¿Asesor del gobierno?, FIV y músculo político y la deuda con Gerardo

Una persona con el sugestivo sobrenombre de "Macho Coca" aparentemente construye de manera ilegal unos muelles en Limón, muelles que según la Policía de Control de Drogas, habrían sido utilizados para el  trasiego de marihuana proveniente de Jamaica. El 18 de agosto la Fuerza Pública, acatando una orden judicial, clausura las instalaciones, las que por cierto habían sido visitadas algunos días antes por algunos jerarcas de gobierno.

Apenas una semana después, y en el marco de una gira por la provincia de Limón, el presidente Solís expresaba su desazón por esta clausura y solicitaba al Poder Judicial que se permitiera reabrir temporalmente los muelles, para que pudieran seguir dando servicio a los barcos pesqueros que también han utilizado este improvisado puerto. Mientras tanto, se daba a conocer que la persona señalada como responsable de la construcción ocupaba un cargo de asesor en INCOPESCA, lo que le agregaba un elemento de incertidumbre adicional alrededor a este espinoso  tema.

Es por todo lo anterior es que la noticia de la detención de "Macho Coca" por supuestamente liderar una red de abastecimiento de drogas a bandas locales, y su posterior destitución del cargo de asesor de INCOPESCA no deja de ser muy inquietante. El gobierno debe investigar a fondo las relaciones de este personaje a lo interno de su administración, el proceso que resultó en su nombramiento en ese cargo, y los funcionarios que propiciaron ese nombramiento. En momentos en el que el país siente la arremetida del crimen organizado -ante la cual el gobierno permanece desesperantemente impasible-, es imprescindible aclarar en todos sus extremos este caso.

Sorprende la pasividad de la ciudadanía y de la prensa ante este caso. Hay que demandar explicaciones de parte del gobierno, el que parece satisfecho con la destitución de esta persona. No puede ser así. Este es un caso que demanda absoluta claridad. Sería un precedente funesto que no fuera así y no pudiéramos saber todos sus entretelones.

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La Sala Constitucional decidió suspender los efectos del decreto que regulaba la FIV mientras analiza varios recursos interpuestos en contra del mismo. Era de esperarse que esto sucediera. Como lo expresé hace algunas semanas, este es un recurso desesperado del Ejecutivo, dada la complejidad y lentitud del debate en la Asamblea, a la que le corresponde en definitiva resolver sobre este asunto.

Pero no puede dejar de analizarse el tema desde otra perspectiva. Acudir a acciones jurídicas para superar la parálisis legislativa, es también una admisión de debilidad política. Con una fracción oficialista tan débil (y de apoyo variable según el tema del que se trate), el ministro de la Presidencia no tiene el músculo político necesario para forjar acuerdos que sean provechosos para otros partidos. Y por eso hay que jugarse chances como este en la Sala.

Y esto es importante mencionarlo porque la discusión de los proyectos de reforma fiscal requerirán sin duda un procedimiento especial que permita acortar los tiempos del proceso. Y la aprobación de un procedimiento de este tipo  requiere 38 votos. Tarea monumental para un ministerio de la Presidencia que no tiene mucho que ofrecer en términos de apoyo propio.

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Se ha iniciado una campaña para pedirle a la mujer víctima del acoso que el joven Gerardo Cruz denunció en redes sociales, que presente una denuncia formal. Un poco el argumento es que "se lo debe a Gerardo", quien sufrió una agresión en circunstancias aun no esclarecidas del todo. Entiendo que se le haga esta solicitud, pero también entendería la reticencia de la mujer en hacerlo. Lo que no entendería, y en Costa Rica somos dados a esto, es que se critique su decisión de no hacerlo, por las razones que sea. En defensa de las víctimas no debemos someterlas a una revictimización de otra índole.

Por otro lado no deja de ser irónico que algunos de los medios que han querido reivindicar el sentimiento de indignación nacional generado por el atentado contra Cruz, sean los mismos que constantemente publican fotografías en las que se explota la imagen de la mujer con fines comerciales, o que las presentan en minifaldas cortas y tacones altos en sus programas de espectáculos y especiales de fin de año. Antes de iniciar una campaña para que la víctima del acoso denuncie, debería iniciarse una campaña para que los medios desistan de explotar de esta manera la imagen de las mujeres. Se lo deben a Gerardo. 

Crecimiento amenazado, Waze y los suizos que no somos, y una sede que puede esperar

El país tiene ya 6 trimestres de desaceleración económica. Y se estima que el año entrante crecerá menos. Esta semana se informó que mucho del poco crecimiento que tenemos proviene del consumo privado (y de gastos de gobierno). Y aquí vale la pena llamar la atención sobre algunos elementos.

