Arbitro de partido CR-GRE se expresa mal de ticos en Twitter

Transcribo una noticia de la agencia de noticias Reuters del día de hoy: "El argelino Mahmoud Al-Arabiya, designado por la FIFA para pitar el partido de octavos de final entre Costa Rica y Grecia en la Copa del Mundo de Brasil ha desatado la polémica al calificar al futbol costarricense como "una tragedia para el Mundial", afirmando que "nadie puede preferir que Costa Rica siga en el mundial sobre Italia". "Costa Rica juega artesanalmente", aseveró el argelino en subsiguientes tuits, "y sus jugadores han reaccionado arrogantemente a éxitos que no se repetirán en un millón de años".

Las opiniones, emitidas en su cuenta de la red social Twitter @mah_alar, desataron una tormenta en las redes sociales y motivó una solicitud formal de la Federación de Futbol de Costa Rica para que la FIFA cambie la designación en el el vital encuentro que se celebrará en Recife el próximo domingo. "No podemos confiar en un arbitro que se expresa de manera tan irrespetuosa sobre nuestro país", expresó Eduardo Li, Presidente de la Federación tica. "Exigimos que su nombramiento sea revocado, en aras del fair play y para no dejar dudas de que se desea favorecer a ciertos equipos en detrimento de otros", concluyó Li.

Consultado por Reuters sobre lo que expresara en Twitter, el arbitro argelino manifestó que los comentarios fueron hechos desde "su cuenta personal", y que eso "en nada afecta mi criterio para el partido". El referí fue respaldado por el griego Giorgio Panakadakis, Presidente de la Comisión de Arbitraje, pues afirmó que "lo que hagan los árbitros en su tiempo libre no le interesa a la FIFA"."

Hasta aquí la noticia. ¿Aceptaría usted que el argelino pitara el partido del domingo? ¿Confiaría que, efectivamente, haber expresado una opinión personal no afecta la credibilidad del árbitro, su capacidad de actuar objetivamente? ¿Se sentaría tranquilo a ver el partido del domingo si la FIFA no designara a otro árbitro?

Pues yo no. Y estoy seguro que la mayoría de los ticos tampoco. La noticia es falsa, pero sirve para ilustrar una situación que es frecuente en redes sociales. ¿Cuántas veces hemos oído a alguien justificar lo que dijo en una red social -por mas inapropiado que sea-, acudiendo al argumento de que es "mi cuenta personal"?. Pues bien, yo creo que no existe tal dualidad. Toda afirmación que hagamos por acá tiene consecuencias. Afirmar que se puede decir cualquier cosa sobre cualquier tema simplemente porque es "mi cuenta personal", y que eso no genera consecuencias en nuestra vida personal y profesional, no tiene ni pies ni cabeza. Tal y como habría afectado la credibilidad del ficticio Mahmoud Al-Arabiya, de cuya objetividad habríamos tenido toda la razón de dudar, lo que digamos en redes sociales tiene repercusiones reales.

Esto es especialmente cierto para toda figura pública. Y la definición de figura pública no es tan restrictiva como algunos pretenden, ni está limitada a políticos o funcionarios de Gobierno. Incluye además a todos aquellos que participan de alguna manera u otra en actividades de interés colectivo, periodistas, deportistas, líderes gremiales, religiosos, etc.. Toda esta gente debe tener en redes sociales una gran mesura, y ejercitar una autocontención que es imprescindible para evitar seguir abonando a la desconfianza.

Porque, cuando un funcionario público dice algo que puede generar tensiones con otras fuerzas políticas, no hay "cuenta personal" que valga. O porque cuando un periodista se expresa indebidamente sobre temas que tienen que ver con su trabajo porque "es mi derecho ciudadano y lo digo en mi cuenta personal", lo único que hace es minar su credibilidad y por lo tanto la del medio que representa.

Los seres humanos somos integrales. No hay un Dr. Jekyll de carne y hueso, ni un Mr. Hyde digital. Esa separación es absolutamente ficticia. Hay que ser disciplinados. Normalmente nuestras responsabilidades nos imponen restricciones. Esto opera también en redes sociales.

Para incluir en la agenda del Presidente (y a manera de información...)

