Interés nacional sobre interés politico

No es posible minimizar las consecuencias que podría tener el levantamiento del veto que la expresidenta Laura Chinchilla le aplicó a la reforma del Código Procesal Laboral. De entrar a regir los artículos vetados, se habrá menoscabado de manera irreversible la posibilidad de los gobiernos de proteger a los usuarios de servicios públicos, y otorgará una ventaja que potenciará la capacidad de coacción de los sindicatos del sector público y de su partido político aliado, el Frente Amplio.

 Tal vez el panorama quede más claro utilizando como referencia la recién finalizada huelga en Japdeva. Todos aplaudimos la rápida acción de la Fuerza Pública para retomar el control de los muelles. De la misma forma, celebramos la rápida contratación del personal externo que permitió reanudar los servicios portuarios al día siguiente de iniciada la huelga. Si se levanta el veto, eso ya no será posible.

 El artículo 394 del proyecto vetado estipula específicamente la prohibición de contratar de trabajadores o trabajadoras temporales para sustituir a los huelguistas, cosa que solo se podría hacer hasta que los tribunales declaren el movimiento como ilegal. Pero, aquí hay otra trampa. En el caso de Japdeva la huelga se declaró ilegal —10 días después de iniciada—, porque a criterio del juez los muelles prestan un servicio público, en los que están prohibidas las huelgas. Pero precisamente otro de los artículos vetados permite las huelgas en servicios públicos, y, por lo tanto, no habría razón para la ilegalidad y el movimiento podría prolongarse sin que el Gobierno tuviese la posibilidad de restablecer el servicio.

 No es difícil imaginar lo que esto podría significar. Muelles, aeropuertos y hospitales cerrados indefinidamente, sin posibilidad de ofrecer mas que los servicios que los sindicatos accedan restablecer. En una panorama como este, es claro que los gremios tendrán la sartén por el mango. Y a todo el pueblo costarricense en el sartén.

 Desafortunadamente, en el debate alrededor de este tema el Gobierno no se ha referido con claridad a esta amenaza. El único criterio que anima al Ejecutivo en este momento es político: mantener los apoyos necesarios para preservar el directorio legislativo el próximo 1ero de mayo. Por puro cálculo político, el Gobierno podría debilitar al país frente a la acción sindical. La consecuencias que esto tendría serían impredecibles. Y constituiría un acto de suprema irresponsabilidad de un Gobierno que busca victorias pírricas en el corto plazo, pero que derivarán en derrotas aplastantes en el futuro.

 Es absolutamente necesario adoptar muchas de las reformas que se aprobaron en este proyecto. Pero el costo no puede ser otorgar prebendas profundamente antidemocráticas a grupos de interés particulares. Permitir huelgas en servicios públicos sin la posibilidad de contratar personal para mantener la provisión de servicios esenciales es una concesión que va en contra del interés nacional, que debería tener precedencia sobre el interés político de corto plazo.

Aprender a bailar

Estos primeros meses del gobierno de Luis Guillermo Solís pueden resumirse en una sola frase pronunciada por el Presidente mismo: no es lo mismo verla venir que bailar con ella. La verdad incontrovertible que esta pública admisión revela, tiene una explicación mas o menos sencilla y consecuencias realmente muy complejas.

 La campaña electoral del 2014 se desarrolló básicamente sobre dos premisas: una, que la situación del país era tan extrema que se requería un cambio a toda costa. La otra, mas aventurada como está empezando a descubrir el Gobierno, era que el cambio era posible simplemente si se tenía la voluntad para concretarlo.

No se recuerda una campaña electoral en donde se pintara una imagen tan sesgada del país. Un observador extranjero habría tenido muchos problemas para identificar, en la vivencia cotidiana de la gente, las señales de la debacle de proporciones bíblicas que se vaticinaba para este sufrido pueblo.

Ahora estos excesos han vuelto para acosar al Gobierno. Cada vez es mas claro que las cosas no estaban, ni se venían haciendo, tan mal como se dijo. No solo se continuó con algunas políticas importantes (en seguridad, en lo social, en política monetaria, en comercio exterior y en relaciones exteriores, entre otras), sino que el mismo Presidente se queja, aparentemente sorprendido, de esta percepción negativa de la situación del país. “Veo y siento en el extranjero mucho optimismo sobre inversión económica, regreso acá y veo todo un irónico pesimismo” expresó en redes sociales y en una conferencia de prensa; “hay una actitud como si se estuviera acabando el mundo” . Siembra vientos…

Si las cosas al final no estaban tan mal, ¿cómo concretar ese cambio nebuloso que se prometió en campaña? En lo sustantivo a lo sumo se deben realizar algunos ajustes. ¿Pero cambios de fondo, nuevos paradigmas? Ninguno hasta ahora. Ante la falta de claridad, se ha apostado desproporcionadamente por lo simbólico, la iza de banderas, la poda de arbustos, la declaratoria del maíz como patrimonio cultural. Y eso, que podría ser mucho en otro momento, es poco para un gobierno que como este prometió un cambio que no tenía, ni parece tener, definido con certeza.

