Twitter

martes, 3 de julio de 2018

Estafa telefónica o al mejor mono se le cae el zapote

Pues hoy me convertí en una de esas personas que en el pasado me provocaban una gran incredulidad. ¿Cómo es que alguien proporciona información sobre sus cuentas bancarias por teléfono?. Eso a mí JAMÁS me pasaría, pensaba cuando leía estas noticias. Hoy me tuve que tragar mis palabras.

Lo tienen bien montado. La persona que me llamó citó articulos de ley, mencionó a la SUGEF y me aseguró que no me pediría claves ni nada por el estilo. Tenía todos mis datos personales, cédula, dirección, teléfonos, profesión, correos electrónicos. El motivo de la llamada era el cambio del número de cuenta cliente a IBAN de una cuenta que tengo en el Banco Nacional.

A la persona que me llamó le expresé dudas tanto sobre el proceso mismo como de la información misma que me iba a pedir, por lo que me ofreció transferirme con su “supervisor”. Y ahí fue donde me dieron el golpe de gracia. Me pusieron en espera, oyendo la misma grabación que se oye cuando uno llama al Banco Nacional. Incluso me hicieron esperar unos minutos, porque “todos nuestros agentes están ocupados en este momento”. De veras que me debo estar haciendo viejo.

El “supervisor” inició disculpándose por el procedimiento y poco a poco me fue pidiendo datos para poder cambiar mi clave de acceso a la cuenta (sin que yo supiera que era para eso). Confieso que en cierto momento dudé de lo que estaba haciendo. Pero entre la grabación del Banco y los correos que recibí del servicio de mensajería institucional (parte del proceso del cambio de clave en el que yo estaba colaborando ingenuamente), me confié y terminé dando mas información de la que nunca creí fuera capaz de dar por teléfono.

Después me enteré de que además de sacar plata de la cuenta -si la hay-, lo que quiere esta gente es utilizar la cuenta como “mula” para hacer transferencias a cajeros, de recursos que provienen de cuentas en donde si encontraron plata. Así entonces hicieron depósitos a mi cuenta y de ahí transfirieron a un cajero en Nicaragua, $576 que alguien debe estar descubriendo le desaparecieron de la cuenta.

Afortunadamente, el daño no fue mayor por ser una cuenta que no utilizo mas que para pagar un préstamo (que ya había pagado este mes). Ahora sé que a otras personas les ha ido muy mal en el pasado. Por eso decidí compartir con ustedes lo que pasó, y no terminen siendo embaucados como lo fui yo. 

lunes, 21 de mayo de 2018

Salarios en el sector público: mas allá de los números

Twitter: @robertogallardo

En algún otro momento lo había mencionado y es importante reiterarlo en este momento: el tema de los salarios en el sector público no es solo un asunto de números, sino que tiene un componente ético ineludible. Hay un deber ser en este tema. Y quienes trabajamos en el sector público no podemos pretender que el resto de la sociedad no tenga algo que decir sobre el tema. Después de todo, pagan una buena parte de nuestros salarios.

En este momento en que se discute una reforma fiscal, es oportuno hacer algunas reflexiones y sugerencias. A estas alturas, nadie creerá, salvo los sectores mas reaccionarios y conservadores de los añejos sindicatos del sector público, que es posible una reforma fiscal sostenible sin adoptar medidas que restrinjan el crecimiento del gasto público. Si no se hace así, aun cuando se aumenten los ingresos mediante una combinación de ampliar la base tributaria y subir impuestos, en unos años estaremos en una situación similar a la actual.

La solución permanente al tema de los salarios públicos es la de establecer un sistema de salario único en todo el sector público (salvo en las instituciones en competencia). Esto permitiría varias cosas. Primero, homologar lo que se paga en todo el sector público, de manera que no se den las odiosas diferencias que existen actualmente. Segundo, permitiría ofrecer salarios de entrada mas altos, lo que contribuiría a la atracción de profesionales jóvenes. Actualmente los salarios de ingreso al sector público tienden a ser muy bajos, dada la proporción de recursos presupuestarios que hay que destinar al pago de incentivos de los funcionarios que tienen mas tiempo de laborar en la institución.

En este punto vale la pena comentar un argumento que se ha utilizado para justificar el sistema de incentivos en el sector público. Estos, se dice, permiten retener el talento, el que, después de años de formación y acumulación de experiencia en el sector público, se convierte en un objetivo para los reclutadores del sector privado. Esto es así, pero existen algunas políticas que se pueden adoptar para prevenir esto. Por ejemplo, que quienes reciban capacitación o actualización permanente financiada con fondos públicos, suscriban un convenio que los obligue a permanecer en sus instituciones por un plazo prudencial, que permita al estado beneficiarse de su inversión.


Por otra parte, dejar de trabajar en el sector público no es fácil. La estabilidad que brinda es un factor que pocas veces se considera, pero que es uno de gran importancia. Apostaría que los funcionarios tienen casa propia en una proporción superior a la de los trabajadores del sector privado, no solo por los niveles salariales, sino además por ser sujetos de crédito que cumplen con requisitos fundamentales para los bancos. Ese es un plus que tiene un valor incalculable, y que es un poderoso estímulo para hacer carrera en el sector público.

Pero un sistema de salario único solo puede aplicarse a los nuevos funcionarios. Aun cuando es un momento oportuno para hacerlo, dado que hasta la mitad de los trabajadores del sector público se pensionará en los próximos años, habría que hacer algo con los salarios actuales. No se trata de disminuirlos, sino de moderar su tasa de crecimiento, tomando en cuenta además que la transición a un sistema como el mencionado anteriormente, tendrá un impacto importante sobre las finanzas públicas en sus primeros años.

Por ejemplo, podría plantearse un límite al porcentaje total que se recibe por concepto de anualidades. A como está definido ahora el incentivo, no existe ningún techo, y se puede terminar recibiendo un monto por anualidades que es superior al del salario base. Esta medida no impacta el nivel de ingresos actuales, y establece una criterio de racionalización para moderar el crecimiento del gasto en este rubro.

Para quienes actualmente sobrepasen el porcentaje que se defina como máximo, se puede crear una tasa especial, tal y como se hizo con las pensiones de privilegio, de manera que haya un contribución solidaria de quienes tenemos ya muchos años de trabajar en una institución pública, y que, por lo tanto, afectará sobre todo a las personas de mas altos ingresos.