El crecimiento del crédito al sector privado en dólares prácticamente se duplicó de abril a agosto en este año. Paralelamente, el crédito destinado a vivienda creció un 12,3% interanualmente, mientras que el crédito para la producción apenas creció 2,9% en el mismo período. Es decir, nos estamos endeudando en dólares para comprar casa, mientras las empresas mas bien recogen velas ante una situación incierta.

La deudas en dólares las contraen en su mayoría personas que ganan en colones, aprovechando no solo las bajas tasas de interés de los préstamos en dólares, pero además la baja inflación que le permite tener mas ingreso disponible. Pero las tasas de interés de sus préstamos en dólares dependen de factores que están fuera del control del país. Un aumento de esas tasas podría hacer impagables muchos préstamos.

Segundo, es de esperarse que si la situación fiscal continua sin resolverse, a partir del segundo semestre del 2016 las tasas de interés internas comiencen a subir, cuando el gobierno se vea obligado a vender bonos en el mercado interno para financiar el creciente déficit, aun cuando la venta de bonos a China se concrete. Esto podría tener un impacto en el nivel de inflación, con lo que las familias contarían con menos ingreso disponible. Esta doble amenaza puede resultar en una gran morosidad y podría reforzar la ralentización del crecimiento económico, con un impacto importante en la creación de empleo y el nivel de pobreza. 

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Waze calificó  a Costa Rica como uno de los 10 peores países del mundo para manejar. Aun cuando el estudio no es muy extensivo (solo incluye 32 países), quienes sufrimos cotidianamente las presas en el Area Metropolitana no podemos estar mas de acuerdo. 

Las razones tienen que ver por supuesto con las carencias de infraestructura que sufrimos desde hace tiempo, así como un sistema de transporte público insuficiente. Pero cuando se enumeran las causas del colapso vial que vivimos cotidianamente, siempre ignoramos una que parece evidente: los pésimos hábitos de manejo de los costarricenses.

Todos los días nos enfrentamos a quienes usan mal las rotondas, por ejemplo utilizando incorrectamente el carril externo. Es común encontrar carros y sobre todo buses bloqueando el paso en una intersección. O conductores que para ahorrarse la fila en una salida de carretera, se acercan a la misma  por el carril mas lejano, deteniendo el tráfico hasta que un alma caritativa -o resignada-, le permite colarse cruzando la calle, muchas veces  lo largo de dos carriles.  O los que se lanzan en contra vía y que cuando llegan a la esquina no permiten el ingreso de vehículos a esa calle. Y así se pueden aportar mucho ejemplos de este tipo de comportamiento.

Ignorar nuestra responsabilidad en muchos de los problemas que afronta el país, no se limita a a la forma en que manejamos, ni a la poca cortesía que exhibimos en carretera. Casos como estos abundan en múltiples ámbitos de la vida nacional. No caería mal un examen a consciencia de nuestra responsabilidad sobre lo que pasa en Costa Rica. Y por otra parte, reconocer objetivamente nuestras particularidades ciudadanas. No podemos seguir apostando a la transformación de los costarricenses en ciudadanos suizos como requisito previo para alcanzar metas. Mejor reconocer quienes somos, para afrontar de manera realista los retos que tenemos. Sin renunciar por supuesto a ser mejores personas, pero sin apostar el cambio a un cambio de personalidad colectiva.

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¿Cómo llegamos a esta situación de infraestructura que no solo nos sitúa como uno de los 10 perores lugares para manejar, sino que además impacta de manera importante nuestra competitividad?. La respuesta es compleja, pero podría resumirse así: los gobiernos en el pasado, confrontados con desbalances fiscales, optaban por recortar gastos en dos de los campos en los que mas se gasta: inversión social e  infraestructura. Esos recortes los estamos pagando todavía, aun cuando la inversión social recobró su nivel histórico más alto desde el 2012, tras 6 años a aumento sostenido.

El atraso que se provocó en infraestructura requerirá de un esfuerzo monumental, pero también de una priorización estricta en el trabajo del MOPT. Por eso llama la atención que, ante la solicitud que el presidente Solís le hiciera al ministerio para que recortara gastos, se haya decidido sacrificar el mantenimiento de cientos de kilómetros de carretera, la atención de emergencias y de decenas de puentes, en favor de la construcción de un nuevo edificio.

Es evidente que el MOPT necesita una nueva sede, así como muchos otros ministerios e instituciones pública. Pero hay momentos propicios para cada cosa, y este no parece ser uno de ellos. No solo es un asunto de equilibrios financieros, es también un asunto simbólico. En momentos es que la ciudadanía tiene la sensación de que  el Estado no sirve mas que para beneficiar a los que trabajamos en él, el afán de procurarse una nueva sede parece inapropiado. Sobre todo si va en detrimento de cosas urgentes.

Mi Primer Empleo, ¿es todo lo público malo? y la carretera San José-San Ramón

El gobierno anuncia una iniciativa para estimular a empresas privadas a contratar personas menores de 35 años, mujeres y personas con discapacidad. El programa, denominado "Mi Primer Empleo", se inspira en una iniciativa lanzada en junio de este año en Argentina, y otorgará un subsidio mensual de ¢112,000 por cada trabajador contratado por las empresas que se inscriban en el proyecto.

