención ni el deseo de imponerle nada al nuevo Gobierno, simplemente la concreción de un deseo expreso de la Presidenta.
- Reitero, el nombramiento lo hizo el Consejo de Gobierno, quien es el facultado para hacerlo. Lo que Bruno hizo fue firmar el acuerdo de nombramiento, ejecutando la voluntad del Consejo. Esa es una omisión, pero no significa una transgresión ética ni que Bruno se "autonombrara", como lo siguen manteniendo algunos periodistas. No hay abuso de poder si no se tiene el poder de nombrarse. No puede haber conflicto de intereses por ejecutar un acuerdo de un órgano superior. Lo que hay es una omisión de tipo administrativo que estoy seguro era subsanable, tal y como lo expresa el actual Canciller.
- El nombramiento de Jorge Urbina ante los organismos internacionales acreditados en Holanda (ratificado por el actual Gobierno, lo que confirma que no hay ninguna irregularidad en el mismo), no se hace para "acomodar" a Bruno. A Jorge se le vencía el nombramiento ante la ONU si mal no recuerdo el 1 de junio, por lo que igual había que nombrar un sustituto. Y la Presidenta y el nuevo Canciller expresaron su deseo de que el que ocupara ese cargo fuera Bruno. Por eso el Consejo de Gobierno lo nombra.
Lo que he querido es brindar información sobre los hechos. Hay errores de errores. Lo que hay es que poner las cosas en una justa perspectiva y no manchar la honra de una persona como Bruno Stagno por puro desconocimiento de lo que realmente sucedió.
- La fecha en que se nombró a Bruno es irrelevante si el Gobierno entrante estaba de acuerdo con el nombramiento. Y doña Laura y don René habían expresado públicamente su deseo de nombrar a Bruno en la ONU. Así que no hay ninguna mala intención ni el deseo de imponerle nada al nuevo Gobierno, simplemente la concreción de un deseo expreso de la Presidenta.
- Reitero, el nombramiento lo hizo el Consejo de Gobierno, quien es el facultado para hacerlo. Lo que Bruno hizo fue firmar el acuerdo de nombramiento, ejecutando la voluntad del Consejo. Esa es una omisión, pero no significa una transgresión ética ni que Bruno se "autonombrara", como lo siguen manteniendo algunos periodistas. No hay abuso de poder si no se tiene el poder de nombrarse. No puede haber conflicto de intereses por ejecutar un acuerdo de un órgano superior. Lo que hay es una omisión de tipo administrativo que estoy seguro era subsanable, tal y como lo expresa el actual Canciller.
- El nombramiento de Jorge Urbina ante los organismos internacionales acreditados en Holanda (ratificado por el actual Gobierno, lo que confirma que no hay ninguna irregularidad en el mismo), no se hace para "acomodar" a Bruno. A Jorge se le vencía el nombramiento ante la ONU si mal no recuerdo el 1 de junio, por lo que igual había que nombrar un sustituto. Y la Presidenta y el nuevo Canciller expresaron su deseo de que el que ocupara ese cargo fuera Bruno. Por eso el Consejo de Gobierno lo nombra.
Lo que he querido es brindar información sobre los hechos. Hay errores de errores. Lo que hay es que poner las cosas en una justa perspectiva y no manchar la honra de una persona como Bruno Stagno por puro desconocimiento de lo que realmente sucedió.
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