La última medida que se puede adoptar tiene que ver con el aguinaldo y el denominado salario escolar. No existe una razón de peso, desde el punto de vista ético, para justificar que ambos estén exonerados del pago de impuesto sobre la renta. Y no hay un impuesto mas progresivo que este. Quienes tengan aguinaldo y salario escolar bajo, no pagarán impuestos. Y quienes recibimos salarios mas altos, pagaremos proporcionalmente. Entiendo por supuesto que esta es una medida polémica, pero en la discusión de lo que tenemos que hacer para tener finanzas públicas sanas sostenibles, no puede dejarse ningún tema por fuera.

Reitero lo que dije al principio. Los salarios del sector público son, por su naturaleza, diferentes al resto de los salarios de la sociedad. Tienen un componente ético que no puede ser ignorado. Mas allá  de los fríos números, el debate sobre este tema debe incluir nociones de justicia, coherencia con el entorno social y económico, y el sacrificio que nosotros, los funcionarios, debemos liderar con nuestro ejemplo.

viernes, 19 de enero de 2018

Momento para la mesura

Twitter: @robertogallardo

Habló la Corte, el tema está resuelto. La aplicación del pronunciamiento es inevitable. Todos lo saben, incluso los que ahora dicen públicamente que es posible evitar su vigencia plena. Tomará mas o menos tiempo, pero la cuestión está definitivamente zanjada. Es claro que para un sector importante de la población, esta nueva realidad es difícil de aceptar. Tomará tiempo, e incluso para algunos nunca será aceptable. Los mas activistas incluso tratarán de detener, o al menos retrasar, lo inevitable. Pero todo será en vano.

Ante este panorama, el sector LGBTQI debe asumir este triunfo histórico con una gran serenidad. Con alegría, pero con una inteligente mesura. La amargura de una injusticia sufrida durante tanto tiempo debe ser superada, por mas duro que resulte. No es momento para regodearse con la derrota de nadie, de restregarle el fallo en la cara a nadie. Después de todo, como lo bien lo expresa el hashtag #LoveWins, este es un triunfo del amor sobre la discriminación, la exclusión y el odio.

Porque en esta coyuntura no se puede actuar sin medir las consecuencias. Exacerbar a los sectores mas conservadores con manifestaciones dirigidas a atacar la fe de la gente, es un error táctico que solo puede resultar en obstáculos aun mayores. Ya tenemos una consecuencia: el fortalecimiento de opciones electorales que sin duda usarán su creciente poder político para intentar atrasarlo todo. Si se sigue atacando las creencias, en vez de centrarse en la batalla legal y política que viene, se va a seguir alimentando el crecimiento de quienes no dudarán en presionar a Zapote con una mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa.

La guerra se ganó. Quedan algunas otras batallas, pero el paso ya está dado. Es hora de estar a la altura del cambio logrado. Es hora de ver hacia adelante y aceptar que el triunfo en la Corte no será completo si no se asume desde la tolerancia hacia la diversidad de pensamiento. Así como ahora algunos sectores deben aceptar una realidad legal, el sector LGBTQI debe aceptar que si el cambio legal fue difícil, mas lo será el cambio cultural. Pero se puede acometer ese esfuerzo con la certeza de que el proceso ya inició y es irreversible.

domingo, 15 de octubre de 2017

Libertad de expresión y redes sociales

Twitter: @robertogallardo
La libertad de expresión es un derecho complejo, porque aun cuando se garantice legalmente, también puede ser limitada de múltiples maneras en la práctica cotidiana. No deja de ser paradójico que sea en las redes sociales, una vez celebradas como una promesa para la libertad de expresión, donde se concrete la amenaza contemporánea más importante a ese derecho básico, del que el político estadounidense Daniel Webster alguna vez dijera “si tuviera que renunciar a todos los derechos menos uno, me quedaría con la libertad de expresión, porque desde esta podría recuperar todos los demás”.

Sobre este tema reflexiona el periodista español Juan Soto Ivars en su libro “Arden las redes: la postcensura y el nuevo mundo virtual”. La tesis principal de libro es que en las redes sociales ha aparecido una nueva forma de censura, una que se diferencia de la censura clásica en tanto no depende de un poder centralizado para su imposición, sino que se origina en la acción cotidiana de grupos formados alrededor de coyunturas específicas, y que se apoya en gente “sin más compromiso que la necesidad de que el grupo les dé la razón”. Estos grupos, junto a “un nuevo tipo de prensa sensacionalista (que) promociona y legitima estos sentimientos exacerbados”, nos han sumido en una “guerra intransigente de puntos de vista”, en la que el “debate racional es prácticamente imposible”.

En este entorno, la postcensura se presenta como un fenómeno de “silenciamiento”, en el que las personas limitan su libertad de expresión ante el temor al linchamiento digital. Así ciertas ideas desaparecen del debate público, cosa que es celebrada por grupos que tienen una concepción restringida de la libertad de expresión. Y no se trata de una situación sutil: hay grupos que exigen, a nombre de una causa, de una visión o simplemente desde su disenso, el recorte de la libertad de expresión. Y lo hacen, frecuentemente, en nombre de una moralidad que se presenta como progresista, pero que en realidad es profundamente autoritaria.

Y no solo se trata de las ideas, sino de los momentos en los que se puede o no expresar esas ideas. Un ejemplo de esto se dio recientemente durante la emergencia provocada por la tormenta Nate. Cualquier intento de cuestionar de la actuación de las autoridades ante la emergencia, resultó en una reacción propia de una sociedad que no soporta la libertad de expresión, o peor aún, que simula soportarla, pero que en la práctica cuestiona. Uno entonces podría preguntarse, ¿se ha llegado demasiado lejos con la libertad de expresión? ¿Es este un valor que debe respetarse en cualquier momento? ¿O hay circunstancias en las que el derecho queda supeditado a consideraciones coyunturales?

La respuesta, citada por Ivars Soto en su libro, viene del Comité de Derechos Humanos de la ONU: ""el derecho a la libertad de expresión no solo se aplica a las informaciones e ideas generalmente consideradas útiles o correctas", sino que incluye expresiones controvertidas, chocantes e incluso falsas: “El mero hecho de que una idea sea desagradable o sea considerada incorrecta no justifica su censura"". Agregaría, además, en línea con lo que manifiesta el Comité, que no existe un momento idóneo para el ejercicio de la libertad de expresión; este no se debe limitar a la existencia de condiciones particulares o coyunturales específicas.