Surgen algunas dudas. La primera, el financiamiento. Para alcanzar la meta propuesta de 30,000 contrataciones en los próximo 3 años, se deberá invertir poco mas de ¢46,000 millones. El INS aportará una cuarta parte del costo, y el INAMU ya anunció que invertirá ¢500 millones. El resto saldrá del "superávit" de algunas instituciones. Aparte de que normalmente los "superávits" son re-presupuestados al año siguiente, valdría la pena que nos explicaran de cuáles instituciones se piensa tomar los recursos, así como el fundamento legal para hacerlo, en tanto el traslado de recursos públicos a empresa privadas es algo muy restringido en la administración costarricense.

Segundo, detalles operativos. La condición para que las empresas reciban el subsidio -que le será entregado en tractos semestrales- es que se contraten a las personas por un año. Pero, ¿qué pasa si la persona renuncia o debe ser despedida antes del año (o después de 12 meses pero antes de 24)? ¿Cómo el estado controla esto? ¿Existe alguna responsabilidad solidaria del gobierno? ¿Tendrá que hacer un aporte adicional para el reconocimiento de derechos como cesantía, aguinaldo proporcional cuando cese la relación de trabajo?

Tercero, el programa está pensado para tres años. ¿Qué pasa con la gente contratada si no es posible, dada la situación fiscal, continuarlo en el futuro, o  si el próximo gobierno decide no prorrogarlo?, ¿cuál es, si es que hay, la responsabilidad del estado con las personas contratadas que podrían verse nuevamente desempleadas?
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Entiendo perfectamente la molestia de la gente con los abusos que se dan en algunas instituciones del sector público. Entiendo la aspiración de racionalizar el gasto público, de hacer al Estado más eficiente y eficaz. Pero de ahí a generalizar y homologar Estado a desperdicio, esfera pública a negligencia, y funcionario a corrupción, hay una gran diferencia.

El debate sobre el sector público, como es usual en Costa Rica últimamente, es un debate muy pobremente fundamentado. El Estado costarricense no es solo la suma de los casos puntuales de abuso presentados una y otra vez en medios de comunicación. Es también un entramado de instituciones que proveen una sombrilla de derechos a amplios sectores de la población, especialmente a los que menos tienen.

La aspiración que todos tenemos para sea más eficiente y racional, no nos puede hacer perder de vista que el Estado opera bajos principios que no son los que mueven a la empresa privada. Desde esta perspectiva, la generalización puede esconder también una agenda política específica, una de debilitamiento del Estado en general. Y con eso hay que tener cuidado.

Repito, los abusos son inaceptables y deben ser corregidos. Pero la lógica de un discurso que pone a “la gente” frente al “sector público” es peligrosa y puede derivar en situaciones extremas. Hay que tener cuidado y tratar de elevar el nivel del debate.
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¿Por qué no avanza el proyecto de la carretera San José-San Ramón? La respuesta es relativamente sencilla: por que no se sabe cuánto va a costar. Y sin saber cuánto cuesta el proyecto, no se sabe cuánto será el peaje, de manera que los bancos que inviertan tengan la certeza de que van a recuperar su inversión, incluyendo por supuesto la ganancia que aspiran a tener.

Pero para saber con precisión cuánto va a costar la obra se requiere realizar un anteproyecto detallado, y eso no es barato. Por eso el INS ha puesto a disposición del proyecto $21 millones, de manera que quien finalmente asuma el fideicomiso tenga un capital de trabajo inicial para contar con esta información vital para definir el peaje. Aquí vale pena decir que esta plata es un préstamo,(al 3,3% anual) y habrá que sumarlo a los costos totales del proyecto.

La pregunta es, ¿qué pasa si el costo resulta en un peaje muy alto, mucho mas que los $7.9 que se planteaba en el proyecto original? ¿Que hace un banco si después de endeudarse $15-20 millones para determinar costos descubre que el peaje es muy alto en las condiciones actuales de diseño?

Es cierto que el nuevo proyecto se ahorra el 14% de margen que obtenía la concesionaria, y alrededor de $175 millones de impuesto sobre la renta del que estará exento, pero estamos hablando de una obra que será casi el doble de lo que se había propuesto, sin incluir las radiales adicionales solicitadas por los diputados, ni las costosas expropiaciones que habrá que hacer para poder ampliar a 8 carriles el trayecto entre la Datsun y el aeropuerto. Pasará aproximadamente un año para que lo sepamos con certeza.

Mercado regional Chorotega, aumenta de la violencia y el gobierno baja muy rápido y mucho.