La segunda premisa que sustentó la campaña del PAC, es posiblemente la mas peligrosa y la que le costará mas al Gobierno: que el cambio era posible con tan solo hacer un esfuerzo mayor. Que el cambio dependía de la "voluntad política" que, aseguraban señalando acusadoramente, los anteriores gobiernos no habían tenido.

La verdad es que –tal y como cándidamente lo admitió el Ministro de la Presidencia en el caso del costo de los combustibles-, desconocían cómo funcionaban las cosas. Así fue como se lanzaron esas promesas audaces que se veían muy bien en la prensa, pero que volvieron para aterrorizar al Gobierno: bajar el precio de la luz ("YA, no en tres meses"), disminuir el costo de la gasolina ("en las primeras semanas"), cerrar CONAVI ("y sus hermanitas perversas COSEVI, Concesiones, el CTP"); clausurar ("el primer día") la DIS, nombrar a todo mundo por concurso ("Mariano Figueres NO tendrá cargo en este Gobierno”). La implacable realidad del ejercicio político ha obligado a la rectificación, con un alto costo político en un entorno en donde la población no encuentra ya ningún consuelo en ese millón de votos que le aportó al PAC.

Lo cierto es que la complejidad del Estado costarricense, hasta ahora una excusa según algunos, impone, para poder acometer los cambios que se necesitan, la necesidad de forjar coaliciones amplias a partir de un ejercicio claro de definición de prioridades y ámbitos de negociación. Creer que esto se logra llamando a un diálogo con partidos políticos y grupos organizados, en una especie de Asamblea Legislativa paralela como lo hizo el Gobierno, es una muestra más de la ausencia de una visión estratégica, así como de una gran confusión en la conducción política.

Y poco ayuda la ambiguedad del Gobierno, que por un lado dice querer abrir espacios y por el otro golpea incesantemente a la oposición, aparentemente envanecido todavía por su triunfo electoral del que insiste en extraer conclusiones complacientes. Tampoco ayuda la debilidad política del que debería ser su principal enlace con la Asamblea, cuestionado por tirios y troyanos, y cuya propensión a cometer errores lo ha convertido en una pesada cruz para el Presidente.

La consecuencia mas grave de todo este entuerto es una población cada vez mas impaciente, y como lo comienzan a demostrar algunas mediciones de opinión pública, capaz de pasar del entusiasmo a la desazón en muy poco tiempo, ahora tal vez mas propensa a optar por alternativas que en el pasado ha descartado como alejadas de la idiosincracia costarricense. Ojalá que ese no termine siendo el legado de un gobierno que se tiró a pista sin saber bailar.

¿Bajar la pobreza o bajar la cifra de pobreza?

Posiblemente no hay un objetivo de política social que concite mayor apoyo que el de reducir la pobreza. Este flagelo, que como lo ha dicho Mouhammad Yunnus, es una construcción social y no un estado natural, requiere de un esfuerzo interinstitucional sostenido, con el objetivo de construir las condiciones necesarias para romper los círculos viciosos reproductores de la pobreza. Este es un proceso que para exhibir resultados requiere de tiempo, que permita a las personas contar con las capacidades para lograr su inserción exitosa en el mercado laboral, que es la solución permanente de la pobreza.

En muchos casos sin embargo, se necesita acudir a los subsidios directos para atender necesidades básicas, sobre todo las de los mas pobres. Se trata de un tema de subsistencia y que para ser efectivo debe ir acompañado de la atención integral de patologías sociales como drogadicción, alcoholismo y prostitución, mientras se espera que los objetivos de mediano plazo se cumplan. El gasto de este tipo es inevitable, y está siempre previsto en los presupuestos de la inversión social.

Pero, una cosa es ejecutar políticas asistencialistas y otra sacar a la gente de la pobreza. En Costa Rica, que se utiliza un nivel de ingreso familiar para determinar quien está por encima o por debajo de la línea de pobreza, una transferencia económica puede aumentar el ingreso familiar al punto que mediante este mecanismo se les saque de la pobreza. Será, sin embargo, una condición temporal, porque, a menos que se quiera actualizar permanentemente el monto del subsidio –insostenible para las finanzas públicas-, eventualmente la inflación anulará el efecto económico de la transferencia, con lo que la familia que la recibe volverá a caer en la pobreza.

