No hay técnica sin política y la verdad detrás de no "meter pie"

El Embajador de los EEUU expresó en una entrevista reciente su preocupación por la actuación del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), órgano del Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues según su punto de vista, “esa instancia se ha manejado bajo criterios políticos y no científicos cuando ha detenido la importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y otros países”.

Ya el país enfrentó hace unos meses el malestar de otros socios comerciales como resultado de la acción del SFE. El director de este servicio sostiene que su trabajo es estrictamente técnico, y que no hay ningún elemento político que incida o lo condicione. Pero esta afirmación no parece ser correcta, no solo por razones conceptuales, sino porque lo que hace es consistente con una visión ideológica particular.

La acción técnica en el sector público no se da en el vacío, independiente de la esfera política e ideológica. Existe un marco, definido por los jerarcas de gobierno encabezados por el presidente de la República, que orienta y delimita, en el buen sentido, la acción técnica. De esta manera, es de esperarse que una institución como  el SFE trabaje de una manera en un gobierno que favorece la apertura comercial, y que lo haga de una forma distinta bajo una visión política opuesta.

Y lo cierto es que desde el principio, el gobierno de Solís dejó claro cuál era su visión en este tema. El Plan Nacional de Desarrollo establece claramente, que “…el país debe privilegiar la producción nacional y bajo este principio se impulsará una Política de Estado de seguridad alimentaria (producción y acceso real de alimentos para toda la población) y apoyo a la producción local de frijol, maíz blanco, arroz, papa, cebolla, leche, carne de cerdo, carne de res y otros productos”.

Para conseguir este objetivo, “...como complemento se propone impulsar la reforma del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica para elevar a rango constitucional la soberanía alimentaria como derecho de todos los costarricenses y el impulso a la Ley Marco de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional”.

A la luz de estas premisas, la acción del SFE es consistente, y se dirige hacia el fortalecimiento de la “soberanía alimentaria”. No es una acción técnica “aséptica”. Aceptar que la técnica no tiene una visión particular, es evitar la discusión en el ámbito correcto: la pertinencia y validez de una visión ideológica particular. El país debe tener ese debate. Lo que no se vale es tratar de esconder detrás de una supuesta neutralidad técnica, una acción fundada en razones políticas.

Mención aparte merece el nuevo episodio de descoordinación en el gabinete de Solís. Dos ministros, de COMEX y Relaciones Exteriores, lamentan la posición desabrida, y francamente irrespetuosa, del director del SFE frente a las declaraciones del embajador. La respuesta del ministro del MAG es respaldar a su subordinado, cuyas declaraciones, afirma, deben haber sido “malinterpretadas” y “sobredimensionadas”, por sus colegas de gabinete.

 Las preguntas que surgen ante una situación como esta es, ¿no tienen los ministros los número de teléfono de sus colegas? ¿No es razonable esperar que este tipo de situaciones se resuelvan internamente?. ¿Se dan cuenta todos los involucrados la imagen que el gobierno proyecta cada vez que se dan estas polémicas a través de los medios?

***************************************

El jugador Harold Cummings, defensa panameño que milita en la Liga Deportiva Alajuelense, manifestó candorosamente en una entrevista en la que le pidieron que comparara el nivel de los jugadores costarricenses con el de los panameños, que  “…el tico suele carecer de falta de actitud o de coraje a la hora de marcar una pelota dividida”. Lo que sucedió después nos muestra una de esas cosas que caracteriza a los costarricenses, y devela un lado oscuro de nuestra nacionalidad.

La reacción ante estas declaraciones  no se hizo esperar. Si eso fuera cierto, argumentaron algunos, no habríamos ido a mas mundiales que Panamá. Otros optaron por el camino chovinista: ¿cuántos panameños juegan en Europa? ¿Cuántos Keylors, Bryans y Joels tiene jugando en las principales ligas? Algunos optaron por la mesura y contextualizaron lo dicho por el defensor panameño: no se habla de todos, algunos aquí efectivamente “meten el pie” en jugadas divididas.

Cuando de nosotros se trata, los costarricenses somos críticos feroces. Nos expresamos con extremada dureza cuando nos decepcionan con resultados futbolísticos adversos, y normalmente no dejamos títere sin cabeza. Y una de las cosas que mas se dice cuando estas tragedias deportivas se suscitan, es que el jugador costarricense no tiene carácter. Que se arruga, que no entra al choque, porque ahora su prioridad es el club europeo en el que juega. Cuantas veces oímos eso cuando Honduras o el mismo Panamá  nos derrota.