Encontrarme fortuitamente a mi colega Alberto Cortés, director del BCIE por Costa Rica, me recordó esta noticia que pasó desapercibida, como parece usual con las buenas noticias, pero que vale la pena rescatar  por las implicaciones que tendrá, sobre todo para los pequeños agricultores de la región Chorotega.

Aunque parezca mentira, actualmente gran parte de la producción agrícola de Guanacaste se vende en el mercado de mayoreo de CENADA en Barreal de Heredia. Los intermediarios compran directamente a los productores -es de imaginarse que a precios muy bajos, o por lo menos menores a los que podrían obtener los agricultores si vendieran directamente-, aprovechando que para muchos de ellos es complicado, por no decir completamente ruinoso, venir a San José a vender su producto. 

Pero con la construcción de este proyecto, que se viene empujando desde el gobierno de don Oscar Arias, se le brinda la posibilidad al pequeño y mediano productor de comercializar en la misma región; esto sin duda facilitará encadenamientos importantes entre la producción local y la industria turística. La opción de utilizar recursos del BCIE para esto es una excelente idea, que permitirá ponerle fin al calvario burocrático que venía enfrentando este proyecto desde el 2008, y con la que por fin se concretará una iniciativa que tendrá sin duda un gran impacto en la región.

Me cuenta Alberto que se planea hacer lo mismo en la región Brunca y en el Caribe. Ojalá se pueda avanzar con esto rápidamente.

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No sé qué me sorprende más, si el recrudecimiento de la violencia producto de la actividad de bandas relacionadas con el crimen organizado (reflejada en el asesinato casi que diario de personas involucradas en estas actividades), o la indiferencia, tanto del gobierno como de la ciudadanía, frente a esta amenaza.

El próximo año, el Ministerio de Seguridad no contará en su presupuesto con los recursos provenientes del impuesto a las sociedades anónimas, eliminado por un fallo de la Sala Constitucional. Sin embargo, ni la Presidencia ni el Ministerio de Seguridad ha hecho ningún esfuerzo por restablecer el impuesto, de manera que no se tenga que sacrificar la acción policial en momentos en que la violencia parece salirse de control. Estoy seguro que una iniciativa como esta contaría, como sucedió en el pasado, con el apoyo de la mayoría de los diputados y diputadas.

Algunas personas han expresado, no sin cierta complacencia, que en realidad la mayoría de los asesinatos están relacionados a personas con antecedentes policiales. Es la peor de las actitudes. Tenemos muchos ejemplos de países latinoamericanos en donde este proceso terminó con vastas zonas controladas por estas bandas. 

Ya en nuestro país algunos barrios del sur se han vuelto territorio de nadie. Sé de por lo menos una compañía de distribución de productos alimenticios que ya no entra a ciertas partes de Desamparados, y me han dicho de otras zonas en donde la policía tiene que entrar con un contingente importante que le permita protegerse. Pero nadie parece estar consciente de que esas ¿pequeñas? cosas son síntoma de un problema mucho mayor.

Hay que ponerle atención a este tema. De lo contrario se nos puede salir de las manos.

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La semana pasada me referí al tema de las encuestas  y dije que la pérdida de imagen y popularidad que sufre el actual gobierno apenas está comenzando. No deja de sorprenderme, sin embargo, el resultado de la última encuesta dada a conocer por varios medios de comunicación, realizada por la firma CID-Gallup.

Los resultados son lapidarios: un impresionante 86% de los entrevistados considera que el país va por mal camino. Las opiniones negativas sobre Solís pasaron de un 5% hace un año, a un 60% actualmente; la percepción positiva se desplomó un 53%. El presidente es el peor calificado de los últimos 18 años.  Casi la mitad considera mala o muy mala la gestión del gobierno y un 62% la reprueba. Un 76% de la muestra considera que el gobierno ha cumplido pocas o ninguna de sus promesas, y pese a que fue uno de sus grandes temas de campaña, la corrupción se convierte en la tercera preocupación de los costarricenses, siendo el desempleo la primera y el costo de la vida la segunda.

Los números son durísimos y confirman la tendencia que habían venido mostrando otros estudios en los últimos meses. Pero lo son mas si se analizan a la luz de dos elementos: primero, el gobierno apenas tiene 16 meses de haber iniciado y ya exhibe un desgaste político sin precedentes; y segundo, y retomando lo que dije la semana pasada, viene el calvario de impulsar una reforma fiscal, con el agravante que no se percibe una voluntad del gobierno para enfrentar el tema que tanto ha crispado a la opinión pública en la últimas semanas, como lo es el de los salarios en el sector público.

Es de esperarse que los gobiernos se desgasten. Pero en este caso, da la impresión de que este proceso ha sido muy rápido y muy duro. Y apenas estamos empezando.

La cobija y la FIV, el ministro y el columnista

Una campaña del Gobierno en medios dice que para atender las necesidades del país en el 2016 se va a utilizar "la misma cobija que usó en el 2015". Esto porque el Gobierno "realizó recortes por ¢388,350 millones de colones al presupuesto". Son "hechos, no palabras" declara, me parece que con poca convicción, la narradora del spot.