Los hitos –grandes y pequeños-, en el proceso de desarrollo de un país deben señalarse. Los avances del país deben ser subrayados, como una forma de rescatar el optimismo y devolver la confianza de la población en las instituciones públicas. Nada mejor que se destaquen algunos de esos hechos con la presencia de la persona que ocupe la Presidencia de la República, en actos sencillos pero significativos, y aun cuando no sean resultado del trabajo de su gobierno.

Por eso sería importante –dicho sea con el mayor de los respetos-, que el próximo despacho presidencial valorara la posibilidad de incluir en agenda unos cuantos actos que sirvan para celebrar algunos de los hitos que se concretarán en los próximos años.

Por ejemplo, para el año 2014, tal vez en un acto que se lleve a cabo en el puerto de Limón, se podría dar la orden de inicio de las obras para la construcción de la Terminal de Contenedores de Moín, inversión de 500,000 millones de colones que resultará en una mejora dramática de la competitividad del país. Y si las cosas marchan bien habrá que incluir en la agenda la inauguración de la primera etapa de la Terminal, en el año 2017.

También para el año 2014, apenas unos meses después de haber iniciado el nuevo gobierno, podría ir a inaugurar varios puentes importantísimos para la consolidación de la ruta 1856, que ha llevado tanta esperanza a los habitantes de la zona y que reafirma nuestra soberanía nacional. Y aunque es difícil disponer de tantas fechas, habría que estar presente en alguno de los 53 CEN-CINAI cuya construcción, ampliación o reparación se estará terminando este mismo año.

Lo mismo pasará con los 164 proyectos que DINADECO deja en ejecución en todo el país, representando una inversión cercana a los 5,000 millones de colones. El trabajo de las asociaciones de desarrollo es fundamental en la atención de necesidades inmediatas de las comunidades, y aunque es imposible asistir a todas las inauguraciones, sería muy positivo programar algunas a lo largo del año.

En el 2015 se debería programar los actos de inauguración de la nueva carretera a San Carlos, así como el de la carretera Chilamate-Vuelta de Kooper y el de la ampliación de la carretera entre Cañas y Liberia. Y si el proceso que ya se inició se cumple sin retrasos, podrá dar orden de inicio al proceso de rehabilitación del tramo entre Paso Canoas y Palmar Norte, así como el banderazo de salida a la ampliación del tramo entre Limonal y Barranca, cuya construcción dejará una buena parte de la carretera Interamericana (de Puntarenas a Liberia) en cuatro carriles, acortando sensiblemente la duración del recorrido hacia el norte de nuestro país. Y habrá que volver a Limón a inaugurar la terminal petrolera.

De la misma forma, en el 2015 podrá hacer el viaje inaugural del tren entre Heredia y Alajuela, con el que quedarán interconectadas las cabeceras de provincia mas importantes del área metropolitana. Deberá también programar la inauguración de la Academia de Policía, en la que se formarán los nuevos policías que vendrán a consolidar las mejoras que se han alcanzado en materia de seguridad ciudadana en estos últimos 4 años.

Habrá que reservar tiempo para inaugurar alguno o algunos de los nuevos centros de formación especializada cuya construcción deja en marcha el INA, que incluyen la sede regional en Cartago, el Centro de Formación Profesional de Upala, el Centro Profesional Plurisectorial de la Regional de Heredia y el Centro Nacional Especializado para la Industria Gráfica y el Plástico, que supondrán, junto con algunas ampliaciones y remodelaciones en otras partes del país, una inversión de casi 16,000 millones de colones.

En el 2016 se podrá incluir en agenda la finalización de la restauración y equipamiento del edificio principal del Teatro Nacional, y, si se avanza sin contratiempos,  después de una inversión de 78,000 millones de colones, podrá hacer el recorrido inaugural del tramo de circunvalación norte, que dará por terminada una obra que el país ha venido construyendo por décadas, y que debería mejorar notablemente el tránsito en la ciudad de San José.

Para el año 2017, será motivo de una gran celebración la inauguración del nuevo hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, obra que queda con financiamiento, lugar de construcción definido y un cronograma de trabajo. Ese mismo año, y como parte de una agenda de inversiones en el área de salud de mas de 180,000 millones de colones que queda en ejecución para los próximos años, podría estar finalizando el proceso de construcción y equipamiento de la torre oeste, así como el edificio de Nutrición y Ropería, del Hospital Calderón Guardia.