Pero eso lo podemos decir nosotros, nadie mas. En el fondo, hay un dejo xenófobo en esta actitud. No admitimos críticas de quienes no consideramos que están a nuestra altura. Seguimos viendo a ciertos países por encima del hombro.. Esa condescendencia histórica que hemos mostrado, revela una rasgo tristemente negativo de nuestra nacionalidad. Y pese a lo que supuestamente hemos avanzado, en este campo seguimos siendo los mismos. Seguimos sin meter pie contra esos prejuicios.

Una realidad desvirtuada y el ejercicio de los derechos según la Contraloría

Una noticia de un telenoticiero nacional, una periodista detallaba lo que denominó “las prioridades del nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes”. Aparte de la ruta 32, y las carreteras a San Ramón y a San Carlos, la nota  señalaba también la necesidad de “hacer cumplir el contrato de concesión de la ruta 27, de manera que se abran los peajes cuando hay presas”.

Los usuarios de la ruta que vieron la noticia se deben haber llenado de optimismo. No mas esperas en horas pico para pasar los peajes. Con solo que el ministro “haga cumplir el contrato de concesión”, la concesionaria deberá abrir los peajes cada vez que haya congestión. El problema es que el contrato dice una cosa que es mucho mas compleja que lo que la periodista dio a entender en su poco fundamentada nota.

Lo cierto es que para llegar al punto en que el concesionario deba abrir los peajes para aligerar el tránsito, se debe efectuar un trámite que incluye el cumplimiento de un número de condiciones previas. Debe haberse registrado un tiempo de espera mayor a cinco minutos por estación por dos horas consecutivas en un mes calendario. Si esta condición se presentara, el concesionario tendrá que presentar un plan remedial en cinco días, plan que podría incluir la construcción de obras necesarias para aliviar la congestión, para  lo que contaría con 6 meses. Agotado este plazo, y si no se resuelve el problema, el concesionario tendría que abrir los peajes “hasta que la congestión desaparezca”, o sea, por periodos de tiempo relatvamente cortos.

Se puede discutir la justeza de este mecanismo, pero ese sería otro tema. Lo cierto es que la noticia sobre las prioridades del nuevo ministro, debe haber generado una expectativa. Y si las presas se mantienen, el nuevo jerarca no habrá demostrado la “voluntad política” para resolver el problema.
(Por cierto que la campaña electoral del 2014 giró alrededor de la falacia de que las cosas no sucedían por pura negligencia y/o falta de voluntad. Pero apenas unos meses después de asumir su cargo, el mismo presidente, quien aparentemente se creyó esta versión diluida de la realidad, hubo de admitir que no era lo mismo verla venir que bailar con ella).

Uno de los principales problemas en el debate público es esa constante simplificación de la realidad que recibimos diariamente en muchas informaciones. En este caso particular, no habría costado nada revisar el contrato de la concesión, con lo que pudo haberse complementado la nota, dimensionando correctamente lo que puede o no puede hacer el ministro.

Pero al presentar la realidad de esta manera parcial, se generan expectativas que al no ser cumplidas derivan en desánimo, y refuerza algunos prejuicios en contra de la política, representada en este caso por la inhabilidad de las instituciones de “hacer cumplir el contrato”.

No es que no haya razones para quejarse, pero al menos hagámoslo sobre la base de la comprensión integral de las circunstancias que rodean el complejísimo ejercicio del poder, y no de una realidad chapuceramente simplificada, construida por un ejercicio de comunicación poco riguroso, y reforzada por una demagogia política que eventualmente termina reventándole en la cara a quienes acuden a ella.

**********************************************

La lógica que parece sustentar la noticia “Contraloría acosada por 100 demandas judiciales” es que los procesos que enfrenta a Contraloría no responden a un legítimo ejercicio de derechos constitucionales, sino a torcidos intentos para evadir responsabilidades.