Tal vez esto último sea pura percepción de mi parte, pero si fuera cierto, la locutora tendría razón de no estar convencida. El Gobierno, tal y como quiso hacerlo con la supuesta renegociación de la convención colectiva del A y A, nos quiere meter gato por liebre. No sé si es desconocimiento de lo que significa recortar de verdad un presupuesto, o si malintencionadamente está tratando de engañar a la gente, pero el mensaje que nos quiere vender con este spot es, para decirlo amablemente, falaz.

Cuando se va a elaborar el presupuesto general de la República, lo primero que se hace es que el ministerio de Hacienda solicita a el resto de los ministerios que envíen sus proyectos de presupuesto. Una vez que se tienen todos los proyectos, invariablemente Hacienda solicita disminuirlos, porque normalmente vienen muy altos. Y los ministerios no tienen opción. Puede haber una estira y encoge y hasta la intervención del presidente, pero los presupuestos originales de los ministerios normal y rutinariamente son recortados antes de ser presentados a la Asamblea Legislativa.

Estas reducciones, a falta de otros logros en esta materia, son las que el Gobierno presenta como "recortes del presupuesto". No lo son. Recortar el presupuesto habría sido, como mínimo, que fuera igual al del año pasado. pero no lo es. Crece casi un 5%.  Y los famosos 388,350 millones nunca estuvieron en el presupuesto y, por lo tanto, no pudieron ser "recortados". Son montos que venían "de más" en los presupuestos del los ministerios, que como podrán imaginarse siempre tratan de "hacerse un colchón" pidiendo el máximo que podrían necesitar. 

Y no podemos olvidar que ese 5% de aumento está calculado con respecto al presupuesto del año anterior, que creció  mas del doble que la inflación. Es decir, la cobija no solo no es exactamente la misma del año pasado, pues es un 5% mas grande, sino que además es muchísimo mas grande que la cobija del 2014.

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El presidente firmó un decreto para permitir la FIV en Costa Rica. La validez del mismo será discutida en la Sala Constitucional. Pero la verdad es que el presidente tenía que intentar algo, que también han intentado otros en el pasado: exasperados por la lentitud del debate y la posibilidad de veto que tiene cada uno de los 57 diputados, tratan, normalmente sin éxito, de brincarse a la Asamblea Legislativa para hacer avanzar ciertos temas.

La discusión no debería ser si el decreto es o no la mejor ruta de acción. La discusión debería ser qué se puede hacer para mejorar y hacer más expedito el proceso de formación de leyes en Costa Rica. Como se hace para que  otra vez las mayorías signifiquen algo. En nuestro país ha pasado algo muy curioso en los últimos años, y es que, no solo estar en una mayoría no significa nada en términos de la posibilidad de empujar ciertas tesis, sino que incluso se ha vuelto éticamente cuestionable pertenecer a una mayoría. "Ustedes lo que quieren es imponerse sobre las minorías!", oímos constantemente, implicando con esta acusación que las actuaciones de la mayoría son, ironía de ironías, antidemocráticas. Hay que darle vuelta a esto y volver a darle a la mayoría el peso que le corresponde en el proceso legislativo.

Dicho lo anterior, y en relación al caso específico de la FIV, es cierto que los diputados de los partidos de orientación religiosa han utilizado todas las armas que les brinda el reglamente legislativo para atrasar la votación de este tema. Pero yo me sospecho que en TODOS los partidos políticos representados en la Asamblea hay gente que se opone a la FIV, a los que les queda muy cómodo dejar que los diputados cristianos pongan la cara ante la opinión pública, mientras con un silencio calculado dejan la impresión de que apoyan una causa que tal vez les brindó réditos electorales, pero en la que no creen del todo.

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Dice el ministro de Comunicación que en una encuesta que circuló en estos días no hay evidencia de un deterioro de la imagen del presidente, y que mas bien hay señales de mejoría. Un periodista me preguntó sobre el tema y yo comenté que me parecía una ingenuidad  decir eso a las puertas de que se inicie un debate tan políticamente costoso como lo es el de una reforma fiscal, y que mas que estar buscando cosas que no existen en esa encuesta debería estar preparándose para  el tsunami que se le viene encima al gobierno, el que en los próximos 12 o 14 meses sufrirá un deterioro aun mayor de su imagen al tener que defender materia tan odiosa como lo son nuevos impuestos.

Confrontado con estas declaraciones mías, el ministro Herrera "responde" hablando, como parece ser la obsesión de ciertos jerarcas de esta administración, del gobierno de la Presidenta Chinchilla, poniendo el énfasis en la cifra de personas que cree que está mejor con este gobierno en comparación al de doña Laura.