Y durante los cuatro años, habrá que ver como se agrega en la agenda presidencial la visita a algunos de las decenas de colegios y escuelas que estrenarán laboratorios de informática educativa, y algunas inauguraciones de los nuevos 79 centros educativos que se construirán con el fideicomiso de infraestructura educativa ya aprobado.

En realidad quedan en marcha cerca de 800 proyectos de inversión de diferente envergadura. Pero por supuesto gobernar no solo es inaugurar. Es necesario también construir su propio legado. Porque finalmente así es como se construye el proceso al desarrollo.

Con la frente en alto

A pocas horas de dejar mi cargo como Ministro de Planificación Nacional y Política Económica me abruman sentimientos contradictorios. Un gran alivio por haber terminado otro ciclo de servicio público, satisfacción por todo lo logrado; una gran angustia y desazón por aquellas cosas que no pudimos terminar, ilusión por lo que viene, pero sobre todo, una enorme nostalgia por dejar a un equipo de trabajo que me acompañó en MIDEPLAN. Casi seis de los últimos siete años los pasé al frente del Ministerio. No es poca cosa.

Me voy agradecido con la Presidenta Chinchilla, que me dio la oportunidad de servirle a mi país desde dos puestos en su gobierno. Profundamente agradecido con el sector municipal, que me brindó siempre su apoyo, aun cuando no pude cumplir la promesa de aprobar la primera ley de transferencia de competencias. En deuda permanente con lo cientos de regidores y síndicos en todo el país que siempre me expresaron su cariño y nos ayudaron a ayudar. Conmovido hasta la médula recordando las miles de bendiciones, abrazos y buenos deseos de personas en comunidades que expresaban así su agradecimiento por las cosas en las que pudimos ayudarlos. Emocionado al recordar el apoyo de la cooperación internacional.

Estoy seguro que me equivoqué. Estoy seguro que muchas veces no me apliqué suficiente, que no di el paso extra. Estoy seguro que como Ministro dejé de hacer cosas que debía hacer o no las hice bien. Pero también estoy seguro que actué, como todos mis colegas de gabinete, con absoluta honestidad. Correcto o equivocado. Pero siempre honestamente, que es la única manera que se puede ser honesto. Puedo tener mucho de qué arrepentirme, pero no tengo nada de qué avergonzarme.

Así que sobre todo, y con absoluta convicción, me voy con la frente en alto. 

Sobre carretera San José-San Ramón

Respecto al proceso que ha venido desarrollándose para concretar un nuevo proyecto para construir la carretera entre San José y San Ramón, quisiera hacer algunas aclaraciones, en tanto pareciera que existe alguna confusión con este tema, sobre en todo en el programa de doña Amelia Rueda, que ha venido dándole un especial seguimiento, en mi criterio sin toda la información necesaria.

- El Gobierno de la República reafirma su convicción de terminar el trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, consciente de la necesidad imperiosa de contar con una alternativa viable que permita la construcción de esta carretera. Pero también reafirma su convicción de presentar al país un proyecto completo que incluya todos los elementos que permitan su análisis y valoración correcta.

- Este proceso se organizó alrededor de la consecución de 5 productos: un diseño conceptual de la carretera, un cálculo del costo constructivo, una forma de financiamiento, un método de administración y un estimado del peaje.

- Para alcanzar estos objetivos, se organizaron tres comisiones con participación de los representantes de la comunidad y de las instituciones coordinadoras: la jurídica, coordinada por MIDEPLAN, para afinar el proyecto de creación del fideicomiso que construirá y administrará la obra; la ingenieril, coordinada por la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR y con el apoyo de LANANME, para definir el diseño de la carretera; y la comisión financiera, coordinada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que tendría a su cargo la definición del peaje necesario para construir y mantener la obra.

- A la fecha de hoy, la comisión jurídica y la comisión ingenieril finalizaron su trabajo, mientras que la comisión financiera todavía se encuentra afinando los escenarios que construyó para determinar el peaje. Vale la pena mencionar que para un proyecto como este, cuya única garantía para los bancos es el flujo de ingresos (en tanto si no se pueden pagar los préstamos no hay un activo que responda: los bancos no podrían "quedarse" con la carretera si no genera los recursos necesarios para pagar los préstamos), lo que se calcula es el nivel de riesgo que ofrecen distintas tarifas de peaje. Ese será el formato del informe que el IICE presentará la próxima semana.