Refuerza esta percepción la misma Contralora, cuando increíblemente dice que “…en su criterio, hay un abuso de los mecanismos que tienen los ciudadanos para defender sus derechos. Esas demandas no solo retrasan la aplicación de sanciones, sino que, en ocasiones, también pueden dejar en suspenso obras públicas. “Esta judicialización del control tiene desde razones legítimas, que son parte de un sano ejercicio en un Estado de derecho, hasta las que obedecen al intento de salvaguardar intereses particulares, lucrar con un litigio o hasta sangran a la hacienda pública”

Aparte de que uno no se explica una expresión como “hay un abuso de los mecanismos que tiene los ciudadanos para defender sus derechos”, la clasificación que hace la Contralora de las demandas con las que se “acosa” a la Contraloría no es de recibo. La justeza o no de las demandas le tocará dilucidarlo a los tribunales de justicia. Pero además, subyace en el razonamiento un sentido de inefabilidad en las actuaciones de la Contraloría, las que, aparentemente, están exentas de errores.

No es así, y los ciudadanos tienen derecho de acudir a los tribunales si se sienten afectados por alguna resolución de la CGR. Es posible que haya que racionalizar algunos procesos para limitar la judicialización de la acción pública, pero mientras no se hagan las reformas necesarias, no se debe deslegitimar el ejercicio de un derecho plenamente vigente. En la defensa de derechos particulares, por definición no puede haber “abusos”.

¿El fin de los gobiernos bien calificados? El tema de FIV es importante, pero mas no poder decidir

¿Cómo calificaría la gestión de un Presidente que durante su gobierno logró disminuir el desempleo a la mitad? ¿Qué lanzó una iniciativa de seguridad social que le permitió a millones de personas contar con servicios médicos? ¿Qué cumplió sus promesas de acabar la participación de su país en dos guerras?.

Ese es parte del legado de Barack Obama en los Estados Unidos. A la distancia parece un cúmulo de logros notables, que deberían derivar en una tasa de aprobación muy alta. Pero, en el mejor de los casos, las encuestas muestran al electorado estadounidense dividido en partes mas o menos iguales, entre aquellos que aprueban su trabajo y aquellos que no.

Es cierto existen factores particulares de la cultura política estadounidense que inciden en el caso de Obama, pero lo cierto es que a lo largo y ancho del planeta es posible encontrar situaciones similares, en los que los gobiernos parecen estar realizando una labor positiva, pero que no es reconocida como tal por la ciudadanía. Probablemente el elemento común que tienen todos estos casos, es la imposibilidad de los gobiernos democráticos de incidir de manera efectiva, en procesos de formación de opinión pública completamente inéditos.

En la sociedad hiperconectada del siglo XXI, en donde todos son potencialmente consumidores y productores de información (dualidad que ha sido plasmada en la expresión inglesa “prosumer”), los aparatos públicos, sin haber logrado entender plenamente las dinámicas implícitas en los procesos de generación, y, sobre todo, de diseminación de información, se encuentran en una situación de desventaja frente a la multiplicidad de fuentes, la falta de rigor de la mayoría de ellas, y el poder imparable de la repetición ad-infinitum, capaz de darle vigencia a noticias pasadas como verdades actuales.

Hay que sumarle a esto la presión que la inmediatez de las redes sociales significa para los medios de comunicación tradicionales. En términos generales, estos medios han tenido que adecuar sus parámetros operativos para no quedar relegados y convertirse en fuentes obsoletas. Desafortunadamente, en buena parte de ellos, el estándar ha tenido que ser adaptado, y encontramos muchos ejemplos de informaciones incompletas, descontextualizadas y abiertamente equivocadas, lanzadas al ciberespacio en franca competencia con las millones de personas, que ahora pueden con un teléfono inteligente convertirse muchas veces en un no muy inteligente reportero.

No significa esto que todos los gobiernos son buenos y deberían ser bien calificados. Pero lo cierto es en un entorno como el descrito, y mientras no se entienda bien como insertarse inteligentemente para presentar su punto de vista de manera efectiva, no sería extraño que no volviera a haber gobiernos calificados positivamente, pese a que cumplan con los criterios “clásicos” para ser bien calificados, como parece haberlo hecho Barack Obama.

Y esto sería una cosa anecdótica si no tuviera un impacto en la legitimidad de las instituciones, como puede tenerlo una prolongado período de escepticismo y pesimismo de la ciudadanía.

********************************************

La Sala Constitucional dejó sin efecto el decreto del gobierno que pretendía reglamentar la fertilización en vitro en Costa Rica. El debate sobre la pertinencia de este decreto desde el punto de vista legal es, como usualmente pasa con estos temas, inacabable. Pero sobre esto, sobre lo que ya había reflexionado hace un tiempo desde la perspectiva de la debilidad política del gobierno, vale la pena hacer algunas anotaciones adicionales.