Aparte de que el gobierno Solís no ha llegado siquiera a la mitad de su período, como para que la comparación tenga sentido,  el discreto ministro Herrera haría bien en prepararse para lo que viene en vez de estar viendo hacia atrás. La discusión de los nuevos impuestos requerirá mucho más que aguacates o comparaciones con el pasado. Si cree que ese tipo de argumentos va a ayudar a su presidente a mejorar su alicaída imagen, se va a llevar una muy desagradable sorpresa.

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 En su columna del lunes pasado, Juan Carlos Hidalgo se refiere a la escabrosa actuación del fiscal de Alajuela en el caso del Alcalde Roberto Thompson, pero, como es su costumbre, aprovecha para atacar al PLN, diciendo que "lo inusual de este caso es que la víctima haya sido un político liberacionista, cuando no es ningún secreto que los dirigentes de ese partido tienden a salir muy bien parados de los rigores investigativos del Ministerio Público"

Hidalgo tiene memoria selectiva. No recuerda que Karla González, Fernando Zumbado y Pedro Pablo Quirós, tuvieron que enfrentar, y lo hicieron con éxito, acusaciones de la Fiscalía. Tampoco recuerda el caso de Maureen Ballestero, ni que vienen los juicios contra Antonio Calderón y contra Oscar Alfaro. Ni que Roberto Dobles se encuentra en pleno proceso judicial.

También menciona el caso de la ruta 1856 como un ejemplo de ese supuesto favorecimiento de la fiscalía al PLN, preguntándose "¿cuántos funcionarios de la administración Chinchilla han enfrentado a los tribunales por el caso de la trocha fronteriza, donde el desfalco al erario ascendió a más de ¢20.000 millones?" Primero, sorprende que afirme que que se pudo haber malversado esa cantidad. Eso solo se puede decir si se ignora que el proyecto de la ruta no solo era abrir el camino a lo largo del río San Juan, sino que además incluía la rehabilitación de mas de 500 kms de rutas de acceso, el cableado necesario para que por fin llegara la electricidad a una zona en donde nunca hubo, y la posibilidad de mejorar el acceso de los pobladores a servicios de salud y educación.

Segundo, asume que hay "funcionarios" del gobierno de doña Laura involucrados en este caso. No es así. Las indagaciones iniciales de la fiscalía apuntan a mandos medios en colusión con algunos empresarios. Pero aquí habrá que esperar a que la fiscalía, que ya lleva tres años investigando, presente finalmente una acusación. Los mas interesados en esto somos precisamente los "funcionarios" de la administración Chinchilla, empezando por doña Laura misma, que fue quien presentó la denuncia ante la fiscalía para que se procediera a encontrar a los responsables. Y por supuesto, que cada palo aguante su vela.

¿Por que la DIS investigó esos casos? Watson y la Sala III

La noticia que ninguna de las 14 denuncias que hiciera el presidente Solís en su informe de los 100 días derivara en procesos judiciales traía un dato que me sorprende nadie haya retomado. Según la Fiscalía, "luego de varios meses de investigación (…) (se) confirmó que ni las investigaciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ni la información brindada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) arrojaron elementos de prueba que acreditaran la existencia de un delito penal".

Del informe mismo y sus consecuencias compartí algunas reflexiones en un artículo que me publicara el jueves 3 de setiembre el periódico La Nación. Pero quería retomar una pregunta que hice en ese mismo artículo: ¿por qué la DIS, un organismo creado con otros propósitos, se involucró en una investigación de índole judicial?. Aquí es bueno recordar que la ley dice que la responsabilidad principal de la DIS es la de "detectar, investigar, analizar y comunicar al Presidente de la República o al Ministro de la Presidencia, la información necesaria para prevenir hechos que impliquen riesgo para la independencia o la integridad territorial o pongan en peligro la estabilidad del país y de sus instituciones".

De ahí surgen dos observaciones. Primero, a la luz de ese ámbito de acción definido para la DIS, ninguna de las denuncias presentadas en el informe de los cien días justificaba su intervención. Segundo, cualquier intervención de la DIS en investigaciones judiciales, solo es posible a solicitud expresa del presidente y/o del ministro de la Presidencia.  Y aquí valdría la pena preguntarse, ¿pidió el presidente al director de la DIS, al que nombró pese a no tener la experiencia ni la formación adecuada, que investigara las actuaciones pasadas de sus adversarios políticos?  ¿Cuál es la base legal para esa intervención? ¿Qué otras cosas investiga actualmente la DIS fuera de su ámbito legal de acción?

Sería muy irónico que aquellos que siempre acusaron a la DIS de ser una policía política, sin poder probarlo, la hayan convertido en una en menos de 100 días de asumidos sus cargos.