- Si bien es cierto que el proyecto del fideicomiso ya está listo, hemos valorado inconveniente enviarlo a la Asamblea Legislativa sin que finalice el trabajo de la comisión financiera, en tanto nos parece que el valor del peaje es un dato de suma importancia sin cuyo conocimiento los señores y señoras diputadas no podrían valorar de forma integral las bondades y/o limitaciones del modelo propuesto.

- La comisión financiera ha venido trabajando con total independencia, y el tiempo que se ha tomado para poder ofrecer su informe, está relacionado con el rigor con el que han venido acometiendo esta tarea, lo que los ha obligado a recopilar una gran cantidad de información respecto a costos relacionados a la construcción, mantenimiento y administración de la carretera.

Nuevamente, el Gobierno de la República, quien fue el que tomó la iniciativa de acercarse a los vecinos de Occidente para hacer este trabajo conjunto, reitera su compromiso en finalizar este proceso de la manera en que vislumbró desde el principio, conscientes como hemos estado siempre que la concreción del proyecto le corresponderá al nuevo Gobierno y a la nueva Asamblea Legislativa. Se ha querido dejar el proceso lo más adelantado posible, pero cumpliendo con un mínimo de rigor y fundamentando la propuesta de la mejor manera, reflejando de manera fidedigna las complejidades de un proyecto como este, que urge hacer, pero que sobre todo urge hacer bien.

Sobre situación fiscal y lo que pueda pasar

He comenzado a leer por ahí que algunos quieren desde ya endosarle al Gobierno de la Presidenta Chinchilla responsabilidades futuras, sobre todo ante un eventual deterioro de la situación fiscal. Vale la pena hacer algunas reflexiones sobre este tema, para que quede ahí como referencia para el futuro.

Lo primero que hay que decir es que el origen del déficit se encuentra en la política anticíclica que aplicó el gobierno de don Oscar Arias para compensar los efectos de la crisis financiera mundial del 2008, la peor de los últimos 70 años. Para este propósito, se utilizaron recursos públicos para capitalizar los bancos estatales, de manera que el crédito no dejara de fluir al aparato productivo nacional. En esa dirección se ejecutó un Plan Alimentario que garantizó el suministro de granos básicos, pero además estimuló la actividad agrícola. En la misma línea se agilizó la ejecución de algunos proyectos de infraestructura con fondos del presupuesto. Y así con un conjunto de medidas, recogidas en el Plan Escudo, que tenía como objetivo intentar compensar la desaceleración económica y proteger el empleo.

Pero más importante aún, se reforzaron los presupuestos de los programas de asistencia social, de educación y seguridad, a partir de la premisa de que los que menos tienen debían ser protegidos del embate de la crisis, y que, sobre todo, la pérdida de ingreso familiar no terminara hipotecando el futuro de los jóvenes que se verían obligados a abandonar sus estudios para sumarse prematuramente a la fuerza laboral. Gracias a esta medidas, el país pudo atenuar el golpe. Pero por supuesto que tuvo un precio: el déficit fiscal. Ya desde ese momento el mismo Presidente Arias señaló la necesidad de una reforma tributaria, cuya discusión tuvo que ser pospuesta por la imperiosa necesidad de aprobar la agenda complementaria al TLC con Estados Unidos, proceso que tomó casi tres años del trabajo legislativo.

Desde los primeros días de su Gobierno, la Presidenta Chinchilla llamó la atención sobre el déficit fiscal. Pero no solo lo advirtió, sino que decidió coger el toro por los cuernos, y plantear, a los pocos meses de haber asumido la Presidencia, un proyecto de solidaridad tributaria para equilibrar las finanzas públicas. El proyecto contemplaba varios componentes, uno que pretendía aumentar los ingresos, otro que dotaba de instrumentos a la administración tributaria para mejorar la recaudación, y la aplicación de una política de contención del gasto, que junto a una importante mejora en los niveles de recaudación permitió que el déficit no se elevara aun mas.