Así pues, tanto la censura clásica como la postcensura se presenta en “el choque que se produce cuando el individuo libre quiere expresar una idea y la comunidad quiere impedírselo. No son simplemente herramientas de poder, “sino la consecuencia de que un individuo o un grupo se arrogue el derecho de silenciar a otros individuos o grupos”. Esto es a todas luces inaceptable.

Si queremos un sistema democrático en el que el derecho de libertad de expresión sea efectivo, nos dice el abogado y profesor estadounidense Cass Sunstein, “las personas deben ser expuestas a materiales que no hayan escogido. Encuentros no anticipados ni planeados con ideas diferentes son centrales para la democracia en sí misma. Esos encuentros deben incluir puntos de vista que la gente no haya buscado y que incluso encuentre molestos, pero que podrían pese a todo cambiar sus propias visiones. Estos son importantes para combatir la fragmentación, la polarización y el extremismo, que son resultados predecibles cuando solo se habla con la gente que piensa parecido a uno”.

La forma más eficaz de combatir la postcensura, y resistir el avance del autoritarismo en las redes sociales, y eventualmente en la sociedad misma, es no renunciar nunca a nuestro derecho a expresar una idea en el momento en que lo consideremos pertinente. Si comenzamos a ceder ante los grupos que pretenden limitar no solo la expresión de esas ideas, sino además los momentos en las que pueden expresarse, estaremos comenzando a resignar  ese derecho que como dijo Webster, es el que nos permitiría recobrar todos los que podamos perder. No lo permitamos.

jueves, 25 de mayo de 2017

¿Cuáles son los que quedan?

Dice Luis Guillermo Solís que las obras de infraestructura que ha inaugurado, y que vienen, TODAS, –menos una-, de otras administraciones, son del pueblo de Costa Rica y nadie puede reivindicarlas como propias.  Aparte de la evidente contradicción de decir que nadie puede apropiarse de esas obras, precisamente en actos de inauguración en los que su gobierno trata de hacer precisamente eso (ofreciéndolas como prueba de que el cambio prometido se ha concretado), hay un problema mayor que trasciende este debate, y que podría resumirse en una sencilla pregunta al presidente: ¿y cuales son las obras que deja en marcha su gobierno?

Para alcanzar el desarrollo, se requiere de un esfuerzo sostenido. Cuando de infraestructura se trata, ese esfuerzo debe ser aun mayor. Y en un país como Costa Rica, en el que cuesta tanto hacer las cosas, esto es particularmente cierto, por lo que es poco probable que un gobierno pueda completar todos las etapas del ciclo de un proyecto.

Por esto es común que un gobierno termine inaugurando obras iniciados en gobiernos anteriores, como le ha pasado al actual gobierno con TODAS, –menos una- de las obras que ha inaugurado. Si se quiere reconocer o no el aporte de predecesores en esto, en realidad, es secundario, aunque sirve para calibrar la generosidad o mezquindad de algunas personas. Pero para el país es importante, en esa aspiración al desarrollo que tenemos como sociedad, no solo lo que se inaugura hoy, si no lo que se inaugurará mañana.

Y aquí es donde comienzan los problemas. El actual gobierno no deja NINGÚN proyecto de infraestructura en marcha. No hay NINGÚN proyecto que esté siquiera en sus fases iniciales, ni hablar de su financiamiento o diseño. Nada. La interrupción del ciclo de proyectos de infraestructura que venían ejecutándose desde el 2006, tendrá un impacto en el proceso de desarrollo, cuyas consecuencias la sufrirán las futuras generaciones. Es un resultado esperado de un gobierno que prefirió siempre ver hacia atrás y nunca hacia adelante.

Una nota aparte. Aparentemente estamos perdiendo la ambición como país. Hacer de la inauguración de un puente nuevo, por paradigmático que sea, un evento nacional y un motivo de debate acalorado, refleja una mentalidad muy chiquitita, que ojalá no se convierta en el listón contra el cual se mida el progreso de ahora en adelante. No nos resignemos. Se puede hacer mas y se ha hecho antes.


lunes, 15 de mayo de 2017

En tres años el gobierno ha creado... ¡12,000 empleos!

La última Encuesta Continua de Empleo revela un desempleo de 9,1% al I trimestre del 2017. Estadísticamente no hay una variación significativa, ni con el trimestre anterior ni con el mismo trimestre de 2016. Es decir, el desempleo se encuentra estancado.

Ante este dato tan poco alentador, y en el frenesí propagandístico en el que está este gobierno, se destaca la cifra del número de ocupados, que aumenta en 68,000 personas en un año, como un éxito inédito, de magnitudes superlativas y que confirma que este ha sido, como dicen sin ningún pudor los pocos activistas que le quedan al partido oficial, el mejor gobierno desde el big bang.

Pero, como pasa a menudo con este gobierno, un examen un poco mas riguroso de la información disponible devela la verdadera magnitud de la acción de este gobierno. Resulta que la cifra de ocupados, que pomposamente se exhibe como un éxito, no hace más que revelar la pobreza del desempeño de este gobierno en materia de empleo.

Para mayo de 2014, el número de ocupados en Costa Rica superaba las 2.048,000 personas. Para el primer trimestre del 2017, esa cifra, la misma que se exhibe con gran orgullo, era de apenas 12,000 personas mas, es decir, 2.060,000 personas. En tres años, el gobierno de Luis Guillermo Solís, cuyo exministro de Trabajo dice que aspira a "continuar con el cambio", ha generado empleo para 12,000 personas mas, a razón de 4000 por año.

Recordemos que la meta del gobierno, establecida en el plan nacional de desarrollo, era crear 217,000 empleos. Al ritmo que se han venido creando trabajos en los últimos tres años, este gobierno necesitaría 54 años más para cumplir su propia meta. O sea, tal vez en el año 2071.

Conque terminen el año que les falta, sin tratar de engañar a la gente con cuentas de colores y espejitos, el país se daría por satisfecho.

Twitter: @robertogallardo
Facebook: https://www.facebook.com/roberto.j.gallardo.n/

miércoles, 5 de abril de 2017

Mitología electoral

¿En qué consiste hacer un análisis político? Desde mi perspectiva, debería ser una valoración de condiciones objetivas respecto a un hecho político, a partir de la cual se emite una opinión, la que claro está y por definición, siempre será subjetiva. Es común que ante unos mismos datos, la conclusión de dos observadores sea diferente: influyen sus pre concepciones, preferencias y marco ideológico, entendido como una visión de mundo particular que se utiliza para interpretar la realidad.