De ahí que hay que hacer una diferenciación entre el objetivo de bajar la pobreza y el de bajar la cifra de pobreza. Lo primero es complejísimo y requiere, además de todo lo mencionado, de un entorno económico dinámico. Lo segundo es más fácil y puede obtenerse con cierta rapidez y facilidad, pero no es sostenible.

Hago esta reflexión a la luz del objetivo de reducir a la mitad la cifra de pobreza extrema planteado en el Plan Nacional de Desarrollo. Como se estipula en el PND, las necesidades básicas que se pretenden cubrir para lograr este objetivo se refieren a “alimentación, pago de alquiler domiciliario, salud, vestido, enseres del hogar, servicios básicos y otros” . Es decir, un subsidio directo para asumir esos gastos. El monto que se otorgará sin duda terminará elevando el ingreso familiar de manera que superará el umbral de la pobreza extrema, aunque probablemente no será suficiente para salir de la pobreza.

La solución permanente no puede descansar solo en esquemas de este tipo. Un esfuerzo como este, en el que se invertirá ¢130,000 millones en cuatro años, requiere de políticas complementarias. La cifra de pobreza extrema posiblemente baje, pero solo provisionalmente. Y el éxito temporal no debería ser el derrotero de la política social.

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Una mejor oposición sería un gran cambio

Algunos meses después de dejar la Presidencia de Brasil, le pidieron a Fernando Henrique Cardoso su opinión sobre algunas medidas que había tomado el gobierno del PT, encabezado por el entonces Presidente Lula. "Están haciendo lo que había que hacer, que es lo que hacíamos nosotros", contestó el expresidente brasileño. "La única diferencia es que no los tienen a ellos de oposición".

Gobernar es un ejercicio complejo. Para muchos, esto no es mas que una excusa. Pero muchos de los que piensan así, casi que me atrevería a decir que todos, nunca han estado en gobierno. Desde esa ignorancia es fácil sostener ciertas posiciones. Pero una vez que se tiene la manija del poder político, las cosas cambian radicalmente. Ya lo dijo el presidente Solís: "no es lo misma verla venir que bailar con ella". Peor aun si no se sabe bailar, o se baila mal.

El conflicto en torno al contrato de concesión para la construcción de una terminal de contenedores en Moín, es un ejemplo perfecto de lo que menciona FHC. Muchos de los que hoy en el Gobierno defienden a capa y espada "la legalidad" y "el clima de inversión", se oponían exaltados a la "entrega de  la soberanía", exigían diálogos "amplios y patrióticos", y prometían en sus propuestas electorales, -como lo hizo el PAC-, "la renegociación de los contratos de concesión de puertos". Activistas de izquierda, ambientalistas y hasta exdiputadas que se oponían a la TCM, son ahora adalides del libre comercio, la competitividad y la eficiencia en los puertos. Empezamos a oír a conspicuos miembros de la "sociedad civil" a utilizar razonamientos basados en el Doing Business y los informes de competitividad global del Banco Mundial y la OCDE, como argumentos para impulsar el desarrollo (aunque hay que decir que esta vena capitalista de algunos de esos izquierdistas con bolsillo de derecha se empezó a manifestar en la piñata que fue la campaña electoral del PAC, en donde algunos afortunados recibieron centenas de millones de colones). Los argumentos antes catalogados como "neoliberales" tienen una tonalidad particular en boca de los conversos.

Igual pasaba con "la crisis". En la campaña electoral se pintó un escenario de crisis, estábamos, según algunos, al borde del caos social. El país se caía a pedazos. Desde esta lógica, se imponía un cambio a toda costa. Y la campaña electoral giró sobre esa premisa, reforzada por el discurso apocalíptico de todos los partidos de oposición, y la desesperante ambigüedad del partido oficial. Pero pasados 6 meses de gobierno, el Ejecutivo "descubre" que el país no está mal. El mismísimo presidente, obligado ahora sí a promocionar al país para atraer inversión, se queja, aparentemente sorprendido, de esta percepción negativa de la situación del país. “Veo y siento en el extranjero mucho optimismo sobre inversión económica, regreso acá y veo todo un irónico pesimismo” expresó hace apenas unas semanas en redes sociales. Y lo reafirmó en una conferencia de prensa, tal como lo informaron los medios: “presidente Solís niega crisis y dice que “hay una actitud como si se estuviera acabando el mundo”". Siembra vientos...