El cumplimiento de las leyes y el acatamiento de los fallos judiciales son principios fundamentales de cualquier sociedad. Como país, nos encontramos desobedeciendo una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en un fallo que no deja resquicios, ordena la país a realizar la FIV a las parejas que lo requieran. La incapacidad del Estado costarricense para cumplirlo, debería preocuparnos más que las posiciones de quienes la adversan y quienes la apoyan.

El debate sobre el tema ha terminado en un callejón sin salida, y cada vez se hace más difícil la posibilidad de encontrar posiciones comunes. El asunto se agrava porque, tal como sucede en la caso de los derechos de las parejas del mismo sexo, quienes propugnan por el cumplimiento de la sentencia acuden al equivocado argumento de atacar las creencias de quienes se oponen, convirtiendo en algo personal algo que no debería serlo.

Ciertamente los grupos  mas conspicuamente opuestos al tema de la FIV y los derechos de parejas del mismo sexo son de corte religioso. Pero lo importante aquí no es cuestionar la validez de las creencias, sino mas bien evidenciar nuestra incapacidad para que  la voluntad de una mayoría pueda concretarse. Lo malo no es que la gente crea o no en Dios, es que no pueda siquiera llegarse a una votación sobre temas tan importantes como la FIV o los derechos de las personas del mismo sexo.

El país de los absolutos, los buenos somos lo malos y la evasión como argumento

¿Cuándo nos volvimos un país del todo, nada, siempre y nunca? ¿Qué fue lo que pasó para que seamos el país de los criterios absolutos, en donde matizar es mal visto, en donde no se reconocen los grises de la realidad, en donde todo es negro y nada es blanco?.

¿Cómo es que ahora TODOS los políticos son corruptos, TODOS los funcionarios públicos negligentes y privilegiados, TODOS los jugadores de futbol son malísimos, TODOS los servicios públicos apestan? ¿A partir de cual momento NADA sirve? ¿Por qué de pronto NADA es posible? “No hay NADA que hacer”, oye uno decir a la gente frecuentemente. Vamos a votar arrastrando los pies –si vamos-, porque estamos convencidos que NADA va a cambiar.

Porque, claro, SIEMPRE pasa lo mismo. SIEMPRE llegan al poder quienes solo quieren robar (llegan de manera espontánea, nunca con nuestros votos). Y por eso NUNCA hacen nada, y NUNCA mejoraremos la situación. Vamos irremediablemente al barranco, si no es que estamos ahí.

Este es, al decir de algunos “un país en ruinas”, en el que, como escribió Carlos Cortés en su novela, “no pasa nada desde el Big Bang”. Y cuando alguien intenta demostrar que ALGO (palabra desterrada del vocabulario político contemporáneo), se ha hecho, la percepción tiene mas valor que los datos, la opinión y el prejuicio mas peso que la estadística. “Usted puede darme todos los datos que quiera, pero la percepción de la “gente” (esa categoría indeterminada que utilizan algunos para contrarrestar las cifras) es completamente otra”, argumentan los heraldos del apocalipsis.

Ciertamente los políticos –me incluyo-, tenemos responsabilidad en este estado de ánimo. Pero no solo son los políticos. Otros actores han contribuido. Comenzó cuando la preocupación de la ética en la función pública dejó de ser una aspiración bien intencionada, y se convirtió en una cacería de brujas que aun no termina. Cuando los linchamientos mediáticos de los reportajes periodísticos sesgados y mal fundamentados, se comenzaron a ver como buen periodismo. Cuando lo políticamente correcto es ser pesimista, criticón y choteador.

Tenemos que saber que si seguimos por este camino, terminaremos siendo lo que decimos que somos.

***************************************

En línea con las reflexiones anteriores,  una lógica muy particular se ha apoderado de la valoración de ciertos hechos políticos en Costa Rica. Uno de estos es el abstencionismo, que por una curiosa inversión de valores, es ahora presentado como una manifestación de alto civismo.

Prevalece un discurso anti-político en nuestro país. Hay sin duda responsabilidad de los políticos –aunque no son los únicos-, no solo por el tema de corrupción, sino además por la dificultad creciente para concretar sus promesas electorales, tanto por negligencia, como por un ordenamiento jurídico asfixiante. Pero lo cierto es que la política ha terminado siendo vista como una actividad éticamente cuestionable, en donde prevalece el interés personal, y el interés común es secundario a oscuros designios de corrupción individual.