Pese a todos los obstáculos que desde un directorio legislativo hostil se le pusieron al plan, el mismo fue aprobado con votaciones calificadas que denotaban un gran consenso legislativo, antes de ser traído abajo por la Sala Constitucional. Pese a esto, pese al enorme costo político que tuvo para el Gobierno, y pese a que se acababa el tiempo (algunos podrían haber optado por dejarle el problema al Gobierno entrante sin opciones planteadas), pero conscientes de la gran responsabilidad que requiere este tema, el Ministro Ayales inició un proceso de dialogo amplio y comprensivo del tema fiscal, incluyendo temas de control de gasto y mejora recaudatoria. De este proceso quedan documentos importantes y algunas propuestas que pueden servir de base para la elaboración de una agenda comprensiva o gradual para enfrentar este problema.

El problema del déficit fiscal no es nuevo ni tiene amenazas ocultas. Se ha hablado de esto con amplitud y transparencia, se han puesto todos los elementos sobre la mesa y se dejan algunos cursos de acción sugeridos. No hay misterios, datos ocultos ni sorpresas. El 9 de mayo la situación será la misma sobre la que se ha venido advirtiendo y la que se ha venido enfrentando con responsabilidad desde el 2010. A partir de ese 9 de mayo, cómo se decida enfrentarla y las consecuencias de esas decisiones será entera responsabilidad de las nuevas autoridades.

¿Pagó OAS las expropiaciones que el Gobierno acordó reemborsarle?

Con este sugerente título, el Semanario Universidad informa los resultados de una investigación que llevó a cabo este medio sobre el tema de las expropiaciones hechas como parte de la construcción de la carretera San José - San Ramón.  Se incluye una larga entrevista conmigo, la cual se transcribe parcialmente como parte de este reportaje, la que sin embargo no parece haber sido escuchada con atención por los periodistas que la hicieron.

¿Quién pagó las expropiaciones en la vía San José - San Ramón? CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones y un fideicomiso establecido para contar con recursos para pagar a los propietarios. A este fideicomiso tenía que contribuir la concesionaria de ese momento, que era Autopistas del Valle, no OAS. Del fideicomiso salían los pagos a los dueños de los terrenos, pero salían a nombre del Estado o alguna de las instituciones públicas mencionadas, NUNCA a nombre de la concesionaria. Y no podían salir a nombre de la concesionaria porque entonces la propiedad de esos terrenos sería de Autopistas del Valle y no del Estado. Por eso aparecen el CNC y CONAVI como las entidades que pagaron las expropiaciones y por eso NUNCA aparece el nombre de Autopistas del Valle ni de OAS como las que pagan.

¿Cómo sabemos cuánto dinero puso la concesionaria en el fideicomiso de expropiaciones? Del examen que hicieron, tanto la supervisora del contrato como la gerencia del proyecto, de los estados financieros de la concesionaria auditados por la firma Deloitte. No se trata de una cifra antojadiza, arbitraria y sin fundamento, sino producto de una auditoría hecha por una compañía de gran prestigio y analizada rigurosamente por la empresa supervisora del contrato así como por la gerencia del proyecto, ambas instancias contratadas por el Consejo Nacional de Concesiones. Creer que cifras como estas se pueden definir sin sustento legal y documental es ignorar como funciona la administración pública.

¿Por qué no se tiene los montos de cada una de las expropiaciones pagadas con recursos del fideicomiso? Porque los expedientes de cada una de las expropiaciones -así como todos los documentos relacionados con esta concesión-, que es de donde se puede obtener esa información, se encuentran en poder del Ministerio Público, incautado ante la infundada denuncia de una persona sobre la cual el Ministerio Público tiene la obligación de actuar. Pero la información este ahí y vamos a hacer la gestión para poder obtenerla, dado que el medio no hizo ese esfuerzo que habría resultado bastante esclarecedor.

¿Es cierto que no se contó con documentos de respaldo que certifiquen que esos pagos se hicieron en las 34 propiedades que fueron pagadas con el fideicomiso en el momento de la negociación del acuerdo conciliatorio? La cifra del aporte de la concesionaria al fideicomiso de expropiaciones ya se había aceptado como válida, sustentada en el análisis que la supervisora y la gerencia del proyecto hicieron a los estados financieros auditados por Deloitte en el 2009, como parte del proceso de definir las inversiones realizadas y no amortizadas por Autopistas del Valle. Este análisis se realizó en un momento en que parecía que no iba a ser posible seguir adelante con la concesión y se trataba de determinar cuáles serían los reintegros que debía hacer el Estado a la concesionaria para finiquitar el contrato, pero además sirvió como base para la negociación de la posterior cesión del mismo a OAS.