Pero además, no ha habido, en lo esencial, ningún cambio en las políticas públicas que se habían venido ejecutando. Porque en el fondo, lo que se estaba haciendo era lo que se tenía que hacer. En política monetaria, en lo social, en salud, en educación y sobre todo en infraestructura, ámbito en el que pasarán los próximos cuatro años ejecutando proyectos que se dejaron listos, no hay "cambio". El único -para mal-, es en política fiscal, con lo que en la de menos el tan cacareado cambio terminará mas bien provocando un desmejoramiento de la situación del país. De tanto decir y querer hacernos creer que el país estaba en crisis, podrían terminar provocando, por impericia, una de verdad.

Todo esto es producto de, ahora sí, tener las riendas. No es ya imaginarse como será eso de gobernar y decir lo primero que uno cree que quiere oír la gente, es tener que hacerlo guardando los complejos balances que requiere conducir un país. Se dan cuenta, no les queda mas remedio, que la realidad es otra. Dentro de cuatro años, cuando posiblemente estén de nuevo en la llanura, tal vez, con un mejor conocimiento de lo que se trata esto, sean una oposición más responsable. Ya eso sería una gran ganancia para el país, y un cambio, ahora sí, verdaderamente valioso.

63 aniversario del PLN: es hora de actuar

El Partido Liberación Nacional llega a su 63 aniversario sin haber hecho un esfuerzo institucional, sistemático y riguroso, por entender los acontecimientos que derivaron en un resultado electoral que plasmó con toda crudeza el rechazo de la gente. La respuesta de las autoridades del partido, de las que se esperaba otra cosa en esas circunstancias, ha sido insuficiente y mal orientada. Se ha optado, con una gran ligereza, por explicaciones tradicionales de las que han derivado respuestas igualmente tradicionales. No hay, en nada de lo que se ha hecho, una señal clara de cambio. Tenemos que saber qué pasó para saber qué hay que hacer.

Miles de liberacionistas a lo largo y ancho del país, siguen esperando una señal que no llega de parte de su dirigencia, sin entender por qué se actúa como si nada hubiera pasado, y viendo con gran desazón -y no poca indignación-, como algunos comienzan desde ya a hablar de elecciones futuras. Si no se hace un ejercicio serio de comprensión de las razones políticas por las cuales el partido perdió la confianza de la gente, y se plantean las bases para un impostergable proceso de renovación que vaya mas allá de lo cosmético, será muy difícil que los liberacionistas salgan nuevamente a las calles enarbolando la bandera verdiblanca. Los militantes de base parecen entender, con mas claridad que la cúpula del Partido, que si se sigue actuando de la misma manera, de seguro cosecharemos los mismos resultados. Las promesas de victorias futuras como acicate al orgullo liberacionista, es una muestra evidente de una concepción de la acción política profundamente despegada de la realidad actual.

La dirigencia del PLN no ha hecho hasta hoy ninguno de los gestos políticos que se esperan cuando una partido político sufre una derrota de la magnitud de la debacle del 6 de abril. No se produjo la renuncia inmediata del Comité Ejecutivo, que era lo esperable. Pero además lo que se ha hecho es confuso y no parece tener objetivos claros. La solución que se planteó fue la conformación de  múltiples comisiones para reflexionar sobre diferentes tópicos, una medida que mas bien parece tomada para salir del paso y aplacar las críticas que otra cosa. En un entorno caracterizado por una ciudadanía mucho más crítica e informada, tratar de comprender el comportamiento político del ciudadano del siglo XXI utilizando razonamientos del siglo XX, es muestra de un desfase político y, sobre todo, mental, cuya superación es requisito para devolverle a los liberacionistas la esperanza de un resurgimiento del partido que transformó a Costa Rica.

De que hagamos ese esfuerzo mucho mayor para entender qué cambió y cuando, cómo nos hemos venido separando de la gente y qué tenemos que cambiar como requisito ineludible para definir una ruta hacia la revitalización del partido que Costa Rica necesita, dependerá que el liberacionismo pueda tener razones para salir a apoyar a un PLN que vuelva a ser una opción legítima para propiciar los cambios que el país necesita. La experiencia histórica muestra que el PLN es el partido político con la vocación, las ideas y la gente que se requiere. Pero si seguimos actuando como si nada hubiera pasado, las banderas seguirán guardadas, recogiendo el polvo del desánimo, del escepticismo y del olvido. 

¿Entonces? ¿Era el desempleo 18% o no?