Quienes votamos entonces no somos buenos ciudadanos, sino cómplices. Somos personas que, en el mejor de los casos, ejercemos un derecho inútil llevado por el peso de la tradición partidaria, o deslumbrados por propaganda sin contenido. En ese contexto, el abstencionista no es una persona que rehúye sus obligaciones con la comunidad, sino un ciudadano pensante, inteligente, que no se deja embaucar por la política y, sobre todo, por los políticos.

Esta visión tiene implicaciones muy negativas.  Ciertamente la no participación es una forma de participación, pero cuando cualquier actividad relacionada con intereses que van más allá de lo personal, es vista como una actividad “política” y, por lo tanto, indigna o irremediablemente corrupta, se erige un obstáculo formidable para que la ciudadanía se integre a la acción comunal, que es uno de los pilares importante del desarrollo de cualquier país.

***************************************

El Ministerio de Hacienda anuncia que la evasión y la elusión representan mas del 8% del PIB. Lo hizo de una manera que parece, en el mejor de los casos, imprudente, dado que apenas inicia el debate sobre la reforma fiscal. A partir de ahora, el argumento de “no es necesario aumentar impuestos, con solo controlar la evasión y la elusión sería suficiente para controlar el déficit”, es uno que vamos a escuchar frecuentemente en el debate fiscal.

El tema no es tan sencillo, pero el daño ya está hecho. Combatir la evasión no es fácil, y en algunos casos requiere de tantos recursos que no es rentable hacerlo. Y la elusión posiblemente requiera de reformas legales complejas, en una Asamblea Legislativa en donde estos temas son objeto de interminables discusiones, y en donde habrá grupos que sin duda harán todo lo posible para entrabar aun mas un debate de esta naturaleza.

No significa que no hagamos nada, pero hay una situación urgente ante la que se debe actuar. Hay que eliminar portillos y endurecer controles, pero utilizar este tema para oponerse al aumento de impuestos es incorrecto. Por mas que el Ministerio de Hacienda les haya hecho el favor de presentar esta noticia tan chapuceramente.

Las deudas de los candidatos, beligerancia en la DIS y el diputado Henry Mora

Esta semana varios medios de comunicación informaron sobre la morosidad de 2145 candidatos a puestos en las municipalidades. La Nación incluso publica una llamativa portada con las fotos de los mayores deudores. El dato por supuesto es relevante, pero peligrosamente incompleto, y la generalización en un tema tan delicado le hace un gran daño a la democracia.

Está claro que nadie debería tener deudas  con la CCSS. Pero las notas de prensa sobre la cantidad de morosos postulándose para puestos de elección en las municipalidades, confirmadas con una gran ligereza en redes sociales por la misma Caja, son, en el mejor de los casos, omisas. 

Habrá muchos de los aludidos que son unos irresponsables, pero estoy seguro que también hay explicaciones válidas que nunca conoceremos. La Nación hace un tímido intento y le da espacio a una decena de candidatos, a todas luces insuficiente para contrarrestar el impacto que la noticia generalizada ya debe haber causado en el ánimo de los votantes.

En un editorial de esta misma semana, y en defensa de uno de sus accionistas, La Nación sostiene que los “presuntos” periodistas que informaron sobre el tema de una presunta venta de propiedades a las FARC, “… no hicieron el menor intento de obtener una declaración de  los Terán o de La Nación, ni de constatar con las autoridades si efectivamente hay una investigación en curso. El periodismo infame no respeta las más elementales normas de la profesión que denigra.” 

Pues bueno, esa misma indefensión en la que los Terán quedaron por lo que La Nación llama “periodismo infame”, es la misma en la que quedaron los 2145 personas cuya versión sobre los hechos posiblemente nunca tendremos. Ni mas ni menos.

************************

¿Qué es lo que pasa con la DIS? O mas bien, ¿por qué no pasa nada con la DIS? No hablemos siquiera de la absurda promesa, estrepitosamente incumplida, de cerrar esta institución, sino mas bien de las cosas que han venido pasando que no generan ninguna responsabilidad.