El problema con el análisis se da cuando las premisas no son ciertas. Como le digo semestre a semestre a mis alumnos, uno puede decir que como el sol sale al este, los países asiáticos son mas desarrollados porque se levantan antes que nosotros. Por supuesto que la conclusión es disputable -por no decir descabellada-, pero la premisa es correcta, porque efectivamente el sol sale al este. Diferente sería que que se inicie un razonamiento diciendo que el sol sale por el oeste: la conclusión, por mas lógica que parezca, no podrá nunca ser correcta.

En esta misma dirección, en la pasada convención del PLN encontré algunos analistas acudiendo a lo que yo llamaría mitología electoral para fundamentar sus opiniones. Uno de estos mitos fue el de sostener que la victoria de José María Figueres era inevitable porque "contaba con el apoyo de la dirigencia del partido". Nada mas alejado a la realidad. Lo cierto es que Antonio Alvarez Desanti contaba con el apoyo de la mayoría de los diputados y alcaldes liberacionistas, y su tendencia fue la que inscribió más papeletas distritales y mas fiscales de mesa. Estos hechos eran evidentes y fácilmente comprobables, pero algunos prefirieron reproducir el mito antes de comprobar si era cierto.

El segundo mito fue creer que porque el expresidente había iniciado su campaña desde hacía dos años llevaba una ventaja, en tanto la campaña de Alvarez Desanti inició su trabajo apenas 4 meses antes de la fecha de la convención. Se creyó  que esos dos años lograban acumular apoyos que no podían ser alcanzados en cuatro meses, cuando lo cierto es que no varió ni un ápice la opinión negativa que cerca de  un 70% de la ciudadanía expresaba de Figueres. A esa realidad inconmovible, dos años de campaña no la pudo cambiar y resultó un techo electoral insuperable. Y así lo reflejaron las encuestas en todo momento. 

El tercer mito era, paradójicamente, el de la transferencia del mito. Como lo dijera Alvarez Desanti en alguna entrevista refiriéndose a don Pepe, todos los liberacionistas somos figueristas. Pero está claro que la gente supo hacer la diferencia entre Figueres Ferrer y Figueres Olsen, pues hacia el final del proceso casi un 50% de los liberacionistas manifestaba una opinión negativa de José María. No existía ninguna evidencia que la ciudadanía verdiblanca fuera a trasladar de manera automática su admiración de un Figueres hacia el otro, pero igual se utilizó esta presunción como pilar de un análisis a todas luces poco riguroso.

El cuarto mito, utilizado por "expertos en redes sociales" que aparentemente quieren ser analistas políticos, es el de las interacciones, entendidas como las reacciones que genera una entrada en redes sociales. Para esta gente, el que Figueres tuviera mas interacciones que Alvarez Desanti era un signo inequívoco de que ganaría la convención. Pero esos mismos "expertos" ignoraban, asumo que deliberadamente, el carácter de esas interacciones. Es cierto, por ejemplo, que Alvarez Desanti suscitaba menos comentarios en su publicaciones de Facebook, pero la mayoría eran positivos; caso contario era el de Figueres. Al final, tener 500 comentarios con 350 positivos resultó mejor que tener 1000 comentarios con 900 negativos.

Este es el tipo de cosas que a las que hay que ponerle atención cuando se escucha o lee un análisis político. Porque si las premisas son incorrectas o parciales, el análisis de debilita y el analista es cuestionado, porque la utilización de hechos no probados o producto de una reflexión sesgada e insuficiente, refleja desidia y falta de rigor, o, simplemente, una preferencia oculta que inclina el análisis en una dirección específica. Y que cada palo aguante su vela.

Twitter: @robertogallardo
Facebook: https://www.facebook.com/roberto.j.gallardo.n/


domingo, 22 de enero de 2017

El dilema del PLN

El próximo 2 de abril el Partido Liberación Nacional tiene una oportunidad de oro para demostrarle a la ciudadanía que escuchó con claridad el mensaje que esta le mandó en abril del 2014. Fue un mensaje contundente, inequívoco, por lo que ignorarlo no es opción para el partido mas grande del país, alrededor del cual se sostiene, precariamente, el sistema de partidos políticos en Costa Rica.

Ciertamente en la estrepitosa derrota electoral del 2014 confluyeron múltiples factores. Pero es innegable que el tema ético tuvo –y sigue teniendo-, una gran importancia. Si bien es cierto hubo cuestionamientos de fondo a las políticas ejecutadas en gobiernos liberacionistas, la crítica principal se centró en aspectos éticos del ejercicio del poder.


Mucho podría decirse del origen de estos cuestionamientos, magnificados por una oposición política ávida de presentar un panorama blanco y negro, groseramente simplificador de la realidad. Baste decir que el sainete que montara el actual gobierno, a los cien días de su gestión, pareció dejar claro la verdadera naturaleza y la falta de fundamento de estas acusaciones. Pero igual la gente situó el tema de la ética en el ejercicio de la función pública en el centro del debate político.

A esto debe responder el Partido Liberación Nacional. Se ha hablado mucho de renovación de liderazgos, de ideario, de militancia. Pero por alguna razón, el tema de la renovación ética ha sido minimizado de manera muy peligrosa. El PLN debe entender que las propuestas no serán de recibo para la ciudadanía, si esta percibe que en el ámbito ético el partido no acometió el proceso de transformación que el electorado le demandó en el 2014.

Hoy por hoy los costarricenses se enfrentan a un dilema particular. Después de haber cifrado su esperanza en la ambigua promesa del “cambio”, el país ha ponderado mejor el valor de la experiencia. Pero al contrario de lo que sucedía en el pasado, un mal gobierno (o uno inexistente como el actual), no significa un traslado automático de apoyos a la oposición. Los estándares han cambiado y la ciudadanía no está dispuesta a hacerse de la vista gorda en ciertos ámbitos.

Y si hay un partido que debería tener esto claro, es precisamente el PLN. Se puede hacer (y hay que hacerlo), un intenso esfuerzo de renovación programática, pero de nada servirá si los electores perciben que no se ha avanzado con igual decisión en el campo ético. No se trata nada mas de un propósito de enmienda, sino de actos concretos que reflejen la voluntad de escuchar a un pueblo temeroso de otorgarle otra oportunidad, pero cada vez mas convencido que siempre ha vivido mejor en sus gobiernos.