Hace exactamente un año, en medio de la campaña electoral y apenas unas semanas antes de ser designado candidato a diputado por el PAC, el actual Presidente de la Asamblea Legislativa anunció dramáticamente al país que la cifra de desempleo, que en ese momento se situaba en 9% según el INEC, alcanzaba en realidad un astronómico 18%. La cifra absoluta de desempleados, según Henry Mora y; el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), ascendía a poco menos de 446.000 personas, más del doble de las 209.000 que se estimaba en la Encuesta Continúa de Empleo del INEC.

 En ese momento y por puro cálculo electoral, algunos estaban dispuestos a dejar pasar cualquier carencia metodológica -y había muchas que fueron señaladas por el INEC en su momento-, con tal de dar por buena una cifra tan negativa. El  anuncio de Mora cayó en tierra fértil, al punto que incluso algunos medios de comunicación organizaron encuentros, no para valorar si la temeraria afirmación de Mora y el Observatorio tenía fundamento, sino mas bien para disputar la validez de la cifra del INEC. Con un debate público sesgado que tendía a otorgarle a las cifras mas negativas una legitimidad automática, no pocos se apresuraron a adoptar el 18% como el dato correcto, y algunos incautos terminaron creyéndose esta falacia construida con un evidente interés político.

Quienes tratamos de llamar la atención sobre esta temeridad intelectual recibimos, como era de esperarse en medio de la campaña política, toda clase de epítetos. Pero como bien dice el refrán, para verdades el tiempo. Hace unos días el Gobierno de la República, el Gobierno de su partido, anunció una política de empleo basada en las cifras oficiales del INEC (aun cuando utiliza incorrectamente en mi criterio la Encuesta de Hogares siendo que la Encuesta Continua de Empleo es aun mas rigurosa para analizar el desempleo). Claro, si se hubiera dado por cierta la estrepitosa cifra de Mora y se hubiese aceptado como premisa para la formulación de una meta de empleo,  217,000 nuevos puestos de trabajo en cuatro años habría parecido no solo una meta poco ambiciosa -como ya fue caracterizada por muchos-, sino además insignificante y despegada de la realidad.

Pero ya ven, ni siquiera el Gobierno de su partido compró el desaguisado del 18%. Hay que recordar esto. Tal vez así no volvamos a oír -ni ponerle atención-, a estos ejercicios tan poco rigurosos  en el futuro.

Levantamiento de vetos, cálculo político y las ilusiones perdidas

El tema del levantamiento del veto presidencial que hizo el Presidente Solís ha desatado un debate al que debe ponérsele mucha atención. Las implicaciones para el país desde el punto de vista del ejercicio democrático son muy profundas. Avalar la posibilidad de levantar vetos presidenciales agrega otro elemento que refuerza la precariedad de las decisiones públicas, en contra de las cuales se cuenta ya con una infinidad de posibilidades legales.

 Pero además de esto, parece despuntarse ya la verdadera intención del ejercicio: probar, con un acto mas o menos inocuo, si el levantamiento de un veto se sostiene legalmente, de cara al levantamiento que en realidad se quiere concretar, y que es el que le deben a su aliado en el congreso: el veto a la reforma del código procesal laboral.

 Los artesanos, ilusionados por la posibilidad de no moverse de donde han trabajado por 25 años, pareciera que están siendo utilizados como conejillos de indias en medio de un juego político que es en realidad mas grande que sus intereses.

 La apuesta es inteligente: se levanta un veto que beneficia a un pequeño grupo, que puede generar apoyos en la ciudadanía, no se genera mucho rechazo y se valora lo que pasa en los ámbitos judiciales, en donde con certeza va a terminar siendo dirimido este tema. No habría sido lo mismo si hubiesen levantado el veto a la reforma al código procesal laboral, porque aquí la reacción en contra habría sido muy intensa, por beneficiar directamente a un sector que no cuenta con mucha simpatía social como son los sindicatos. Por eso mejor intentarlo con algo poco controversial, para no meter ruido y sobre un tema que le podría resultar "popular" a la Sala Constitucional.

Si el levantamiento al veto pasa el filtro al que se le va a someter ante la Sala y otras instancias judiciales, el Gobierno tiene vía libre para levantar el veto de la expresidenta Chinchilla a la reforma al código procesal laboral. Pero si no se mantiene y hay que echar marcha atrás, se habrá cometido una injusticia enorme con los artesanos, habiéndoles creado expectativas que no se fundaban en un sentido de solidaridad o justicia, sino en el cálculo político.

 Despertar la ilusión de la gente y no cumplir después, es de las cosas que mas debilita a las democracias. Ojalá no nos pase.