Primero fue el anuncio impensado de la presencia del supuesto paso de militantes de ISIS por territorio nacional, que después fue desmentido sin mayores explicaciones. Luego, el tránsito de 5 sirios ilegales de los que la población tuvo noticia hasta que Honduras los detuvo. Luego, un informe de la presencia de los hijos del Chapo Guzmán en Costa Rica, informe que el Director en primera instancia desestimó diciendo que “no tenía información” sobre el tema, aun cuando la información fue luego confirmada por su subdirector.

Ahora el TSE anuncia que investiga al Director de la DIS por una donación de dinero a un partido político, que forma parte de la alianza oficialista, en abierta violación del deber de neutralidad que deben observar los cuerpos policiales. Mariano Figueres se defiende diciendo que la prohibición de participar en política no le alcanza, porque la DIS no es un cuerpo policial. Pero mas allá de que el artículo 6 de la Ley de Policía incluye expresamente a la DIS, una persona que dirige una entidad con información tan sensible debería observar una conducta intachable.

Si se demuestra que hubo beligerancia política, el presidente debe destituir al Director. Pero si lo que ha pasado hasta ahora es indicativo de lo que puede pasar en el futuro, el asunto será enterrado y seguiremos en lo mismo.

************************

El diputado Henry Mora desafía nuestra capacidad de asombro. Primero, le creó una plaza a la medida a una copartidaria, hecho por el cual fue condenado por la Procuraduría de la Ética y se encuentra siendo investigado por el Ministerio Público. Luego, forzó la aprobación de un presupuesto violando la Constitución, y por eso fue condenado por la Sala Constitucional. 

Pese a estos antecedentes, intentó, no sabe uno bajo qué razonamiento, reelegirse como Presidente de la Asamblea, candidatura cuyo rechazo precipitó la alianza opositora que le arrebató el control del directorio legislativo a la alianza oficialista PAC-FA.

Ahora Mora vuelve a las andadas, arremetiendo, no en contra de su partido, sino en contra de sus electores. El Código de Ética del PAC, según Mora, es “puritano, fariseo y absurdo”. Para probarlo, acudiendo a una línea de argumentación muy particular, utilizó un vehículo de la Asamblea Legislativa, cosa expresamente prohibida por ese Código cuyo cumplimiento Mora aceptó como requisito para aspirar a su cargo.

Ahora le corresponde a las estructuras partidarias manifestarse, no solo acerca de la flagrante violación del Código, sino además sobre el desprecio de Mora a sus electores, una gran parte de los cuales votaron, entre otras cosas, por la oferta ética del PAC. En realidad el diputado no debería esperar ningún pronunciamiento, y como mínimo correspondería declararse diputado independiente, si no es que debería irse para la casa. Pero, después de lo que nos ha mostrado a lo largo de estos 20 meses, sería mucho esperar que esto sucediera.

El MOPT, Kate y Sean, y C.E.R.R.A.R

Se fue el ministro Segnini, en lo que parece ser la crónica de una muerte anunciada. De primera entrada, la idea de nombrar un abogado para liderar este ministerio, contrario sensu de lo que pensaba la mayoría, parecía apropiada, porque el MOPT necesita una reingeniería legal profunda. El presidente Solís anuncia que nombrará a “un ingeniero”, para que se ejecuten las obras pendientes, mostrando nuevamente que, pese a acercarse a la marca de los dos años de gobierno, aparentemente sigue desconociendo el funcionamiento del estado costarricense.

Mientras no se reformen los procedimientos de contratación pública, el país seguirá durando años para construir carreteras y desarrollar infraestructura en general. El sistema está trabado en muchos puntos, y es imprescindible cortar esos nudos gordianos antes de ponerse a prometer nada en este campo.

Lo cierto es que el nuevo ministro no tendrá oportunidad de concretar nada nuevo en el tiempo que le queda a este gobierno. Conque termine de ejecutar lo que viene en marcha de gobiernos anteriores, ya podría sentirse satisfecho. No porque no tenga el entusiasmo o la capacidad para hacerlo, sino porque el sistema es tan complejo, que le tomará por lo menos 6 meses entender cómo se mueven las cosas, período en el que posiblemente no esté dispuesto a ponerle la firma a nada que pueda comprometerlo.

Porque quien vaya a asumir este cargo, debe saber que la mayoría de sus predecesores, sobre todo aquellos que intentaron concretar proyectos, han sido objeto de acusaciones de diversa índole, acusaciones de las que se defienden aun ahora, pasados muchos años después de haber dejado el cargo. Lo mejor es dedicarse a reformar el MOPT. El país lo agradecería mucho.