Y en este camino, lo primero es la consistencia. No se puede decir que se ha escuchado al pueblo, si se actúa de manera contradictoria. Ni mas ni menos eso es lo que se juega el PLN este dos de abril. Es la oportunidad para mandar una poderosa respuesta, o de proceder de espaldas al sentir popular.

Y no se trata de una reflexión hecha en el aire. Una y otra vez, las encuestas señalan un hecho incontestable: de cara a las elecciones nacionales, las alternativas para el liberacionismo tienen consecuencias claras y radicalmente diferentes. Es darse una oportunidad, con alguien como Antonio Alvarez Desanti, o iniciar un paulatino proceso de desvanecimiento político, con José María Figueres.


Mas allá de las consideraciones particulares, la percepción de la gente termina teniendo consecuencias concretas. Eso pasó en la elección del 2014. Puede argumentarse mucho sobre esa percepción, pero no se puede ignorar. Se trata de ser consistentes con ese propósito de renovación ética que exigió la gente. Este es el dilema que enfrenta el PLN, pero también el país, este 2 de abril.

domingo, 20 de noviembre de 2016

Los 112,000 empleos perdidos

Salió la Encuesta Continua de Empleo correspondiente al III trimestre el 2016 y el resultado que se comunicó, de pasadita, sin hacer mucho alboroto, es que el desempleo continúa en 9,7%, una cifra invariable respecto al III trimestre del 2015. Pero la encuesta tiene mas datos que vale la pena rescatar. Posiblemente por eso el gobierno prefirió no hacer mucho ruido al respecto.

Primero, que se mantenga el nivel de desempleo refuerza la tesis de que el descenso de la cifra de pobreza anunciado hace algunas semanas está asociada al aumento de las transferencias del gobierno, impacto ayudado por una inflación baja. Tan baja que el costo de la canasta básica alimentaria, que sirve para fijar la línea de ingreso a partir de la cual se clasifican las familias como pobres o no, descendió respecto al 2015. Todos estos factores confluyeron para que la cifra de pobreza disminuyera, y no, como siguen insistiendo algunos jerarcas del gobierno, a un aumento orgánico del nivel de empleo, u algún otro factor relacionado con una metodología particular.

Otro dato interesante, aunque desalentador, es el descenso que viene experimentando la tasa de participación. Con este indicador se mide el porcentaje de la población que busca trabajo, respecto a todo el conjunto de población mayor de 15 años. En ese grupo mas grande hay gente que no busca trabajo, sea porque está estudiando, no lo necesita, está retirado o alguna otra razón; la tasa de participación da cuenta solo de la gente que, estando en edad legal para trabajar, anda efectivamente buscando trabajo.

El examen del comportamiento de la tasa de participación revela una tendencia marcada al descenso. En el III trimestre del 2014, la tasa de participación fue de 62,7%, mientras que en el III trimestre del 2016 fue de 57,7%. Esto significa, en números absolutos, que alrededor de 100,000 personas dejaron de buscar trabajo en los últimos dos años. Las razones pueden ser múltiples, desde un cambio de circunstancia personal hasta la desazón de no encontrar trabajo, pero lo cierto es que la cifra es alta en un período de tiempo tan corto.

Esa disminución de la tasa de participación es lo que mantiene porcentaje de desempleo igual. Si esas 100,000 personas hubiesen seguido buscando trabajo, la cifra habría sido mucho mayor, porque el desempleo se calcula respecto a la cantidad de personas que dice haber buscado trabajo en los últimos meses. Al disminuir la cantidad de personas que busca trabajo, el porcentaje se mantendrá igual aunque haya menos gente trabajando.

Esto se comprueba observando la cantidad absoluta de personas con trabajo. Al III trimestre del 2016, 1,972,128 personas tenían trabajo en Costa Rica. Esta cifra es la mas baja desde el II trimestre del 2012, cuando trabajaban 1,950,266 personas. En ese trimestre por cierto el desempleo fue de 10,2%, pero la tasa de participación fue del 61,9%, 4 puntos mayor a la del III trimestre del 2016. ¡Eso prueba que a veces 10,2 puede ser mejor que 9,7!

Esta cantidad total de personas con empleo tiene mas implicaciones, desafortunadamente negativas, sobre todo si se compara el resultado con la situación al inicio de este gobierno. Para el III trimestre del 2014, 2,065,801 personas tenían empleo en el país, lo que significa que en los últimos dos años la economía costarricense ha perdido 93,673 empleos. Y si llevamos la comparación un poco mas atrás, respecto al I trimestre del 2014, en el que 2,084,210 personas tenían empleo, en este gobierno se han perdido la impresionante cifra de 112,082 trabajos.

Todo lo anterior significa que para cumplir con su promesa de crear 217,000 empleos, el gobierno debería crear 329,082 empleos en los próximos 18 meses (lo que dependería por cierto, y según Solís, de la aprobación de plan fiscal). La meta no parecía ambiciosa cuando se anunció, dado que del III trimestre del 2010 (fecha de la primera Encuesta Continua de Empleo) al I trimestre del 2014 se habían creado 195,841 empleos, pero ante estos resultados tan negativos, lo mejor que podemos esperar es que el gobierno no termine muy en rojo y logre recuperar algo, lo que sea, de esos 112,000 empleos perdidos.

Curiosamente la economía ha venido creciendo mas o menos igual a lo que creció en promedio en el cuatrienio 2010-2014, pero como se mencionó anteriormente, el resultado neto fue positivo al final del gobierno anterior, mientras en el actual es a todas luces negativo y no se vislumbra que vaya a cambiar -mucho menos cumplir con la modesta promesa que se hizo al principio del gobierno-.

¿Qué cosas se habrán hecho en los dos últimos dos años para que con la economía creciendo se destruya empleo a esta tasa? Vale la pena rescatar esta experiencia, para nunca tener que sufrirla de nuevo en el futuro.

Twitter: @robertogallardo
Facebook: https://www.facebook.com/roberto.j.gallardo.n/


domingo, 6 de noviembre de 2016

Las pensiones y una aspiración a la igualdad absoluta

Como pasa a menudo en los debates relacionados con remuneraciones en el sector público, la discusión sobre las pensiones en el Poder Judicial ha reflejado el gran malestar ciudadano sobre lo que percibe como privilegios exorbitantes. El debate además azuzado por las declaraciones desafortunadas de algunos magistrados, uno de ellos por cierto el favorito de los sectores “progresistas” del país.