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No recuerdo la última vez que la Sala III de la Corte le rechazara a la fiscalía una solicitud para desestimar una causa penal. En el caso de la acusación por prevaricato en contra de Henry Mora, por el caso del nombramiento de la expresidenta del PAC en una plaza a la medida, la fiscalía solicitó a la Sala III que desestimara esa denuncia, petición que los magistrados rechazaron por considerar que "carece de fundamento y es contradictoria".

Según la Fiscalía, el delito del que se acusa a Henry Mora y sus compañeros de Directorio no puede imputárseles al no ser los diputados "autoridades administrativas", condición necesaria para la configuración del ilícito. La Sala aparentemente no acepta esa interpretación, pues le parece "contradictorio" negar el carácter administrativo de un acto como la resolución que permitió crear la plaza con la que se benefició a la expresidenta del PAC. Al crear esa plaza, Mora y el Directorio no actuaban como diputados, sino como jerarcas administrativos del Congreso.

¿Cuál será la posición de la Fiscalía frente a esta llamada de atención del la Corte? ¿Insistir en el argumento para desestimar la causa o rectificar y seguir adelante con la investigación?

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Las organizaciones ambientales dependen en gran parte de donaciones para su operación. Hay una gran competencia por los abundantes fondos de la cooperación internacional, tanto pública como privada. En esa feroz competencia, estoy seguro que habrá temas que conciten mas apoyo que otros. Sin ser experto, asumo que cualquier iniciativa tendiente a proteger los mares alrededor de la Isla del Coco generará siempre una gran disposición a contribuir.

Digo lo anterior porque estoy sorprendido que la campaña que en los últimos meses ha venido desarrollando Sea Shepherd en Costa Rica no se perciba como motivada por un interés que va mas allá de lo ambiental. Para un grupo como ese, tener la posibilidad de trabajar en Costa Rica debe ser importante desde el punto de vista de potenciales donantes. El problema es que su líder, el capitán Paul Watson, es un prófugo de la justicia tica, acusado de atacar con su barco a pescadores costarricenses.

Hace unos meses Telenoticias realizó una serie de reportajes en los que Watson reiteró su inocencia, y aportó "pruebas" que desde su perspectiva confirmaban que no había cometido ningún delito. Por las mismas fechas apareció una valla sobre la ruta 27, incluyendo foto full color del capitán que navega bajo una bandera muy similar a la empleada por piratas de otras épocas, y en la que nos recordaba la  necesidad de proteger nuestros mares.

La semana pasada Telenoticias volvió a la carga con una serie de reportajes sobre activistas de Sea Shepherd, que vinieron al país a ejecutar la denominada "Operación Jairo", en homenaje al asesinado activista ambiental Jairo Mora. Pareciera haber un esfuerzo sistemático para generar una corriente favorable hacia la organización, que ha venido insistiendo en contar con autorización de las autoridades costarricenses para poder "patrullar" las aguas alrededor de la Isla del Coco.

El problema de Watson es que en el momento que entre a a aguas territoriales costarricenses podría ser arrestado y llevado a  enfrentar la justicia. La campaña mediática deja la impresión de que se quiere generar alguna presión para que cese la acción judicial en su contra, cosa que por dicha no ha sucedido. Si Watson de veras quiere venir a trabajar por nuestros mares, lo primero que debe hacer es presentarse  ante las autoridades judiciales costarricenses. Queremos sin duda proteger nuestro patrimonio, pero debe imperar un absoluto respeto a la legalidad. Y eso deberían entenderlo Watson y su gente.

¿Tiró la toalla el país?. Ser socialdemócrata es ser solidario. Impuesto para lo que es

¿Tiró la toalla el país? Dos hechos de las últimas semanas me hacen pensar  que un buen porcentaje de la población simplemente ya perdió la esperanza. El primero, la conclusión de la Procuraduría de la Ética de que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, había faltado al deber de probidad al crear una plaza a la medida para la entonces presidenta del PAC. Se trata de un presidente del primer poder de la República, al que se le acusa de haber utilizado su puesto para favorecer a una copartidaria. Es un hecho grave, con profundas implicaciones éticas. La respuesta de la ciudadanía ha sido la indiferencia total.  ¿Será que ya no espera el famoso cambio?

El otro es el informe de actualización del Indice de Confianza del Consumidor, que efectúa la Escuela de Estadística de la UCR. Los datos son aterradores. El valor de Indice es el mas bajo desde el 2008, año en que el país experimentaba los efectos de una de las peores crisis financieras de la historia moderna. Casi 75% de las personas consultadas califica como negativo el manejo de la política económica del gobierno; tres meses atrás, los consumidores pesimistas duplicaban a los optimistas y ahora la cantidad de pesimistas es seis veces más grande.Actualmente 72,3% de los consumidores cree que desempleo será mayor en los próximos 12 meses, cifra que era menor tres meses atrás, un 57,9%.

Cuando se trata de la economía, las expectativas determinan la actuación de las personas, y por eso tienden a hacerse realidad.  No es buena noticia que aparentemente la gente parece haber perdido toda expectativa positiva.