******************************************************************************

Hace unos días ví el documental “Cartel Land”, que retrata con enorme crudeza la violencia y el clima de inseguridad imperante en la frontera entre EEUU y México, resultado de la acción de los carteles de la droga y de grupos de vigilantes ciudadanos a ambos lados de la frontera. Lo que viven los ciudadanos atrapados en medio del fuego cruzado entre milicias, narcos, policía y ejército, es una tragedia de proporciones abrumadoras.

Precisamente por eso es que la saga de del Castillo-El Chapo-Penn me ha parecido de lo mas desagradable. Durante las semanas posteriores a la captura de El Chapo, la discusión se ha centrado, como era de esperarse cuando se involucran personas de la farándula sin ningún criterio, en lo superficial, trivializando un tema delicado, irrespetando a las miles de víctimas de la violencia, y mostrando la verdadera esencia de los involucrados.

Lo peor que puede pasar con un tema como este, es que termine siendo objeto de un pésimo artículo en Rolling Stone, o el tema del día en las revistas de farándula o sensacionalistas. Del Castillo y Penn, una, jugando con fuego atizando una relación de amor adolescente con un prófugo de la justicia, y el otro, presa de una activismo mal entendido, que lo ha llevado a hacer el ridículo repetidamente en campos que evidentemente no entiende. Mejor que se dediquen a su profesión, y dejen de irrespetar a gente que ha sufrido tanto.

******************************************************************************

El legislador Ottón Solís presentó un proyecto, con el desafortunado acrónimo de “C.E.R.R.A.R”, para “cerrar instituciones, eliminar duplicaciones, reunificar funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la pobreza”. El tema ha generado instantáneamente un debate que pareciera dirigirse a los lugares comunes, siendo uno que requiere de mucha serenidad y equilibrio.

Ya en otra entrada de este blog había mencionado el verdadero impacto de los programas sociales, en los que el país invierte recursos equivalentes a poco mas del 20% del PIB. Y esto es importante porque se puede creer que esos programas son un fracaso total y por lo tanto se justifica cualquier reingeniería. En la construcción de esa sombrilla de protección social que distingue a Costa Rica, se ha invertido mucho durante mucho tiempo, y desestimar esta experiencia por las razones equivocadas sería peligrosísimo.

Hace unos años, el recordado investigador Carlos Sojo había realizado, conjuntamente con el Dr. Manuel Barahona, un estudio sobre las supuestas duplicidades en el sector social. Los resultados no fueron lo que se esperaban: las duplicidades no eran tan dramáticas como la gente cree. Ese estudio debe estar todavía en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, que fue el ente que lo contrató en el marco de una discusión alrededor de la efectividad de las políticas sociales.

Claro que es importante detectar posibles duplicidades, desperdicio y manejo clientelista de la ayuda social. Pero si hay alguna discusión que debe llevarse con mucha mesura, contando con todos los elementos necesarios, y sin escuchar los cantos de sirena de quienes en realidad lo que quieren es desmantelar el estado, es esta.

El gobierno parece haber aprendido; una absolutoria y los derechos que debemos defender

Una rápida nota inicial. De no ser que suceda algo que realmente me incite a escribir un comentario, este sería mi último blog del año. Un viaje el próximo fin de semana, y las fechas mismas, en donde la gente anda en otras cosas, me hacen pensar que una pausa es conveniente. Aprovecho entonces para desearles una feliz Navidad y un año 2016 lleno de satisfacciones personales y profesionales. ¡Seguimos en el 2016!

******************************************************************************

Se viene un período de sesiones extraordinarias de gran importancia para el gobierno. Es, posiblemente, el único que le queda para que la discusión no esté teñida por el cálculo político, antes de que arranquen los fuegos electorales en el 2017. Pero se enfrenta a esta coyuntura debilitado y con una fracción oficialista partida. Si algún gobierno necesita la ayuda de la oposición, definitivamente es este.

Paulatinamente se ha venido dando un cambio, errático y no siempre consistente, en la actitud del gobierno respecto a los partidos de oposición. Solís, desafortunadamente, desaprovechó la oportunidad que le daba un resultado electoral contundente, y en vez de elevarse sobre la pequeñez del envanecimiento personal, dedicó los primeros meses de gestión a atacar a sus adversarios políticos, siendo el punto culminante el sainete de los 100 días, que como se sabe no produjo ninguna acusación formal. 