¿Hizo OAS algún pago por expropiaciones? Lo que hizo OAS fue pagarle a Autopistas del Valle, como parte del proceso de cesión del contrato, lo que el Consejo Nacional de Concesiones, con base en el informe de la supervisora y la gerencia del proyecto a partir de los estados financieros auditados por Deloitte, había aceptado ya como el monto que Autopistas del Valle había aportado al fideicomiso de expropiaciones. Ahora que se decide terminar el contrato de concesión con OAS, el Estado lo que está haciendo es reintegrando a OAS lo que le pagó a Autopistas del Valle, y que igual habría tenido que pagarle a ésta si no se hubiera cedido el contrato.

¿Por qué hay propiedades que aparecen como pagadas pero siguen a nombre de su propietario original? Cada caso debe ser analizado individualmente, pero muchas veces los propietarios no aceptan el avalúo que se hace de su propiedad y lo disputan en instancias judiciales. El Estado igual hace el depósito del monto determinado, pero no se entra en posesión de la propiedad hasta que se agote la vía judicial. Precisamente se presentó un proyecto de ley para permitir que el Estado entre en posesión de la propiedad una vez que hace el depósito inicial, aunque siga en disputa el valor calculado.

¿Hizo algún aporte OAS al fideicomiso de expropiaciones? No, porque para cuando se da la cesión del contrato las restantes expropiaciones se encontraban encaminadas, por lo que ya no era necesario. Cuando se dice que se está pagando $8,6 millones a OAS por concepto de expropiaciones, lo que se le está es reintegrando a OAS lo que le pagó a Autopistas del Valle por ese concepto, cifra que, como se mencionó anteriormente, fue determinada por análisis de la supervisora del contrato y la gerencia del proyecto hicieron de los estados financieros de Autopistas del Valle auditados por Deloitte.

¿Es cierto que el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio destruyó la documentación relativa al proceso de negociación del acuerdo conciliatorio? Lo ignoro. Pero si lo hizo, no lo hizo a solicitud de ninguna de las partes. Los procesos de conciliación deben ser confidenciales, y existe un prohibición expresa de hacer público incluso lo que se dijo en la negociación. Todos los que de alguna manera estábamos involucrados en este proceso, incluso tangencialmente, fuimos compelidos a firmar una declaración jurada comprometiéndonos a no revelar ningún detalle de la negociación (aunque el acuerdo conciliatorio en su totalidad es totalmente público). Las actas y demás documentos utilizados en el proceso quedan en custodia del Centro, el que debe tener protocolos establecidos para el tratamiento de esos materiales, siempre en apego a lo que establece la ley de Resolución Alternativa de Conflictos.

El país que tenemos

En este período en el que se discuten -o al menos eso quisiéramos-, temas trascendentales para el futuro de nuestro país, deberíamos exigir que ese debate se lleve a cabo con el máximo rigor posible. Una premisa básica, para definir el país que queremos, es partir del país que en realidad tenemos.

Los procesos que conducen al desarrollo son complejos y de largo aliento. Para alcanzar niveles de bienestar generalizados, sostenibles y con equidad, requerimos diseñar políticas públicas que partan no solo de los objetivos que se trazan a futuro, sino además de una justa valoración de lo alcanzado. En ese balance en el análisis se encuentra la posibilidad de diseñar estrategias de desarrollo apropiadas y realistas.

¿Cuál es la Costa Rica de hoy? La pregunta no es retórica, pues de la caracterización que hagamos dependerá mucho la forma en la que debemos acometer las tareas del desarrollo. Partimos de la noción indisputable de que tenemos retos y carencias, que falta mucho por avanzar, sobre todo en materia de equidad. Pero sería irracional aceptar que el país es lo que algunos dicen que es: un resonante fracaso colectivo, una sociedad desgarrada en donde campea la pobreza, la inseguridad, el desaliento y el conflicto social.