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El Secretario General del PLN publicó un bizarro artículo valorando como "neomarxista" el pensamiento detrás de la "teoría de género". En un posterior escrito, quiso demostrar que los puntos de vista expresados no riñen con la socialdemocracia, a propósito de la reacción de algunos sectores del PLN que consideraban que el Dr. Zamora posiblemente estaría más cómodo siendo Secretario General de otro partido.

Centrar esta discusión alrededor de si la postura del Secretario se apega o no a los principios socialdemócrata es perder el foco del debate. El tema es mas bien como se garantiza que todos los integrantes de una sociedad disfruten del mismo elenco de derechos. Que no haya personas que en razón de su sexo, preferencia sexual o denominación religiosa, vean limitadas sus posibilidades de realizarse plenamente.

Ante un dilema como este, la socialdemocracia es primero una ideología de cambio, y segundo, una ideología de la solidaridad. De cambio porque reconoce que en el orden existen injusticias que deben ser corregidas, y porque al aceptar la historia como un proceso dinámico acepta también que nuevas injusticias surgen en cada coyuntura, ante las cuales debe adaptar su visión; de solidaridad porque se ocupa sobre todo de aquellos que menos tienen, no solo en lo económico, sino también en lo social, y, por qué no, en lo afectivo.

Entonces, si somos socialdemócratas, reconocemos que un sector de la población no cuenta con los derechos que tenemos otros, y por lo tanto, debemos impulsar programas políticos dirigidos a corregir esa injusticia y porque de lo contrario no existe la solidaridad.  No se es socialdemócrata cuando se antepone la convicción personal, desde una posición privilegiada en la que se disfruta de todos los derechos, a  la moralmente imperativa obligación de corregir una desigualdad evidente.  Desde esa perspectiva, tal vez tengan razón los que dicen que el Secretario Zamora podría estar más cómodo en otro partido.

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Desde el 2001 se aprobó una reforma constitucional para fortalecer a los gobiernos locales mediante una transferencia gradual de competencias y recursos. No fue sino hasta el 2010 que se aprobó una ley, la 8801, que definía un camino para iniciar el proceso. Y no es sino hasta el 2015 que se aprueba el primer proyecto, el 18001, que permite comenzar a concretar esta añeja aspiración.

El proyecto modifica los porcentajes que le corresponden a cada una de las instituciones beneficiadas con los recursos provenientes del impuesto único de combustibles. Las municipalidades reciben actualmente apenas un 7,25% del total, con el que deben atender una red vial cantonal que quintuplica en extensión a la red vial nacional, para cuyo mantenimiento CONAVI recibe el 21% de ese impuesto.

(Hay que recordar que el impuesto único sobre los combustibles fue creado para darle mantenimiento a la red vial, tanto nacional como cantonal. Pero del total de lo recaudado, el Ministerio de Hacienda recibe el 66%, recursos que se utilizan en gastos que no tienen nada que ver con el mantenimiento de carreteras.)

El proyecto establece que de ahora en adelante las municipalidades recibirán el 22.25% de esos fondos, lo que les permitirá asumir de pleno y de manera exclusiva la responsabilidad del mantenimiento de la red vial cantonal, responsabilidad que actualmente comparten con el MOPT. La totalidad de lo que los gobiernos locales reciben por concepto de impuesto único de combustibles debe destinarse a inversión, es decir, no se puede usar para otras cosas que no sea el mantenimiento de la red vial. Y hasta ahora, pese a los prejuicios existentes, las municipalidades han exhibido un nivel de ejecución de presupuestos de inversión que en promedio es del 90% en el 90% de los cantones.

Ahora bien, ¿aumentará el déficit fiscal? No si Hacienda hace su trabajo.  En el ministerio tienen el conocimiento y las herramientas necesarias para encontrar  esos 20,000 millones anuales que les van a restar en los próximos 3 años. La renegociación de deuda externa es una posibilidad. Eso sin contar que el aumento en la inversión en mantenimiento de la red vial cantonal puede ayudar a dinamizar las economías locales, creando ese círculo virtuoso que se requiere para tener más empleo, más consumo y más impuestos. 

 En un país centralista como el nuestro, reformas de este tipo siempre despiertan dudas. Le corresponde a los gobiernos locales, mediante una ejecución eficiente y transparente de los recursos que van a recibir, confirmar que, como lo dice don Oscar Arias, impulsor de esta visión desde su primer gobierno, la democracia del siglo XXI debe ser una democracia asentada en gobiernos locales fuertes.

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Del tema de las fallidas denuncias del presidente Solís en su informe de los 100 días me referiré ampliamente en otro texto que estoy preparando. Uno de los peores daños que se le puede hacer a la institucionalidad democrática es hacer denuncias sin fundamento. Pero mejor ni arranco con este tema porque si no, no termino nunca esta entrada de hoy.

Hasta el próximo domingo!