Pero, confrontado con su propia debilidad, política y conceptual, habiendo dilapidado en apenas 18 meses el apoyo de la gente, y con la carga enorme de la decepción y el enojo ciudadano, el gobierno ha venido bajando el tono, y por primera vez, ya con el agua al cuello y despues de un primer año improductivo en la Asamblea, hace gestos concretos que posiblemente permitan mejorar el clima político.

Hay una primera señal positiva: la anuencia a impulsar 3 proyectos destinados a controlar el crecimiento del gasto público en salarios, uno presentado por MIDEPLAN, dirigido a cambiar la forma en que se evalúa el desempeño de los funcionarios, como requisito previo a recibir el pago de anualidad; otro, presentado por el PUSC, que pretende establecer un tope máximo a los salarios; y finalmente, uno del PLN, cuyo objetivo es ordenar los denominados pluses salariales, estableciendo parámetros que permitan la homogeneización de los diferentes sistemas existentes.

Es de esperarse que el debate de estos proyectos sea complicado, dada la previsible oposición del Frente Amplio. Y la discusión se hace aun mas compleja dada esa división en la fracción oficialista, en donde hay diputados mas cercanos a las posiciones del FA. Recordemos que la Presidenta del PAC y el jefe de fracción oficialista, firmaron un pacto con el FA y los sindicatos del sector público, en donde la oposición a una eventual equiparación de pluses salariales era uno de sus puntos prominentes.

Pero habiendo el gobierno accedido, aunque sea después de haber perdido un tiempo valioso, a la discusión de proyectos dirigidos al control del gasto, se abren las puertas para una discusión más amplia sobre impuestos. Desde esta perspectiva, la convocatoria de un proyecto para reinstaurar el impuesto a las sociedades anónimas será, espero yo, recibida positivamente en la Asamblea Legislativa, y su pronta aprobación permitirá restaurarle al Ministerio de Seguridad Pública los recursos que le recortara el fallo de la Sala Constitucional.

 Una sugerencia: que se tome la previsión de que parte de esos recursos, sin que se definan porcentajes para no introducir rigideces innecesarias, puedan ser destinados a los programas de prevención que desarrolla el Viceministerio de Paz, y no perder así el impulso que estas iniciativas traían del gobierno anterior.

Ojalá que el gobierno siga actuando consciente de su propia debilidad y respetando a la oposición. Es la única manera que tiene para poder concretar algunas iniciativas que el país requiere.

***************************************************************************

La reacción de algunas personas ante la absolutoria del expresidente Miguel Angel Rodríguez ha sido en al línea de cuestionar que se le absuelva por “un tecnicismo”. “La prueba”, dicen quienes así se expresan, “demostraba la culpabilidad y por lo tanto no debió ser eliminada, sin importar como fue obtenida”.

No es cierto. La forma en que obtienen las pruebas es consustancial al proceso judicial. El que existan parámetros mínimos que deben ser respetados, es una protección irrenunciable que tenemos todos ante los excesos que puedan cometer las autoridades. El debido proceso no es una excusa para permitir la impunidad, es un seguro que todos tenemos y debemos defender.

Pero según algunos, esto no es importante, porque en su mente el acusado era culpable. Para algunos, su condición de político prominente determina una presunción de culpabilidad automática. Es como si se revirtiera el principio y ahora toda persona, sobre todo si es un político, es culpable hasta que demuestre lo contrario. 

Aplicando esa lógica, una absolutoria solo es explicable, por la complicidad de jueces, atrapados por los tentáculos del poder, nunca de una aplicación racional de la ley, la que, de paso muchos de esos críticos desconocen. Esta forma de pensar no solo es temeraria, sino que mina injustificadamente la credibilidad del Poder Judicial. En este sentido, es igual de irresponsable repetir estos argumentos sin conocer bien el proceso, como cuando lo hacen personas que, pese a su preparación profesional, han encontrado en la repetición elaborada de los peores prejuicios, una forma para seguir teniendo vigencia en algunos medios.

Lo cierto es que la protección del derecho a un juicio justo, en donde todos los actores cumplan con los requisitos establecidos, es algo que todos debemos apoyar. Incluso cuando la persona que recibe esa protección sea un político. Nos conviene a todos.