Sobre esto habría que decir, por mas obvio que parezca, es que se debe recibir una pensión acorde con el aporte que se haya hecho a lo largo de la vida laboral, incluyendo el ahorro que se pueda haber hecho en fondos complementarios.  Esto significa varias cosas.

En principio los criterios ajenos a esta lógica matemática no deberían servir para definir un monto de pensión, que es lo que pasa en el caso de los beneficiarios de regímenes especiales como el del Poder Judicial. Segundo, que la expectativa de mayores beneficios debería imponer más obligaciones, sea en tiempo servido o en el porcentaje del ingreso que se aporta como ahorro de pensión.

Pero cuando las pensiones no responden a estos criterios, el Estado debe aportar un subsidio. O sea, todos terminamos pagando la parte de las pensiones que no proviene del aporte personal. Por eso nos afecta. Pero más allá de lo obvio, más allá de la  indignación, es necesario hacer algunas consideraciones.

Primero, si el criterio para definir el monto de una pensión es el estrictamente técnico, sería normal que algunas personas tengan pensiones mayores. A mayor aporte, mayor pensión.

Pero en Costa Rica, por lo menos en el régimen universal de la CCSS, la pensión no tiene relación con el aporte, pues existe un techo definido en función de la sostenibilidad del sistema. Es decir, se pone un límite para que los recursos alcancen. La razón de que esto sea así es que no se quiere, aunque es lo que en el papel habría que hacer, aumentar las cuotas o subir la edad de retiro.

En el caso específico de las pensiones de los magistrados, está claro que las pensiones que obtendrían en el sistema actual no son proporcionales a su aporte. Pero eso no significa que su aporte, a partir de un nivel salarial mas alto, no sea mayor al de personas con salarios inferiores. Si el criterio es estrictamente el técnico, los magistrados deberían tener entonces una pensión mayor a la que tendrán personas que hicieron un aporte menor.

La respuesta a esta afirmación podría ser la de cuestionar el nivel de los salarios que se pagan en el Poder Judicial. Y sería válido plantearse este tema, como lo hice hace unos meses en este mismo espacio. Pero no parece haber razones para negar que un mayor aporte debería resultar en una pensión mayor.

En el fondo, y como parte del ambiente antipolítico imperante en Costa Rica y en  otros países, parece existir una corriente de pensamiento que considera que no debería haber ninguna diferencia salarial en Costa Rica, sobre todo si es a favor de una persona que trabaja en el sector público. La respuesta a los abusos debe ser la regulación, pero nunca pretender que no existan diferencias.

Nuevamente, tal y como lo plantee hace unos meses, un salario en el sector público debería “remunerar adecuadamente el nivel de complejidad del  trabajo que se ejecuta. A mayor complejidad, responsabilidad e impacto social de las labores que se llevan a cabo, así debería ser la remuneración que se recibe. También hay consideraciones de mercado: un salario muy bajo respecto al que se paga en el mercado restringirá las posibilidades del Estado para contratar a profesionales del mas alto nivel”.

Lo anterior no significa que el actual nivel salarial del sector público sea aceptable o justo, pero ante esto no cabe la pretensión de negar la existencia de diferencias. Y lo mismo aplica para las pensiones.

Twitter: @robertogallardo
Facebook: https://www.facebook.com/roberto.j.gallardo.n/


domingo, 30 de octubre de 2016

Sobre el indice de pobreza 2016

Cualquier reducción en la pobreza es positiva. La discusión normalmente se centra en la proporción del descenso, pero finalmente estamos hablando de personas de carne y hueso, que por lo menos en el último año contaron con un ingreso que les permitió suplir sus necesidades básicas. Dicho esto, el anuncio de los resultados de la Encuesta de Hogares del 2016 resultó esperanzador, pero también evidenció algunos otros elementos que vale la pena rescatar.

En el año 2012 se produjo una disminución de la pobreza de 1,1%. La vocera del INEC en ese entonces, al anunciar el dato, calificó la situación como una de “estabilidad o estancamiento”.  Curiosamente, el mismo INEC considera que el descenso de 1,2% del año 2016 es una “reducción”, pese a que la diferencia con el dato del 2012 es de apenas 0,1%.  Parece ser que hubo un cambio notable en los criterios para clasificar un dato como no significativo, y que el gobierno actual, con un 0,1% logró superar la barrera metodológica para que, ahora sí, se considere este dato como una reducción y no como un estancamiento. La diferencia de interpretación parece demasiado dramática para un 0,1%, pero se trata, aparentemente, de otros tiempos.

La reacción del gobierno ante este anuncio es comprensible, aunque no por ello  dejó de ser desproporcionada. Lo que en otros gobiernos se informaba en un comunicado de prensa, como se hizo en le 2012 con un dato muy similar, en este caso resultó en una conferencia de prensa con el presidente, la vicepresidenta, dos ministros y múltiples jerarcas en el auditorio de la Casa Presidencial. Montados en el tono triunfalista establecido desde la conferencia de prensa del INEC, el gobierno se lanzó a los medios, en los que exhibió el resultado como producto de una estrategia particular, y el triunfo contundente de una visión inédita.

Lo cierto es que la reducción se asienta en el aumento de las transferencias del estado, y eso ha sucedido repetidas veces en el pasado. Un 27% de los ingresos totales de los mas pobres vienen de transferencias que reciben del Estado, las que de paso aumentaron en un 14% este año. Es, como lo comentara hace casi dos años cuando el gobierno  anunciara su Plan Nacional de Desarrollo, un descenso en la cifra de pobreza, no una reducción estructural de la pobreza. Desde esta perspectiva, parece ilusoria la pretensión de achacar este resultado a un “cambio”, o como una concreción del “cambio” que se prometió en campaña, en tanto las cifras son concluyentes: la reducción se debe al aumento de las transferencias, tal como sucedió en otros gobiernos.

Llama la atención además que el gobierno no usara el Indice de Pobreza Multidimensional, que en su momento anunciara con bombos y platillos como el nuevo estándar para medición de la pobreza. Pero al examinar los datos se evidencia la razón con bastante claridad: de julio de 2014 a julio del 2016 solo se ha reducido la pobreza un 1,2%, cifra que no impresiona tanto, sobre todo si se compara con el 4,2% que descendió en el cuatrienio 2010-2014 (datos que por cierto el INEC no dio a conocer cuando anunció el cálculo del IPM en el 2015). La comparación ahí con otros gobiernos, a la que obsesivamente acude este gobierno, no era tan favorable.
Por eso mejor usar el dato del indicador que pretendían reemplazar.