La Costa Rica del 2014 no es, ni por asomo, la que los heraldos del apocalipsis dicen que es. Se entiende que algunos quieran crear tal sentimiento de desánimo que el electorado crea que cualquier opción da igual y por lo tanto se puede elegir a cualquiera, pero la verdad es otra. No se trata de juzgar la labor de Gobierno, sino de valorar en su justa perspectiva lo que hemos alcanzado como país, requisito fundamental para definir que es lo que queremos.

Lo cierto es, que, como dice el Decimonoveno Informe sobre el Estado de la Nación, en los últimos años “hubo progresos en la contención de la violencia social y mejoras importantes en los indicadores educativos y de salud”. Los avances en materia de seguridad ciudadana  ha hecho que el tema, de urgente preeminencia en la campaña del 2010, haya desaparecido del debate en la campaña del 2014. No podía ser de otra forma después que los asaltos se redujeran de 7,166 en el 2006 a 5,912 en el 2012, los robos a casa y locales comerciales de 19,778 en el 2006 a 16,377 en el 2012, y la tasa de homicidios se redujera dramáticamente de 11.5 por cada 100,000 habitantes, a 8,8 en el período del 2010 al 2012.

En el campo social, en el año 2012 la pobreza, medida por insuficiencia de ingresos, se redujo un 1%, la primera reducción en un quinquenio, y como parte de una reducción de 7% desde 1990. Pero cuando se mide  la pobreza por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, que refleja la eficacia de los programas sociales públicos, el Estado de la Nación, con base en el censo 2011, estima que el porcentaje de hogares con una o mas necesidades básicas insatisfechas se redujo de 36,1% en el año 2000 a 24,6% al momento del censo. Un 46% de los distritos del país experimentó mejoras en este indicador en esos 10 años, y solo un 1,3% un descenso.

Todo esto como resultado de un esfuerzo enorme que se ha venido haciendo desde el 2006 para aumentar la inversión social, desde un 16,8% del PIB en el 2006, al 23% en el año 2012, pese un déficit fiscal que habría llevado a otros precisamente a cortar esta inversión en aras de un equilibrio que ha probado ser letal para los mas necesitados en todo el mundo. Y esto en un entorno de inflación controlada, la menor en los últimos 36 años según la CEPAL.

Igualmente la inversión educación ha venido elevándose paulatinamente, pasando de un 5% del PIB en el 2006 a un 7,2% en el 2012. No es casualidad por ejemplo que el porcentaje de repitentes en educación tradicional haya disminuido de 9,6% en el 2006 a 7,3% en el 2012, o que la deserción intranual en secundaria haya disminuido de 13,2% en el 2006 a 11,1 en el 2011. Agréguese el aumento de la inversión en programas de salud, de 4,9% del PIB en el 2006 a 6,8% en el 2012, lo que ha generado que el año pasado el país redujera la tasa de mortalidad infantil, entre otros indicadores, a su nivel mas bajo de la historia, uno que nos sitúa al nivel de países desarrollados.

Ni hablar del desempeño del país en materia de exportaciones, de atracción de inversiones y de incremento del numero de turistas que nos visitan, actividades en la que el crecimiento ha sido sostenido desde el 2006.

Y no son solo los indicadores nacionales los que muestran que este país está muy lejos de ser el desastre que algunos quieren pintar. Desde afuera nos miran con admiración y resaltan una y otra vez nuestros logros. El Foro Económico Mundial califica al sistema educativo costarricense como el primero de Latinoamérica; además somos primeros en el Índice Global de Innovación de la Universidad de Cornell, en el Índice de Progreso Social del Social Progress Imperative, y en el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale.

Consistentemente, para desesperación de los apóstoles del pesimismo, el país se sitúa en los primerísimos lugares de mediciones alternativas de bienestar, lo que ha llevado que se considere a Costa Rica como uno de los países mas felices del mundo, dato ratificado por una encuesta de la UCR el año pasado, en la que 9 de cada 10 costarricenses se declaraba feliz. Esto en una sociedad que es primera en el Índice de Libertad de Prensa según la organización Reporteros sin Fronteras y cuarta en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.

Para definir políticas de desarrollo no debemos permitir que nos confundan. Para ser exitosos, debemos partir de la valoración precisa de lo que hemos alcanzado. Porque si el debate se basa en un país que no existe, podemos terminar con un país que no queremos.