Las anteriores consideraciones se dirigen a contextualizar lo sucedido con el índice de pobreza, pero de ninguna manera constituye una negación del dato o la expresión de dudas respecto al rigor con el que se construye el índice. Se trata de llamar la atención sobre algunos aspectos alrededor de la información, el origen del resultado, y su interpretación. Pero el dato es lo que es, y es, efectivamente, una buena noticia.

Y menciono esto porque lo último que quería señalar alrededor de este tema, es la cobertura de algún sector de la prensa le da a informaciones como estas. Ha sido usual que algunos medios acudan al recurso de crear dudas respecto a las estadísticas oficiales, con el argumento de que, en este caso particular, la disminución de la pobreza "no se siente”. Para “probar” esta afirmación, se hacen entrevistas a personas que aseguran, aunque no tenga relación con el tema, que “no les alcanza”, afirmando con una gran seguridad que la pobreza no ha disminuido, “porque eso no es lo que yo veo”.

La deslegitimación de las estadísticas oficiales no es un fenómeno nuevo, y se inscribe en el marco de la satanización de la política que caracteriza el ambiente nacional. Los responsables de esto no son solo periodistas poco informados que mezclan temas sin conocimiento, sino de algunos analistas y académicos que, movidos por intereses políticos, reelaboraban las sospechas desde una perspectiva “académica”. Muchos de los que hacía esto están ahora en gobierno, como por ejemplo Henry Mora, que en plena campaña electoral y desde un instituto universitario desestimó las cifras oficiales de desempleo, y  lanzó una cifra absurda, que fue utilizada irresponsablemente por una periodista para afirmar que el desempleo en ese momento era el más alto de los últimos 30 años.

Nadie puede poner en duda la rigurosidad de los datos oficiales. El sistema de estadísticas nacionales es objetivo y de gran calidad técnica. Una cosa es que se presenten los datos de una forma, que se le atribuyan características que no tienen o que sean interpretados de manera  exagerada. Pero los datos son los datos, y si hay manera de mejorarlos hay que discutirlo con rigor, y no tratando de restarles valor con argumentos absurdos.

Twitter: @robertogallardo
Facebook: https://www.facebook.com/roberto.j.gallardo.n/


domingo, 23 de octubre de 2016

¡La primera ley de transferencia de competencias a las municipalidades!

El presupuesto del Gobierno de la República para el año 2017 incluirá los recursos provenientes de la primera ley de transferencia de competencias, en el marco de lo establecido por la ley 8801. Esta ley, aprobada en el segundo gobierno de don Oscar Arias, tenía el propósito de instrumentalizar la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, que pretendía fortalecer a los gobiernos locales. Se trata de un hito histórico, en lo que se prevé sea el inicio de una proceso sostenido de descentralización del poder político en Costa Rica. Sin duda una flor en el ojal de la actual Ministra de Planificación y la Primera Dama, municipalistas convencidas que empujaron la primer ley con gran éxito, con el apoyo de todo el municipalismo costarricense.

¿Por qué debemos llevar a cabo un proceso de descentralización y fortalecimiento de gobiernos locales en Costa Rica? Aún cuando el modelo centralizado de gestión vigente ha generado resultados muy positivos a lo largo de la historia nacional, sus limitaciones se hacen cada vez más evidentes ante una realidad compleja marcada por profundas desigualdades regionales.  Cuando el aparato estatal es centralista por vocación y convicción, sus responsables políticos no siempre son conscientes de tales asimetrías.

Una revisión somera de lo que pasa en otros países respecto al rol de las instancias de gobierno local, permite concluir que la mayoría de los países desarrollados les asignan un gran peso como ejecutoras del gasto público total, condición que parece indispensable para aumentar la eficiencia y eficacia del mismo.  El Primer Informe Mundial sobre Descentralización y la Democracia Local realizado por la United Cities of Local Governments en el 2008  pone en  evidencia contrastes dramáticos: en los países europeos más descentralizados los  gastos locales como porcentaje de PIB superan el 20 % (Dinamarca, Suecia, Suiza),  en otros se ubica entre  el 10 y el 20% (Noruega, Reino Unido, Francia) y los más centralistas alcanzan proporciones de entre el 5 y el 10% (España, Alemania). En Canadá y EEUU este porcentaje asciende al 7,5% y al 9.6% respectivamente; en Japón, los gastos ejecutados por instancias locales ascienden a 12,3% del PIB, en Corea del Sur al 16% y en China, la estrella rutilante de la economía mundial, el porcentaje alcanza un impresionante 22%. Mientras tanto, en Costa Rica los gobiernos locales son responsables de un gasto de apenas 1,2% del PIB, representando un modestísimo 6% del gasto público total.

La transferencia de competencias, como parte de un proceso de fortalecimiento de los gobiernos locales, constituye una estrategia correcta en la vía hacia el desarrollo. El camino ha sido empinado, porque como es común en nuestro país, el debate ha estado lleno de argumentos falaces. Desde interpretaciones interesadamente limitadas de lo que establece la ley 8801, hasta pronósticos apocalípticos de despidos masivos y cierre de instituciones, el proceso de descentralización ha tenido que lidiar frecuentemente con argumentos que parecen ser producto del desconocimiento de la realidad nacional, o sencillamente de la falta de voluntad política.

Con esta primer ley, que trasladará recursos para que los gobiernos
locales asuman de manera exclusiva el mantenimiento de la red vial cantonal, ha quedado claro que los pronósticos agoreros no tenían asidero en la realidad. No ha habido despidos, ni cierre de instituciones, ni debacles económicas. Pero aun ahora, algunos siguen sin entender el objetivo del proceso. Tal vez porque insisten en ignorar el texto de la ley 8801, en el que se establecen claramente los principios de subsidiariedad y complementariedad en el ejercicio de las competencias sujetas a traslado, trasladar a las municipalidades, por ejemplo, la potestad de determinar cómo se deben utilizar los recursos asignados a un ámbito de políticas públicas específico, aun manteniendo centralizada la ejecución de los mismos para conservar las ventajas que la economía de escala ofrece. No se trata entonces de un dictum para simplemente trasladar dinero desvistiendo un santo para vestir a otro, como insisten en afirmar algunos, sino de un marco amplio que permite la definición de alternativas viables, si se tiene, por supuesto, la voluntad política para hacerlo.

La ley 8801 abrió una oportunidad valiosa para iniciar una reforma profunda de nuestro estado. El reto debe ser continuado en conjunto por el Poder Ejecutivo y las municipalidades, haciendo un esfuerzo por encontrar formas de descentralización viables, las que, sin causar perjuicios, concrete este proceso de transformación del estado costarricense que no podemos seguir posponiendo.

Twitter: @robertogallardo
Facebook: https://www.facebook.com/roberto.j.gallardo.n/

domingo, 16 de octubre de 2016

Concesión no, carretera tampoco

La viceministra de Transportes se sumó esta semana a los miles de costarricenses que en medio de las interminables presas de la ruta San José-San Ramón han arribado a la misma dolorosa conclusión: tal vez habría sido mejor haber hecho la carretera bajo el esquema de la concesión.


La historia todos las conocen. El Gobierno anunció el traspaso de la concesión de la antigua concesionaria a una firma brasileña. Casi inmediatamente comenzó la oposición al proyecto. En el grupo opositor confluyeron distintos actores con distintas motivaciones. Algunos movidos por razones ideológicas, opuestos a la concesión de obra pública sin plantear alternativas; otros, teniendo un ojo puesto en las elecciones del 2014, algunos incluso en las del 2016. Todos además, ilusamente –o tal vez no-, haciéndole el juego a algunas compañías constructoras que alimentaban el descontento para traerse abajo la concesión,  con la secreta esperanza de poder obtener ese contrato.

Este bloque opositor contó además con el apoyo irrestricto de algunos medios de comunicación, que a dos manos se sumaron al movimiento. No hubo debate equilibrado. No solo periodistas como Pilar Cisneros y Amelia Rueda convirtieron sus espacios informativos  en cajas de reproducción de los incompletos –por no decir falsos-, argumentos de los opositores a la concesión, sino que además brindaron un espacio privilegiado a todo aquel que quisiera expresar su rechazo al plan.

La discusión de los méritos técnicos del proyecto quedó enterrada bajo el aluvión de falsedades, inexactitudes e interpretaciones interesadas que fueron reproducidas una y otra vez en algunos medios de comunicación. Los candidatos presidenciales a las elecciones del 2014, incluido el del partido oficial, fueron incapaces de sustraerse de este ambiente enrarecido y ninguno abogó por lo menos por un debate mesurado y basado en el mérito técnico. En medio de la gritería ensordecedora que acusaba a quien osara defender la concesión de corrupto, se sumaron causas judiciales en contra de las autoridades responsables del proceso, lo que fue objeto de profusa cobertura en algunos medios que mas parecían agencias de relaciones públicas de constructoras que otra cosa.

Pero ahora, cuando la situación en la ruta 1 sigue siendo la misma, miles de costarricenses, muy tarde ya, comienzan a darse cuenta que pudo haber sido un error no haber seguido adelante con la concesión. En las tres y hasta cuatro horas que tienen que pasar en esa carretera diariamente, la idea de que ya para este momento se habría ejecutado la totalidad del proyecto, frente a la incertidumbre de la alternativa del fideicomiso, debe atormentar a muchos, que comienzan a poner en una justa perspectiva lo que se quería hacer.

Las razones para rechazar la concesión pierden peso ante la realidad actual de la carretera, pero sobre todo, ante algunos elementos que comienzan a emerger alrededor del proyecto que se proclamó la panacea para resolver el tema. Primero, la fecha de inicio del proyecto sigue siendo incierta, pero todo apunta que no será antes del segundo semestre del 2018, sino es que termina siendo el primero del 2019 (y sin contar la posibilidad de que no pueda hacerse por una cuestión de costo, a menos que el gobierno se meta la mano en la bolsa y aporte un subsidio millonario).

Segundo, como parte del financiamiento del fideicomiso, se aumenta el peaje de la carretera en este momento, meses, si no años, antes de iniciar la construcción, con los que miles de vecinos de Occidente verán aumentar su gasto sin recibir nada a cambio. Y tercero, la obra tendrá un costo tal que resultará en un peaje similar al que iba a cobrar en la concesión. Esto se justifica afirmando que se trata de una obra de dimensiones mayores a la que se planteaba en la concesión, pero la verdad es que el costo del peaje fue el argumento central que se utilizó para oponerse a la concesión, aunque ahora, por supuesto les conviene, quieran minimizarlo.

Mientras tanto, los tribunales de justicia rechazaron una a una, y de manera definitiva, las acciones presentadas por particulares en contra de jerarcas de la administración pública: la alucinante demanda por distintos delitos presentada por un particular personaje en contra de decenas de funcionarios públicos nacionales e internacionales, ha sido rechazada repetidamente. Lo mismo con un proceso contencioso administrativo, cuestionando la validez del contrato y su traspaso, ha sido archivado de manera definitiva por parte del Tribunal Contencioso-Administrativo. Las causas que fueron utilizadas maliciosamente para generar dudas alrededor de la actuación del gobierno, y que algunos medios presentaron, pese a las absurdas premisas que las sustentaban, como una prueba de que había acciones cuestionables, han sido archivadas y desestimadas de manera definitiva.



De esta experiencia deberíamos derivar algunas enseñanzas para el futuro. Primero, que los debates alrededor de temas públicos tienen que separar el campo de la ideología del de la técnica. Incluso este gobierno, cuyo aliado político el Frente Amplio es el adalid contra la figura de concesión de obra pública, ha tenido que admitir, en la figura dela viceministra y el mismo ministro, que la concesión es un instrumento válido para el desarrollo de infraestructura. Segundo, que los espacios mediáticos para la discusión de política pública deben ser equilibrados, y que periodistas que no saben de un tema deben fungir como facilitadores del debate, no como jueces de la pertinencia de las posiciones, como lo hicieron en su momento Cisneros y Rueda. Y tercero, que las acusaciones temerarias antes estrados judiciales no representan bajo ninguna circunstancia una confirmación de culpa, por más que actores interesados quieran presentarlo así.


Si por lo menos ganamos eso, tal vez valga la pena el sacrificio diario de miles de personas que siguen sufriendo las consecuencias del cálculo político, la desinformación y la mala intención.